“Votar por la Sanidad Pública” por Marciano Sánchez Bayle

FOTO_MARCIANOSANCHEZAhora que se acercan las elecciones es importante que nuestro voto se dirija a proteger y promocionar un servicio sanitario público de calidad porque estamos ante un tema crucial para garantizar una vida digna a la población.

 

Llama la atención la escasa visibilidad que está teniendo en los medios y en las propuestas de los candidatos los temas sanitarios, a pesar de su importancia y de los reconocidos problemas que tiene nuestra Sanidad Pública, especialmente tras los últimos 4 años de un proceso continuado de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatizaciones a que ha sido sometida.

 

Si queremos votar teniendo en cuenta las posiciones de cada partido por la sanidad Pública cinco son los aspectos fundamentales que hay que buscar en sus programas:

 

  1. Financiación sanitaria.

Como ya se ha señalado los recortes presupuestarios han sido la tónica en estos últimos años, y aunque no se sabe su cuantía exacta por la falta de transparencia de las administraciones sanitarias, se sitúan entre 13 y 23.000 millones €, y el gobierno del PP tiene previsto un mayor recorte para los próximos años (hemos pasado del 6,7% del PIB para gasto sanitario público  en 2009 al 5,8% en 2015 y a una previsión del 5,3% en 2018). Estos recortes presupuestarios son los que han producido que haya 55.000 trabajadores menos en la Sanidad Pública y ha supuesto cierres de plantas, de quirófanos, etc , con el consiguiente aumento de las listas de espera. Por eso es fundamental garantizar un aumento de la financiación sanitaria que nos situé al menos en la situación de 2009, pero que progresivamente vaya incrementándose hasta alcanzar el promedio de la UE (7,5%). Por eso también hay que recelar de quienes anuncian bajadas de impuestos, porque sin una recaudación suficiente no puede haber buenos servicios públicos, y por lo tanto le están anunciando que la Sanidad Pública seguirá empeorando.

 

  1.  Universalizar la atención sanitaria

El RDL 16/2012 cambio el modelo sanitario que paso de ser un sistema basado en las personas a estarlo en el aseguramiento, lo que produjo exclusiones de colectivos del derecho a la atención sanitaria, el mas conocido y el que mas lo sufrió el de los inmigrantes irregulares, pero también otros como los que pasan mas de 90 días en el extranjero. Las consecuencias han sido muy negativas (3 muertes  y miles de casos de desatención documentados) y no hay constancia de ningún ahorro económico. El derecho a la atención sanitaria es un derecho humano básico y por eso debe de garantizarse a todas las personas que están en el país, por eso hay que exigir la derogación del RDL 16/2012.

 

 

  1. Rechazo a  los copagos

Los copagos también se incrementaron con el RDL 16/2012, en farmacia, en transporte sanitario, en dietas, órtesis y prótesis. Solo se aplico el de farmacia (excepto en los medicamentos retirados de las farmacias hospitalarias), pero todos siguen vigentes. Los copagos tienen un efecto discriminatorios porque impiden a los que están mas enfermos y tienen menores ingresos el acceder a servicios sanitarios que necesitan. Su aplicación en farmacia ha supuesto que un 15% de las personas que reciben una prescripción no la retiren por problemas económicos y ni siquiera ha logrado contener el gasto farmacéutico que lleva ya 2 años de crecimiento continuado. Por eso es preciso tanto derogar el RDL 16/2012, como dejar claro que no se van a establecer nuevos copagos por el acceso a las prestaciones sanitarias.

 

  1. Reforzar la Sanidad Pública

La consecuencia de los recortes ha sido un deterioro del sistema sanitario público, con menos personal, menos capacidad para atender la demanda asistencial, mas listas de espera y empeoramiento de la calidad de la atención sanitaria. El nuevo gobierno debe de asegurar el funcionamiento intensivo de los recursos de la Sanidad Pública que con los recortes y las privatizaciones se han infrautilizado. Eso supone más personal y más inversión en la estructura y los equipamientos.

 

  1. Acabar con las privatizaciones y recuperar lo privatizado

Aunque la privatización viene de antiguo, estos últimos años se ha incrementado notablemente, tanto la privatización directa a empresas privadas como la menos visible de las derivaciones sistemáticas de pruebas diagnosticas, consultas de especialistas o intervenciones quirúrgicas a los centros privados. La privatización ha supuesto importantes sobrecostes (entre 7 y 10 veces el coste de su alternativa pública), recortes de camas y personal y peor calidad asistencial. Por todo ello es urgente primero detener en seco  las privatizaciones y luego recuperar lo privatizado, aunque sea de manera paulatina, porque con ello se garantiza una mejora de la atención sanitaria y un menor coste.

 

Estos son los puntos centrales que deberían de hacernos optar por una u otra opción el próximo día 20 de diciembre si lo que queremos es un sistema sanitario público  de calidad, universal y equitativo. Algunos como el PP ya demostraron que no están por ello, pero tampoco parece estarlo alguno de los nuevos. Vayan todos a votar el día 20 y háganlo pensando en el futuro de la Sanidad Pública que al fin y al cabo es también su futuro y el de toda la población. Ahora bien, no se olviden el 21 de seguir luchando por la Sanidad Pública porque ya se sabe que los políticos si no hay presión social suelen olvidarse de lo que prometieron.

 

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

“Encarnizamiento terapéutico” por Marciano Sánchez Bayle

FOTO_MARCIANOSANCHEZRecientemente hemos vivido un caso evidente de encarnizamiento terapéutico en el caso de la niña gallega a los que los médicos del hospital de Santiago se negaban a dejar de mantener artificialmente con vida a pesar de encontrarse en una situación terminal (como se demostró de manera inequívoca con su fallecimiento a las 48 hs del abandono de estas medidas).

Se conoce como encarnizamiento terapéutico a la “aplicación de medios médicos que no van a conseguir la recuperación del paciente sino sólo, en todo caso, prolongarán ligeramente su vida en condiciones penosas, como pueden ser la intubación endotraqueal, la alimentación intravenosa, etc”. Lo mas curioso del caso es que los padres reclamaban la aplicación de la Ley de autonomía del paciente y mas aún la  gallega LEY 5/2015, de 26 de junio, de derechos y garantías de la dignidad de las personas enfermas terminales, la cual permitía a los padres, puesto que se trata de una menor, además en este caso con serio retraso psíquico, el adoptar la decisión de que se abandonasen todas las medidas para mantenerla artificialmente con vida, especialmente en un caso como este en el que se constataba su sufrimiento.

No parece que haya que dar muchas explicaciones de el porque no tiene ningún sentido el empecinarse en prolongar los sufrimientos de una persona en situación terminal, sobre todo si es contra su voluntad y la de las personas que la representan legalmente, y también por supuesto que las leyes, en este caso la gallega que le era de aplicación, incorporan numerosas garantías  para evitar  abusos, por ejemplo en este caso se había producido ya una  aprobación del comité de ética asistencial que apoyaba la petición de los padres.

Lo mas sorprendente del caso es el incumplimiento, por el servicio de ese hospital que la atendía, de la legislación gallega y estatal sobre muerte digna y derecho de las personas enfermas a elegir o rechazar los tratamiento que les afectan, decisión que no puede estar en manos de los profesionales de la sanidad y menos al albur de sus posicionamientos ideológicos o de posibles conflictos de interés, y asimismo la actuación de la Consejería de Sanidad de Galicia que no intervino para resolver el problema, teniendo que producirse el relevo en la Consejería para que se solucionase el problema.

Resulta  inaceptable el incumplimiento de la legislación al respecto por algunos centros y servicios sanitarios, lo que supone  una clara violación de los derechos sanitarios de la ciudadanía gallega en una materia tan sensible y que afecta a toda la población

Estos hechos obligan a una reflexión sobre la necesidad de garantizar la aplicación de las leyes que regulan la muerte digna en nuestro país y también sobre la conveniencia de arbitrar sistemas que permitan a las personas que tengan una respuesta institucional rápida y eficaz, porque nadie duda que si la familia no hubiera acudido a la justicia y a los medios de comunicación, añadiendo mas dolor a una situación ya de por si muy dolorosa, la niña habría prolongado irracionalmente su sufrimiento.

 

Marciano Sánchez Bayle

Médico y presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

 

“La atención sanitaria a los inmigrantes irregulares” por Marciano Sánchez Bayle

FOTO_MARCIANOSANCHEZEn estos días se ha producido un especial protagonismo de la atención sanitaria de los inmigrantes irregulares en nuestro país, y los medios han recogido multitud de declaraciones de intenciones en mas de caso contradictorias.

El problema de la atención sanitaria de este colectivo surgió con la aprobación del  Real Decreto Ley (RDL) 16/2012 que cambio el derecho a la atención sanitaria pasando de un  derecho vinculado a las personas a otro que lo hacia depender de la condición de asegurado, como consecuencia de lo que se excluyo a las personas que se encontraban en España en situación irregular.

Es importante resaltar que, aunque se ha paralizado  la aplicación del RDL 16/2012 en sus aplicaciones más lesivas, es evidente que la intencionalidad de este cambio es avanzar progresivamente hacia un modelo de seguros, lo que supondría un aumento del gasto sanitario y de las desigualdades en el acceso, tal y como demuestra la experiencia internacional (el caso mas reciente es el de Holanda). También que el Tribunal Constitucional ya ha avalado en 2 casos (recursos a la normativa del País Vasco y Navarra) la paralización de la aplicación en estos territorios de la exclusión a los inmigrantes no regularizados, y que varias CCAA más han realizado normativas propias para garantizar en todo o en parte la atención sanitaria. Aunque no se conocen bien, por motivos obvios (su situación de irregulares les hace que procuren ser poco “visibles”) los efectos sobre la salud para los excluidos han sido estudiados por varias organizaciones sociales y profesionales y se conoce que hay al menos 3 muertes debidas a esta exclusión ,y se han producido además muchos casos de desatención, a mas de algunas situaciones en las que ni siquiera se ha aplicado la normativa vigente (niños no atenidos, problemas en urgencias, etc), y una gran variabilidad en su aplicación dependiendo del centro y la persona concreta (es decir una gran arbitrariedad concreta). En conclusión se ha generado más desigualdad, ningún ahorro y problemas muy graves para algunas personas.

Es obvio que la exclusión, como ya se señalo cuando se aprobó el RDL iba a tener problemas humanitarios, problemas sanitarios y mínima repercusión económica. Por eso el tiempo ha acabado convenciendo, incluso al PP, de que había que rectificar

Dejando de lado Navarra, donde UPN que gobernaba con el apoyo del PP, ya se opuso a esta medida desde el principio, el siguiente movimiento se produjo cuando el Ministro de Sanidad, en marzo pasado, señalo que iba a garantizar la atención sanitaria a este colectivo en Atención Primaria, pero incapaz de reconocer que había que rectificar en profundidad no se avanzo mas allá en lo concreto. Después de las elecciones autonómicas el cambio producido en 7 CCAA ha cambiado significativamente la situación porque varias de ellas (hasta ahora Valencia, Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha y Extremadura pero presumiblemente las 7 en unos meses) han asegurado su intención de garantizar el acceso a las tarjetas sanitarias a este grupo de población.

Resultan incomprensibles declaraciones del Secretario General de Sanidad sobre las posibles sanciones de la UE a las CCAA que faciliten el acceso a la Sanidad Pública a los inmigrantes (inmediatamente corregidas por la Unión Europea que ha señalado que el derecho a la atención sanitaria en España es una cuestión a decidir en el país) y que obviamente contrastan con el hecho de que la UE no ha puesto en marcha ninguna sanción contra las CCAA que desde 2012 ya garantizaban esta atención sanitaria (País Vasco, Navarra, Andalucía, Asturias), y por lo tanto solo evidencian el intento de no reconocer el fracaso de una política sanitaria equivocada y lesiva para la población.

Ahora se produce la declaración de la Comunidad de Madrid de facilitar la atención sanitaria a este grupo de personas y del propio Rajoy de poner en marcha un mecanismo generalizado de solución del problema. Por supuesto se trata de reacciones tanto a la proposición no de ley aprobada en la Asamblea de Madrid pidiendo al Gobierno regional que garantice la atención sanitaria de los inmigrantes “sin papeles” como de la cercanía de las elecciones y del hecho que la mayoría de las CCAA van a garantizar esta atención sanitaria si es preciso a espaldas de la normativa estatal.

Deberíamos de tener claro que la cobertura de toda la población por la Sanidad Pública es fundamental, por motivos de justicia y de humanidad, pero también por motivos sanitarios y económicos. Y además que la atención sanitaria debe de cubrir el total de las prestaciones garantizadas en el catalogo de prestaciones (en la atención primaria y la especializada) sin exclusión.

De paso debería de derogarse el RDL 16/2012 porque ha supuesto un tremendo retroceso en nuestro sistema sanitario y porque algunos de los aspectos del mismo que siguen aplicándose (por ejemplo el copago farmacéutico) suponen serios problemas para el acceso a prestaciones sanitarias para un grupo importante de la población, los mas pobres y los mas enfermos.

 

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

“Las repercusiones para la sanidad de las elecciones autonómicas y municipales” por Marciano Sánchez Bayle

FOTO_MARCIANOSANCHEZLas elecciones del 24 de mayo han supuesto importantes cambios en los gobiernos de muchas CCAA y ayuntamientos, cuyas características generales han sido la necesidad de acuerdos para la constitución de los gobiernos, acabando con las mayorías absolutas que se han convertido en excepcionales, y a su vez un giro en la mayoría de los casos hacia gobiernos progresistas y/o de izquierdas.

 

¿Qué repercusiones tendrán estos cambios para la Sanidad?. Por supuesto aún resulta un poco pronto para saberlo con certeza, pero es evidente que el mayor impacto lo tendrán los cambios autonómicos porque la Sanidad es una competencia transferida a las CCAA y se ha  producido cambios en los gobiernos de 7 de ellas (Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla la Mancha, Extremadura, Navarra y Valencia) y todos ellos en el mismo sentido, es decir hacia gobiernos progresistas y con acuerdos de gobierno o de investidura que incluyen aspectos sanitarios muy relevantes.

 

Estos acuerdos contienen en general cuatro cuestiones bastante positivas:

 

Una, garantizar la atención sanitaria a las personas excluidas por el RDL 16/2012, es decir inmigrantes irregulares y los españoles que hayan tenido estancias en el extranjero superiores a 90 días y no tengan cobertura en otro país. Asimismo comprometerse con el acceso de todas las personas a las prestaciones farmacéuticas, de manera que no haya personas que no retiran los medicamentos prescritos por motivos económicos (en el País Vasco ya hay un sistema en funcionamiento).

 

Dos, paralizar las privatizaciones y recuperar lo privatizado, la paralización es relativamente fácil porque se trata de dejar la utilización sistemática de los centros privados cuando existe una alternativa en el sistema sanitario público, la recuperación es mas compleja y va a ser la verdadera prueba de fuego de los acuerdos de investidura, el caso de Alcañiz en Aragón es el que plantea menos problemas, simplemente hay que decidir no realizar la adjudicación del concurso, mas complicado es el caso de Toledo y Valdecilla donde se adjudico el concurso, y mas aún los de los centros sanitarios de Baleares y Valencia que llevan años en funcionamiento (si bien conviene recordar que en esta última el contrato de Alzira acaba en 2018). Se trata pues de una cuestión que va a poner en evidencia la voluntad política real del cambio en el modelo sanitario. Complementariamente varias CCAA han anunciado la elaboración de legislación que blinde el papel de la provisión sanitaria pública, y por supuesto habrá que ver en que términos se produce esta nueva regulación.

 

Tres, aumentar los recursos de la Sanidad Pública, recuperando personal, servicios y prestaciones, lo que supone un esfuerzo económico para recuperar los presupuestos y las inversiones en la Sanidad Pública  de los tremendos recortes que se han sufrido desde 2009. Aquí el margen de maniobra esta limitado por el actual modelo de financiación autonómica, aunque es obvio que hay muchas opciones en las distintas CCAA (por ejemplo en Valencia el gasto sanitario público es el 40,2% del gasto total de la Comunidad cuando el promedio de las CCAA esta en el 46,1%), pero es obvio que las CCAA no gobernadas por el PP, que ahora son mayoría, podrían presionar para  mejorar la financiación y conseguir una financiación finalista para la Sanidad.

 

Y cuatro, establecer mecanismos de participación y control de ciudadanos y profesionales sobre el funcionamiento y la gestión del sistema sanitario público, algo que viene siendo prometido desde la Ley General de Sanidad (1986) y sobre lo que prácticamente no se han realizado avances significativos.

 

Lógicamente cada una de las CCAA tiene sus peculiaridades y muchos aspectos concretos en los que se han comprometidos cambios importantes que deben tenerse en cuenta.

 

El papel de los ayuntamientos es mas reducido, primero porque la nueva legislación sobre Administraciones locales ha limitado mucho sus competencias y su capacidad de actuación en los temas sociales y sanitarios, y además porque con excepción de las grandes ciudades, su presupuesto es pequeño, a veces tienen grandes deudas, y su margen de maniobra es escaso.

 

En todo caso es evidente que se pueden hacer muchas cosas, algunas muy importantes, porque la situación de proximidad de las administraciones locales facilita su actuación, y solo a titulo de ejemplo pueden favorecer la atención sanitaria de las personas excluidas, ayudar a  que se siga teniendo acceso a medicamentos necesarios, luchar contra las privatizaciones, canalizar y favorecer las reivindicaciones sanitarias, etc. Sobre ello hay un amplia experiencia y muy positiva en toda la geografía del país.

 

Obviamente el nuevo panorama supone cambios muy favorables para la Sanidad, también en aquellas CCAA donde continúan los gobiernos conservadores porque van a ver limitada sus actuaciones por la ausencia de mayorías absolutas (por ejemplo en Madrid hay un compromiso del nuevo gobierno de no realizar mas privatizaciones). Aun así hay muchos aspectos de la política sanitaria que no se pueden solventar en las CCAA y para los que es necesario un cambio en el gobierno central. Por suerte noviembre no esta tan lejos y todo parece indicar que es bastante probable que se consiga una alternativa potente por la Sanidad Pública.

 

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

 

“Vacunas: importancia y limitaciones” por Marciano Sánchez Bayle

FOTO_MARCIANOSANCHEZAhora que se ha producido un caso de difteria en un niño no vacunado previamente en nuestro país conviene hacer algunas consideraciones sobre las vacunas.

Las vacunas han sido uno de los grandes avances de la medicina a partir del siglo XIX, utilizadas inicialmente de manera empírica, como en el caso de la viruela, luego sucesivos avances consiguieron utilizar virus y bacterias inactivadas, posteriormente antígenos de los microorganismos que producen las infecciones y mas recientemente productos de ingeniería genética. Pero siempre basándose en el mismo principio, conseguir en los sujetos vacunados una respuesta inmunitaria que proteja frente a la infección de virus o bacterias haciendo que no se produzca la infección o que esta pierda su carácter original y sea menos grave o se prevengan sus complicaciones más agresivas.

 

El éxito de las vacunas proviene de dos hechos muy relevantes, el primero es que ha conseguido erradicar prácticamente a enfermedades gravísimas como la viruela o la poliomielitis que eran azotes de la Humanidad desde tiempos inmemoriales, y el segundo es que responden a la máxima de que “es mejor prevenir que curar” puesto que las vacunas consiguen evitar mucha carga de enfermedad (mortalidad y morbilidad) a costes generalmente asumibles.

 

Pero como todo en medicina hay que se conscientes de que las vacunas tienen complicaciones, generalmente muy raras, pero a veces graves. También que hasta que no hay una experiencia muy importante con una vacuna, ha pasado el tiempo, y el numero de personas vacunadas es muy grande, resulta muy difícil conocer las complicaciones infrecuentes que pueden producirse, y que la inmunidad que crean las vacunas frente a las enfermedades no se dan en todos los casos (hay variaciones individuales en cuanto a la respuesta inmunitaria) y que esta inmunidad va disminuyendo con el tiempo (de ahí que haya revacunaciones en algunas de ellas).

Otra cuestión a tener en cuenta es que las vacunas tienen una dimensión individual (la protección que producen en la persona vacunada) y otra colectiva, que es la mas importante, y que se basa en romper la cadena de transmisión de las enfermedades y puede conseguir su erradicación (el caso de la viruela), esta última puede crear la falsa impresión de que no hay riesgos de padecer la enfermedad (es seguramente el caso del niño con difteria) y hacer que se baje la guardia y se produzcan grupos de población desprotegidos frente a la enfermedad que acaben siendo infectados por algún portador asintomático o por la llegada de un microorganismo desde zonas del planeta donde la enfermedad sigue estando presente.

 

También debemos de ser conscientes de que la información por Internet, poco especializada y poco matizada en muchos casos, puede magnificar los efectos adversos y las limitaciones, y además que hay grupos mas o menos organizados que rechazan todo tipo de intervención médica, entre ellas las vacunas.

Por fin, la industria farmacéutica esta muy interesada en rentabilizar todas sus inversiones y por eso propugna el uso intensivo de medicamentos, entre ellos las vacunas, en muchos casos con escasa justificación científica, y favorece con frecuencia “alarmas sociales” que se aprovechan del miedo para actuaciones injustificadas, y ello hace que existan intensos debates sobre la necesidad de realizar o no algunas vacunaciones, y de incluirlas o no en los calendarios de vacunación oficiales.

Para valorar la conveniencia de una vacuna hay que tener en cuenta la gravedad de la enfermedad que se previene, el porcentaje de personas vacunadas en las que se genera inmunidad, el tiempo de duración de la misma, la capacidad de la misma para reducir mortalidad y morbilidad, el coste de la vacuna y sus efectos secundarios, y eso ajustarlo a la situación epidemiológica y de salud de cada país en concreto. Son cuestiones complejas que explican en parte el porque de las diferencias en los calendarios de vacunación de unos países a otros.

 

En cualquier caso es evidente que las vacunas básicas del calendario infantil tienen un largo desarrollo y su utilidad esta suficientemente demostrada por lo que resulta poco razonable negarse a la vacunación.

El asunto abre otras dos polémicas cuestiones: ¿pueden los padres tomar decisiones que ponen en peligro la salud de sus hijos? ,y si lo hacen ¿qué responsabilidad deben asumir?. Y la otra es si las autoridades sanitarias pueden obligar a los ciudadanos a recibir determinados tratamientos, en este caso vacunas, la Ley General de Sanidad (1986) y la Ley General de Salud Pública (2011) permiten a las autoridades sanitarias, por motivos de interés general, a realizar intervenciones sanitarias obligatorias. Son dos temas complicados porque se mezclan el respeto a la libertad individual con el derecho de la sociedad a imponer medidas preventivas para la población que en lo general se han solventado primando este último (el caso de la obligatoriedad del cinturón de seguridad o del casco en los motoristas).

 

En todo caso parece que lo más importante es convencer a la población de la necesidad y conveniencia de las medidas preventivas siempre que estas se encuentren suficientemente justificadas por la evidencia científica, y eso debe hacerse desde los centros de Atención Primaria, por supuesto siempre y cuando cuenten con los medios y el tiempo para poder hacerlo.

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

“Está en juego nuestra salud” por Marciano Sánchez Bayle

FOTO_MARCIANOSANCHEZEl 24 de mayo próximo se eligen los representantes en los parlamentos autonómicos que a su vez serán quienes decidan los gobiernos de la mayoría de las CCAA, entre ellas la de Madrid.

Aunque la Sanidad es la principal competencia de las CCAA y la que consume la mayor parte de su presupuesto (en torno a un 40%), sin embargo, y de manera un tanto sorprendente, no ocupa un lugar prioritario en el debate público, que esta perdido en los encuentros/ desencuentros entre las directivas de los partidos y en cuestiones metafísicas.

El sistema sanitario público español, gozaba hasta la llegada del PP al gobierno de un gran prestigio internacional por su elevada eficiencia (bajo coste y buenos resultados en salud); su carácter universal; su naturaleza redistributiva y equitativa financiada por impuestos; sin barreras económicas para acceder a la asistencia; su integralidad basada en una potente Atención Primaria que garantizaba la promoción de salud, la continuidad de la atención y la distribución racional de los paciente en el sistema.

Sin embargo la Política del   PP a nivel central y en las CCAA esta orientada a desmantelar y privatizar el sistema sanitario publico para ponerlo en manos de entidades bancarias, multinacionales sanitarias y fondos de inversión internacional ubicados en los paraísos fiscales, una política que ha alentado muchos de los casos de corrupción que van saliendo a la luz.

A ello, y no tanto por la crisis, sino como elemento fundamental para reforzar estas políticas privatizadoras (ya lo dice el Roto “hay que destrozar todo lo público para demostrar que no funciona”) hay que unir los brutales recortes que ha sufrido el sistema sanitario a partir de 2009, año de máximo gasto sanitario público, que suponen, según las fuentes entre 13.000 y 20.000 millones € de recortes en la Sanidad Pública.

Obviamente el resultado de los recortes ha sido el esperado y básicamente en dos aspectos claves: una disminución del personal sanitario (alrededor de 55.000 trabajadores menos) y de los recursos del sistema (cierres de camas, de consultas, de actividad de tarde, de puntos de atención continuada, etc); y paralelamente un aumento del gasto privado que solo moderadamente reflejan las encuestas (el % de gasto sanitario privado paso del 25,7% en 2009 al 27% en 2011 según la OCDE), de esta manera recortes y privatización de la financiación han ido de la mano, pero además hay que ser conscientes de que el aumento del gasto privado supone mayor inequidad porque muchas personas, especialmente con la crisis, no tienen ninguna posibilidad de incrementar su gasto sanitario privado y quedan sin opciones de acceder a prestaciones sanitarias que precisan (un buen ejemplo son los copagos que han producido que un 14,76% de la población no pueda acceder, por motivos económicos, a los medicamentos prescritos).

Pero el problema ha sido aún mayor porque la privatización de centros sanitarios (mayoritariamente hospitales, pero también centros de salud en algunas CCAA), no solo no ha mejorado la calidad de la atención, en algún caso la ha empeorado, sino que además ha incrementado los costes de una manera muy importante (entre 7 y 8 veces sobre la alternativa de provisión pública), empobreciendo así aún mas a los centros públicos, un ejemplo paradigmático es la Comunidad de Madrid donde en los 3 últimos años el presupuesto de los hospitales públicos ha descendido el 16,09, el 7 y el 1,08% cada año mientras los centros privados tuvieron un incremento del 5,el 2 y el 34% en los mismos años.

Todo ello ha supuesto una disminución de los trabajadores de la Sanidad Pública conllevando el cierre de camas, de puntos de atención continuada, de actividad de tarde, etc, disparado las listas de espera quirúrgicas, de consultas de especialistas, de pruebas diagnósticas e incluso de medicina general y enfermería en Atención Primaria, y ha empeorado notablemente la opinión que tienen los ciudadanos sobre el funcionamiento de nuestro sistema sanitario. Como la ausencia de transparencia es la norma entre las administraciones sanitarias no se puede constatar un empeoramiento en los parámetros de funcionamiento del sistema sanitario (los últimos datos publicados son de 2011 cuando los mayores recortes y exclusiones se producen a partir de septiembre de 2012), pero también hay que tener en cuenta que si el sistema no ha colapsado se debe sobre todo al esfuerzo que están realizando los profesionales sanitarios, su compromiso con la Sanidad Pública, que como es lógico tiene un limite, y de continuar las cosas por el mismo camino acabaran totalmente desbordados (ya están desincentivados y cercanos al colapso).

La Sanidad es un mecanismo básico de solidaridad social y una de las claves del estado del bienestar, además interviene de una manera importante en toda nuestra vida, desde el nacimiento hasta la muerte estamos en constante relación con el sistema sanitario y nuestra calidad de vida, nuestra autonomía y nuestra dignidad como personas, dependen en gran parte de que exista un sistema sanitario público que responda a las necesidades de atención que se van produciendo a lo largo de la vida.

Por eso, es fundamental el resultado de las próximas elecciones autonómicas, porque se va a decidir en ellas si culmina el proceso de desmantelamiento de la Sanidad Pública o si se produce un cambio de rumbo que suponga la recuperación de un sistema sanitario público de calidad y del derecho a la atención sanitaria para toda la población. Por eso debemos de votar y a la hora de hacerlo tener en cuenta quienes son los que garantizan un sistema sanitario de calidad y quienes solo están interesados en su desmantelamiento y privatización y en los intereses económicos de sus empresas.

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

“Las claves para recuperar la sanidad pública y el derecho a la salud en la Comunidad de Madrid” por Marciano Sánchez Bayle

FOTO_MARCIANOSANCHEZAhora que se acercan las elecciones autonómicas deberíamos de ser conscientes de su importancia para el funcionamiento de la Sanidad Pública.

A partir de 2001 en que se finalizaron las transferencias sanitarias a las CCAA, son estas las que gestionan los sistemas sanitarios regionales y las que toman las decisiones cruciales para el funcionamiento de nuestros servicios sanitarios públicos.

En la Comunidad de Madrid el proceso generalizado de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública ha tenido una extensión e intensidad muy superior a la de la mayoría de las CCAA de manera que una comunidad que tenia un sistema sanitario modélico y era uno de los mejores de nuestro país ha tenido un tremendo retroceso en su funcionamiento y hoy en día por su funcionamiento y aprecio ciudadano esta a la cola del país, y todo ello a pesar del importante esfuerzo de los profesionales para mantenerlo a flote.

Todo ello a pesar de que ciudadanos y profesionales hemos señalado de manera reiterada nuestro rechazo a estas políticas privatizadoras que se ha concretado en las importantes movilizaciones denominadas como “Marea Blanca”.

 

Por eso este es el momento de exigir un cambio de política sanitaria en nuestra comunidad que debería de basarse en cuatro cuestiones clave:

 

Primero, GARANTIZAR LA ATENCION SANITARIA A TODAS LAS PERSONAS QUE VIVEN EN LA COMUNIDAD DE MADRID. Lo que supone incluir a la población inmigrante no regularizada en la atención sanitaria pública, así como a los demás excluidos por el RDL 16/2012 y retirar los copagos en farmacia puestos en vigor en el mismo. Se precisa además una financiación suficiente de la Sanidad Pública incrementando el presupuesto al menos en 2.000 millones €.

 

Segundo, RECUPERAR LOS RECURSOS DEL SISTEMA SANITARIO MADRILEÑO, incrementando las plantillas al menos hasta alcanzar los niveles de 2009, para favorecer una utilización intensiva de los recursos sanitarios públicos paralizando las derivaciones sistemáticas hacia el sector privado. Hay que aumentar el número de camas hospitalarias y los recursos de Atención Primaria.

 

Tercero, PARALIZAR LAS PRIVATIZACIONES Y RECUPERAR LO PRIVATIZADO. Acabar con las privatizaciones, las directas y las encubiertas (derivaciones, unidades de gestión clínica, etc) y hacer un plan para recuperar lo privatizado de manera paulatina a lo largo de toda la legislatura. De manera inmediata integrar las empresas públicas y la fundación de Alcorcón en la red del Sermas. Asimismo separar nítidamente la Sanidad Pública del sector privado fomentando la dedicación exclusiva de los profesionales.

 

Y cuarto, Para todo ello se precisa una LEY DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID, derogando la LOSCAM y las leyes privatizadoras (área única, lista de espera quirúrgica, etc) que además desarrolle mecanismos reales de participación social y profesional, salud pública, y de control del gasto farmacéutico y de la sobreutilización tecnológica.

Exijámosle a los partidos que se presentan a las próximas elecciones que asuman estas cuestiones centrales para recuperar una Sanidad Pública universal y de calidad. La ciudadanía con nuestro voto vamos a decidir el próximo gobierno de la Comunidad y las políticas que deben de realizarse. Hagámoslo de manera reflexiva, no permitamos que nos sigan gobernando los que ponen por delante del derecho a la salud a los beneficios empresariales, y defendamos lo que es de todos, nuestros servicios públicos, frente a la voracidad de las empresas y sus representantes políticos. Es la hora de la ciudadanía, hagamos que se oiga nuestra voz.

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid