“Las claves para recuperar la sanidad pública y el derecho a la salud en la Comunidad de Madrid” por Marciano Sánchez Bayle

FOTO_MARCIANOSANCHEZAhora que se acercan las elecciones autonómicas deberíamos de ser conscientes de su importancia para el funcionamiento de la Sanidad Pública.

A partir de 2001 en que se finalizaron las transferencias sanitarias a las CCAA, son estas las que gestionan los sistemas sanitarios regionales y las que toman las decisiones cruciales para el funcionamiento de nuestros servicios sanitarios públicos.

En la Comunidad de Madrid el proceso generalizado de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública ha tenido una extensión e intensidad muy superior a la de la mayoría de las CCAA de manera que una comunidad que tenia un sistema sanitario modélico y era uno de los mejores de nuestro país ha tenido un tremendo retroceso en su funcionamiento y hoy en día por su funcionamiento y aprecio ciudadano esta a la cola del país, y todo ello a pesar del importante esfuerzo de los profesionales para mantenerlo a flote.

Todo ello a pesar de que ciudadanos y profesionales hemos señalado de manera reiterada nuestro rechazo a estas políticas privatizadoras que se ha concretado en las importantes movilizaciones denominadas como “Marea Blanca”.

 

Por eso este es el momento de exigir un cambio de política sanitaria en nuestra comunidad que debería de basarse en cuatro cuestiones clave:

 

Primero, GARANTIZAR LA ATENCION SANITARIA A TODAS LAS PERSONAS QUE VIVEN EN LA COMUNIDAD DE MADRID. Lo que supone incluir a la población inmigrante no regularizada en la atención sanitaria pública, así como a los demás excluidos por el RDL 16/2012 y retirar los copagos en farmacia puestos en vigor en el mismo. Se precisa además una financiación suficiente de la Sanidad Pública incrementando el presupuesto al menos en 2.000 millones €.

 

Segundo, RECUPERAR LOS RECURSOS DEL SISTEMA SANITARIO MADRILEÑO, incrementando las plantillas al menos hasta alcanzar los niveles de 2009, para favorecer una utilización intensiva de los recursos sanitarios públicos paralizando las derivaciones sistemáticas hacia el sector privado. Hay que aumentar el número de camas hospitalarias y los recursos de Atención Primaria.

 

Tercero, PARALIZAR LAS PRIVATIZACIONES Y RECUPERAR LO PRIVATIZADO. Acabar con las privatizaciones, las directas y las encubiertas (derivaciones, unidades de gestión clínica, etc) y hacer un plan para recuperar lo privatizado de manera paulatina a lo largo de toda la legislatura. De manera inmediata integrar las empresas públicas y la fundación de Alcorcón en la red del Sermas. Asimismo separar nítidamente la Sanidad Pública del sector privado fomentando la dedicación exclusiva de los profesionales.

 

Y cuarto, Para todo ello se precisa una LEY DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID, derogando la LOSCAM y las leyes privatizadoras (área única, lista de espera quirúrgica, etc) que además desarrolle mecanismos reales de participación social y profesional, salud pública, y de control del gasto farmacéutico y de la sobreutilización tecnológica.

Exijámosle a los partidos que se presentan a las próximas elecciones que asuman estas cuestiones centrales para recuperar una Sanidad Pública universal y de calidad. La ciudadanía con nuestro voto vamos a decidir el próximo gobierno de la Comunidad y las políticas que deben de realizarse. Hagámoslo de manera reflexiva, no permitamos que nos sigan gobernando los que ponen por delante del derecho a la salud a los beneficios empresariales, y defendamos lo que es de todos, nuestros servicios públicos, frente a la voracidad de las empresas y sus representantes políticos. Es la hora de la ciudadanía, hagamos que se oiga nuestra voz.

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

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“Alternativas en defensa de la Sanidad Pública” por Marciano Sánchez Bayle

FOTO_MARCIANOSANCHEZNuestro Sistema Sanitario Público, gozaba de una gran prestigio a nivel internacional por sus buenos resultados en salud a un coste relativamente bajo (por debajo de la media de los países desarrollados de la OCDE), así el Informe Bloomberg (2013) lo situaba en el 5º lugar del mundo y el primero de Europa en cuanto a eficiencia.

También existía un reconocimiento generalizado por su carácter universal y equitativo; su naturaleza redistributiva al financiarse con impuestos; su accesibilidad para los pacientes, al no existir barreras económicas ni por razones de edad, sexo o raza; por ser gratuito en el momento de uso; por su integralidad,  con una atención que incluía promoción, prevención, curación y  rehabilitación de la salud; basado en una potente Atención Primaria como puerta del sistema y responsable de garantizar  la longitudinalidad y continuidad de la atención y la  distribución racional de los pacientes y los recursos.

La Política sanitaria del PP ha estado orientada a privatizar el sistema sanitario público para ponerlo en manos de entidades bancarias,  multinacionales sanitarias y fondos de inversión internacional ubicados en los paraísos fiscales. 

Desde el gobierno central y  los autonómicos se está aplicando una política de tierra quemada, acelerando el desmantelamiento y privatización de los servicios sanitarios más rentables, que están siendo privatizados a cambio de unos pagos que multiplican sus costes reales y que suponen un elevado endeudamiento para las arcas del Estado. Esta privatización va acompañada del despido de miles de trabajadores sanitarios (más de 53.000), de la  reducción de la oferta de servicios y de la generalización de copagos  por los ciudadanos.

Esta estrategia esta respaldada, alentada y sostenida por una alianza privatizadora de intereses financieros, económicos y empresariales. Entre sus principales logros están el haber conseguido incrementar de manera exponencial los conciertos con la sanidad privada;  la externalización y privatización de gran parte de los servicios; conseguir importantes subvenciones públicas;  participar en la financiación y gestión de nuevos centros sanitarios y controlar los fondos  y actividades de investigación, desarrollo tecnológico y docencia del personal.

El sector privado se ha apropiado ya de los nuevos hospitales de Madrid, Valencia,  Galicia, Aragón, Baleares, etc; controla los sistemas de información, centrales telefónicas de llamadas e historia clínica electrónica; consiguió la adjudicación de los servicios de laboratorio y radiología de algunos hospitales públicos; controla  sistemas de adquisición y evaluación de equipamiento tecnológico en algunas CCAA; participa en los sistemas de acreditación, docencia pre y postgraduada y de formación continuada;  ha logrado el control de los recursos económicos destinados a investigación y desarrollo (I+D+I); etc. Como consecuencia gran parte de los servicios del sistema público han pasado a manos de bancos,  empresas multinacionales y fondos de inversión. Para rematar el proceso privatizador, el Ministerio de Sanidad acordó con el Foro de la Profesión Médica la privatización de la gestión asistencial mediante las nuevas Unidades de Gestión Clínica, que transformarán los servicios asistenciales en empresas (dotadas presuntamente de autonomía plena), pero que en realidad estarán dirigidas por directores designados a dedo por la administración, para gestionar a su dictado al personal y el presupuesto, con capacidad para competir entre sí vendiendo sus productos en un mercado sanitario interno, en el que estará presente también personal y capital privado.

La intención de estas políticas es impedir, si se producen cambios, que el nuevo gobierno entrante  pueda dar marcha atrás en las privatizaciones y recuperar el sistema sanitario público, generando así el descrédito político y una gran frustración de la población

Sin embargo, en 2015 estamos en el momento clave para revertir estas políticas suicidas de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública. Las próximas elecciones autonómicas y generales nos dan la ocasión de dar un giro de 180º a la situación y reorientar la política sanitaria hacia la consecución de mayores niveles de salud de la población. Para ello seria necesario:

  1. Garantizar la Universalidad de la asistencia sanitaria, lo que supone la derogación del RD 16/2012 y la eliminación de los sistemas paralelos (MUFACE, mutuas laborales, etc)
  2. Proporcionar una financiación suficiente del Sistema Sanitario Público equiparando  el % de PIB a la media de los países de la UE (un punto más de PIB), para hacer frente al deterioro de la salud consecuencia de la crisis. Cambiar el modelo de financiación para recuperar su carácter redistributivo mediante impuestos directos, en función de la población y de sus características y dotarlo de un carácter finalista
  3. El establecimiento de una cartera amplia de servicios en todo el Estado,  en función de las necesidades de la poblaciónsin barreras en el acceso por razones geográficas y con compatibilidad en los sistemas de información
  4. Garantizar el acceso a la asistencia sanitaria según necesidades en todo el territorio, suprimiendo los copagos.
  5. La revocación de las Leyes de Ordenación Sanitarias y la  Ley 15/1997 de Nuevas Formas de Gestión, que favorecen la privatización,  del RD 16/1012 de Medidas para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario, y las de las Unidades de Gestión Clínica.
  6. El compromiso de  recuperar todas las privatizaciones y externalizaciones de servicios sanitarios  y los sistemas de información  cedidos a empresas multinacionales
  7. Avanzar en una política farmacéutica que anteponga el derecho a la salud de las personas a los intereses económicos de las multinacionales.
  8. Potenciar la Atención Primaria como alternativa a los recortes para salir de la crisis. Se deberán incrementar sus recursos hasta alcanzar el 25% del prepuestos sanitario en 5 años, una manera de mejorar su capacidad diagnóstica y terapéutica
  9. Una política sanitaria  y de formación basada en la Promoción de Salud que oriente y racionalice las actuaciones del sistema,  frente a la actual estrategia de medicalización de las relaciones sanitarias y de utilización intensiva de los recursos tecnológicos
  10. Una política de personal que acabe con los recortes y la no reposición de las jubilaciones, basada en la estabilidad laboral, los incentivos profesionales, y en recuperar  los derechos laborales suprimidos por el actual Gobierno
  11. Establecer la participación de los profesionales y de la población en la planificación, control y evaluación de la planificación ya actividades del sistema, de sus niveles de gestión  y de sus centros sanitarios.
  12.  Oposición a la aprobación del Tratado de Libre Comercio  entre Estados Unidos y la Unión Europea, al tratado de libre comercio entre Canadá y la UE (CETA) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA)
  13.  Establecer auditorias sobre los gastos del Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Sanidad de las CCAA, y la transparencia de la información sanitaria.

Pero hay que se conscientes de que estos objetivos no se conseguirán solo con un vuelco electoral, por otro lado imprescindible, sino que además hay que articular una gran movilización social y sanitaria en defensa de estas propuestas, con el apoyo de los grupos parlamentarios de las Cortes del Estado, los Parlamentos Autonómicos, Ayuntamientos, etc., buscando la mayor unidad por encima de legítimas diferencias.

Las experiencias de movilizaciones de la marea Blanca en Madrid demuestran que cuando estas son unitarias, masivas, sostenidas en el tiempo y sobre todo cuando aúnan los intereses de la ciudadanía con los de los trabajadores de la sanidad, existe una elevada probabilidad de éxito.

A principios de año siempre es un momento de hacer buenos propósitos, pero para que no se queden solo en eso, para lograrlos, hay que trabajar con esfuerzo e insistencia. Merece la pena hacerlo, esta en juego nuestra salud.

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

“Algunas enseñanzas de la crisis del Ébola” por Marciano Sánchez Bayle

FOTO_MARCIANOSANCHEZLa crisis producida en nuestro país con la infección por el virus de Ébola da para muchas reflexiones y analizar todos sus aspectos seria demasiado largo, por eso solo voy a señalar algunos aspectos que me parecen importantes y que han sido menos abordados en los medios.

El primero es que los recortes y las privatizaciones acaban por tener graves repercusiones a medio y largo plazo. Conviene recordar que en el fondo de la mala respuesta a la crisis sanitaria están los cierre de la Dirección General de Salud Pública y la Agencia de Salud Pública de Madrid en 2008 y la conversión del Hospital Carlos III en un centro de media y larga estancia en 2013 que dejaron a la sanidad madrileña con una capacidad de respuesta disminuida ante la presencia del virus, y que hay cosas que no se improvisan de un día para otro. A veces los recortes y privatizaciones no parecen tener repercusiones, o tan solo económicas, pero a medio plazo producen daños muy graves. Hay ejemplos bien conocidos como la catástrofe Katrina que tuvo su origen en la falta de mantenimiento de los diques, por las políticas de recortes de los fondos públicos, los graves accidentes ferroviarios en el Reino Unido después de las privatizaciones del mantenimiento de la red ferroviaria, o mas cerca las muertes debidas a las caídas de ramas de los árboles en Madrid, porque Ud recorta y privatiza en el mantenimiento de las zonas verdes y al final las ramas se caen y acaban matando a las personas.

Por eso es importante entender que necesitamos servicios públicos de calidad, gestionados con la mira del bien común y no de los beneficios empresariales, porque los efectos solo suelen verse en el medio plazo y pueden ser muy graves. Por eso también lo es que esta crisis se salde con el mantenimiento del único hospital especializado en enfermedades tropicales e infectocontagiosas que hay en el país (que ahora además tiene experiencia en el tratamiento de esta enfermedad) y que en Madrid se recupere la coordinación y dirección de la salud pública gestionada por especialistas.

El segundo es el papel fundamental de la Sanidad Pública para responder ante los grandes retos de salud. Cuando estallo la crisis, los centros privados se pusieron de perfil y la gestión y el tratamiento cayeron sobre el sistema público, porque solo el sistema sanitario público es capaz de responder de manera adecuada, eficaz y eficiente a los problemas importantes de salud, y por eso es tan importante mantener la Sanidad Pública y luchar contra las privatizaciones.

El tercero es que el mundo es más pequeño de lo que nos gustaría, y que no podemos pensar razonablemente que las epidemias quedaran confinadas en otros países y desentendernos de ellas. El ébola es un problema de salud mundial y aunque nuestras autoridades sanitarias no hubiesen traído 2 casos a España, lo más probable es que, si no se controla la epidemia en África, está acabe llegándonos, entre otras cosas porque nuestro país es un puente natural entre ese continente y Europa. Es muy importante que se destinen fondos, material y personal al tratamiento y control de la enfermedad allí donde es mas activa, no es solo un problema de solidaridad, que también, sino además aunque solo por sea por autoprotección hay que atajar el mal allí donde se presenta la epidemia antes de que nos alcance y produzca daños irreparables.

El cuarto es que tenemos unos responsables sanitarios que no nos los merecemos. Se les pueden aplicar casi todos los adjetivos descalificativos del diccionario, han sido irresponsables, incompetentes, han actuado con ausencia de transparencia y luego han incurrido en la descalificación y el insulto de la afectada. En el fondo el problema esta en que no pueden tenerse unos responsables sanitarios que desconocen profundamente el tema del que tratan, y que no puede dejarse en sus manos la gestión de una crisis de este tipo, de hecho la rectificación que se hizo a partir de que la vicepresidenta degrado de sus funciones a la ministra de Sanidad, ha aportado un poco de sensatez a la situación. Porque un asunto tan serio como la salud de la población merece que sea asumido por personas con competencia y cualificación reconocida en la materia y no por el conmilitón que goza mas simpatías por parte del jefe del partido en el nivel que sea (central, autonómico, etc).

¿Valdrá esta crisis para que aprendamos y evitemos errores parecidos?. No lo parece y solo hay que escuchar las declaraciones del irresponsable consejero madrileño para comprenderlo. Hay que echar de cualquier cargo de responsabilidad pública a estas personas, que no solo hacen tan mal las cosas sino que ni siquiera son capaces de reconocerlo. Ahora la responsabilidad de su presencia en las administraciones sanitarias no es solo suya sino sobre todo de los presidentes de la comunidad de Madrid y del Gobierno, porque ellos son los que los mantienen frente a una aplastante opinión social y profesional en contra.

Marciano Sánchez Bayle
Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

“Nuevas estrategias privatizadoras en Madrid” por Marciano Sánchez Bayle

 

FOTO_MARCIANOSANCHEZComo es conocido, los reveses judiciales y, sobre todo la lucha incansable por parte de los profesionales, las organizaciones y los ciudadanos, hicieron claudicar al Gobierno Regional en sus pretensiones privatizadoras de seis hospitales y veintisiete centros de salud.

Con la elección del nuevo Consejero se pretendió desactivar las movilizaciones y tranquilar a los profesionales, pero mantener su privatización encubierta con los recortes y las derivaciones a los hospitales privados. Por ello los ciudadanos no deben olvidar que esto es un pequeño descanso de su plan ideológico. Se ha puesto en marcha una política represiva que evidencia que no se ha cambiado de política, sino solo de métodos de actuación. En ningún momento ni el Gobierno Regional, ni el Presidente Ignacio González, ni el nuevo Consejero han renunciado expresamente a sus intenciones privatizadoras que mantienen intactas hasta conocer el resultado de las elecciones en 2015.

En Madrid las privatizaciones han continuado como ha sucedido con la Lavandería de Mejorada, la cesión de la extracción periférica de sangre a Cruz Roja, a pesar de que no figuraba en el “Plan de Sostenibilidad”, la disminución de personal en los centros públicos, que alcanza mas de 7.500 trabajadores desde 2009, la persistencia de jubilaciones forzosas (a veces utilizadas como mecanismo de represalia), y por fin las derivaciones a centros privados.

Este último mecanismo ha cobrado una gran importancia en la práctica porque se trata de una forma de privatizar mucho mas silenciosa, por la puerta de atrás, que suele pasar desapercibida y es difícil de conocer en su dimensión real porque es el agregado de muchas decisiones individuales.

Desde la Consejería se ha organizado un sistema de derivaciones que se concreta en 3 actuaciones complementarias: primero las citaciones en manos de una empresa privada (el “centro de atención personalizada” que gestiona la empresa INDRA a un coste mucho mas elevado que su alternativa pública del SERMAS ) entre cuyos objetivos esta “mantener la derivación de procedimientos quirúrgicos a los hospitales de apoyo, aprovechando al máximo la capacidad de los mismos”, lo que en la jerga eufemística de la Comunidad de Madrid significa propiciar las derivaciones a los centros privados. Además las derivaciones incluyen también las consultas de especialistas y las pruebas diagnosticas.

Las encuestas son concluyentes. En noviembre de 2013 un 67,4% de los centros de atención primaria tenían constancia desde de la derivación de pacientes a centros privados para pruebas. Asimismo un 58,7% de los centros señalaron que conocían que los pacientes eran derivados a centros privados para intervenciones quirúrgicas..

En junio de 2014, otra encuesta sobre usuarios de la Sanidad Pública madrileña detecto que el 25,8 % habían sido derivados al sector privado para la realización de pruebas diagnósticas y/o intervenciones quirúrgicas, que son el 37,53% de las que se habían realizado una prueba diagnóstica y/o estaban en lista de espera quirúrgica.

Además esta la infrautilización sistemática de los recursos propios, en parte relacionada con los recortes de personal. En una comparación reciente sobre la utilización de las resonancias magnéticas se objetivaba una derivación del 17,4% de las mismas a centros privados (en la Paz este porcentaje se elevaba al 49,4%) mientras que el numero de pruebas por maquina había sido de 734 en la Fundación Jiménez Díaz (recuérdese IDC /CAPIO) frente a 470 de promedio en los hospitales públicos (como no, el mínimo en La Paz 365). Si echamos las cuentas esto significa que si las maquinas del sector público tuvieran el mismo rendimiento que las privadas todas las RM podrían hacerse en centros públicos y sobraría capacidad para reducir las listas de espera.

Y, por fin, la estrategia de secretismo y de vulneración de cualquier norma poniendo de manera descarada el sistema público al servicio de los centros privados. Esta se ha hecho pública cuando ha estallado el escándalo del hospital de Fuenlabrada en el que varios usuarios y sus médicos han denunciado que un centro privado les llamaba directamente para citarles pruebas diagnósticas, poniéndose en evidencia que datos personales, supuestamente protegidos especialmente por la legislación vigente, habían sido facilitados a las empresas privadas sin consentimiento. El escándalo cuando salio a los medios primero fue negado por los responsables del hospital y la Consejería pero ante las protestas de momento ha acabado con el cese del gerente y de varios cargos administrativos del hospital. Por supuesto estas actuaciones responden a una estrategia general.

Esta estrategia de derivaciones esta teniendo una fuerte contestación, también individual. Dos ejemplos, en la encuesta de junio de 2014 el 10,6 % señalaron de manera espontánea que se habían negado a la derivación, aunque no se incluía la pregunta específica, por otro lado según los datos oficiales de la Consejería de Sanidad en diciembre de 2013 el 51% de las personas en lista de espera quirúrgica habían rechazado la alternativa de la intervención en un centro privado.

Madrid tiene un sistema sanitario cada vez más privatizado. En la tabla siguiente se puede ver la situación de Madrid y la media de las 17 CCAA en aspectos relativos a la privatización de financiación, aseguramiento y provisión sanitaria y en todos ellos la Comunidad de Madrid supera la media.

 

  Madrid Media CCAA
% población cubierta por Mutuas 5,78 4,54
Gasto en seguros privados (€/hab/año) 244 115,94
Gasto sanitario de bolsillo (€/hab/año) 452 376,88
% camas privadas sobre el total 33,17 26,96
% alta tecnología en centros privados 31 24,47
% gasto sanitario público destinado a conciertos 8,50 7,61

 

El resultado de estas políticas, aparte de una disminución de la calidad y de la opinión de la ciudadanía es el incremento de las listas de espera a pesar de las trampas de la “transparencia informativa” organizada por la Consejería de Sanidad mediante el llamado “Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño de Salud” que aporta datos anticuados y groseramente manipulados. Así la encuesta antes mencionada de junio de 2014 detecta una lista de espera promedio para pruebas diagnósticas de 53,68 días (máximo 1 año), para consulta de especialista de 3,3 meses (máximo 16 meses), y de intervenciones quirúrgicas de 7,13 meses (máximo 2 años), mientras que sin ningún decoro los datos oficiales sitúan estas dos últimas demoras en menos de 15 días.

Para quien desee conocer mas en detalle la situación en la Sanidad madrileña puede leer los dos Informes referidos y los 3 Informes del Observatorio Madrileño de Salud, todos ellos disponibles en la web www.fadsp.org

Conviene no olvidar la gran victoria que ha supuesto el conflicto que ciudadanos y profesionales madrileños han mantenido contra la privatización sanitaria, y que cada vez hay mas evidencias de los resultados negativos de la combinación de recortes, desmantelamiento y privatización a los que el PP ha sometido a la Sanidad Pública madrileña, y que, aunque se ha logrado un avance, sigue planteándose una política privatizadora de muy negativas consecuencias sobre la atención sanitaria y el derecho a la salud, así como nuevas amenazas para el mantenimiento de una Sanidad Pública universal y de calidad.

 

Marciano Sánchez Bayle
Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

“Se ha ganado una gran batalla, pero no podemos bajar la guardia” por Manuel Robles

Manuel RoblesEl pasado día 27 de Enero los jueces del Tribunal Superior de Justicia ratificaban la nulidad del proceso privatizador de los hospitales madrileños y el rechazo al recurso, que de forma irresponsable y prepotente había puesto en marcha el gobierno regional del PP, presidido por Ignacio González y ejecutado por su consejero Sr. Lasquetty , hoy ya exconsejero como consecuencia de sus errores y sus actitudes irresponsables, provocadoras y ofensivas contra todos los componentes de la “marea blanca”. Y sobre todo por atacar las bases, los cimientos, de uno de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía. El triunfo de la razón ciudadana y de la justicia.

Como alcalde que cree y defiende los movimientos ciudadanos, como político y militante de izquierdas que defiende los servicios públicos esenciales, la fuerza de la democracia y la justicia, me siento confortado. Felicito a todo el movimiento ciudadano que bajo el lema: “la sanidad pública no se vende, se defiende” empezó hace más de 15 meses en toda la región de Madrid y en otras comunidades de España. Este movimiento de amplia participación,  formado por colectivos de profesionales sanitarios, sindicatos y partidos de izquierdas, asociaciones, gobiernos locales que se han sumado con sus mociones de apoyo, y ciudadanos en general, se ha llevado como un “tsunami  democrático“ las intenciones privatizadoras de la Sanidad Pública madrileña por parte de un gobierno que pretende hacer de lo público un negocio privado, con el falso argumento del ahorro económico.

Pero quiero llamar la atención para decir que debemos seguir en la lucha, en la denuncia y en la reivindicación, porque la Sanidad Pública Madrileña está muy deteriorada. Tampoco debemos olvidar a los miles y miles de personas, que no pueden cotizar y se les ha echado del sistema sanitario, de una forma vergonzosa e inhumana. Se les ha quitado la tarjeta sanitaria de forma impune y con argumentos zafios, inaceptables en una sociedad democrática y defensora de los derechos sociales y humanos más elementales.

