“Municipios, una deuda pendiente” por Francisco Javier López

El 20-N expiró la tregua que algunos políticos se habían dado antes de iniciar la senda de los recortes en unas maltrechas finanzas municipales golpeadas por la crisis.  Una crisis económica que ha provocado que los Ayuntamientos hayan visto mermados en más de un 63 por ciento sus ingresos.

El problema de los Ayuntamientos no es ni su deuda, salvo excepciones como el Ayuntamiento de Madrid, ni su déficit público.  Los ayuntamientos soportan un 5,6 por ciento de toda la deuda pública española y su déficit es del 0,6 por ciento.

El problema municipal se encuentra en que los Ayuntamientos sólo asumen el 13 por ciento del total del gasto público, frente al 36 por ciento de las Comunidades Autónomas y el 51 por ciento del Estado.  La media europea de gasto municipal supone el 25 por ciento del total.  Incluso en Estados centralistas como el francés el gasto municipal supone el 22 por ciento del total.  En otros como Finlandia o Suecia los municipios soportan más del 44 por ciento del total del gasto.

Si los municipios se muestran incapaces de soportar sus gastos anuales se debe a una nunca bien resuelta financiación municipal y a unos compromisos de gasto contraídos para asumir competencias que corresponderían en más del 70 por ciento de los casos a las Comunidades Autónomas, como bomberos, cultura,  promoción social, o sanidad.

Si a esta situación le añadimos las limitaciones que el Ministerio de Economía ha dictado para la refinanciación  de la deuda municipal, el pago de esa deuda y el pago a los proveedores de bienes y servicios, puede llevar a una situación que los Ayuntamientos, privados de los ingresos que aportaba el boom inmobiliario, no pueden superar por sí mismos, sin la ayuda de otras Administraciones.

Una situación que podría llevar a la ruina municipal, pero que podría ser solucionada poniendo en marcha unas cuantas medidas sensatas.

En primer lugar conocer la situación real de cada Ayuntamiento en cuanto a déficit y deuda financiera y a proveedores.  Determinando qué servicios propios o impropios están prestando.

En segundo lugar, los Ayuntamientos deben poder refinanciar su déficit, aún limitado a no superar determinados límites de endeudamiento.

En tercer lugar deben acometerse políticas de austeridad, eficacia, eficiencia y control del gasto, especialmente el gasto superfluo, gasto en altos cargos y puestos de confianza, coste de las concesiones administrativas y privatizaciones.  No se explica que haya alcaldes, concejales y altos cargos, que tienen sueldos superiores al Presidente del Gobierno y sus Ministros.

Sería conveniente revisar y renegociar los contratos y pliegos de condiciones de las empresas que prestan servicios al Ayuntamiento para suprimir clausulas abusivas y ventajistas.

La Comunidad de Madrid debería de dotar un Fondo de Financiación Local, un Fondo de Rescate de 2.000 millones de euros, para sanear de forma controlada los municipios madrileños.  Unos recursos vinculados a Planes de viabilidad y saneamiento económico en los Ayuntamientos solicitantes de los mismos.  Unos Planes de Ajuste que no deberían afectar nunca a servicios públicos esenciales como ayuda a domicilio, o educación.

Unos fondos gestionados por la Comunidad de Madrid, con la participación de la Federación Madrileña de Municipios y los Agentes Económicos y Sociales.

Por último, parece urgente abordar una segunda descentralización del Estado, estableciendo competencias municipales y los recursos necesarios para gestionarlas.

Los Ayuntamientos, siendo la Administración más cercana a la ciudadanía, no pueden ser opacos y poco transparentes. La participación social es más fácil en ellos y una condición para la credibilidad y la regeneración democrática.  Ingresos, gastos, sueldos de alcaldes, concejales, cargos públicos y de confianza, deben ser absolutamente transparentes.

Estas medidas permitirían evitar mucho sufrimiento innecesario para la ciudadanía.  Si no se afrontan no haremos sino sembrar desconfianza, retrasar la salida de la crisis, seguir perdiendo empleo, debilitar la calidad de nuestras vidas.  Es el momento de elegir entre soluciones duras pero equilibradas y compartidas, o forzar el sufrimiento  y provocar el conflicto.

Francisco Javier López Martín, Secretario General de CCOO de Madrid.

“Para vencer el inmovilismo” por José Carlos Boza

El próximo día 20 los españoles estamos convocados a las urnas para elegir el nuevo Parlamento. Si por algo se caracteriza esta consulta electoral es por una idea dominante: todas las fuerzas políticas, así como la inmensa mayoría de los ciudadanos son conscientes de que un cambio en el rumbo es imprescindible. Incluso el partido en el Gobierno, que no repite candidato, no oculta esa máxima, consciente de que la trayectoria actual solo aporta negatividad, crisis y tensión social.

Todas las elecciones suponen una llamada a la ilusión y a la esperanza. En este caso, esas premisas alcanzan una mayor cota si cabe. Para todos resulta evidente que no se han dado los pasos adecuados y las elevadas cifras del paro son tan solo una de las muestras de ello. Existe en España un clima de “borrón y cuenta nueva”, de oportunidad, de ganas de iniciar un camino más realista ante los nuevos retos.

Cualquiera que sea el partido -o partidos- que tenga las responsabilidad de formar gobierno tras el 20-N tiene ante sí una difícil tarea. La coyuntura financiera mundial no invita al optimismo, las economías de los países desarrollados –especialmente las europeas- no solo no terminan de remontar el vuelo, sino que aún están lastradas por el desempleo, el desconcierto de los mercados y las dudas sobre el papel que debe jugar el sector bancario.

Un panorama complicado que, en el caso español, se ve agravado por otros desafíos como el fin de ETA, el compromiso con nuestro estado del bienestar y la búsqueda de un modelo de financiación municipal que permita a los ayuntamientos ejercer de pleno el rol de administración más próxima al ciudadano.

Frente a ello, la ilusión de millones de españoles; un inmenso capital político que aguarda un programa serio capaz de emplear ese impulso para generar calidad de vida y superar situaciones pasadas.

Aunque se trata de un sentimiento casi utópico durante una campaña electoral, los españoles demandamos a los máximos responsables políticos serenidad, confianza, un proyecto definido y una relación con los ciudadanos presidida por la sinceridad. No necesitamos ni paternalismo ni que se nos oculte la gravedad de la situación por la que atravesamos.

Afortunadamente, en estos días de mítines y debates los líderes están actuando con moderación, dejando de lado las estridencias de una precampaña que ya se nos estaba haciendo eterna.

A mi juicio –por supuesto interesado- uno de los líderes y uno de los proyectos destaca por encima de todos los demás. El mismo con el que, según los sondeos, coinciden la gran mayoría de los españoles. En cualquier caso, sea quien sea el ganador, a partir del 21 de noviembre todos esperamos lo mismo: trabajo, ilusión y proyecto. Sin duda, será todo un cambio frente al inmovilismo de los últimos años.

José Carlos Boza Lechuga, Alcalde de Valdemoro

“Municipalismo con mayúsculas” por José María Fraile

Hace unos días asistíamos a la configuración de la nueva ejecutiva de la FEMP, una organización que lógicamente, se ha visto marcada por el nuevo mapa municipal que resultaba de las pasadas elecciones locales y autonómicas. El resultado era previsible si traducimos la supremacía conservadora que existe en los órganos de dirección de dicha federación.

El envoltorio del próximo mandato no será otro que el que nos está proporcionando esta maldita crisis que afecta a todo el espectro social e institucional, no sólo en este país sino fuera de él.

Las ciudades españolas han contribuido sobresalientemente al asentamiento de la democracia, a la configuración y a la consolidación de nuestro sólido sistema de bienestar. Es allí, en las ciudades, donde se produce de forma concreta el desarrollo de la actividad económica y empresarial y donde se viven día a día los principios de libertad, solidaridad y cohesión.

Sin embargo, este ámbito territorial es considerado por algunos el ‘hermano pequeño’ de la organización, quizás por el número de habitantes que aglutina o simplemente, por el hecho de denominarnos “Ayuntamientos”. Quizás se olvidan que es precisamente en estos pueblos y ciudades donde mejor se ha interpretado la complicada situación actual, y esto se ha logrado por la cercanía que tenemos con los que aquellos que peor lo están pasando.

Sin embargo, es también en estos pequeños lugares donde tiene que producirse el cambio de tendencia para lograr, entre todos,  un futuro sólido y estable en lo económico y en lo social.

Esta situación no nos pone fácil la tarea a aquellos que desempeñamos nuestro trabajo en la administración local pero sí nos sitúa en la mejor posición para asumir los errores que se han cometidos en el ámbito municipal y para no tolerar ni un minuto más, la falta de compromiso de las otras dos patas del Estado: El  Gobierno Central y las Autonomías.

Necesitamos un compromiso que no es otro que la realización de una clara reforma de la Ley de Bases de Régimen Local: Falta claridad en la definición y financiación de los servicios y las competencias municipales.

No quiero trasladar un mensaje de estúpido auxilio sin más. Sólo quiero decir que ha llegado el momento de entender algo muy simple pero necesario: hay que contar con las pequeñas administraciones que tienen el potencial de poner en marcha y activar sobre el terreno, de manera ágil y concreta, las estrategias y políticas que contribuyen al desarrollo y el crecimiento de este país.

Para ello tan sólo necesitamos algo tan sencillo como que nos escuchen y que crean de verdad en el municipalismo.

José María Fraile, alcalde de Parla

“Rescate de los ayuntamientos” por Javier López

Hemos celebrado en CCOO de Madrid unas Jornadas sobre “Deuda, financiación local y repercusión en el empleo”.  Un debate esencial en tiempos de una crisis, larga, dura que se va a prolongar en el tiempo y que tiene efectos desastrosos sobre el empleo.   Los datos de empleo en Madrid ponen de relieve la dramática situación de 543.000 personas paradas en la Región, de las cuales 240.000 carecen de todo tipo de prestación, subsidio, o ayuda.  Una cifra que llegará a finales de este año a 300.000 personas paradas sin protección alguna.

Frente a quienes consideran que este país necesita reformas laborales, de la negociación colectiva, o de la protección social (pensiones, sanidad, educación, dependencia), CCOO hemos planteado que este país lo que necesita es revisar en profundidad un modelo económico de crecimiento endémico de la construcción, que ha funcionado como un cáncer con metástasis en todo el sistema productivo y de los servicios.

La irresponsabilidad inmobiliaria y financiera, han funcionado como una pandemia que ha recorrido el planeta derribando economías, destruyendo empleos y afectando más a países como España, Irlanda, Grecia o Portugal, que habían fiado su crecimiento a la financiación del sector inmobiliario, creando una burbuja especulativa de los precios de la vivienda.

Necesitamos reformar, reconstruir un nuevo modelo económico más sólido y productivo.  Necesitamos inversión pública, a falta de la privada, para reactivar la economía y comenzar a crear empleo cuanto antes.  Necesitamos proteger a las personas paradas.  Necesitamos asegurar la protección social para evitar quiebras y fracturas sociales.  Para afrontar estas líneas de trabajo y de futuro necesitamos asegurar los recursos.  Para tener recursos crediticios necesitamos una reforma en profundidad del sistema financiero, asegurando la fluidez entre el ahorro y el crédito.  Algo que no garantizan los bancos españoles en este momento.  Para obtener recursos, necesitamos reformar nuestro sistema fiscal, opaco, oscuro, injusto y desequilibrado, que carga la recaudación sobre los trabajadores y sus nóminas y que es complaciente y permisivo con las rentas del capital y especialmente las más altas.

Pero, junto a estas reformas, no podemos olvidar otra esencial y determinante en estos momentos, como es el de la Reforma del Sistema de Financiación Municipal.  Se habla mucho de los Ayuntamientos como administración más cercana a los ciudadanos.  Hay que recordar que un Ayuntamiento es tan  Estado como el gobierno Central o como una Comunidad Autónoma.

Sin embargo los Ayuntamientos son grandes maltratados por la descentralización autonómica.  Tras más de 30 años de democracia la participación del gasto municipal en el conjunto de gastos del Estado no va más allá del 13 por ciento del total, mientras que las Comunidades Autónomas han pasado a gestionar el 36 por ciento del gasto total, que incluiye la Seguridad Social.

La media de participación del gasto municipal en el total, en la zona euro es del 24,8 por ciento.  Casi uno de cada cuatro euros del gasto del Estado es municipal.  Hasta los países,  tradicionalmente centralistas como el francés mantienen un gasto municipal que supone el 22 por ciento del total. Reitero, en una España  autonómica y descentralizada, los Ayuntamientos no suponen más del 13 por ciento del gasto total.

Tampoco  desde el punto de vista de la participación de los Ayuntamientos en los ingresos del Estado la situación es mejor.  Los Ayuntamientos se encuentran en el 7 por ciento, mientras el Estado se queda con el 56 por ciento y las Comunidades Autónomas se quedan con el 36 por ciento de los recursos  recaudados.

Los Ayuntamientos, necesitan clarificar su sistema de financiación.  Cada dos por tres asistimos a una reforma de la financiación autonómica.  La última dotando con 11.000 millones de euros, más, ya en plena crisis, a las Administraciones  autonómicas.  Cada vez que esto ocurre se anuncia una reforma de la financiación municipal que nunca llega.  Por esta vía, los Ayuntamientos sin competencias claras, ni financiación estable, caminan de cabeza hacia su ruina económica, golpeando al empleo.

España necesita una segunda descentralización, que establezca el mapa de competencias municipales y establezca la financiación local estable y segura de esas competencias.  Mientras tanto el Gobierno de España debería tratar a los Ayuntamientos como a las Comunidades Autónomas, no imponiendo limitaciones extraordinarias a la refinanciación de la deuda municipal siempre que no aumente el endeudamiento.

En cuanto al Gobierno Regional de Esperanza Aguirre, no puede seguir mirando para otro lado,  cuando cerca de 60 ayuntamientos madrileños se encuentran al borde de la suspensión de pagos, el Expediente de Regulación de Empleo y la pérdida de puestos de trabajos directos e indirectos.

No es entendible que se establezcan fondos de rescate europeos para los países miembros, fondos de ayuda pública para salvar a la banca y por el contrario la Comunidad de Madrid no cuente con un Fondo de Rescate para evitar el colapso financiero de los Ayuntamientos, que puede agudizarse a partir de las elecciones autonómicas y municipales del 22 de Mayo.

Como Administración más cercana a los  ciudadanos, los Ayuntamientos deben ver despejado su futuro de financiación y solucionados los problemas derivados de la crisis, para planificar inversiones, crear empleo y favorecer la máxima calidad de los servicios públicos que prestan.

Francisco Javier López Martín, Secretario General de CCOO de Madrid.

«Ahorro energético: es nuestra responsabilidad» por Ignacio García de Vinuesa

Es inaudito que a estas alturas tengan que reunirse todo un Ministro De Industria y el presidente de la FEMP para descubrir la pólvora.

¿Qué tiene de novedad sustituir las lámparas del alumbrado público por otras de más bajo consumo?. Nada. En Alcobendas, y en otros muchos otros municipios, hace años que lo hacemos, porque la factura la pagamos nosotros y no el Ministerio o la FEMP.

Hemos reducido los gastos en muchos otros aspectos y, si quiere el Ministro, los ayuntamientos podemos enseñarle muchos sacrificios y esfuerzos por el ahorro que hacemos para poder llegar a fin de mes, dado que ni su gobierno, ni la FEMP, tienen especial interés en la Financiación Local.

Ahora anuncian que van a ¿obligarnos?, ¿sugerirnos?, que cambiemos las bombillas. Y la pregunta es: ¿quién va a pagar el coste de adaptación y sustitución? Porque hay ayuntamientos que no pueden pagar ni las nóminas. ¿Por qué el Gobierno no se preocupa de lo que está pasando con los concursos que los ayuntamientos están convocando para elegir la mejor oferta para el suministro eléctrico del municipio? El Gobierno nos obliga a convocar un concurso público para favorecer la competencia bajo la amenaza de sanciones económicas. Las empresas eléctricas se ponen de acuerdo para repartirse los clientes y no bajar las tarifas, y al concurso solo se presenta una oferta, la misma compañía que ya tenemos, y con los mismos precios.

El Gobierno central no se entera y el presidente de la FEMP le sigue el juego. Un juego que viene de largo: ya el 11 de septiembre de 2008 (¡hace 3 años!) se anunciaba en prensa “Industria prepara un convenio de ahorro energético con municipios para peatonalizar y bajar velocidad”… Y el presidente de la FEMP, Pedro Castro, decía entonces (¡hace 3 años!): “firmaremos este convenio en un futuro cercano”. Pues seguimos esperando el convenio largamente anunciado y nunca cumplido y mientras seguimos en Alcobendas adoptando medidas de ahorro energético, no porque nos obliguen, sino porque es nuestra responsabilidad.

Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas