“Perdemos calidad de vida mientras aumenta la desigualdad” por Esperanza Fernández

Esperanza Fernández, portavoz UPyD GetafeHa sido muy repetido, criticado y denunciado que las medidas de reducción del déficit llevadas a cabo por el Gobierno están suponiendo una merma y empeoramiento muy significativos en los servicios básicos que conformaban nuestro Estado del bienestar. Realmente, nunca mereció plenamente tal nombre, pues nunca estuvimos a la altura de los estados más avanzados en materia de bienestar público. Por ejemplo, la Ley de Dependencia nace lastrada porque no se contemplaba la financiación de la misma y la crisis económica no ha hecho sino agravar los problemas para su aplicación, que presenta, por otra parte, grandes diferencias según comunidades autónomas.

Pero lo que está ocurriendo en los últimos años no solo está produciendo que el cuarto pilar del estado del bienestar, la atención a la dependencia , se siga resquebrajando hasta convertir la ley en una gran mentira, sino que los otros tres, la sanidad, las pensiones y la educación, sigan un proceso de deterioro acelerado. Por otro lado, las diferencias entre comunidades autónomas no hacen más que aumentar, así como entre personas.

Iremos viendo paulatinamente los efectos en nuestro bienestar de los recortes y ya hay indicadores que van reflejándolos. La esperanza de vida es un indicador fiable. Es posible que el descenso en la misma por primera vez en la serie histórica sea una consecuencia de la situación de pérdida en servicios públicos que vivimos. Desde principios del siglo XX, este indicador había experimentado un crecimiento sostenido año tras año. Sin embargo, los últimos datos, según las cifras que presentó hace unos meses el Consejo Económico y Social en su Memoria Socioeconómica, muestran un descenso: hemos pasado de 2011 a 2012 de una expectativa de vida 84,97 a 84,72 años en mujeres y de 79,16 a 79,01 años, en hombres en ese periodo. En el conjunto de países, hemos pasado del puesto 6º al 7º. Habrá que esperar los datos de próximos años para ver si esta pérdida representa una tendencia o es un dato anecdótico pero, en principio, es preocupante, sobre todo puesto en relación con otros.

En este sentido, también hay que reparar en la advertencia realizada la pasada semana por la OCDE, sobre las consecuencias negativas de los recortes en sanidad que han supuesto un incremento de las dificultades para acceder al sistema en uno de cada tres países miembros de la entidad en el periodo 2009 a 2011. En el caso de España se critica concretamente el aumento de las listas de espera, denuncia que corrobora la percepción ciudadana sobre este problema. A ello hay que añadir las medidas de copago cuyos efectos sobre la salud y la mortalidad aún no están evaluados pero que sin duda serán visibles en poco tiempo.

No es preciso mencionar que el desempleo y el empobrecimiento creciente están produciendo un aumento de la malnutrición de las capas más desfavorecida, factor muy influyente en la salud y la expectativa de vida. Los pensionistas están jugando un papel esencial para paliar la situación de desempleo de los miembros en edad activa de las familias pero el panorama tampoco se presenta halagüeño pues ese pilar hasta ahora sólido también se empieza a resentir si el proyecto de ley de reforma de las pensiones sale adelante como está previsto, es decir, sin garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.

Frente a este panorama en buena medida provocado por las medidas del Gobierno o su inoperancia, este no está haciendo nada por evitar el sufrimiento de los más desfavorecidos. Todo lo contrario, las medidas emprendidas van directamente contra ellos mientras no remedia el sistema fiscal injusto donde, a través de las SICAV, las grandes fortunas tributan un 1% mientras las clases medias van desapareciendo ahogadas por una situación que las ha obligado a soportar las consecuencias del rescate bancario, del que han resultado ilesos los responsables, y el derroche de las administraciones públicas.

Como telón de fondo de nuestro desolador panorama económico y social, nos encontramos con la crisis política que es una de las causas principales de la económica y de su pervivencia. Nuestro modelo territorial, que ni el partido en el Gobierno ni el principal partido de la oposición están dispuestos a cambiar, mucho menos los nacionalistas, nos ha llevado a un Estado residual donde las comunidades autónomas tienen las competencias más importantes sobre las políticas de igualdad. Un Estado, por tanto, que requiere reformas urgentes para asegurar la igualdad y el bienestar de todos los ciudadanos.

Esperanza Fernández Acedo
Concejal portavoz Grupo Municipal de UPyD Getafe
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