«La atención sanitaria a los inmigrantes irregulares» por Marciano Sánchez Bayle

En estos días se ha producido un especial protagonismo de la atención sanitaria de los inmigrantes irregulares en nuestro país, y los medios han recogido multitud de declaraciones de intenciones en mas de caso contradictorias.

El problema de la atención sanitaria de este colectivo surgió con la aprobación del  Real Decreto Ley (RDL) 16/2012 que cambio el derecho a la atención sanitaria pasando de un  derecho vinculado a las personas a otro que lo hacia depender de la condición de asegurado, como consecuencia de lo que se excluyo a las personas que se encontraban en España en situación irregular.

Es importante resaltar que, aunque se ha paralizado  la aplicación del RDL 16/2012 en sus aplicaciones más lesivas, es evidente que la intencionalidad de este cambio es avanzar progresivamente hacia un modelo de seguros, lo que supondría un aumento del gasto sanitario y de las desigualdades en el acceso, tal y como demuestra la experiencia internacional (el caso mas reciente es el de Holanda). También que el Tribunal Constitucional ya ha avalado en 2 casos (recursos a la normativa del País Vasco y Navarra) la paralización de la aplicación en estos territorios de la exclusión a los inmigrantes no regularizados, y que varias CCAA más han realizado normativas propias para garantizar en todo o en parte la atención sanitaria. Aunque no se conocen bien, por motivos obvios (su situación de irregulares les hace que procuren ser poco “visibles”) los efectos sobre la salud para los excluidos han sido estudiados por varias organizaciones sociales y profesionales y se conoce que hay al menos 3 muertes debidas a esta exclusión ,y se han producido además muchos casos de desatención, a mas de algunas situaciones en las que ni siquiera se ha aplicado la normativa vigente (niños no atenidos, problemas en urgencias, etc), y una gran variabilidad en su aplicación dependiendo del centro y la persona concreta (es decir una gran arbitrariedad concreta). En conclusión se ha generado más desigualdad, ningún ahorro y problemas muy graves para algunas personas.

Es obvio que la exclusión, como ya se señalo cuando se aprobó el RDL iba a tener problemas humanitarios, problemas sanitarios y mínima repercusión económica. Por eso el tiempo ha acabado convenciendo, incluso al PP, de que había que rectificar

Dejando de lado Navarra, donde UPN que gobernaba con el apoyo del PP, ya se opuso a esta medida desde el principio, el siguiente movimiento se produjo cuando el Ministro de Sanidad, en marzo pasado, señalo que iba a garantizar la atención sanitaria a este colectivo en Atención Primaria, pero incapaz de reconocer que había que rectificar en profundidad no se avanzo mas allá en lo concreto. Después de las elecciones autonómicas el cambio producido en 7 CCAA ha cambiado significativamente la situación porque varias de ellas (hasta ahora Valencia, Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha y Extremadura pero presumiblemente las 7 en unos meses) han asegurado su intención de garantizar el acceso a las tarjetas sanitarias a este grupo de población.

Resultan incomprensibles declaraciones del Secretario General de Sanidad sobre las posibles sanciones de la UE a las CCAA que faciliten el acceso a la Sanidad Pública a los inmigrantes (inmediatamente corregidas por la Unión Europea que ha señalado que el derecho a la atención sanitaria en España es una cuestión a decidir en el país) y que obviamente contrastan con el hecho de que la UE no ha puesto en marcha ninguna sanción contra las CCAA que desde 2012 ya garantizaban esta atención sanitaria (País Vasco, Navarra, Andalucía, Asturias), y por lo tanto solo evidencian el intento de no reconocer el fracaso de una política sanitaria equivocada y lesiva para la población.

Ahora se produce la declaración de la Comunidad de Madrid de facilitar la atención sanitaria a este grupo de personas y del propio Rajoy de poner en marcha un mecanismo generalizado de solución del problema. Por supuesto se trata de reacciones tanto a la proposición no de ley aprobada en la Asamblea de Madrid pidiendo al Gobierno regional que garantice la atención sanitaria de los inmigrantes “sin papeles” como de la cercanía de las elecciones y del hecho que la mayoría de las CCAA van a garantizar esta atención sanitaria si es preciso a espaldas de la normativa estatal.

Deberíamos de tener claro que la cobertura de toda la población por la Sanidad Pública es fundamental, por motivos de justicia y de humanidad, pero también por motivos sanitarios y económicos. Y además que la atención sanitaria debe de cubrir el total de las prestaciones garantizadas en el catalogo de prestaciones (en la atención primaria y la especializada) sin exclusión.

De paso debería de derogarse el RDL 16/2012 porque ha supuesto un tremendo retroceso en nuestro sistema sanitario y porque algunos de los aspectos del mismo que siguen aplicándose (por ejemplo el copago farmacéutico) suponen serios problemas para el acceso a prestaciones sanitarias para un grupo importante de la población, los mas pobres y los mas enfermos.

 

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

“Ser anciano, ser persona” por Lourdes Rivera

Todas las personas necesitamos protección constante en nuestro día a día, ya sea familiar, jurídica o social. La RAE define proteger como amparar, favorecer o defender, sin especificar de manera concreta a quién o qué.

Ya en 1948, se recogía en el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos  lo siguiente: “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. Independientemente de la edad, condición social, psíquica o física.

Se sabe que hay colectivos que son más vulnerables, como por ejemplo los niños o las personas mayores. Estos últimos necesitan protección especial en determinadas ocasiones, ya que por circunstancias inevitables, como por ejemplo una enfermedad, se vuelven más frágiles. Este amparo específico necesita planes de actuación y procedimientos concretos, que para la mayoría de la población son totalmente desconocidos.

Enfrentarse a situaciones desagradables, y aún por encima desconocidas, suele provocar que se tomen decisiones no del todo acertadas que pueden perjudicar la defensa y el bienestar del mayor afectado. Por ello existe la creciente necesidad, debido al envejecimiento de la población, de que los organismos públicos y privados desarrollen jornadas de divulgación que traten y popularicen estos temas.

Ante un problema como es  el deterioro cognitivo que experimentamos con la edad, y como consecuencia las variaciones en la personalidad que se sufren, la ley debe proteger a la persona. Es necesaria una protección jurídica a todos los niveles, pues supone un apoyo fundamental para las familias. Así, cuando los parientes encargados del mayor afectado toman medidas dirigidas al bienestar de esta persona, estas serán más acertadas cuando la legislación las ampara. Un ejemplo es la incapacitación, una solución eficaz en casos donde se necesita una protección jurídica especial. Anular la capacidad de obrar, a través de sentencia judicial y por causas establecidas a la normativa tras un examen exhaustivo sirve para defender a una persona que no tiene capacidad de autogobierno y no para perjudicarlo como se piensa en muchas ocasiones.

Otra situación que es necesaria tratar en estas jornadas de divulgación popular para ayudar a la sociedad, y sobre todo a nuestros mayores, es cómo evitar que el mayor pueda padecer o causar daños en su entorno o hacia sus cuidadores. El ingreso de personas con deterioro cognitivo en residencias cuando sufren demencias es una realidad necesaria en muchos casos que se presenta como solución a un problema muy grave.

Aunque cada vez estamos más informados, gracias a la sociedad en la que vivimos, los problemas que en un futuro nos encontraremos en el cuidado de una persona mayor tendrán menos perjuicios si sabemos enfrentarnos a ellos con todas las soluciones en la mano. Como dice el famoso psiquiatra Luis Rojas Marcos, “las expectativas adversas que existen hoy sobre la vejez, casi siempre están basadas en la ignorancia o premisas falsas”, porque no podemos olvidar que o ser anciano es seguir siendo persona.

 

Lourdes Rivera

Directora general del Grupo Adavir

http://www.adavir.com

“Perdón por criticar” por Víctor Granado

“Yo no criticaré nunca a quienes están trabajando en las fronteras, haciendo una labor muy difícil”

Miguel Arias Cañete, 15 de mayo de 2014

El pasado 15 de mayo pudimos ver un debate a 5 entre los candidatos a presidir la comisión europea, como resultado de las elecciones al parlamento europeo, y, tras él, un debate entre los cabezas de lista de PP y PSOE. En ambos apareció el “problema de la inmigración”, pero tratado de forma diferente.

De entrada ya es bastante conceder que la realidad global de las migraciones se deje conceptualizar sin más como algo negativo y problemático por los países cuando son receptores de migrantes. En cambio estos países han desarrollado una neo-lengua para resaltar los aspectos positivos y enriquecedores que tiene la migración, conceptualizada como “movilidad”, para los nacionales que migran al exterior en busca de mejores oportunidades. Este doble rasero se traslada a los debates sobre la migración en toda su extensión, generando propuestas, modelos y posiciones ambivalentes según se hable de inmigrantes o emigrantes.

Dicho esto, la realidad de la migración hacia la Unión Europea marca la necesidad de elaborar una reflexión seria y rigurosa sobre la gestión y las políticas migratorias que la Unión y los estados miembros han desarrollado en las últimas décadas. Estas políticas han convertido el mediterráneo en un enorme cementerio en el cual entre 1993 y 2012 han muerto más de 16.000 migrantes. Durante este periodo Europa ha reforzado sus fronteras exteriores y ha desarrollado unas políticas migratorias más restrictivas que no impiden en absoluto la llegada de migrantes de forma irregular pero que son exitosas a la hora de aumentar cada vez más los riesgos de los procesos migratorios, las violaciones de derechos de los migrantes en el proceso y el número de personas que mueren en estos desplazamientos. Tal y como podemos ver en el siguiente mapa elaborado por Olivier Clochard[1] para Le monde diplomatique la estrategia de esta política migratoria ha sido situar países que taponen el acceso a la frontera exterior de la Unión, dejando en sus manos el control de los desplazamientos de personas, externalizando el control de esta frontera y aumentando los riesgos para integridad física y los derechos de las personas en desplazamiento. De esta forma, y sin incluir las últimas muertes en Lampedusa o el estrecho de Gibraltar de los últimos dos años, ambos puntos acumulan entre los dos al menos 12.000 víctimas mortales, y son ejemplo y horror de las consecuencias de las políticas migratorias y del ficticio proceso de fronterización de la Europa fortaleza.

Esta política migratoria y sus consecuencias fueron las que debatieron el pasado día 15 de mayo Jean-Claude Juncker (Partido Popular Europeo), Martin Schulz (Partido Socialista Europeo), Guy Verhofstadt (Alianza de los Liberales y Demócratas), Ska Keller (Verdes Europeos) y Alexis Tsipras (Izquierda Europea). Verhofstadt señaló la alarmante falta de cauces legales para la migración en Europa como la causa de la migración irregular. Ska Keller y Alexis Tsipras refrendaron esta afirmación indicando la vergonzante asimetría entre el número de refugiados y solicitantes de asilo aceptados como consecuencia de los conflictos de Siria y Libia, este último cuenta con la intervención de la UE, entre los países de la Unión y países poco Turquía y Jordania. Los candidatos socialista y popular coincidieron en la crítica a la disminución de las ayudas al desarrollo y la cooperación con el argumento de solucionar los problemas donde se producen y evitar que las personas tengan que dejar sus lugares de origen para buscar una vida mejor. Todas estas afirmaciones merecerían ser analizadas y criticadas con detenimiento pero, al menos en el debate, hubo un acuerdo general en señalar la necesidad bien de modular bien de revisar en profundidad las políticas migratorias de la Unión poniendo como criterio los derechos humanos de los migrantes.

No obstante, frente a lo que en ocasiones sucede las posiciones de los distintos candidatos a presidir la comisión fueron todas ellas más progresistas y respetuosas con los derechos de las personas que las consideraciones hechas sobre inmigración en el debate entre Elena Valenciano y Miguel Arias Cañete. Hasta el punto de que los argumentos esgrimidos por Valenciano fueron los mismos que empleo Juncker, el candidato del PPeuropeo, en el debate a 5. Si bien muchas de estas declaraciones pueden considerarse un brindis al sol en campaña electoral una parte importante de los grupos de representados por estos candidatos en la eurocámara criticó con firmeza la desigualdad que supone Schengen como un espacio de “libre” tránsito interior y una fortaleza inhumana en el exterior.

Ska Keller señaló la contradicción entre la carta de derechos humanos de la Unión y la actitud de Frontex respecto de iniciativas de salvamento como la operación Mare Nostrum. Mare Nostrum es una misión lanzada por el ministerio de Defensa italiano en otoño de 2013 bajo la presidencia del gobierno de Enrico Letta como “misión humanitaria” para actuar en operaciones de salvamento marítimo en el Mediterraneo e intentar evitar más naufragios y más muertes. El control de la frontera exterior de la Unión es responsabilidad de los estados miembros y con esta operación Italia quiso responder a los naufragios de octubre de 2013 en Lampedusa con otra operación militar, en este caso de salvamento. Dentro de la crítica que merece que la respuesta a la migración por parte de la UE sea exclusivamente militar el choque y la crítica entre Frontex, como misión de vigilancia represora y Mare Nostrum como misión militar de salvamento escenifica la incoherencia de las políticas europeas de la Unión y su falta de respeto a los derechos humanos fundamentales.

Como bien señalaba el liberal Guy Verhofstadt es la inexistencia de cauces legales para la migración lo que genera y favorece el desarrollo de una migración irregular en la UE. Este diagnóstico y la crítica de fondo al control de la frontera exterior en ausencia del respeto a los derechos humanos de los migrantes son los dos puntos principales que cabe extraer del debate sobre migración y los dos aspectos centrales de un proyecto europeo que quiera realmente revisar sus políticas migratorias de cara a respetar de manera efectiva los derechos humanos.

En este sentido Migreurop ha hecho una propuesta de cuatro medidas reales y realizables de inmigración legal que acaben con las muertes y la inmigración irregular. Estas medidas pretenden solventar la emergencia humanitaria de las personas en desplazamiento en situación irregular en Marruecos promoviendo su regularización puesto en marcha en Marruecos y acompañándolo con una interpretación flexible de los criterios de reagrupación familiar para que estas personas no tengan que regresar a su país de origen. Garantizar la protección de los derechos de las personas en las fronteras y la reapertura de los cauces legales para el asilo y el refugio, y una revisión de la política de visados con los países africanos. Todo ello sería un modo efectivo de actuación en pro de los derechos humanos y de la migración regular. Un planteamiento que dista muchísimo del esgrimido por los candidatos españoles a las elecciones europeas en el debate domestico. Especialmente respecto de la postura de Arias Cañete según la cual no es posible hacer ninguna crítica a quienes vigilan las fronteras. La ausencia de crítica y de control supone la creación de un espacio de opacidad e impunidad para la vulneración permanente de los derechos humanos de los migrantes, así como una muestra de la degeneración de la democracia la imposibilidad de la crítica y del control por parte de los ciudadanos de las instituciones y poderes del Estado.

 

Víctor Granado Almena

Profesor de Filosofía Investigador dedicado al estudio de las migraciones y a los DD.HH.  

 

[1] Clochard, O., “Europa cambia de muros” en VV.AA., El atlas: conflictos de fronteras, Madrid, Cybermonde, 2012, pág. 89 y ss.

“Saharauis” por Antonio López

Los Saharauis son un Pueblo pequeño, pero ejemplar. Un Pueblo pacífico, condenado a vivir separado y fuera de su territorio. Fueron expulsados de su tierra, el Sáhara Occidental en 1975 por la ocupación violenta e ilegal de Marruecos y Mauritania, con la firma de los tristemente famosos Acuerdos Tripartitos de Madrid propiciados por España.

Desde entonces, hace 39 años, el Pueblo Saharaui vive un auténtico drama humanitario, con una parte de su población, la mayoría, en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia), otra en los territorios ocupados del Sáhara Occidental (SO), y una tercera en la diáspora.

El ejército español estuvo en contra de esa entrega vergonzosa del Sáhara a Marruecos, pero fue obligado por el Gobierno que presidía Arias Navarro y con Franco agonizando, a abandonar el territorio y a los que consideraban sus hermanos, los saharauis.

Estamos hablando de una antigua colonia española. Los saharauis tuvieron representación en las Cortes franquistas. Muchos de ellos tenían la nacionalidad española y conservan, los que no han muerto, su DNI. Hablan la lengua de Cervantes, todavía hoy les enseñan a los niños el español en las escuelas del desierto argelino. Es el único pueblo africano que lo habla.

Cuando Marruecos expulsó a los saharauis a la fuerza de su territorio, con la complicidad de España, llegó a utilizar napalm, matando a muchos de ellos. Sí, como en Vietnam.

Hay muchos libros que cuentan esta página negra de la Historia de España. Algunos escritos por historiadores, otros escritos por militares, que nunca entendieron aquel desatino, otros escritos por juristas. Yo me voy a permitir recomendarles unos cuantos.

Por supuesto las nuevas generaciones no saben nada del Pueblo Saharaui, ni de la responsabilidad histórica, política, jurídica y moral de nuestro país, al ser la antigua potencia colonial. Lo fuimos durante casi un siglo. Durante ese tiempo, el llamado” Sáhara español” tuvo la consideración jurídica de provincia española. Nadie se lo ha enseñado nunca. Con su bochornosa actuación, que permitió la ocupación del territorio, España impidió que culminase el proceso de descolonización. A pesar de la ocupación, ni la ONU, ni ningún país del mundo, reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, al tratarse de un proceso descolonizador inconcluso. Ya en octubre de 1975, el Tribunal Internacional de Justicia emitió un informe en ese sentido, reconociendo el derecho del Pueblo Saharaui a la autodeterminación y a ejercerlo mediante un referéndum libre y democrático. A pesar de las múltiples resoluciones de NNUU reafirmando ese derecho, Marruecos bloquea sistemáticamente la celebración del referéndum, vulnerando los principios del Derecho Internacional y creando una situación de inestabilidad en toda la zona, que amenaza la seguridad del norte de África y se puede extender al sur del mediterráneo.

Marruecos ejerce además una represión continuada y feroz contra los saharauis que no pudieron salir de su territorio en 1975. Son ciudadanos de segunda en su propio país y objeto permanente de todo tipo de vejaciones, intimidaciones y maltratos.

Desde hace algunos años existe una enorme preocupación por la situación de violación de los DERECHOS HUMANOS en el Sáhara Occidental. Prestigiosas Organizaciones de DDHH, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, o la Fundación Robert Kennedy de EEUU, lo han denunciado en numerosas ocasiones. También el relator de la ONU contra la tortura, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU o el Parlamento Europeo en informes ad hoc, han denunciado y condenado la actuación de Marruecos. Se puede decir sin ambages que la población saharaui del Sáhara Occidental sufre todo tipo de vulneraciones en sus derechos políticos, sociales y económicos. Las torturas, las detenciones arbitrarias e ilegales, los juicios sin garantías procesales, las condenas injustas y el impedimento de la presencia de observadores de derechos humanos en el territorio, entre otras atrocidades, están creando un clima de violencia de imprevisibles consecuencias.

Se puede afirmar, así lo apuntan las pocas delegaciones de observadores que han conseguido entrar, que el Sáhara Occidental está militarizado.

Por eso el representante de EEUU en el Consejo de Seguridad de la ONU pidió en 2013 que la MINURSO, la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, ampliase sus competencias para poder ocuparse de la vigilancia de los DDHH.

Hace unos días lo acaba de decir el propio secretario general de NNUU, Ban Ki Moon, en su informe anual al Consejo de Seguridad para pedir la prórroga del mandato de la MINURSO un año más. Abril de 2015 parece ser el plazo acordado para avanzar en una solución del conflicto. Todo parece indicar que las cosas no pueden seguir así. O la Comunidad Internacional convence a Marruecos de que tiene que mover ficha para salir del impasse actual, aquí España puede y deber hacer mucho más de lo que acostumbra, o todo apunta a una reconsideración completa del escenario del conflicto. Si no se avanzase en un año, se puede volver a una reanudación de las hostilidades, de imprevisibles consecuencias para toda la zona. Marruecos no dejará otra salida que la guerra, dos décadas después.

Esto sucede porque el Sáhara Occidental está incluido en la lista de territorios No Autónomos de NNUU desde 1963. Es la última colonia de África pendiente de descolonización. Cada año cuando la Asamblea General de NNUU abre el periodo de sesiones, el diferendo del Sáhara se trata en la IV Comisión de Política Especial y de Descolonización. Para NNUU, España sigue siendo la potencia administradora del S.O. De ahí sus responsabilidades, nunca asumidas.

En mayor o menor medida todos los Gobiernos y Gobernantes de España han hecho dejación de ella y se han limitado, en el mejor de los casos y no siempre, a apoyar a la ONU en la resolución del conflicto. El primero que abandonó a los saharauis, rompiendo sus promesas cuando era príncipe, fue el rey de España.

Para los saharauis es el primer traidor. El segundo Felipe González, que les traicionó poco después de llegar al poder, convirtiéndose con el tiempo en incondicional de las tesis marroquíes y en amigo y valedor del rey.

La posición española siempre ha sido ambigua, cuando no claramente a favor de la fuerza ocupante, como si Marruecos tuviera un as escondido en la manga, por el que permanentemente nos pudiera chantajear.

El papel que nunca ha jugado el Estado lo juega la sociedad civil, organizada en cientos de Asociaciones solidarias, coordinadas por CEAS* y centenares de instituciones (Ayuntamientos Cabildos y Diputaciones) asociadas a FEDISSAH*. Importante es también el papel que juega la Asociación Internacional de Juristas para el Sáhara Occidental (IAJUWS) . Existen igualmente Intergrupos Parlamentarios en todas las Comunidades Autónomas, denominados “Paz y Libertad en el Sáhara”, que el último fin de semana de abril se reunieron en Mérida (Badajoz) en la XVIII Conferencia de solidaridad con el Pueblo saharaui y acordaron hacer un llamamiento al Gobierno de España para que:

– “Exija al Reino de Marruecos el más escrupuloso respeto a los DDHH en los territorios ocupados del S.O. y el cese de las vulneraciones de derechos que sufre la población saharaui”.

– “Otorgue un estatus diplomático a la representación del Frente Polisario en España, como único representante del Pueblo Saharaui, así reconocido por la ONU”, y

-“Promueva las iniciativas políticas necesarias, encaminadas a lograr una solución justa y definitiva, en defensa del legítimo derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación”.

Los más de 40 diputados y diputadas reunidos, pertenecientes a todas las formaciones políticas con representación en el Congreso, instaron también a las Instituciones Públicas de España a continuar e incrementar el apoyo solidario y humanitario a los saharauis, tanto a la población refugiada en los campamentos de de Tinduf, como a la población de los territorios ocupados.

Cada año miles de niños y niñas saharauis pasan sus vacaciones de verano en España en familias de acogida, en lo que se conoce como el programa de “Vacaciones en Paz”, abandonando por unos días las condiciones infrahumanas en las que se les ha condenado a sobrevivir.

Los actos de apoyo al pueblo Saharaui se repiten a lo largo y ancho de la geografía española. Las mociones de apoyo y las condenas por la violación de los derechos humanos son el pan nuestro de cada día en Ayuntamientos y CCAA de toda España y de todo signo político. Es la única manera de mantener vivo este conflicto, para que no se olvide. De recordar a los Gobiernos de turno que este problema existe y exige una solución definitiva, que pasa como ya hemos dicho por el ejercicio del derecho a la autodeterminación que el Pueblo Saharaui tiene reconocido en múltiples resoluciones de la O.N.U ,la U.E. y la U.A.

Es cierto que en todas las Organizaciones Políticas españolas hay militantes sensibilizados con la justa causa del Pueblo Saharaui, pero son pocos los partidos que abierta y de forma inequívoca se declaran a favor del Pueblo Saharaui.

Se puede decir que el conflicto del Sáhara Occidental es la asignatura pendiente de la democracia Española y que la transición no concluirá hasta que los saharauis no puedan ejercer su derecho a la autodeterminación.

 Antonio López Ortiz

Periodista

 

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS CON EL PUEBLO SAHARAUI DEL ESTADO ESPAÑOL:

• CEAS. (Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara)

C/ Pez,27 1º DCHA 28004 Madrid)

Tlf: 915317604

• FEDISSAH. Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sáhara.

Mail: fedissah@gmail.com

Teléfono de contacto: 659 32 96 41

• IAJUWS. Asociación Internacional de Juristas para el Sáhara Occidental.

http://iajuws.org

 

 

BREVE BIBLIOGRAFIA SOBRE EL CONFLICTO DEL SÁHARA OCCIDENTAL:

“Historia del Sáhara Español. La verdad de una traición.”

Autor: José Ramón Diego Aguirre

Ediciones Keydeda

“Guerra en el Sáhara.”

Autor: J.R. Diego Aguirre

Editorial ISTMO

“Cien años sin libertad”

Autor: Felipe Briones Vives

Editorial:Amazon

 

 

“Desaparece educación para la ciudadanía” por Juan Torres García

Lo bueno de tener una emisora como SER Madrid Norte es que te llega con más facilidad la información local que difícilmente tendría cabida en los medios de comunicación de ámbito autonómico o nacional. A través de nuestra SER Madrid norte constantemente recibo información sobre los proyectos, actos o conferencias que mi ayuntamiento y el de la vecina Alcobendas organizan en temas relacionados con igualdad, tolerancia, xenofobia, etc. Temas sociales de máxima importancia y que muchas veces se ponen en marcha en los centros educativos con el objetivo de sensibilizar y educar a los alumnos y a la ciudadanía en general en el respeto al prójimo y a los derechos humanos. Me parece estupendo este trabajo ya que creo que es importantísimo que se incida en la necesidad de hacer una sociedad más respetuosa, cariñosa y cívica. No querría que se entendiera este artículo como una crítica pero sinceramente lo que me llama enormemente la atención es que estos mismos ayuntamientos no hayan levantado la voz ante la eliminación, en la Ley de Educación del Ministro Wert, de la asignatura de Educación para la Ciudadanía ya que precisamente en esta asignatura era donde tenían cabida muchos de los temas sobre los que ellos hacen conferencias, cursos y charlas.

En algunos asuntos nuestro país siempre va a contracorriente. Cuando parecía que nos igualábamos con los países europeos implantando una asignatura donde se inculcaran valores cívicos, democráticos y sociales semejante a la que existe en la mayoría de los países de nuestro entorno llega la LOMCE y nos la elimina.

Desgraciadamente y pese a sus buenas intenciones Educación para la Ciudadanía nació herida de muerte, tanto la derecha política como la jerarquía eclesiástica se lanzaron desde el inicio a una campaña de descalificación a esta nueva asignatura. Una asignatura que al fin y al cabo pretendía trasmitir los valores que consagra nuestra constitución y regulan las leyes. Quizás el problema residía precisamente en eso, en que lo que pretendía Educación para la Ciudanía era impulsar e inculcar en nuestros jóvenes conciencia de ciudadanos y no de simples súbditos. Sabemos que la conciencia como ciudadanos nos obliga a cumplir las leyes pero también a exigir su cumplimiento y el de nuestros derechos, por el contrario ser súbdito nos convierte en simples seres obedientes y callados.

Desgraciadamente los españoles hemos perdido la mayoría de las oportunidades que históricamente se nos han presentado para avanzar y equipararnos a los países más avanzados. En mi opinión dos han sido las principales oportunidades perdidas y las consecuencias de este fracaso se han sufrido durante décadas. A principios del siglo XIX cerramos la puerta a las ideas de progreso de la Revolución francesa y nos quedamos con el “vivan las cadenas” de Fernando VII y los borbones. Más de un siglo de atraso nos costó aquella fiebre de “nacionalismo español” contra el francés hasta que del brazo de la primavera, como dijera Don Antonio Machado, vino la Segunda República.Una República cuyo objetivo era crear ciudadanos libres a través de una educación pública y laica que llevó la cultura hasta el último rincón de nuestro país. En el escaso lustro de paz que tuvo la República se construyeron tantas escuelas como en los 45 años de reinado de Alfonso XIII. Con la guerra incivil nuevamente perdimos el rumbo del progreso y avance y nos adentramos en 40 años de dictadura y oscuridad volviendo a convertirnos en súbditos en vez de ciudadanos.

Si a lo largo de nuestra azarosa historia hubiésemos tenido más Educación para la Ciudadanía quizás no estaríamos en la situación en la que nos encontramos en la actualidad. Seguramente el Sr. Montoro no habría tenido la osadía de descalificar a Caritas por hablar del alto índice de pobreza infantil, ni los Blesa de turno habrían tenido la indecencia de robar descaradamente a los ciudadanos. Por lógica se entiende que si en este país hubiésemos crecido con una asignatura como Educación para la Ciudadanía seríamos más ciudadanos y menos súbditos y no habríamos aceptado, ni votado, a tantos corruptos, ineptos o indecentes.

Qué envidia me produce cuando llegan a mis oídos noticias de países de nuestro entorno de que un ministro o ministra dimite por que se ha descubierto que veinte años atrás copió parte de su tesis doctoral o por que a algún cargo público le ha invitado un empresario a pasar las vacaciones, o simplemente por saltarse una norma de tráfico. Quizás la diferencia de estos países con el nuestro es que ellos sí que tuvieron una asignatura como Educación para la Ciudanía. Nosotros en cambio tendremos que seguir sufriendo que alguna ex-presidenta considere normal parar el coche en la Gran Vía para ir al cajero a sacar dinero y posteriormente darse a la fuga arrollando la moto de los agentes.

¿Estaremos ante otra oportunidad perdida?

Juan Torres García

AMPA “Buero Vallejo” de San Sebastián de los Reyes

“Sobrevivir es delito: tirar de la manta” por Víctor Granado

Lucro (del lat. lucrum): 1. Ganancia o provecho que se saca de algo.

En el eterno retorno de lo idéntico volvemos a ver de nuevo como la despenalización de un hecho vuelve, aún de forma más cruel, a ser parte de nuestro código penal. Esto sucede con la más que previsible aprobación de la reforma del código penal que castigará con penas de cárcel de entre seis meses y dos años a aquellas personas que venden en las calles y que, comúnmente, llamamos manteros, como consecuencia de la conversión de lo que hasta ahora es una falta en delito.

Tradicionalmente se ha entendido que cuando colisionan dos derechos entre sí debe prevalecer el de mayor rango. Con la operación de camuflaje que acompaña a la reforma de la situación penal de “las mantas” se pretende esgrimir que la vulneración del derecho a la propiedad intelectual devenga en una condena penal con privación de libertad. Colisionan así el derecho a la propiedad intelectual y el derecho a vivir en libertad. La violación del primero se plantea como causa del castigo con la privación del segundo. El legislador se aparta de la convención que sitúa por encima el derecho a vivir en libertad e invierte la primacía entre ambos derechos.

Lo más importante, a mi juicio, en esta cuestión es identificar el qué y para qué de esta modificación legal. La asociación de sin papeles de Madrid convocaba junto con otros colectivos el pasado 17 de febrero un acto de protesta en la comercial calle de Preciados en Madrid para denunciar y pedir la paralización de esta reforma. Bajo el lema sobrevivir no es delito las personas congregadas denunciaban la criminalización de quienes sobreviven vendiendo en la vía pública en situación de vulnerabilidad extrema para poder sobrevivir. Tal y como rezaban algunos carteles, se trata de vender sin ánimo de lucro, para la mera subsistencia.

En cambio la persecución de “los manteros” en lugar de ser un mecanismo de lucha contra la venta ambulante irregular y la “piratería” es un dispositivo de control de la migración irregular. Se trata de una introducción de controles fronterizos en el interior de las ciudades. Esta re-penalización de “las mantas” desempeña un papel crucial en la producción de irregularidad migratoria ya que con la detención y los antecedentes penales que dejará en los sancionados esta modificación legal, bien perderán la residencia legal si la tienen, bien tendrán imposible poder alcanzarla, cuando no suponga su internamiento y posterior expulsión del territorio nacional. Esta función no sólo intimidatoria o disuasoria sino directamente expulsiva de la nueva legislación revela con claridad como no son el hambre o las mafias quienes producen la migración irregular sino los estados democráticos de los que somos nacionales.

El lucro no se supone en quien con su actividad consigue sobrevivir a duras penas y sí, en cambio, en quien se aprovecha de la especial situación de vulnerabilidad de las personas para producir de manera continuada un aumento de la irregularidad migratoria al bloquear tanto el acceso regular al país como el acceso regularizado al mercado de trabajo y se sirve de la mano de obra en situación irregular para incrementar sus beneficios. Parece perfectamente legítimo decir pues como dicen las personas que luchan contra esta modificación legal que las mantas son un mecanismo de subsistencia sin ánimo de lucro. No puede decir lo mismo quien usa la consideración de la venta en las mantas como un delito para servirse en beneficio propio de la situación irregular de las personas que luchan por sobrevivir.

 

Víctor Granado Almena

Profesor de Filosofía

Investigador dedicado al estudio de las migraciones y a los DD.HH.  

“Cuando dejamos que la sombra crezca” por Víctor Granado

En su análisis del desarrollo de los movimientos totalitarios Hannah Arendt señala que éstos se originaron a partir de elementos pre-totalitarios presentes en los sistemas políticos europeos de comienzos del siglo XX. Elementos (pre- o proto-) totalitarios en la medida en que suponían una zona de sombra, de injusticia, de excepcionalidad e impunidad que posteriormente catalizó en una nueva forma de gobierno. Junto al concepto y el análisis del totalitarismo Arendt nos lega la tarea de la crítica constante de la colectividad política que habitamos como tarea ciudadana. El deber de estar vigilantes ante la aparición de nuevas zonas de sombra que albergan nuestras sociedades democráticas.

Pues bien, desde el 27 de febrero de 2014 la justicia universal es historia en España. Con 180 votos a favor y 137 en contra el Congreso de los diputados acabó con la Justicia Universal mediante la aprobación de la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante, LOPJ), relativa a la Justicia Universal. La LOPJ es contraria tanto al derecho internacional como a la constitución española en la medida en que impide definitivamente que crímenes internacionales en contra de la humanidad de las víctimas puedan ser perseguidos por el Estado con independencia del lugar donde se hayan cometido y de la nacionalidad de víctimas y victimarios. Lo que había sido un mecanismo para combatir la impunidad que el poder presta a la violencia y un mecanismo horizontal de salvaguarda de los derechos humanos desaparece de la arquitectura jurídica del Estado español sin mayor revuelo. Es cierto que ese camino se inició ya en 2009 con la importante limitación de la jurisdicción universal de la Audiencia Nacional pero ahora ha sido enterrado por completo.

La reforma del artículo 23.4 de la LOPJ supone la derogación inmediata (el gobierno prevé la entrada en vigor de la modificación el 21 de marzo) del principio de justicia universal en España y con ello el carpetazo definitivo investigaciones llevadas a cabo en la Audiencia Nacional sobre casos como “el caso Couso”, los vuelos de la CIA, las torturas en Guantanamo, crímenes de guerra en Irak, el genocidio en Guatemala, en Ruanda, en el Tibet, los asesinatos en El Salvador, el genocidio del pueblo saharaui y el asesinato de Carmelo Soria bajo la dictadura chilena, todos ellos instruidos en los juzgados centrales 1,2,3,4,5 y 6 de la Audiencia Nacional.

Como señala Manuel Ollé Sesé (abogado y profesor de Derecho Penal de la UCM) crea víctimas de primera y segunda categoría en tanto que “una víctima española de terrorismo encontrará amparo judicial en España, mientras que una víctima española de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra o tortura, no, salvo la presencia de otros nexos de conexión, de muy difícil aparición”. Y de esta forma la reforma “olvida intencionadamente que (la Justicia Universal) es un principio -no de creación nacional- sino derivado del Derecho internacional, basado en un interés -no nacional- sino supranacional y que posibilita a los tribunales nacionales ejercer la justicia penal, en representación de la comunidad internacional, para el enjuiciamiento de los crímenes internacionales más graves”. Escudándose en la existencia de convenios internacionales al respecto y de la existencia del Tribunal Penal Internacional el congreso de los diputados ha decidido en lectura única y mediante tramitación de urgencia obviar que “habida cuenta de que la impunidad existe principalmente cuando las autoridades del país en el que se han cometido los delitos no actúan, es importante que los sistemas de justicia civil y penal de todos los demás países puedan intervenir para juzgar dichos delitos en nombre de la comunidad internacional y conceder reparaciones a las víctimas”. De nada han servido las 70.000 firmas de ciudadanos recogidas por AI para la paralización de la reforma. 163 estados dan cabida en su legislación a la Justicia Universal. Esto no es óbice para que a pesar de ello los procesos de este tipo siempre deban enfrentarse a muchos y poderosos obstáculos pero desde ahora España ya no forma parte de esa nómina de países. Nuestra sociedad ha dado la espalda a los Derechos Humanos y ha permitido que el poder haga imposible lo que hasta ahora era una obligación -para más de 120 organizaciones nacionales e internacionales esto supone una violación de las obligaciones internacionales de España, y así lo han hecho llegar a la ONU y al Parlamento Europeo-.

La escasa protesta ciudadana, la falta de crítica pública y la oscuridad de la reforma legislativa y de las funestas consecuencias de la misma dan cuenta del imperio de la impunidad en España y de la debilidad de la conciencia pública de nuestra sociedad. No sólo es necesaria la crítica política sino la autocrítica ciudadana. Cuando dejamos que  crezca la sombra permitimos que aumenten los espacios de injusticia e impunidad en nuestra colectividad política. Cuando no nos preocupamos por ello damos cuenta de la falta de interés por el aspecto del mundo en que vivimos y damos el verdadero reflejo de la sociedad que hemos construido.

Víctor Granado Almena

Profesor de Filosofía

Investigador dedicado al estudio de las migraciones y a los DD.HH.  

“Cuando el estado abdica de sus funciones” por Víctor Granado

Tres noticias publicadas en los últimos días y aparentemente desconectadas definen con claridad la forma del mundo en que vivimos.

En primer lugar el auto del pasado 28 de enero de 2014 la Audiencia provincial de Madrid ordena reabrir el caso de la muerte en el CIE de Aluche de Samba Martine. Samba Martine llegó a España el 25 de agosto de 2011 procedente de la República Democrática del Congo, después de cruzar el norte de África y entrar de modo irregular en España a través de la frontera entre Melilla y Marruecos. Debemos recordar que la República democrática del Congo vive una situación de «Guerra sin fin», un conflicto estructural que oscila en su intensidad pero que con más 5 millones de muertos es el conflicto bélico más mortífero después de la segunda guerra mundial. Un conflicto bélico especialmente cruento y violento para las mujeres. A su llegada Samba entró en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. Allí permaneció tres meses hasta que por fue trasladada, debido a la alta ocupación del CETI, al Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) de Aluche en Madrid, al cual llegó el 12 de noviembre de 2011. Con ella no se trasladó su expediente médico elaborado por los médicos del CETI de Melilla. A esta falta de coordinación burocrática le siguió la incapacidad de los responsables del CIE de Aluche para atender las reiteradas visitas a la enfermería del CIE y solicitudes de asistencia hechas por Samba durante su internamiento hasta que finalmente murió víctima de un proceso infeccioso que habría sido fácilmente superable si hubiera recibido la asistencia sanitaria adecuada. Así lo estima el auto de la audiencia provincial de Madrid.

La segunda noticia es el dictamen del consejo de Europa que juzga ilegal excluir a las personas en situación irregular en España del derecho a la asistencia sanitaria, en el cual se afirma que la crisis no puede servir como pretexto para negar el acceso a la sanidad. La asistencia sanitaria de urgencia no es suficiente y como señala Luis Jimena, presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales, el dictamen del Consejo de Europa considera el RDL 16/2012 contrario al derecho europeo, y afirma que: “No se puede excluir a los inmigrantes del sistema. Tanto el Gobierno como las comunidades tienen el deber de cumplir la doctrina del Consejo de Europa. Y el Tribunal Constitucional deberá tomarla en consideración de manera determinante [al fallar sobre el recurso presentado contra la decisión del Gobierno]”.

La tercera noticia es del pasado día 20 de enero tiene como núcleo el informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo sobre las tendencias mundiales del empleo para 2014, el cual señala cómo en 2013 el desempleo aumentó en el mundo en 5 millones de personas más, y calcula una tendencia que fijaría el incremento del desempleo en 13 millones de parados más en el 2018.

Si conjugamos el fondo de estas tres noticias podemos reconstruir la forma del mundo en que vivimos y su verdadero carácter dramático. De manera falaz los gobiernos de países democráticos, firmantes de tratados que protegen los derechos humanos, en los que se incluye el derecho a la salud, ligan la asistencia sanitaria a la situación activa del asegurado. No sólo esto, su derecho a residir en un lugar distinto a su nacionalidad queda regulado por su condición activa. En un contexto generalizado de aumento del paro seguir ligando la protección de los derechos fundamentes a la posesión de un contrato de trabajo implica, de facto, subvertir el espíritu y la literalidad de los tratados internacionales de derechos humanos y empujar a las personas a vivir en una situación de irregularidad sobrevenida en los mismos lugares en los que han vivido y trabajado durante muchos años, donde probablemente han nacido sus hijos y que tenían todo el derecho a considerarlos su hogar. A esta irregularidad sobrevenida se suma la irregularidad como condición del desplazamiento migratorio a la que se ven forzadas a incurrir aquellas personas que deseando construir un proyecto vital fuera de su lugar de nacimiento no encuentran cauce legal alguno para el desplazamiento y ni para el acceso al mercado laboral legal. Se combina así a la irregularidad del desplazamiento la irregularidad laboral, encadenando unas situaciones de desprotección, vulnerabilidad y explotación con otras.

En ese contexto de producción de irregularidad migratoria el Estado ha abdicado de la función en la que se ha apoyado y que ha legitimado su monopolio de la violencia: la protección de los derechos de todas las personas presentes en su territorio durante su permanencia en él. El caso de Samba Martine y la legislación española que priva a las personas de un acceso a una asistencia sanitaria que garantice la protección de su derecho a la salud en España ejemplifican con cruel claridad cómo es Estado pierde de vista la protección de los derechos de las personas mientras permanecen en su territorio y las condena a la desprotección más absoluta. Un interno en un CIE ve suspendido su derecho a la libertad de tránsito pero la salvaguarda de su integridad física y psíquica debería ser la primera preocupación del mismo Estado que interna a esas personas como paso previo a su expulsión.

Víctor Granado Almena

Profesor de Filosofía

Investigador dedicado al estudio de las migraciones y a los DD.HH.  

«Por el pleno reconocimiento de los migrantes como sujetos de derecho» por Víctor Granado

He aquí un margen que avanza, un centro que retrocede.

Oriente ya no es en absoluto Oriente,

ni Occidente, Occidente.

Porque la identidad es plural,

ésta no es una ciudadela o una trinchera.

Mahmoud Darwich

Comme des fleurs d’amandier ou plus loin, Paris, Actes sud, 2007

Hoy más personas que nunca viven fuera del lugar en el que nacieron, algo que no necesariamente se corresponde con vivir en «el extranjero». En ocasiones esa vida en otro lugar se desarrolla en lo que para algunas personas es su hogar, aunque no hayan nacido en él o vivido allí durante su infancia o juventud. Pero más que hablar aquí de la relación  con el lugar de origen o el lugar de residencia hoy, en el día internacional de las personas migrantes, quiero subrayar la relación que todos tenemos con el proceso dinámico de migrar. En 2013, según los datos del informe de septiembre de la ONU sobre migraciones internacionales, 232 millones de personas o el 3,2% de la población mundial son migrantes. Se trata de una cifra sensiblemente mayor que los 175 millones de personas migrantes registrados en el año 2000 y que los 154 millones registrados en 1990. El 74% de los migrantes está en edad de trabajar y el 48% de la población migrante son mujeres. Sólo el 35% de la población migrante se corresponde con el desplazamiento de tipo sur-norte.

Estos pocos datos muestran que vivimos en un contexto de desplazamiento global del que todos formamos parte. Las migraciones no pueden comprenderse sólo como desplazamientos puntuales motivados por una alteración momentánea del orden, ya sea un conflicto bélico o una catástrofe natural. En la actualidad todos somos susceptibles de devenir migrantes y vernos envueltos en un proceso de desplazamiento. La desigual distribución de renta y población, así como la capacitación laboral de las personas regulan la distribución global de población a lo largo del planeta dentro de una red compuesta por distintos nodos de atracción de población, que rompe la estructura simplista y falaz del esquema de migración norte-sur que une pobreza y migración. No hay centro ni fin del desplazamiento, ni países o regiones puramente receptoras o emisoras de flujos migratorios. El desplazamiento es parte esencial de nuestro modo de vida las migraciones son una realidad constitutiva de la forma transnacional de nuestro mundo.

Además de romper con el modo simplista de contextualizar la migración en nuestros días, en el día internacional de los migrantes debemos, sobre todo, reivindicar los derechos de los migrantes y denunciar las situaciones de injusticia, vulnerabilidad y privación de derechos que amenazan la realidad de los procesos migratorios. Para ello recuerdo aquí las palabras con las que comenzaba la declaración conjunta de Expertos de las Naciones Unidas de 2012:

GINEBRA, BANJUL, WASHINGTON D.C. (18 de diciembre de 2012) – «En un día como hoy, unimos nuestras voces para reconocer las invaluables contribuciones que a diario hacen millones de migrantes en todo el mundo para crear mejores condiciones de vida para todos. A pesar de participar en nuestras sociedades, el otro lado de la historia es que por el simple hecho de ser migrantes, millones de personas son víctimas de discriminación, xenofobia y diversas violaciones a sus derechos humanos. Es por eso que hoy, en el Día Internacional del Migrante, reafirmamos que los derechos humanos son derechos de todas las personas. Un compromiso real de los Estados en relación con los derechos humanos de los migrantes requiere del pleno reconocimiento de los migrantes como sujetos de derecho. Los derechos humanos derivan de la dignidad humana y no del origen nacional o de la situación migratoria de las personas.

Hoy debemos denunciar la criminalización de los migrantes en situación irregular, su hostigamiento y persecución, la privación de derechos fundamentales como el derecho a la salud, el establecimiento de vallas o “medidas de protección fronteriza” como las de Ceuta y Melilla, la existencias de redadas y controles de identidad xenófobos en las calles de nuestras ciudades y la existencia de centros de internamiento para extranjeros que violan estándares mínimos exigibles a un Estado y una sociedad civil que dicen defender los derechos humanos y la democracia.

Ningún ser humano es ilegal

Víctor Granado Almena

Profesor de Filosofía

Investigador dedicado al estudio de las migraciones y a los DD.HH.  

“Desigualdades reales, derechos virtuales” por Víctor Granado

 “El inmigrante no está entrando por un paso fronterizo con una documentación correcta, está violentando la frontera de un país que es soberano y tiene que defenderla. Y no vienen pidiendo permiso o que se le abra la puerta, vienen asaltando la valla”.

Abdelmalik El Barkani Delegado del gobierno en Melilla

 

¿Es  que acaso si los migrantes pidiesen que se les abriera la puerta ésta se les abriría? Las declaraciones del Delegado del Gobierno en Melilla parten de la falacia según la cual los migrantes no siguen los cauces legales para entrar en España pudiendo hacerlo. En la medida en que con sus actos amenazan la soberanía española la actuación de las autoridades queda legitimada. En ningún momento los migrantes son tratados como personas sino conceptualizados como delincuentes, como enemigos que asaltan una frontera que hay que defender.

Para su defensa, el Gobierno está pensando colocar de nuevo las cuchillas retiradas en 2006 de la valla y que la coronaban hasta entonces. Retornamos a una situación de desprotección y desprecio por la vida de los migrantes similar a la de 2005, que Amnistía Internacional describía en su informe Frontera sur. En Ceuta y Melilla la frontera no es una mera línea imaginaria que delimita el territorio de in Estado. La frontera entre España y Marruecos es una de las fronteras más desiguales del mundo, es una frontera intercontinental y la frontera más desigual de la Unión Europea. Si atendemos comparamos el PIB per cápita nominal de España y Marruecos veremos cómo el PIB español es casi 10 veces el de Marruecos. Esta desigualdad lo es respecto de los niveles de renta y las condiciones materiales de existencia pero lo que marca la experiencia de la frontera es el igual desprecio a ambos lados de la verja por los derechos de los migrantes.

El desplazamiento de las personas tiene como uno de sus componentes la desigual e injusta distribución de riqueza y población. A la injusticia que significa esta desigualdad se suman  las violaciones de derechos que sufren los migrantes durante el desplazamiento.

La frontera es real, tiene consecuencias reales tanto sobre la vida de las personas que intentan cruzarla como sobre el tipo de sociedad que la sostiene sin cuestionarla. No son las mafias quienes ponen en riesgo las vidas de las personas que intentan cruzar las fronteras sino los Estados los que al bloquear los cauces legales de acceso a su territorio abocan a los migrantes a la clandestinidad y la irregularidad. Y es la sociedad civil de Estados como el nuestro quien debe controlar y denunciar el uso en su nombre de mecanismos de control las fronteras que significan la violación sistemática de los derechos humanos.

 

 

Víctor Granado Almena

Profesor de Filosofía

Investigador dedicado al estudio de las migraciones y a los DD.HH.