Manuel Robles
Alcalde de Fuenlabrada

“Una gran victoria sobre un gran fracaso. Es el momento de una alternativa” por Rubén Bejarano

FOTO_RUBÉN_BEJARANOEl pasado lunes 27 de enero vivimos un momento importante, histórico, que ha supuesto un punto de inflexión en la política sanitaria que estaba llevando a cabo el Ejecutivo de Ignacio González, basada fundamentalmente en un cambio del sistema en la Comunidad de Madrid. Privatizar todos los servicios sanitarios de seis hospitales en un mismo plan, suponía no sólo dar tres vueltas de tuerca a las externalizaciones, sino que nos introducía en un nuevo modelo donde el método de gestión directa pasaba casi a eliminarse. Como telón de fondo en la suspensión de esta privatización, aparecen las últimas decisiones del TSJM que desautorizaban a este Gobierno. Pero sin duda, en la decisión final del ejecutivo están la grandes movilizaciones llevadas a cabo durante catorce meses consecutivos por los profesionales sanitarios, y lo más importante, por el progresivo apoyo que iban teniendo por parte de los ciudadanos. Este fracaso del PP ha traído como consecuencia también la dimisión del titular de la cartera sanitaria, Javier Fernández-Lasquetty.

En su despedida el ex Consejero Fernández-Lasquetty argumentó que dimitía porque él inició este proyecto privatizador. No es cierto. Durante los distintos Gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, sobre todo en la era de Esperanza Aguirre, la transferencias de importantes partidas de gestión pública a sector privado, eran una seña de identidad. Fernández-Lasquetty no inicia la privatización ni mucho menos. La prueba es que antes de presentar este plan, el pasado 31 de octubre de 2.012, en nuestra región los hospitales Infanta Elena, Torrejón, Jimenez-Díaz y el Juan Carlos I ya gestionaban todos sus servicios distintos grupos empresariales. El Hospital de Collado-Villalba estaba siendo construido para después explotarlo y gestionarlo por un importante grupo privado, y crecían como la espuma las derivaciones, los convenios y los conciertos con clínicas y empresas sanitarias privadas para prestar nuestra asistencia sanitaria pública. Lo que sí hizo el recién Consejero dimitido es, intentar consolidar una linea  política del Partido Popular en Madrid  basada en que nuestros derechos no tiene por qué gestionarlos la propia administración pública, bajo el falaz argumento de la ineficacia y el ahorro.          

Con esta política, la propia administración pierde la gestión de la Sanidad, uno de los derechos subjetivos más importantes de nuestra democracia, y pierde también el objetivo de supervisar la prestación del servicio en iguales condiciones a toda la población y con la máxima calidad asistencial. Esta última ya no la puede garantizar la administración porque, sencillamente, no la gestiona ni la controla.

Pero es justo reconocer que la legislación española es muy permisiva con la posibilidad de privatizar la asistencia sanitaria pública. Desde que se aprobó la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión en la sanidad, gracias a el apoyo en su momento de PSOE y PP, y las posteriores normativas regionales, como la LOSCAM en Madrid, el excesivo peso sector privado en la gestión sanitaria está amparado. Sólo necesitamos un Gobierno con un programa absolutamente neoliberal, y con mayorías suficientes en el parlamento, para llevar a cabo este demoledor ataque a lo público. 

A las celebraciones que se están produciendo después del anuncio del Ignacio González el pasado lunes, le sigue la gran pregunta: ¿Y ahora qué? Lo más probable es que el nuevo Consejero, a un año vista, y después de este fracaso, no emprenderá un proceso similar. Pero lo cierto es que en Madrid existen problemas de sostenibilidad del sistema sanitario público, sobre todo, porque tenemos a una gran parte de la gestión privatizada desde hace mucho tiempo. Problemas a los que se tiene que dar respuesta de forma urgente. Y que lo ideal sería empezar por la derogación de la propia Ley 15/97, el origen de todo. Iniciativa que se tiene que seguir planteando hasta conseguirlo.

Pero estando en este contexto, y de forma inmediata, es necesario poner en marcha una serie de  medidas gubernamentales basadas en tres ejes. En primer lugar, recomponer las relaciones con el personal sanitario, ya que sólo se han dirigido a ellos para anunciarles recortes de recursos materiales y humanos en todos los centros durante los últimos años. Es más necesario que nunca un gran pacto con toda la comunidad sanitaria que haga sostenible la gestión de una Sanidad Pública, para precisamente, dejarla al margen de cualquier privatización.

En segundo lugar, se debe realizar una auditoria pública para que los ciudadanos y ciudadanas conozcan en detalle el estado de todas las transferencias que la administración regional realiza a los grupos y empresas adjudicatarias. Recientemente la Cámara de Cuentas ha reconocido que existe un claro descontrol de los recursos públicos que pasan al sector privado para gestionar la Sanidad.

Y por último, debe haber un proceso inverso para que todos los servicios, pruebas diagnósticas, operaciones quirúrgicas y programas asistenciales que se realizan mediante convenios, transferencias, conciertos y “manos ajenas”, se presten con personal público y en centros públicos. No sólo con el objetivo de ser más eficientes desde el punto de vista económico, porque la situación actual de derivaciones es más cara, sino porque además, garantizaremos que la sanidad se dirige, se presta y se controla directamente desde lo público, que es en definitiva lo que quiere la ciudadanía madrileña para conseguir la máxima calidad.

 

Rubén Bejarano
Coordinador de Izquierda Unida-Leganés y
Diputado en la Asamblea de Madrid

“Lista de Espera Quirúrgica sin prisa pero sin pausa” por Francisco Javier Blázquez

FOTO_JAVIERBLAZQUEZLa lista de espera quirúrgica en la Comunidad de Madrid se ha convertido en una preocupación para los usuarios y los gestores de la sanidad madrileña, que en los últimos meses ha ido creciendo y superando los prometidos 30 días de espera. De hecho, este dato ha pasado de ser una  promesa electoral, que hizo Esperanza Aguirre en 2003 para mejorar la respuesta de la sanidad para con los ciudadanos, a ser uno de los instrumentos de medida para valorar si la sanidad funciona o no correctamente. Los recortes y las huelgas han sido la principal justificación del aumento de la espera para ser intervenido en los hospitales públicos madrileños.

Las intervenciones quirúrgicas programadas y no urgentes, se llevan a cabo mediante un sistema de lista de espera donde el cómputo de los 30 días no comienza a contar a partir del momento en que el médico especialista recomienda la intervención quirúrgica, sino que empieza después de ser visto en la consulta de anestesia y una vez realizadas todas las pruebas preoperatorias. La segunda circunstancia que condiciona estos 30 días, es que el paciente no rechace la primera opción de hospital dónde le ofertan que puede ser operado, tanto público como privado, porque si así fuese pasarían a una lista que Sanidad llama “pacientes que voluntariamente han preferido mantenerse en espera para ser intervenidos en el hospital de su elección”, que de media aguardan unos 100 días, según los últimos datos. Por tanto, en realidad es un porcentaje limitado de pacientes el que se beneficia de las operaciones exprés.

Esta es la compleja situación creada para garantizar la prestación sanitaria supone una carrera de fondo para el día a día en los hospitales madrileños, donde existe un gran desequilibrio entre los resultados obtenidos en los distintos tipos de hospitales públicos, donde sin ya existir las famosas peonadas de tarde, hay hospitales con una ocupación quirúrgica y un rendimiento fabulosos y otros que continúan derivando pacientes a hospitales privados concertados para sacar a flote los números. Y esto es porque, en un sistema público no deben existir diferencias ni desequilibrios en las dotaciones ni en los resultados. A todos los hospitales por igual se les debe rendir las mismas cuentas, atendiendo a sus particularidades.

Por otro lado, hemos pasado de una situación poco rigurosa de turismo sanitario, con un sistema público demasiado solidario y de puertas abiertas, donde ciudadanos de otros países se han beneficiado de las coberturas del seguro público español, a una situación actual dónde se miden los resultados por el tiempo que le tardan a uno en operar. Los extremos nunca son buenos, la virtud está en el término medio y también hay que valorar que a veces no es el tiempo el que puede garantizar un buen resultado, sino que el trato personalizado de los  sanitarios, la comodidad del paciente y la confianza en tu hospital está por encima de todo.

El tiempo de espera para ser intervenido ha pasado de ser un buen propósito político, a ser una vara de medir de la buena o mala gestión de la administración pública sanitaria. Hay que tener en cuenta, que descartando el caso de las intervenciones quirúrgicas urgentes, no todas las dolencias tienen que ser resueltas con la misma celeridad. Existen muchos pacientes que llevan años con un problema concreto de salud y vigilado por su médico, como puede ser el caso de un juanete, una desviación del tabique nasal o una catarata, dónde una vez valorado por el médico especialista y el paciente ha decidido operarse, el sistema público debe garantizar la intervención pero en unos plazos razonables, lejos de la prisas. Todo esto es educacional y requiere conciencia social y una buena gestión.

Francisco Javier Blázquez Molina
Periodista y diplomado en Enfermería