“Ser anciano, ser persona” por Lourdes Rivera

FOTO_LOURDESRIVERATodas las personas necesitamos protección constante en nuestro día a día, ya sea familiar, jurídica o social. La RAE define proteger como amparar, favorecer o defender, sin especificar de manera concreta a quién o qué.

Ya en 1948, se recogía en el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos  lo siguiente: “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. Independientemente de la edad, condición social, psíquica o física.

Se sabe que hay colectivos que son más vulnerables, como por ejemplo los niños o las personas mayores. Estos últimos necesitan protección especial en determinadas ocasiones, ya que por circunstancias inevitables, como por ejemplo una enfermedad, se vuelven más frágiles. Este amparo específico necesita planes de actuación y procedimientos concretos, que para la mayoría de la población son totalmente desconocidos.

Enfrentarse a situaciones desagradables, y aún por encima desconocidas, suele provocar que se tomen decisiones no del todo acertadas que pueden perjudicar la defensa y el bienestar del mayor afectado. Por ello existe la creciente necesidad, debido al envejecimiento de la población, de que los organismos públicos y privados desarrollen jornadas de divulgación que traten y popularicen estos temas.

Ante un problema como es  el deterioro cognitivo que experimentamos con la edad, y como consecuencia las variaciones en la personalidad que se sufren, la ley debe proteger a la persona. Es necesaria una protección jurídica a todos los niveles, pues supone un apoyo fundamental para las familias. Así, cuando los parientes encargados del mayor afectado toman medidas dirigidas al bienestar de esta persona, estas serán más acertadas cuando la legislación las ampara. Un ejemplo es la incapacitación, una solución eficaz en casos donde se necesita una protección jurídica especial. Anular la capacidad de obrar, a través de sentencia judicial y por causas establecidas a la normativa tras un examen exhaustivo sirve para defender a una persona que no tiene capacidad de autogobierno y no para perjudicarlo como se piensa en muchas ocasiones.

Otra situación que es necesaria tratar en estas jornadas de divulgación popular para ayudar a la sociedad, y sobre todo a nuestros mayores, es cómo evitar que el mayor pueda padecer o causar daños en su entorno o hacia sus cuidadores. El ingreso de personas con deterioro cognitivo en residencias cuando sufren demencias es una realidad necesaria en muchos casos que se presenta como solución a un problema muy grave.

Aunque cada vez estamos más informados, gracias a la sociedad en la que vivimos, los problemas que en un futuro nos encontraremos en el cuidado de una persona mayor tendrán menos perjuicios si sabemos enfrentarnos a ellos con todas las soluciones en la mano. Como dice el famoso psiquiatra Luis Rojas Marcos, “las expectativas adversas que existen hoy sobre la vejez, casi siempre están basadas en la ignorancia o premisas falsas”, porque no podemos olvidar que o ser anciano es seguir siendo persona.

 

Lourdes Rivera

Directora general del Grupo Adavir

http://www.adavir.com

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“Las claves para recuperar la sanidad pública y el derecho a la salud en la Comunidad de Madrid” por Marciano Sánchez Bayle

FOTO_MARCIANOSANCHEZAhora que se acercan las elecciones autonómicas deberíamos de ser conscientes de su importancia para el funcionamiento de la Sanidad Pública.

A partir de 2001 en que se finalizaron las transferencias sanitarias a las CCAA, son estas las que gestionan los sistemas sanitarios regionales y las que toman las decisiones cruciales para el funcionamiento de nuestros servicios sanitarios públicos.

En la Comunidad de Madrid el proceso generalizado de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública ha tenido una extensión e intensidad muy superior a la de la mayoría de las CCAA de manera que una comunidad que tenia un sistema sanitario modélico y era uno de los mejores de nuestro país ha tenido un tremendo retroceso en su funcionamiento y hoy en día por su funcionamiento y aprecio ciudadano esta a la cola del país, y todo ello a pesar del importante esfuerzo de los profesionales para mantenerlo a flote.

Todo ello a pesar de que ciudadanos y profesionales hemos señalado de manera reiterada nuestro rechazo a estas políticas privatizadoras que se ha concretado en las importantes movilizaciones denominadas como “Marea Blanca”.

 

Por eso este es el momento de exigir un cambio de política sanitaria en nuestra comunidad que debería de basarse en cuatro cuestiones clave:

 

Primero, GARANTIZAR LA ATENCION SANITARIA A TODAS LAS PERSONAS QUE VIVEN EN LA COMUNIDAD DE MADRID. Lo que supone incluir a la población inmigrante no regularizada en la atención sanitaria pública, así como a los demás excluidos por el RDL 16/2012 y retirar los copagos en farmacia puestos en vigor en el mismo. Se precisa además una financiación suficiente de la Sanidad Pública incrementando el presupuesto al menos en 2.000 millones €.

 

Segundo, RECUPERAR LOS RECURSOS DEL SISTEMA SANITARIO MADRILEÑO, incrementando las plantillas al menos hasta alcanzar los niveles de 2009, para favorecer una utilización intensiva de los recursos sanitarios públicos paralizando las derivaciones sistemáticas hacia el sector privado. Hay que aumentar el número de camas hospitalarias y los recursos de Atención Primaria.

 

Tercero, PARALIZAR LAS PRIVATIZACIONES Y RECUPERAR LO PRIVATIZADO. Acabar con las privatizaciones, las directas y las encubiertas (derivaciones, unidades de gestión clínica, etc) y hacer un plan para recuperar lo privatizado de manera paulatina a lo largo de toda la legislatura. De manera inmediata integrar las empresas públicas y la fundación de Alcorcón en la red del Sermas. Asimismo separar nítidamente la Sanidad Pública del sector privado fomentando la dedicación exclusiva de los profesionales.

 

Y cuarto, Para todo ello se precisa una LEY DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID, derogando la LOSCAM y las leyes privatizadoras (área única, lista de espera quirúrgica, etc) que además desarrolle mecanismos reales de participación social y profesional, salud pública, y de control del gasto farmacéutico y de la sobreutilización tecnológica.

Exijámosle a los partidos que se presentan a las próximas elecciones que asuman estas cuestiones centrales para recuperar una Sanidad Pública universal y de calidad. La ciudadanía con nuestro voto vamos a decidir el próximo gobierno de la Comunidad y las políticas que deben de realizarse. Hagámoslo de manera reflexiva, no permitamos que nos sigan gobernando los que ponen por delante del derecho a la salud a los beneficios empresariales, y defendamos lo que es de todos, nuestros servicios públicos, frente a la voracidad de las empresas y sus representantes políticos. Es la hora de la ciudadanía, hagamos que se oiga nuestra voz.

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid