“Las repercusiones para la sanidad de las elecciones autonómicas y municipales” por Marciano Sánchez Bayle

Las elecciones del 24 de mayo han supuesto importantes cambios en los gobiernos de muchas CCAA y ayuntamientos, cuyas características generales han sido la necesidad de acuerdos para la constitución de los gobiernos, acabando con las mayorías absolutas que se han convertido en excepcionales, y a su vez un giro en la mayoría de los casos hacia gobiernos progresistas y/o de izquierdas.

 

¿Qué repercusiones tendrán estos cambios para la Sanidad?. Por supuesto aún resulta un poco pronto para saberlo con certeza, pero es evidente que el mayor impacto lo tendrán los cambios autonómicos porque la Sanidad es una competencia transferida a las CCAA y se ha  producido cambios en los gobiernos de 7 de ellas (Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla la Mancha, Extremadura, Navarra y Valencia) y todos ellos en el mismo sentido, es decir hacia gobiernos progresistas y con acuerdos de gobierno o de investidura que incluyen aspectos sanitarios muy relevantes.

 

Estos acuerdos contienen en general cuatro cuestiones bastante positivas:

 

Una, garantizar la atención sanitaria a las personas excluidas por el RDL 16/2012, es decir inmigrantes irregulares y los españoles que hayan tenido estancias en el extranjero superiores a 90 días y no tengan cobertura en otro país. Asimismo comprometerse con el acceso de todas las personas a las prestaciones farmacéuticas, de manera que no haya personas que no retiran los medicamentos prescritos por motivos económicos (en el País Vasco ya hay un sistema en funcionamiento).

 

Dos, paralizar las privatizaciones y recuperar lo privatizado, la paralización es relativamente fácil porque se trata de dejar la utilización sistemática de los centros privados cuando existe una alternativa en el sistema sanitario público, la recuperación es mas compleja y va a ser la verdadera prueba de fuego de los acuerdos de investidura, el caso de Alcañiz en Aragón es el que plantea menos problemas, simplemente hay que decidir no realizar la adjudicación del concurso, mas complicado es el caso de Toledo y Valdecilla donde se adjudico el concurso, y mas aún los de los centros sanitarios de Baleares y Valencia que llevan años en funcionamiento (si bien conviene recordar que en esta última el contrato de Alzira acaba en 2018). Se trata pues de una cuestión que va a poner en evidencia la voluntad política real del cambio en el modelo sanitario. Complementariamente varias CCAA han anunciado la elaboración de legislación que blinde el papel de la provisión sanitaria pública, y por supuesto habrá que ver en que términos se produce esta nueva regulación.

 

Tres, aumentar los recursos de la Sanidad Pública, recuperando personal, servicios y prestaciones, lo que supone un esfuerzo económico para recuperar los presupuestos y las inversiones en la Sanidad Pública  de los tremendos recortes que se han sufrido desde 2009. Aquí el margen de maniobra esta limitado por el actual modelo de financiación autonómica, aunque es obvio que hay muchas opciones en las distintas CCAA (por ejemplo en Valencia el gasto sanitario público es el 40,2% del gasto total de la Comunidad cuando el promedio de las CCAA esta en el 46,1%), pero es obvio que las CCAA no gobernadas por el PP, que ahora son mayoría, podrían presionar para  mejorar la financiación y conseguir una financiación finalista para la Sanidad.

 

Y cuatro, establecer mecanismos de participación y control de ciudadanos y profesionales sobre el funcionamiento y la gestión del sistema sanitario público, algo que viene siendo prometido desde la Ley General de Sanidad (1986) y sobre lo que prácticamente no se han realizado avances significativos.

 

Lógicamente cada una de las CCAA tiene sus peculiaridades y muchos aspectos concretos en los que se han comprometidos cambios importantes que deben tenerse en cuenta.

 

El papel de los ayuntamientos es mas reducido, primero porque la nueva legislación sobre Administraciones locales ha limitado mucho sus competencias y su capacidad de actuación en los temas sociales y sanitarios, y además porque con excepción de las grandes ciudades, su presupuesto es pequeño, a veces tienen grandes deudas, y su margen de maniobra es escaso.

 

En todo caso es evidente que se pueden hacer muchas cosas, algunas muy importantes, porque la situación de proximidad de las administraciones locales facilita su actuación, y solo a titulo de ejemplo pueden favorecer la atención sanitaria de las personas excluidas, ayudar a  que se siga teniendo acceso a medicamentos necesarios, luchar contra las privatizaciones, canalizar y favorecer las reivindicaciones sanitarias, etc. Sobre ello hay un amplia experiencia y muy positiva en toda la geografía del país.

 

Obviamente el nuevo panorama supone cambios muy favorables para la Sanidad, también en aquellas CCAA donde continúan los gobiernos conservadores porque van a ver limitada sus actuaciones por la ausencia de mayorías absolutas (por ejemplo en Madrid hay un compromiso del nuevo gobierno de no realizar mas privatizaciones). Aun así hay muchos aspectos de la política sanitaria que no se pueden solventar en las CCAA y para los que es necesario un cambio en el gobierno central. Por suerte noviembre no esta tan lejos y todo parece indicar que es bastante probable que se consiga una alternativa potente por la Sanidad Pública.

 

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid