“El debate monarquía o república” por Esperanza Fernández

Desde que se ha producido la abdicación del rey, no salgo del asombro. Los comentarios que estoy viendo estos días inducen a pensar que una buena parte de mis conciudadanos ignoran por completo qué significa eso del Estado de Derecho cuando proponen saltarnos la Constitución y convocar un referéndum anticonstitucional. Una de dos, o ignoran que la propia Constitución establece el procedimiento para su reforma (artículo 168 en el caso que nos ocupa de reforma del título II y el artículo 1.3 del título preliminar) o les da igual y piensan que nos podemos saltar la Constitución y las leyes cada vez que nos plazca. No comprenden que la democracia se basa en el imperio de la ley y lo opuesto es la arbitrariedad, la vuelta al Antiguo Régimen, el desastre.

Pero el problema no es de los ciudadanos, a los que podemos disculpar la ignorancia o la irreflexión, sino de los dirigentes de partidos que están alentando esta histeria colectiva con olvido deliberado de lo que tienen la obligación de conocer muy bien. Que partidos que se dicen democráticos estén liderando esta reclamación de un referéndum que saben inconstitucional es para indignarse, aunque de referendums ilegales ya llevemos oído suficiente como para estar curados de espanto.
Hemos podido leer también comentarios pidiendo un referéndum consultivo, lo que me parecería un gasto inútil si algún día se decide hacer, como paso previo, teniendo en cuenta que los sondeos de opinión o encuestas ya orientan bastante bien para decidir el momento de plantear la reforma constitucional. Lo que sabemos por ellos es que el prestigio del jefe del Estado y la monarquía ha caído estrepitosamente con los escándalos, como es lógico. Sin embargo, eso no se traduce en que haya una mayoría de partidarios de la república frente a la monarquía como forma de Estado y no parece que los que están llevando la reivindicación de ese referéndum, guillotinas incluidas, vayan a lograr muchos adeptos teniendo en cuenta lo poco tranquilizadores que son sus formas y sus referentes internacionales, desde Cuba a Corea del Norte, pasando por Venezuela.

También observo con piedad la ingenuidad que lleva a muchos a suponer que acabar con la monarquía significará llegar a la Tierra Prometida, de la que mana leche y miel; que, por arte de magia, nuestros males desaparecerán con la república. Soy republicana pero no cifro en ello la solución a los graves problemas políticos y económicos que tiene nuestro país. Hay muchas prioridades antes que cambiar la forma de Estado. Y cuando se aborde una reforma constitucional de calado, hay que contemplar como prioritarias otras reformas, que tienen una incidencia directa en nuestra economía y en la calidad de nuestra democracia: la estructura territorial para hacer viable nuestro Estado, la redistribución de competencias entre el Estado , comunidades autónomas y ayuntamientos, la fusión de municipios y eliminación de diputaciones, el sistema electoral que consagra la provincia como circunscripción electoral dando lugar a una desigualdad en el voto de los ciudadanos, el inútil Senado, el Poder Judicial y, entre ellas, también puede contemplarse la de la forma del Estado.

Este clamor de determinados partidos por acabar ya con la institución me lleva a pensar en la incoherencia que supone descalificar por arcaica a la monarquía constitucional, posterior a la Revolución Francesa, cuando esos mismos partidos no cuestionan los privilegios fiscales del País Vasco y Navarra, de raigambre medieval, es decir, mucho más incompatibles con la modernidad que una institución de sucesión basada en el parentesco, nada plausible, por supuesto, pero simbólica y sin poderes efectivos. Es más, se diría que hasta miran con simpatía dichos privilegios “territoriales” y comprenden los métodos de que se han valido sus beneficiarios.

En fin, no hay que ser inmovilistas y hay que trabajar por el consenso para lograr las reformas constitucionales que necesita nuestro país, pero tampoco hay que ser oportunistas planteando las cosas con el furor, las prisas y el olvido de lo esencial que vemos en quienes capitanean esta oleada republicana.

 

Esperanza Fernández Acedo

Concejal portavoz del Grupo Municipal de UPyD Getafe

“El bipartidismo en crisis se resiste a desaparecer” por Esperanza Fernández

Las últimas encuestas publicadas estos días dibujan un panorama en la Comunidad de Madrid, de cara a las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2015, muy diferente al actual. Si algo podemos dar por seguro es la pérdida de la mayoría absoluta por parte del PP. También podemos dar por seguro que el PSOE no capitaliza esa pérdida de apoyo electoral del PP sino que baja sus expectativas electorales respecto a las pasadas elecciones. Al mismo tiempo, UPyD e IU ascienden y otros pueden entrar en liza. Madrid ejemplifica muy bien una tendencia que es imparable en todo el país y las próximas elecciones europeas van a ser un buen banco de pruebas de ello.

Por esta razón, a medida que van saliendo a la luz encuestas como esta, encuestas en las que se va poniendo de manifiesto que el modelo bipartidista está en franca quiebra, las resistencias de ambos partidos a verse desplazados se refuerzan. Los principales medios de comunicación, especialmente las cadenas de televisión que siguen siendo la principal fuente de información de la mayor parte de los ciudadanos, están ofreciendo estos días, con motivo de la precampaña europea, un lamentable espectáculo de ninguneo de los llamados partidos minoritarios, precisamente por el peligro de que dejen de ser minoritarios. Hay 39 candidaturas pero, viendo los informativos, se podría pensar que solo hay dos. La labor de información, que debería ser el objetivo, se ignora en beneficio de la propaganda de los dos partidos mayoritarios, sin temor, al parecer, a la opinión de un espectador hastiado de ambos y de sus falsas polémicas, y hastiado también de sus voceros. Y sin medios de comunicación libres la democracia es deficiente y quien pierde es el ciudadano al que se le restan opciones.

El modelo de bipartidismo imperfecto que se diseña en la Transición se ha legitimado desde siempre con el argumento de la estabilidad que propicia, frente a la inestabilidad que entrañaría un modelo multipartidista. Los años y la experiencia vivida han demostrado que los dos grandes partidos han dejado el Estado en manos de los nacionalismos periféricos y así nos han llevado a la grave crisis del modelo territorial. Además, y en estrecha conexión con ello, esa estabilidad ha servido para que alcancemos las cotas más altas de la miseria. ¿A quién puede convencer ya el argumento de la estabilidad? La estabilidad como razón de la democracia imperfecta podría encandilar a muchos ciudadanos si viniese acompañada de prosperidad, pero lo cierto es que esas maquinarias anquilosadas de los viejos y grandes partidos nos han conducido a la pobreza y a la pérdida de bienestar. El argumento no vale ya, si es que alguna vez ha valido.

Las épocas de cambio son traumáticas para muchos intereses creados pero, al final, se acaba imponiendo la necesidad y ahora tengo la convicción de que esa necesidad nos lleva a otras fórmulas, otras mayorías políticas. Si los viejos partidos saben renovarse tendrán una opción. De lo contrario, están condenados.

Esperanza Fernández Acedo

Concejal portavoz Grupo Municipal de UPyD Getafe

“El informe PISA nos recuerda los deberes pendientes” por Esperanza Fernández

Los nuevos datos del Informe Pisa de la OCDE 2012, presentados el 1 de abril, vuelven a poner ante nuestros ojos la triste realidad de nuestro sistema educativo, pues arrojan unos resultados peores que el anterior. Llama la atención el hecho de que nuestros alumnos tienen bajos resultados en habilidades prácticas, aún peores que los que vienen obteniendo en matemáticas, ciencias y comprensión lectora, materias en las que están por debajo de la media, según los resultados difundidos en diciembre en los que los alumnos españoles obtuvieron 484 puntos en Matemáticas, frente a 494 de promedio de los países OCDE; 496 en Ciencias frente a 501 y 488 en comprensión lectora, frente a 496.

La media de los alumnos españoles en resolución de problemas es de 477 puntos cuando la media de la OCDE es de 500. El puesto que ocupamos es el 29 entre los 44 países participantes y el 23 entre los 28 de la OCDE. Y es llamativo que estos resultados no presentan diferencias por sexo, comunidades autónomas, centros o grupos sociales, lo que apunta a un problema generalizado de nuestra enseñanza. El director del Informe PISA, Andreas Schleicher, ha apuntado en la presentación del mismo que la raíz del problema está en que la enseñanza en España “se centra demasiado en la reproducción” de conocimientos, sin proyectarlos hacia soluciones prácticas, mientras que “la economía mundial no se centra en lo que se sabe sino en lo que se puede hacer con lo que se sabe”.

Es obvio para los expertos que los métodos de enseñanza están obsoletos, así como que la preparación del profesorado es otro factor de enorme importancia para lograr buenos resultados y superar el aprendizaje memorístico, que lastra las posibilidades de empleabilidad de nuestros alumnos. También se señala la autonomía de los centros y la realización de pruebas de evaluación comparativas como elementos que contribuirían a mejorar los resultados. Estos dos últimos han sido señalados por el director del PISA como los que caracterizan a los países con mejores resultados.

Diagnósticos se hacen por parte de los expertos y hay muchas coincidencias entre ellos pero lo que se echa en falta es la voluntad política de ponerse a elaborar una ley de educación que aborde los problemas de la enseñanza sin presupuestos ideológicos, pensando en la sociedad del presente y del futuro y basándose en el consenso de los expertos. El pensar en la educación en clave de adoctrinamiento nos ha llevado a que los cambios de gobierno supongan cambios legislativos. Cambios no pensados para mejorar sino para modificar el signo ideológico de la enseñanza. Como telón de fondo, sobresale el disparate a que nos ha conducido la fragmentación autonómica en 17 sistemas educativos, algunos de los cuales han tenido como motivación básica el adoctrinamiento nacionalista que tan nefastas consecuencias está teniendo.

Los informes PISA no tienen por qué ser el único norte y guía de nuestras reformas pero, al menos, deberían ser el acicate para que los partidos se pongan manos a la obra en la tarea de mejorar la enseñanza, que es la clave de la prosperidad futura.

 

Esperanza Fernández Acedo

Concejal portavoz Grupo Municipal de UPyD Getafe

“8 de marzo. La igualdad real sigue siendo un reto pendiente” por Esperanza Fernández

Afortunadamente pasaron en nuestro país los tiempos en los que había desigualdad jurídica entre hombres y mujeres. Pero no ha llegado aún el momento en el que podamos hablar de que exista  igualdad real y efectiva. Por ese motivo, seguir conmemorando el 8 de marzo como fecha señalada de reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres tiene pleno sentido. Sin ánimo de agotar la relación de ámbitos de desigualdad, quiero detenerme en algunos.

Se habla de brecha o discriminación salarial cuando la diferencia salarial no se justifica por la diferencia de valor del trabajo sino por el hecho de ser hombre o mujer. Según datos recientes de la Comisión Europea, España se encuentra entre los 5 países de UE donde ha aumentado la brecha salarial entre hombres y mujeres, situándose actualmente en el 17,8%, mientras que la media comunitaria es del 16,4%. Otras fuentes nacionales, tales como las que aportan los sindicatos UGT y CCOO, reflejan una ampliación sustancial de la brecha, pues en sus últimos informes disponibles correspondiente a 2011, la estiman en un 23% aproximadamente, lo que significa que una mujer tiene que trabajar 84 días más al año para obtener el mismo salario que un hombre, a igual trabajo, se entiende, o, dicho en otros términos, en el periodo 2008-2011, los hombres ganaron de promedio 5.900 € más que las mujeres. En sectores como el de hostelería la diferencia se amplía hasta el punto de que las mujeres ganan de media un 49,26 % menos que los hombres. Otro dato revelador que aportan los diversos estudios es que la mejor formación no se traduce en una disminución de las diferencias puesto que en profesiones científicas y técnicas también existen diferencias que pueden llegar al 30,54%.

Las diferencias salariales, el empleo precario y el trabajo a tiempo parcial involuntario se traducen también, como es obvio, en diferencias en las prestaciones de desempleo, tanto en su duración como en su cuantía, y en las de jubilación o enfermedad. La feminización de la pobreza es, pues,  más que un concepto; es una realidad. Y una realidad que hace ver como lejano el horizonte de igualdad.

Si no se avanza, e incluso se retrocede, en el ámbito laboral, la participación de la mujer en la vida pública se encuentra también actualmente con otros obstáculos relacionados con los recortes sociales, sobre todo por su incidencia en la gestión de la dependencia. También la tardanza en abordar la racionalización de horarios que permitan la corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de los hijos repercute en la participación de la mujer en la vida pública.

En cuanto a la violencia machista, pese a la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,  las cifras de mujeres asesinadas y de órdenes de protección siguen siendo estremecedoras. El tratamiento integral de este problema fue un acierto pero es claro que se debe hacer un diagnóstico de la efectividad de la ley y modificarla, en su caso, porque algo no está funcionando como debiera. Se ha dicho tantas veces que la clave puede estar en la educación de los niños y adolescentes que puede resultar ocioso repetirlo, pero tanta reiteración no se ha reflejado en la puesta en marcha de programas sistemáticos en el ámbito educativo.

Son solo algunas pinceladas que intentan llamar la atención sobre cosas que restan por hacer en el camino hacia la igualdad. Esta llegará cuando se cumplan requisitos tales como: que no haya brecha salarial entre hombres y mujeres; que sea similar a la de los hombres la presencia de las mujeres en las instituciones y en todos los ámbitos de la vida pública; que no haya víctimas de violencia de género;  que se haya conseguido acabar con las redes de trata de seres humanos, cuyas víctimas mayoritarias son mujeres, o que no haya ningún gobierno que se atreva a dar pasos atrás en logros conseguidos como el de la libertad para elegir sin tutelas sobre la interrupción del embarazo. Mientras tanto, cada 8 de marzo tendremos que recordar que estos retos están pendientes y el resto del año trabajar para el logro de esa igualdad real y efectiva.

 

Esperanza Fernández Acedo

Concejal portavoz Grupo Municipal de UPyD Getafe

“La importancia de las elecciones europeas” por Esperanza Fernández

De todas las convocatorias electorales que se celebran en España, las elecciones europeas son las que tradicionalmente registran una participación más baja. En los pasados comicios, de mayo de 2009, la abstención fue un 54%, es decir que no fue a votar ni la mitad de los censados.

Tal vez porque la vida política nacional está llena de ruido y furia, y esto motiva más al elector, o tal vez porque los ciudadanos aún no son conscientes de la importancia en sus vidas de las decisiones que se adoptan en Europa, el desinterés es la tónica cuando se trata de las instituciones europeas y de un momento tan importante como es el de las elecciones al Parlamento Europeo. Buena parte de la responsabilidad en este desinterés la tienen los propios partidos que, en general, no transmiten adecuadamente el significado de nuestra presencia en la UE y la importancia de tomarse en serio las elecciones. Se oye con frecuencia a representantes políticos referirse a las elecciones europeas como un test de lo que va a ocurrir en las siguientes convocatorias electorales nacionales, parlamentarias, autonómicas o municipales, supuestamente más importantes. Y no cabe duda de que, también, son un test pero si el elector piensa que solo son un test, el voto se puede distorsionar y así vemos que muchos lo utilizan para dar toques de atención a sus partidos de referencia, hacer experimentos, etc. y, sobre todo, la abstención se eleva considerablemente.

Sin embargo, las elecciones europeas son importantísimas por muchos motivos. Para empezar, España ha recibido mucho de la Unión Europea. En el aspecto económico, ha estado recibiendo durante muchos años ayudas para infraestructuras, agricultura, programas sociales, culturales, etc., que han contribuido al desarrollo económico de las últimas décadas,  y ha tenido acceso a mercados exteriores que están siendo en la actualidad un alivio para paliar la atonía del mercado interno.

Un beneficio extraordinario de nuestra pertenencia a la Unión han sido las llamadas de atención sobre vulneraciones de derechos ciudadanos que se han hecho a nuestros gobiernos. La más reciente ha sido la advertencia que ha hecho el Consejo de Europa de que es ilegal retirar servicios sanitarios a inmigrantes, tengan o no tengan permiso de residencia. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la detención de los desahucios en caso de dudas sobre cláusulas abusivas en las hipotecas o el expediente que se abrió a España por la explotación de acuíferos en zonas protegidas son otros de estos ejemplos. No cabe duda de que es fuente de seguridad el saber que existen unas leyes e instituciones que ponen freno a las posibles arbitrariedades o injusticias de los gobiernos nacionales y, sin duda, es una ventaja al menos tan importante como la de las ayudas económicas. Muchas de las normas de la Unión Europea son vinculantes para los Estados miembros lo que implica que obligan a los mismos y que en nuestra vida cotidiana, aunque no nos demos cuenta, nos afectan normas que están elaboradas en Europa.

Pese a todas las ventajas, no podemos ignorar que en la Unión Europea hay mucho que mejorar y nuestra presencia en sus instituciones debe servir para avanzar en dos líneas fundamentales: por un lado, en el aspecto organizativo, habría que reforzar las instituciones comunes, como la Comisión,  el Parlamento, el Tribunal de Justicia y el Consejo de Ministros y debilitar o hacer desaparecer las nacionales como el Consejo Europeo, que agrupa a los jefes de gobierno y supone una traba para esa deseable integración; en cuanto a las políticas,  hay que exigir un mayor énfasis en la solución de problemas como el nacionalismo y la xenofobia así como en la  construcción de la Europa social, lo que implica prestar atención a problemas como la desigualdad, la pobreza o el empleo, para cuya solución hay que arbitrar medidas relacionadas con las energías verdes, la asistencia social,  la deslocalización y otras. Al mismo tiempo, hay que continuar con programas como el de las becas Erasmus, que han supuesto un importante factor de integración, formación y consolidación de nuestra herencia cultural común.

En resumen, Europa nos concierne y nos interesa. Tenemos muchos intereses comunes que defender junto al resto de países, intereses económicos para una mayor prosperidad  e intereses relacionados con los derechos ciudadanos y las libertades, por ser el espacio donde mayores garantías encuentran en un mundo donde constantemente están siendo vulnerados.

Esperanza Fernández Acedo

Concejal portavoz del Grupo Municipal UPyD Getafe

 

 

 

 

“Perdemos calidad de vida mientras aumenta la desigualdad” por Esperanza Fernández

Ha sido muy repetido, criticado y denunciado que las medidas de reducción del déficit llevadas a cabo por el Gobierno están suponiendo una merma y empeoramiento muy significativos en los servicios básicos que conformaban nuestro Estado del bienestar. Realmente, nunca mereció plenamente tal nombre, pues nunca estuvimos a la altura de los estados más avanzados en materia de bienestar público. Por ejemplo, la Ley de Dependencia nace lastrada porque no se contemplaba la financiación de la misma y la crisis económica no ha hecho sino agravar los problemas para su aplicación, que presenta, por otra parte, grandes diferencias según comunidades autónomas.

Pero lo que está ocurriendo en los últimos años no solo está produciendo que el cuarto pilar del estado del bienestar, la atención a la dependencia , se siga resquebrajando hasta convertir la ley en una gran mentira, sino que los otros tres, la sanidad, las pensiones y la educación, sigan un proceso de deterioro acelerado. Por otro lado, las diferencias entre comunidades autónomas no hacen más que aumentar, así como entre personas.

Iremos viendo paulatinamente los efectos en nuestro bienestar de los recortes y ya hay indicadores que van reflejándolos. La esperanza de vida es un indicador fiable. Es posible que el descenso en la misma por primera vez en la serie histórica sea una consecuencia de la situación de pérdida en servicios públicos que vivimos. Desde principios del siglo XX, este indicador había experimentado un crecimiento sostenido año tras año. Sin embargo, los últimos datos, según las cifras que presentó hace unos meses el Consejo Económico y Social en su Memoria Socioeconómica, muestran un descenso: hemos pasado de 2011 a 2012 de una expectativa de vida 84,97 a 84,72 años en mujeres y de 79,16 a 79,01 años, en hombres en ese periodo. En el conjunto de países, hemos pasado del puesto 6º al 7º. Habrá que esperar los datos de próximos años para ver si esta pérdida representa una tendencia o es un dato anecdótico pero, en principio, es preocupante, sobre todo puesto en relación con otros.

En este sentido, también hay que reparar en la advertencia realizada la pasada semana por la OCDE, sobre las consecuencias negativas de los recortes en sanidad que han supuesto un incremento de las dificultades para acceder al sistema en uno de cada tres países miembros de la entidad en el periodo 2009 a 2011. En el caso de España se critica concretamente el aumento de las listas de espera, denuncia que corrobora la percepción ciudadana sobre este problema. A ello hay que añadir las medidas de copago cuyos efectos sobre la salud y la mortalidad aún no están evaluados pero que sin duda serán visibles en poco tiempo.

No es preciso mencionar que el desempleo y el empobrecimiento creciente están produciendo un aumento de la malnutrición de las capas más desfavorecida, factor muy influyente en la salud y la expectativa de vida. Los pensionistas están jugando un papel esencial para paliar la situación de desempleo de los miembros en edad activa de las familias pero el panorama tampoco se presenta halagüeño pues ese pilar hasta ahora sólido también se empieza a resentir si el proyecto de ley de reforma de las pensiones sale adelante como está previsto, es decir, sin garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.

Frente a este panorama en buena medida provocado por las medidas del Gobierno o su inoperancia, este no está haciendo nada por evitar el sufrimiento de los más desfavorecidos. Todo lo contrario, las medidas emprendidas van directamente contra ellos mientras no remedia el sistema fiscal injusto donde, a través de las SICAV, las grandes fortunas tributan un 1% mientras las clases medias van desapareciendo ahogadas por una situación que las ha obligado a soportar las consecuencias del rescate bancario, del que han resultado ilesos los responsables, y el derroche de las administraciones públicas.

Como telón de fondo de nuestro desolador panorama económico y social, nos encontramos con la crisis política que es una de las causas principales de la económica y de su pervivencia. Nuestro modelo territorial, que ni el partido en el Gobierno ni el principal partido de la oposición están dispuestos a cambiar, mucho menos los nacionalistas, nos ha llevado a un Estado residual donde las comunidades autónomas tienen las competencias más importantes sobre las políticas de igualdad. Un Estado, por tanto, que requiere reformas urgentes para asegurar la igualdad y el bienestar de todos los ciudadanos.

Esperanza Fernández Acedo

Concejal portavoz Grupo Municipal de UPyD Getafe

“Esta no es la reforma local que necesita nuestro país” por Esperanza Fernández

El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que ahora continuará su tramitación en el Senado,  con los votos a favor del PP, UPN y PNV y los votos en contra del resto de partidos. Las razones para el voto en contra de la mayor parte de la oposición son una apuesta por el inmovilismo y el bloqueo a toda reforma. Sin embargo, el voto contrario de UPyD  tiene un significado diferente pues lo que ha intentado la formación magenta es que se aborde en serio la imprescindible reforma de nuestra administración local, que sería el primer paso para la reforma que necesitan todas nuestras administraciones públicas.

Lo primero, pues,  que podría decir de la reforma es que se ha desaprovechado una magnífica oportunidad de emprender de una vez la modernización y racionalización de nuestra administración municipal. En España hay  8. 117 municipios. De estos, 4. 858 tienen menos de 1.000 habitantes. A su vez, 1.000 tienen menos de 100 habitantes y menos de 390 tienen más de 20.000 habitantes.  En estos últimos se concentra el 80 % de la población. El diseño de este mapa municipal data de principios del siglo XIX, un momento histórico claramente alejado del actual en cuanto a población, actividad económica, comunicaciones y desarrollo tecnológico. Mantenerlo en las  actuales circunstancias es seguir condenados a un funcionamiento ineficaz de nuestros ayuntamientos, a un derroche de recursos, pues se desaprovechan las posibilidades de las economías de escala y, en consecuencia, a soportar el coste de oportunidad de dedicar medios a mantener estructuras ineficaces, medios que podrían ser mejor empleados. Este esquema tiene unas consecuencias muy negativas entre las que sobresalen  la ineficacia en la prestación de servicios públicos y su encarecimiento Demorar su reforma es empecinarnos en seguir a la cola de los países de nuestro entorno, Europa Occidental, que abordaron estas reformas tras la Segunda Guerra Mundial.

Según diversos estudios, la cifra de 20.000 habitantes sería la óptima  para garantizar una eficaz profesionalización del personal y asegurar una buena calidad de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos y es la cifra que propone UPyD como punto de partida, pero esa propuesta, lamentablemente, tendrá que esperar de momento.

Otro aspecto muy criticable de esta reforma es la negativa a la supresión de diputaciones, lo que no solo supone mantener una fuente de derroche sino también un bastión antidemocrático. Ya era incomprensible que, tras la instauración del Estado Autonómico, ninguno de los dos partidos que han gobernado desde entonces haya encontrado el momento de acabar con ese escalón del complejo aparato estatal que padecemos, fruto de la reforma decimonónica, que cumplió su función en su momento pero ahora es un lastre. El pretexto del Gobierno para mantenerlas es que dan servicio a los municipios pequeños. Sin embargo, podríamos dar la vuelta al argumento para entenderlo: No tocan los municipios pequeños para no tener que suprimir las diputaciones, chiringuito rentable al bipartidismo, aunque sea nocivo para el interés general.   

 

Con esta reforma  tampoco queda resuelto el problema de la financiación, ni el de las duplicidades, ni se avanza en la profesionalización de la administración local,  ni acierta en la distribución de competencias, incurriendo en errores como el de quitar a los ayuntamientos competencias en servicios sociales, que han venido desarrollando con acierto en general.

En fin, es una reforma hecha por imperativo del ahorro que nos imponen desde fuera, hecha sin consenso y sin proyecto, sin ningún horizonte de mejora de nuestra administración local; una reforma de un mal estadista, de un partido más pendiente de no disgustar a sus cargos, de mantener sus bastiones, sus intereses clientelares. Es la reforma de un partido sin ambición de país.  

 

Esperanza Fernández Acedo

Concejal portavoz del Grupo Municipal de UPyD Getafe