“Encarnizamiento terapéutico” por Marciano Sánchez Bayle

FOTO_MARCIANOSANCHEZRecientemente hemos vivido un caso evidente de encarnizamiento terapéutico en el caso de la niña gallega a los que los médicos del hospital de Santiago se negaban a dejar de mantener artificialmente con vida a pesar de encontrarse en una situación terminal (como se demostró de manera inequívoca con su fallecimiento a las 48 hs del abandono de estas medidas).

Se conoce como encarnizamiento terapéutico a la “aplicación de medios médicos que no van a conseguir la recuperación del paciente sino sólo, en todo caso, prolongarán ligeramente su vida en condiciones penosas, como pueden ser la intubación endotraqueal, la alimentación intravenosa, etc”. Lo mas curioso del caso es que los padres reclamaban la aplicación de la Ley de autonomía del paciente y mas aún la  gallega LEY 5/2015, de 26 de junio, de derechos y garantías de la dignidad de las personas enfermas terminales, la cual permitía a los padres, puesto que se trata de una menor, además en este caso con serio retraso psíquico, el adoptar la decisión de que se abandonasen todas las medidas para mantenerla artificialmente con vida, especialmente en un caso como este en el que se constataba su sufrimiento.

No parece que haya que dar muchas explicaciones de el porque no tiene ningún sentido el empecinarse en prolongar los sufrimientos de una persona en situación terminal, sobre todo si es contra su voluntad y la de las personas que la representan legalmente, y también por supuesto que las leyes, en este caso la gallega que le era de aplicación, incorporan numerosas garantías  para evitar  abusos, por ejemplo en este caso se había producido ya una  aprobación del comité de ética asistencial que apoyaba la petición de los padres.

Lo mas sorprendente del caso es el incumplimiento, por el servicio de ese hospital que la atendía, de la legislación gallega y estatal sobre muerte digna y derecho de las personas enfermas a elegir o rechazar los tratamiento que les afectan, decisión que no puede estar en manos de los profesionales de la sanidad y menos al albur de sus posicionamientos ideológicos o de posibles conflictos de interés, y asimismo la actuación de la Consejería de Sanidad de Galicia que no intervino para resolver el problema, teniendo que producirse el relevo en la Consejería para que se solucionase el problema.

Resulta  inaceptable el incumplimiento de la legislación al respecto por algunos centros y servicios sanitarios, lo que supone  una clara violación de los derechos sanitarios de la ciudadanía gallega en una materia tan sensible y que afecta a toda la población

Estos hechos obligan a una reflexión sobre la necesidad de garantizar la aplicación de las leyes que regulan la muerte digna en nuestro país y también sobre la conveniencia de arbitrar sistemas que permitan a las personas que tengan una respuesta institucional rápida y eficaz, porque nadie duda que si la familia no hubiera acudido a la justicia y a los medios de comunicación, añadiendo mas dolor a una situación ya de por si muy dolorosa, la niña habría prolongado irracionalmente su sufrimiento.

 

Marciano Sánchez Bayle

Médico y presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

 

“La atención sanitaria a los inmigrantes irregulares” por Marciano Sánchez Bayle

FOTO_MARCIANOSANCHEZEn estos días se ha producido un especial protagonismo de la atención sanitaria de los inmigrantes irregulares en nuestro país, y los medios han recogido multitud de declaraciones de intenciones en mas de caso contradictorias.

El problema de la atención sanitaria de este colectivo surgió con la aprobación del  Real Decreto Ley (RDL) 16/2012 que cambio el derecho a la atención sanitaria pasando de un  derecho vinculado a las personas a otro que lo hacia depender de la condición de asegurado, como consecuencia de lo que se excluyo a las personas que se encontraban en España en situación irregular.

Es importante resaltar que, aunque se ha paralizado  la aplicación del RDL 16/2012 en sus aplicaciones más lesivas, es evidente que la intencionalidad de este cambio es avanzar progresivamente hacia un modelo de seguros, lo que supondría un aumento del gasto sanitario y de las desigualdades en el acceso, tal y como demuestra la experiencia internacional (el caso mas reciente es el de Holanda). También que el Tribunal Constitucional ya ha avalado en 2 casos (recursos a la normativa del País Vasco y Navarra) la paralización de la aplicación en estos territorios de la exclusión a los inmigrantes no regularizados, y que varias CCAA más han realizado normativas propias para garantizar en todo o en parte la atención sanitaria. Aunque no se conocen bien, por motivos obvios (su situación de irregulares les hace que procuren ser poco “visibles”) los efectos sobre la salud para los excluidos han sido estudiados por varias organizaciones sociales y profesionales y se conoce que hay al menos 3 muertes debidas a esta exclusión ,y se han producido además muchos casos de desatención, a mas de algunas situaciones en las que ni siquiera se ha aplicado la normativa vigente (niños no atenidos, problemas en urgencias, etc), y una gran variabilidad en su aplicación dependiendo del centro y la persona concreta (es decir una gran arbitrariedad concreta). En conclusión se ha generado más desigualdad, ningún ahorro y problemas muy graves para algunas personas.

Es obvio que la exclusión, como ya se señalo cuando se aprobó el RDL iba a tener problemas humanitarios, problemas sanitarios y mínima repercusión económica. Por eso el tiempo ha acabado convenciendo, incluso al PP, de que había que rectificar

Dejando de lado Navarra, donde UPN que gobernaba con el apoyo del PP, ya se opuso a esta medida desde el principio, el siguiente movimiento se produjo cuando el Ministro de Sanidad, en marzo pasado, señalo que iba a garantizar la atención sanitaria a este colectivo en Atención Primaria, pero incapaz de reconocer que había que rectificar en profundidad no se avanzo mas allá en lo concreto. Después de las elecciones autonómicas el cambio producido en 7 CCAA ha cambiado significativamente la situación porque varias de ellas (hasta ahora Valencia, Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha y Extremadura pero presumiblemente las 7 en unos meses) han asegurado su intención de garantizar el acceso a las tarjetas sanitarias a este grupo de población.

Resultan incomprensibles declaraciones del Secretario General de Sanidad sobre las posibles sanciones de la UE a las CCAA que faciliten el acceso a la Sanidad Pública a los inmigrantes (inmediatamente corregidas por la Unión Europea que ha señalado que el derecho a la atención sanitaria en España es una cuestión a decidir en el país) y que obviamente contrastan con el hecho de que la UE no ha puesto en marcha ninguna sanción contra las CCAA que desde 2012 ya garantizaban esta atención sanitaria (País Vasco, Navarra, Andalucía, Asturias), y por lo tanto solo evidencian el intento de no reconocer el fracaso de una política sanitaria equivocada y lesiva para la población.

Ahora se produce la declaración de la Comunidad de Madrid de facilitar la atención sanitaria a este grupo de personas y del propio Rajoy de poner en marcha un mecanismo generalizado de solución del problema. Por supuesto se trata de reacciones tanto a la proposición no de ley aprobada en la Asamblea de Madrid pidiendo al Gobierno regional que garantice la atención sanitaria de los inmigrantes “sin papeles” como de la cercanía de las elecciones y del hecho que la mayoría de las CCAA van a garantizar esta atención sanitaria si es preciso a espaldas de la normativa estatal.

Deberíamos de tener claro que la cobertura de toda la población por la Sanidad Pública es fundamental, por motivos de justicia y de humanidad, pero también por motivos sanitarios y económicos. Y además que la atención sanitaria debe de cubrir el total de las prestaciones garantizadas en el catalogo de prestaciones (en la atención primaria y la especializada) sin exclusión.

De paso debería de derogarse el RDL 16/2012 porque ha supuesto un tremendo retroceso en nuestro sistema sanitario y porque algunos de los aspectos del mismo que siguen aplicándose (por ejemplo el copago farmacéutico) suponen serios problemas para el acceso a prestaciones sanitarias para un grupo importante de la población, los mas pobres y los mas enfermos.

 

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

“Las repercusiones para la sanidad de las elecciones autonómicas y municipales” por Marciano Sánchez Bayle

FOTO_MARCIANOSANCHEZLas elecciones del 24 de mayo han supuesto importantes cambios en los gobiernos de muchas CCAA y ayuntamientos, cuyas características generales han sido la necesidad de acuerdos para la constitución de los gobiernos, acabando con las mayorías absolutas que se han convertido en excepcionales, y a su vez un giro en la mayoría de los casos hacia gobiernos progresistas y/o de izquierdas.

 

¿Qué repercusiones tendrán estos cambios para la Sanidad?. Por supuesto aún resulta un poco pronto para saberlo con certeza, pero es evidente que el mayor impacto lo tendrán los cambios autonómicos porque la Sanidad es una competencia transferida a las CCAA y se ha  producido cambios en los gobiernos de 7 de ellas (Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla la Mancha, Extremadura, Navarra y Valencia) y todos ellos en el mismo sentido, es decir hacia gobiernos progresistas y con acuerdos de gobierno o de investidura que incluyen aspectos sanitarios muy relevantes.

 

Estos acuerdos contienen en general cuatro cuestiones bastante positivas:

 

Una, garantizar la atención sanitaria a las personas excluidas por el RDL 16/2012, es decir inmigrantes irregulares y los españoles que hayan tenido estancias en el extranjero superiores a 90 días y no tengan cobertura en otro país. Asimismo comprometerse con el acceso de todas las personas a las prestaciones farmacéuticas, de manera que no haya personas que no retiran los medicamentos prescritos por motivos económicos (en el País Vasco ya hay un sistema en funcionamiento).

 

Dos, paralizar las privatizaciones y recuperar lo privatizado, la paralización es relativamente fácil porque se trata de dejar la utilización sistemática de los centros privados cuando existe una alternativa en el sistema sanitario público, la recuperación es mas compleja y va a ser la verdadera prueba de fuego de los acuerdos de investidura, el caso de Alcañiz en Aragón es el que plantea menos problemas, simplemente hay que decidir no realizar la adjudicación del concurso, mas complicado es el caso de Toledo y Valdecilla donde se adjudico el concurso, y mas aún los de los centros sanitarios de Baleares y Valencia que llevan años en funcionamiento (si bien conviene recordar que en esta última el contrato de Alzira acaba en 2018). Se trata pues de una cuestión que va a poner en evidencia la voluntad política real del cambio en el modelo sanitario. Complementariamente varias CCAA han anunciado la elaboración de legislación que blinde el papel de la provisión sanitaria pública, y por supuesto habrá que ver en que términos se produce esta nueva regulación.

 

Tres, aumentar los recursos de la Sanidad Pública, recuperando personal, servicios y prestaciones, lo que supone un esfuerzo económico para recuperar los presupuestos y las inversiones en la Sanidad Pública  de los tremendos recortes que se han sufrido desde 2009. Aquí el margen de maniobra esta limitado por el actual modelo de financiación autonómica, aunque es obvio que hay muchas opciones en las distintas CCAA (por ejemplo en Valencia el gasto sanitario público es el 40,2% del gasto total de la Comunidad cuando el promedio de las CCAA esta en el 46,1%), pero es obvio que las CCAA no gobernadas por el PP, que ahora son mayoría, podrían presionar para  mejorar la financiación y conseguir una financiación finalista para la Sanidad.

 

Y cuatro, establecer mecanismos de participación y control de ciudadanos y profesionales sobre el funcionamiento y la gestión del sistema sanitario público, algo que viene siendo prometido desde la Ley General de Sanidad (1986) y sobre lo que prácticamente no se han realizado avances significativos.

 

Lógicamente cada una de las CCAA tiene sus peculiaridades y muchos aspectos concretos en los que se han comprometidos cambios importantes que deben tenerse en cuenta.

 

El papel de los ayuntamientos es mas reducido, primero porque la nueva legislación sobre Administraciones locales ha limitado mucho sus competencias y su capacidad de actuación en los temas sociales y sanitarios, y además porque con excepción de las grandes ciudades, su presupuesto es pequeño, a veces tienen grandes deudas, y su margen de maniobra es escaso.

 

En todo caso es evidente que se pueden hacer muchas cosas, algunas muy importantes, porque la situación de proximidad de las administraciones locales facilita su actuación, y solo a titulo de ejemplo pueden favorecer la atención sanitaria de las personas excluidas, ayudar a  que se siga teniendo acceso a medicamentos necesarios, luchar contra las privatizaciones, canalizar y favorecer las reivindicaciones sanitarias, etc. Sobre ello hay un amplia experiencia y muy positiva en toda la geografía del país.

 

Obviamente el nuevo panorama supone cambios muy favorables para la Sanidad, también en aquellas CCAA donde continúan los gobiernos conservadores porque van a ver limitada sus actuaciones por la ausencia de mayorías absolutas (por ejemplo en Madrid hay un compromiso del nuevo gobierno de no realizar mas privatizaciones). Aun así hay muchos aspectos de la política sanitaria que no se pueden solventar en las CCAA y para los que es necesario un cambio en el gobierno central. Por suerte noviembre no esta tan lejos y todo parece indicar que es bastante probable que se consiga una alternativa potente por la Sanidad Pública.

 

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

 

“Vacunas: importancia y limitaciones” por Marciano Sánchez Bayle

FOTO_MARCIANOSANCHEZAhora que se ha producido un caso de difteria en un niño no vacunado previamente en nuestro país conviene hacer algunas consideraciones sobre las vacunas.

Las vacunas han sido uno de los grandes avances de la medicina a partir del siglo XIX, utilizadas inicialmente de manera empírica, como en el caso de la viruela, luego sucesivos avances consiguieron utilizar virus y bacterias inactivadas, posteriormente antígenos de los microorganismos que producen las infecciones y mas recientemente productos de ingeniería genética. Pero siempre basándose en el mismo principio, conseguir en los sujetos vacunados una respuesta inmunitaria que proteja frente a la infección de virus o bacterias haciendo que no se produzca la infección o que esta pierda su carácter original y sea menos grave o se prevengan sus complicaciones más agresivas.

 

El éxito de las vacunas proviene de dos hechos muy relevantes, el primero es que ha conseguido erradicar prácticamente a enfermedades gravísimas como la viruela o la poliomielitis que eran azotes de la Humanidad desde tiempos inmemoriales, y el segundo es que responden a la máxima de que “es mejor prevenir que curar” puesto que las vacunas consiguen evitar mucha carga de enfermedad (mortalidad y morbilidad) a costes generalmente asumibles.

 

Pero como todo en medicina hay que se conscientes de que las vacunas tienen complicaciones, generalmente muy raras, pero a veces graves. También que hasta que no hay una experiencia muy importante con una vacuna, ha pasado el tiempo, y el numero de personas vacunadas es muy grande, resulta muy difícil conocer las complicaciones infrecuentes que pueden producirse, y que la inmunidad que crean las vacunas frente a las enfermedades no se dan en todos los casos (hay variaciones individuales en cuanto a la respuesta inmunitaria) y que esta inmunidad va disminuyendo con el tiempo (de ahí que haya revacunaciones en algunas de ellas).

Otra cuestión a tener en cuenta es que las vacunas tienen una dimensión individual (la protección que producen en la persona vacunada) y otra colectiva, que es la mas importante, y que se basa en romper la cadena de transmisión de las enfermedades y puede conseguir su erradicación (el caso de la viruela), esta última puede crear la falsa impresión de que no hay riesgos de padecer la enfermedad (es seguramente el caso del niño con difteria) y hacer que se baje la guardia y se produzcan grupos de población desprotegidos frente a la enfermedad que acaben siendo infectados por algún portador asintomático o por la llegada de un microorganismo desde zonas del planeta donde la enfermedad sigue estando presente.

 

También debemos de ser conscientes de que la información por Internet, poco especializada y poco matizada en muchos casos, puede magnificar los efectos adversos y las limitaciones, y además que hay grupos mas o menos organizados que rechazan todo tipo de intervención médica, entre ellas las vacunas.

Por fin, la industria farmacéutica esta muy interesada en rentabilizar todas sus inversiones y por eso propugna el uso intensivo de medicamentos, entre ellos las vacunas, en muchos casos con escasa justificación científica, y favorece con frecuencia “alarmas sociales” que se aprovechan del miedo para actuaciones injustificadas, y ello hace que existan intensos debates sobre la necesidad de realizar o no algunas vacunaciones, y de incluirlas o no en los calendarios de vacunación oficiales.

Para valorar la conveniencia de una vacuna hay que tener en cuenta la gravedad de la enfermedad que se previene, el porcentaje de personas vacunadas en las que se genera inmunidad, el tiempo de duración de la misma, la capacidad de la misma para reducir mortalidad y morbilidad, el coste de la vacuna y sus efectos secundarios, y eso ajustarlo a la situación epidemiológica y de salud de cada país en concreto. Son cuestiones complejas que explican en parte el porque de las diferencias en los calendarios de vacunación de unos países a otros.

 

En cualquier caso es evidente que las vacunas básicas del calendario infantil tienen un largo desarrollo y su utilidad esta suficientemente demostrada por lo que resulta poco razonable negarse a la vacunación.

El asunto abre otras dos polémicas cuestiones: ¿pueden los padres tomar decisiones que ponen en peligro la salud de sus hijos? ,y si lo hacen ¿qué responsabilidad deben asumir?. Y la otra es si las autoridades sanitarias pueden obligar a los ciudadanos a recibir determinados tratamientos, en este caso vacunas, la Ley General de Sanidad (1986) y la Ley General de Salud Pública (2011) permiten a las autoridades sanitarias, por motivos de interés general, a realizar intervenciones sanitarias obligatorias. Son dos temas complicados porque se mezclan el respeto a la libertad individual con el derecho de la sociedad a imponer medidas preventivas para la población que en lo general se han solventado primando este último (el caso de la obligatoriedad del cinturón de seguridad o del casco en los motoristas).

 

En todo caso parece que lo más importante es convencer a la población de la necesidad y conveniencia de las medidas preventivas siempre que estas se encuentren suficientemente justificadas por la evidencia científica, y eso debe hacerse desde los centros de Atención Primaria, por supuesto siempre y cuando cuenten con los medios y el tiempo para poder hacerlo.

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

“Está en juego nuestra salud” por Marciano Sánchez Bayle

FOTO_MARCIANOSANCHEZEl 24 de mayo próximo se eligen los representantes en los parlamentos autonómicos que a su vez serán quienes decidan los gobiernos de la mayoría de las CCAA, entre ellas la de Madrid.

Aunque la Sanidad es la principal competencia de las CCAA y la que consume la mayor parte de su presupuesto (en torno a un 40%), sin embargo, y de manera un tanto sorprendente, no ocupa un lugar prioritario en el debate público, que esta perdido en los encuentros/ desencuentros entre las directivas de los partidos y en cuestiones metafísicas.

El sistema sanitario público español, gozaba hasta la llegada del PP al gobierno de un gran prestigio internacional por su elevada eficiencia (bajo coste y buenos resultados en salud); su carácter universal; su naturaleza redistributiva y equitativa financiada por impuestos; sin barreras económicas para acceder a la asistencia; su integralidad basada en una potente Atención Primaria que garantizaba la promoción de salud, la continuidad de la atención y la distribución racional de los paciente en el sistema.

Sin embargo la Política del   PP a nivel central y en las CCAA esta orientada a desmantelar y privatizar el sistema sanitario publico para ponerlo en manos de entidades bancarias, multinacionales sanitarias y fondos de inversión internacional ubicados en los paraísos fiscales, una política que ha alentado muchos de los casos de corrupción que van saliendo a la luz.

A ello, y no tanto por la crisis, sino como elemento fundamental para reforzar estas políticas privatizadoras (ya lo dice el Roto “hay que destrozar todo lo público para demostrar que no funciona”) hay que unir los brutales recortes que ha sufrido el sistema sanitario a partir de 2009, año de máximo gasto sanitario público, que suponen, según las fuentes entre 13.000 y 20.000 millones € de recortes en la Sanidad Pública.

Obviamente el resultado de los recortes ha sido el esperado y básicamente en dos aspectos claves: una disminución del personal sanitario (alrededor de 55.000 trabajadores menos) y de los recursos del sistema (cierres de camas, de consultas, de actividad de tarde, de puntos de atención continuada, etc); y paralelamente un aumento del gasto privado que solo moderadamente reflejan las encuestas (el % de gasto sanitario privado paso del 25,7% en 2009 al 27% en 2011 según la OCDE), de esta manera recortes y privatización de la financiación han ido de la mano, pero además hay que ser conscientes de que el aumento del gasto privado supone mayor inequidad porque muchas personas, especialmente con la crisis, no tienen ninguna posibilidad de incrementar su gasto sanitario privado y quedan sin opciones de acceder a prestaciones sanitarias que precisan (un buen ejemplo son los copagos que han producido que un 14,76% de la población no pueda acceder, por motivos económicos, a los medicamentos prescritos).

Pero el problema ha sido aún mayor porque la privatización de centros sanitarios (mayoritariamente hospitales, pero también centros de salud en algunas CCAA), no solo no ha mejorado la calidad de la atención, en algún caso la ha empeorado, sino que además ha incrementado los costes de una manera muy importante (entre 7 y 8 veces sobre la alternativa de provisión pública), empobreciendo así aún mas a los centros públicos, un ejemplo paradigmático es la Comunidad de Madrid donde en los 3 últimos años el presupuesto de los hospitales públicos ha descendido el 16,09, el 7 y el 1,08% cada año mientras los centros privados tuvieron un incremento del 5,el 2 y el 34% en los mismos años.

Todo ello ha supuesto una disminución de los trabajadores de la Sanidad Pública conllevando el cierre de camas, de puntos de atención continuada, de actividad de tarde, etc, disparado las listas de espera quirúrgicas, de consultas de especialistas, de pruebas diagnósticas e incluso de medicina general y enfermería en Atención Primaria, y ha empeorado notablemente la opinión que tienen los ciudadanos sobre el funcionamiento de nuestro sistema sanitario. Como la ausencia de transparencia es la norma entre las administraciones sanitarias no se puede constatar un empeoramiento en los parámetros de funcionamiento del sistema sanitario (los últimos datos publicados son de 2011 cuando los mayores recortes y exclusiones se producen a partir de septiembre de 2012), pero también hay que tener en cuenta que si el sistema no ha colapsado se debe sobre todo al esfuerzo que están realizando los profesionales sanitarios, su compromiso con la Sanidad Pública, que como es lógico tiene un limite, y de continuar las cosas por el mismo camino acabaran totalmente desbordados (ya están desincentivados y cercanos al colapso).

La Sanidad es un mecanismo básico de solidaridad social y una de las claves del estado del bienestar, además interviene de una manera importante en toda nuestra vida, desde el nacimiento hasta la muerte estamos en constante relación con el sistema sanitario y nuestra calidad de vida, nuestra autonomía y nuestra dignidad como personas, dependen en gran parte de que exista un sistema sanitario público que responda a las necesidades de atención que se van produciendo a lo largo de la vida.

Por eso, es fundamental el resultado de las próximas elecciones autonómicas, porque se va a decidir en ellas si culmina el proceso de desmantelamiento de la Sanidad Pública o si se produce un cambio de rumbo que suponga la recuperación de un sistema sanitario público de calidad y del derecho a la atención sanitaria para toda la población. Por eso debemos de votar y a la hora de hacerlo tener en cuenta quienes son los que garantizan un sistema sanitario de calidad y quienes solo están interesados en su desmantelamiento y privatización y en los intereses económicos de sus empresas.

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

“La Sanidad Pública, un derecho humano fundamental” por Marciano Sánchez Bayle

FOTO_MARCIANOSANCHEZUno de las principales agresiones realizadas por el gobierno del PP al derecho a la salud ha sido a raíz de la aprobación del RD Ley 16/2012 en abril de ese año. En el mismo se sacaba fuera de la cobertura sanitaria pública a los inmigrantes no regularizados, a las personas con ingresos superiores a los 100.000 € anuales, a los que pasaban mas de 90 días fuera del país y a los mayores de 26 años no asegurados, si bien esta ultima exclusión se corrigió en el RD1192/2012 en el que se permitía la atención sanitaria a este colectivo si demostraba tener ingresos inferiores a 100.000€ anuales.

La situación previa estaba regulada por la Ley General de Sanidad (1986) y la Ley General de Salud Pública (2011) que vinculaban el derecho a la atención sanitaria con la residencia en el país. La primera señalaba que la universalización “se haría de manera progresiva” lo que supuso que la cobertura era de un 97-99%, pero solo con la aprobación de la segunda este derecho recogía a toda la población, aunque no se desarrollo. Otro hecho llamativo es la existencia de las mutualidades de funcionarios (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) en las que con financiación pública se da una cobertura sanitaria mayoritariamente privada lo que supone un elemento de desigualdad en la provisión sanitaria, a la vez que una formula de financiación pública de las compañías de seguros privados.

¿Porque hay que oponerse a estos cambios?. Hay muchos motivos, pero vamos a esquematizarlos en 4: Primero hay una razón conceptual, los modelos de servicios nacionales de salud, como era el español, aseguran la atención sanitaria a todas las personas, los sistemas de seguros, el modelo del RDL restringen esta atención a las personas aseguradas, independientemente de sus necesidades de salud, por lo que fomentan una gran desigualdad en el acceso a la atención sanitaria que acaba estando mediatizada por la situación económica de las personas. Conviene darse cuenta de que esta modificación que ahora puede parecer poco relevante tiene un objetivo fundamental que es el de segmentar el derecho a la atención sanitaria (las personas con mas recursos tendrán seguros privados, los trabajadores por cuenta ajena una seguridad social deteriorada y el resto de la población quedara en manos de la beneficencia).

Segundo porque este nuevo sistema de exclusiones ignora que la salud es uno de los derechos humanos básicos reconocido por los organismos internacionales, siendo un grave problema desde el punto de vista ético y moral, y estos mismos organismos recomiendan que sean garantizados por servicios sanitarios de cobertura universal porque ya se sabe que “un servicio para pobres será siempre un pobre servicio” (Olof Palme). Luego por motivos sanitarios, porque la no cobertura de grupos mas o menos importantes de personas favorece focos de enfermedades infectocontagiosas y su propagación en el resto de la población y fomenta la utilización inapropiada de los servicios sanitarios (como por ejemplo sucede circunscribiendo la asistencia sanitaria de los inmigrantes a los servicios de urgencia). Y por fin por motivos económicos, entre los que hay que tener en cuenta que los sistemas de seguros tienen unos costes muy superiores a los servicios universales y que las repercusiones económicas de postergar la asistencia sanitaria incrementan el gasto.

Los resultados son bien conocidos en lo que respecta a los inmigrantes irregulares que son los que han merecido una mayor atención mediática por ser los mas desprotegidos: hasta ahora hay al menos 3 muertes documentadas y numerosos casos de desatención, muchas veces arbitrarias e ilegales (con frecuencia se detectan denegaciones de asistencia en casos no contemplados por el RDL: niños, embarazadas, urgencias, etc), los otros colectivos excluidos son de muy difícil seguimiento (por ejemplo el de los que viven mas de 90 días en el extranjero, probablemente no detectados en la mayoría de los casos por la administración). Lo que si se conoce es que los seguros públicos alternativos han sido un fracaso estrepitoso porque son incluso mas caros que los seguros privados (solo los han contratado unos centenares de personas). Con todo hay que señalar que la aplicación de estas exclusiones ha sido muy diversa ya que las CCAA han acabado aplicando políticas muy distintas, algunas (Navarra, País Vasco, Andalucía, Asturias) han arbitrado formulas para garantizar la atención sanitaria de todas las personas, otras garantizan la asistencia en algunos casos o niveles asistenciales y otras aplican el RDL a rajatabla, con lo que se ha aumentado aún mas la desigualdad. Por otro lado la situación fomenta la arbitrariedad mas absoluta, el último caso es el de la Comunidad de Madrid, que saco de la base informática a los niños que no había tramitado sus papeles en el plazo de 90 días, cuando el RDL señala de manera clarísima que se garantiza la atención sanitaria a todos los menores de 18 años.

 

¿Cuáles son las alternativas?

La primera y fundamental es derogar el RDL 16/2012 y desarrollar una normativa especifica que garantice la cobertura de la totalidad de la población por el Sistema Nacional de Salud, sin exclusiones (esta incluso puede desarrollarse por las CCAA en su ámbito geográfico). Asimismo habría que incluir la asistencia sanitaria de las mutualidades de funcionarios en el sistema público (seguramente sería fácil establecer un sistema transitorio que respetase su pervivencia para los actuales mutualistas y en el que todas las nuevas incorporaciones lo fueran al modelo general), y también integrar las mutuas laborales (un modelo de corrupción y privatización con fondos públicos) dentro de los servicios sanitarios públicos. Conviene recordar que ambas opciones ya estaban contempladas en la Ley General de Sanidad, ¡en 1986!. El objetivo es conseguir la universalización y consolidación del sistema sanitario público como sistema de solidaridad y de justicia y equidad social.

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública

“Alternativas en defensa de la Sanidad Pública” por Marciano Sánchez Bayle

FOTO_MARCIANOSANCHEZNuestro Sistema Sanitario Público, gozaba de una gran prestigio a nivel internacional por sus buenos resultados en salud a un coste relativamente bajo (por debajo de la media de los países desarrollados de la OCDE), así el Informe Bloomberg (2013) lo situaba en el 5º lugar del mundo y el primero de Europa en cuanto a eficiencia.

También existía un reconocimiento generalizado por su carácter universal y equitativo; su naturaleza redistributiva al financiarse con impuestos; su accesibilidad para los pacientes, al no existir barreras económicas ni por razones de edad, sexo o raza; por ser gratuito en el momento de uso; por su integralidad,  con una atención que incluía promoción, prevención, curación y  rehabilitación de la salud; basado en una potente Atención Primaria como puerta del sistema y responsable de garantizar  la longitudinalidad y continuidad de la atención y la  distribución racional de los pacientes y los recursos.

La Política sanitaria del PP ha estado orientada a privatizar el sistema sanitario público para ponerlo en manos de entidades bancarias,  multinacionales sanitarias y fondos de inversión internacional ubicados en los paraísos fiscales. 

Desde el gobierno central y  los autonómicos se está aplicando una política de tierra quemada, acelerando el desmantelamiento y privatización de los servicios sanitarios más rentables, que están siendo privatizados a cambio de unos pagos que multiplican sus costes reales y que suponen un elevado endeudamiento para las arcas del Estado. Esta privatización va acompañada del despido de miles de trabajadores sanitarios (más de 53.000), de la  reducción de la oferta de servicios y de la generalización de copagos  por los ciudadanos.

Esta estrategia esta respaldada, alentada y sostenida por una alianza privatizadora de intereses financieros, económicos y empresariales. Entre sus principales logros están el haber conseguido incrementar de manera exponencial los conciertos con la sanidad privada;  la externalización y privatización de gran parte de los servicios; conseguir importantes subvenciones públicas;  participar en la financiación y gestión de nuevos centros sanitarios y controlar los fondos  y actividades de investigación, desarrollo tecnológico y docencia del personal.

El sector privado se ha apropiado ya de los nuevos hospitales de Madrid, Valencia,  Galicia, Aragón, Baleares, etc; controla los sistemas de información, centrales telefónicas de llamadas e historia clínica electrónica; consiguió la adjudicación de los servicios de laboratorio y radiología de algunos hospitales públicos; controla  sistemas de adquisición y evaluación de equipamiento tecnológico en algunas CCAA; participa en los sistemas de acreditación, docencia pre y postgraduada y de formación continuada;  ha logrado el control de los recursos económicos destinados a investigación y desarrollo (I+D+I); etc. Como consecuencia gran parte de los servicios del sistema público han pasado a manos de bancos,  empresas multinacionales y fondos de inversión. Para rematar el proceso privatizador, el Ministerio de Sanidad acordó con el Foro de la Profesión Médica la privatización de la gestión asistencial mediante las nuevas Unidades de Gestión Clínica, que transformarán los servicios asistenciales en empresas (dotadas presuntamente de autonomía plena), pero que en realidad estarán dirigidas por directores designados a dedo por la administración, para gestionar a su dictado al personal y el presupuesto, con capacidad para competir entre sí vendiendo sus productos en un mercado sanitario interno, en el que estará presente también personal y capital privado.

La intención de estas políticas es impedir, si se producen cambios, que el nuevo gobierno entrante  pueda dar marcha atrás en las privatizaciones y recuperar el sistema sanitario público, generando así el descrédito político y una gran frustración de la población

Sin embargo, en 2015 estamos en el momento clave para revertir estas políticas suicidas de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública. Las próximas elecciones autonómicas y generales nos dan la ocasión de dar un giro de 180º a la situación y reorientar la política sanitaria hacia la consecución de mayores niveles de salud de la población. Para ello seria necesario:

  1. Garantizar la Universalidad de la asistencia sanitaria, lo que supone la derogación del RD 16/2012 y la eliminación de los sistemas paralelos (MUFACE, mutuas laborales, etc)
  2. Proporcionar una financiación suficiente del Sistema Sanitario Público equiparando  el % de PIB a la media de los países de la UE (un punto más de PIB), para hacer frente al deterioro de la salud consecuencia de la crisis. Cambiar el modelo de financiación para recuperar su carácter redistributivo mediante impuestos directos, en función de la población y de sus características y dotarlo de un carácter finalista
  3. El establecimiento de una cartera amplia de servicios en todo el Estado,  en función de las necesidades de la poblaciónsin barreras en el acceso por razones geográficas y con compatibilidad en los sistemas de información
  4. Garantizar el acceso a la asistencia sanitaria según necesidades en todo el territorio, suprimiendo los copagos.
  5. La revocación de las Leyes de Ordenación Sanitarias y la  Ley 15/1997 de Nuevas Formas de Gestión, que favorecen la privatización,  del RD 16/1012 de Medidas para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario, y las de las Unidades de Gestión Clínica.
  6. El compromiso de  recuperar todas las privatizaciones y externalizaciones de servicios sanitarios  y los sistemas de información  cedidos a empresas multinacionales
  7. Avanzar en una política farmacéutica que anteponga el derecho a la salud de las personas a los intereses económicos de las multinacionales.
  8. Potenciar la Atención Primaria como alternativa a los recortes para salir de la crisis. Se deberán incrementar sus recursos hasta alcanzar el 25% del prepuestos sanitario en 5 años, una manera de mejorar su capacidad diagnóstica y terapéutica
  9. Una política sanitaria  y de formación basada en la Promoción de Salud que oriente y racionalice las actuaciones del sistema,  frente a la actual estrategia de medicalización de las relaciones sanitarias y de utilización intensiva de los recursos tecnológicos
  10. Una política de personal que acabe con los recortes y la no reposición de las jubilaciones, basada en la estabilidad laboral, los incentivos profesionales, y en recuperar  los derechos laborales suprimidos por el actual Gobierno
  11. Establecer la participación de los profesionales y de la población en la planificación, control y evaluación de la planificación ya actividades del sistema, de sus niveles de gestión  y de sus centros sanitarios.
  12.  Oposición a la aprobación del Tratado de Libre Comercio  entre Estados Unidos y la Unión Europea, al tratado de libre comercio entre Canadá y la UE (CETA) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA)
  13.  Establecer auditorias sobre los gastos del Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Sanidad de las CCAA, y la transparencia de la información sanitaria.

Pero hay que se conscientes de que estos objetivos no se conseguirán solo con un vuelco electoral, por otro lado imprescindible, sino que además hay que articular una gran movilización social y sanitaria en defensa de estas propuestas, con el apoyo de los grupos parlamentarios de las Cortes del Estado, los Parlamentos Autonómicos, Ayuntamientos, etc., buscando la mayor unidad por encima de legítimas diferencias.

Las experiencias de movilizaciones de la marea Blanca en Madrid demuestran que cuando estas son unitarias, masivas, sostenidas en el tiempo y sobre todo cuando aúnan los intereses de la ciudadanía con los de los trabajadores de la sanidad, existe una elevada probabilidad de éxito.

A principios de año siempre es un momento de hacer buenos propósitos, pero para que no se queden solo en eso, para lograrlos, hay que trabajar con esfuerzo e insistencia. Merece la pena hacerlo, esta en juego nuestra salud.

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid