“Perdemos calidad de vida mientras aumenta la desigualdad” por Esperanza Fernández

Esperanza Fernández, portavoz UPyD GetafeHa sido muy repetido, criticado y denunciado que las medidas de reducción del déficit llevadas a cabo por el Gobierno están suponiendo una merma y empeoramiento muy significativos en los servicios básicos que conformaban nuestro Estado del bienestar. Realmente, nunca mereció plenamente tal nombre, pues nunca estuvimos a la altura de los estados más avanzados en materia de bienestar público. Por ejemplo, la Ley de Dependencia nace lastrada porque no se contemplaba la financiación de la misma y la crisis económica no ha hecho sino agravar los problemas para su aplicación, que presenta, por otra parte, grandes diferencias según comunidades autónomas.

Pero lo que está ocurriendo en los últimos años no solo está produciendo que el cuarto pilar del estado del bienestar, la atención a la dependencia , se siga resquebrajando hasta convertir la ley en una gran mentira, sino que los otros tres, la sanidad, las pensiones y la educación, sigan un proceso de deterioro acelerado. Por otro lado, las diferencias entre comunidades autónomas no hacen más que aumentar, así como entre personas.

Iremos viendo paulatinamente los efectos en nuestro bienestar de los recortes y ya hay indicadores que van reflejándolos. La esperanza de vida es un indicador fiable. Es posible que el descenso en la misma por primera vez en la serie histórica sea una consecuencia de la situación de pérdida en servicios públicos que vivimos. Desde principios del siglo XX, este indicador había experimentado un crecimiento sostenido año tras año. Sin embargo, los últimos datos, según las cifras que presentó hace unos meses el Consejo Económico y Social en su Memoria Socioeconómica, muestran un descenso: hemos pasado de 2011 a 2012 de una expectativa de vida 84,97 a 84,72 años en mujeres y de 79,16 a 79,01 años, en hombres en ese periodo. En el conjunto de países, hemos pasado del puesto 6º al 7º. Habrá que esperar los datos de próximos años para ver si esta pérdida representa una tendencia o es un dato anecdótico pero, en principio, es preocupante, sobre todo puesto en relación con otros.

En este sentido, también hay que reparar en la advertencia realizada la pasada semana por la OCDE, sobre las consecuencias negativas de los recortes en sanidad que han supuesto un incremento de las dificultades para acceder al sistema en uno de cada tres países miembros de la entidad en el periodo 2009 a 2011. En el caso de España se critica concretamente el aumento de las listas de espera, denuncia que corrobora la percepción ciudadana sobre este problema. A ello hay que añadir las medidas de copago cuyos efectos sobre la salud y la mortalidad aún no están evaluados pero que sin duda serán visibles en poco tiempo.

No es preciso mencionar que el desempleo y el empobrecimiento creciente están produciendo un aumento de la malnutrición de las capas más desfavorecida, factor muy influyente en la salud y la expectativa de vida. Los pensionistas están jugando un papel esencial para paliar la situación de desempleo de los miembros en edad activa de las familias pero el panorama tampoco se presenta halagüeño pues ese pilar hasta ahora sólido también se empieza a resentir si el proyecto de ley de reforma de las pensiones sale adelante como está previsto, es decir, sin garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.

Frente a este panorama en buena medida provocado por las medidas del Gobierno o su inoperancia, este no está haciendo nada por evitar el sufrimiento de los más desfavorecidos. Todo lo contrario, las medidas emprendidas van directamente contra ellos mientras no remedia el sistema fiscal injusto donde, a través de las SICAV, las grandes fortunas tributan un 1% mientras las clases medias van desapareciendo ahogadas por una situación que las ha obligado a soportar las consecuencias del rescate bancario, del que han resultado ilesos los responsables, y el derroche de las administraciones públicas.

Como telón de fondo de nuestro desolador panorama económico y social, nos encontramos con la crisis política que es una de las causas principales de la económica y de su pervivencia. Nuestro modelo territorial, que ni el partido en el Gobierno ni el principal partido de la oposición están dispuestos a cambiar, mucho menos los nacionalistas, nos ha llevado a un Estado residual donde las comunidades autónomas tienen las competencias más importantes sobre las políticas de igualdad. Un Estado, por tanto, que requiere reformas urgentes para asegurar la igualdad y el bienestar de todos los ciudadanos.

Esperanza Fernández Acedo
Concejal portavoz Grupo Municipal de UPyD Getafe
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“No será que Esperanza Aguirre es de UPyD y aún no lo sabe…” por José Luis Morato

Desde que el Ministro de Hacienda anunció el lunes 27 de febrero que el déficit del Estado se había elevado en 2011 hasta el 8,51%, parecen haber saltado todas las alarmas en España, como si de pronto se hubiera revelado algo que no se supiera hasta entonces. Las CCAA están arruinadas y han sido incapaces de poner freno al despilfarro. Ahora se escuchan lamentos impropios de personas con altas responsabilidades y todos los implicados tratan de escurrir el bulto.

Hace unos días, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, declaró que había propuesto en su encuentro con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “revisar en profundidad el Estado autonómico” y se despachó a gusto diciendo que “no ha servido para lo que se diseñó: para integrar a los partidos nacionalistas catalanes y vascos. En realidad ha complicado el funcionamiento de las otras 15 comunidades”. Siguió su correlato asegurando que “las competencias en Sanidad, Educación y Justicia deben volver al Estado”, intentado dar ejemplo la propia presidenta: “Si España lo necesita, las grandes competencias de las comunidades autónomas, desde luego la mía, la Sanidad, la Educación y la Justicia, pueden devolverse al Estado; y el resto, Transportes y Servicios Sociales, a los ayuntamientos“.

Y concluyó que la Justicia “es un poder del Estado” que no tienen por qué compartirlo las comunidades autónomas: “Si todo lo que hacemos las comunidades autónomas, unas competencias fueran para arriba y otras para abajo, se podría prescindir de altos cargos, parlamentos regionales, conductores, asesores, jefes de protocolo, edificios, alquileres…”.

El que parece por tanto que no usa el sentido común evidentemente es el Sr. Montoro y desde UPYD ya le hemos señalado a los presupuestos “los toriles” ya que estos Presupuestos que nos han presentado son “injustos e inútiles” para reducir el déficit público, porque el ajuste depende de las comunidades autónomas y el Gobierno de Mariano Rajoy está dispuesto a hacer cualquier cosa para no tocar a las comunidades, incluso prefiere tocar a las familias y las empresas.

Lo que se preguntan hoy los distintos medios, entre la angustia y la confusión, es cómo hacer sostenible el Estado. Algunas reformas que UPyD lleva defendiendo desde su fundación se han ido abriendo camino en el debate público, aunque no sin dificultades.

UPyD publicó en abril de 2010 “El coste del Estado Autonómico”, en el que estimaba que se podrían ahorrar hasta 26.000 millones de euros racionalizando las administraciones, lo que pasa por eliminar organismos superfluos y competencias duplicadas. Pocos meses después hizo público el estudio sobre las entidades locales, en el que se pedía la fusión de municipios y la eliminación de las diputaciones, lo que podría significar una reducción adicional de 16.000 millones.

El control del gasto autonómico -bandera que ahora enarbola el Gobierno con una timidez que la hace inútil- fue reclamado por la diputada Rosa Díez durante la pasada legislatura, obteniendo escaso eco. Y hoy resulta innegable que en las CCAA está el mayor foco de despilfarro y el gran agujero negro de la economía española. La lucha contra el fraude fiscal o la reforma de la financiación autonómica son otras políticas cuya reforma ha reclamado UPyD y que ayudarían a equilibrar el presupuesto estatal sin tocar los pilares básicos del Estado de Bienestar, aquellos que garantizan la igualdad de todos los españoles.

José Luis Morato Gómez
Concejal portavoz de UPyD en Getafe