“Esta no es la reforma local que necesita nuestro país” por Esperanza Fernández
miércoles, 06/11/2013 1 comentario
El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que ahora continuará su tramitación en el Senado, con los votos a favor del PP, UPN y PNV y los votos en contra del resto de partidos. Las razones para el voto en contra de la mayor parte de la oposición son una apuesta por el inmovilismo y el bloqueo a toda reforma. Sin embargo, el voto contrario de UPyD tiene un significado diferente pues lo que ha intentado la formación magenta es que se aborde en serio la imprescindible reforma de nuestra administración local, que sería el primer paso para la reforma que necesitan todas nuestras administraciones públicas.
Lo primero, pues, que podría decir de la reforma es que se ha desaprovechado una magnífica oportunidad de emprender de una vez la modernización y racionalización de nuestra administración municipal. En España hay 8. 117 municipios. De estos, 4. 858 tienen menos de 1.000 habitantes. A su vez, 1.000 tienen menos de 100 habitantes y menos de 390 tienen más de 20.000 habitantes. En estos últimos se concentra el 80 % de la población. El diseño de este mapa municipal data de principios del siglo XIX, un momento histórico claramente alejado del actual en cuanto a población, actividad económica, comunicaciones y desarrollo tecnológico. Mantenerlo en las actuales circunstancias es seguir condenados a un funcionamiento ineficaz de nuestros ayuntamientos, a un derroche de recursos, pues se desaprovechan las posibilidades de las economías de escala y, en consecuencia, a soportar el coste de oportunidad de dedicar medios a mantener estructuras ineficaces, medios que podrían ser mejor empleados. Este esquema tiene unas consecuencias muy negativas entre las que sobresalen la ineficacia en la prestación de servicios públicos y su encarecimiento Demorar su reforma es empecinarnos en seguir a la cola de los países de nuestro entorno, Europa Occidental, que abordaron estas reformas tras la Segunda Guerra Mundial.
Según diversos estudios, la cifra de 20.000 habitantes sería la óptima para garantizar una eficaz profesionalización del personal y asegurar una buena calidad de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos y es la cifra que propone UPyD como punto de partida, pero esa propuesta, lamentablemente, tendrá que esperar de momento.
Otro aspecto muy criticable de esta reforma es la negativa a la supresión de diputaciones, lo que no solo supone mantener una fuente de derroche sino también un bastión antidemocrático. Ya era incomprensible que, tras la instauración del Estado Autonómico, ninguno de los dos partidos que han gobernado desde entonces haya encontrado el momento de acabar con ese escalón del complejo aparato estatal que padecemos, fruto de la reforma decimonónica, que cumplió su función en su momento pero ahora es un lastre. El pretexto del Gobierno para mantenerlas es que dan servicio a los municipios pequeños. Sin embargo, podríamos dar la vuelta al argumento para entenderlo: No tocan los municipios pequeños para no tener que suprimir las diputaciones, chiringuito rentable al bipartidismo, aunque sea nocivo para el interés general.
Con esta reforma tampoco queda resuelto el problema de la financiación, ni el de las duplicidades, ni se avanza en la profesionalización de la administración local, ni acierta en la distribución de competencias, incurriendo en errores como el de quitar a los ayuntamientos competencias en servicios sociales, que han venido desarrollando con acierto en general.
En fin, es una reforma hecha por imperativo del ahorro que nos imponen desde fuera, hecha sin consenso y sin proyecto, sin ningún horizonte de mejora de nuestra administración local; una reforma de un mal estadista, de un partido más pendiente de no disgustar a sus cargos, de mantener sus bastiones, sus intereses clientelares. Es la reforma de un partido sin ambición de país.