“La importancia de las elecciones europeas” por Esperanza Fernández

Esperanza Fernández, portavoz UPyD GetafeDe todas las convocatorias electorales que se celebran en España, las elecciones europeas son las que tradicionalmente registran una participación más baja. En los pasados comicios, de mayo de 2009, la abstención fue un 54%, es decir que no fue a votar ni la mitad de los censados.

Tal vez porque la vida política nacional está llena de ruido y furia, y esto motiva más al elector, o tal vez porque los ciudadanos aún no son conscientes de la importancia en sus vidas de las decisiones que se adoptan en Europa, el desinterés es la tónica cuando se trata de las instituciones europeas y de un momento tan importante como es el de las elecciones al Parlamento Europeo. Buena parte de la responsabilidad en este desinterés la tienen los propios partidos que, en general, no transmiten adecuadamente el significado de nuestra presencia en la UE y la importancia de tomarse en serio las elecciones. Se oye con frecuencia a representantes políticos referirse a las elecciones europeas como un test de lo que va a ocurrir en las siguientes convocatorias electorales nacionales, parlamentarias, autonómicas o municipales, supuestamente más importantes. Y no cabe duda de que, también, son un test pero si el elector piensa que solo son un test, el voto se puede distorsionar y así vemos que muchos lo utilizan para dar toques de atención a sus partidos de referencia, hacer experimentos, etc. y, sobre todo, la abstención se eleva considerablemente.

Sin embargo, las elecciones europeas son importantísimas por muchos motivos. Para empezar, España ha recibido mucho de la Unión Europea. En el aspecto económico, ha estado recibiendo durante muchos años ayudas para infraestructuras, agricultura, programas sociales, culturales, etc., que han contribuido al desarrollo económico de las últimas décadas,  y ha tenido acceso a mercados exteriores que están siendo en la actualidad un alivio para paliar la atonía del mercado interno.

Un beneficio extraordinario de nuestra pertenencia a la Unión han sido las llamadas de atención sobre vulneraciones de derechos ciudadanos que se han hecho a nuestros gobiernos. La más reciente ha sido la advertencia que ha hecho el Consejo de Europa de que es ilegal retirar servicios sanitarios a inmigrantes, tengan o no tengan permiso de residencia. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la detención de los desahucios en caso de dudas sobre cláusulas abusivas en las hipotecas o el expediente que se abrió a España por la explotación de acuíferos en zonas protegidas son otros de estos ejemplos. No cabe duda de que es fuente de seguridad el saber que existen unas leyes e instituciones que ponen freno a las posibles arbitrariedades o injusticias de los gobiernos nacionales y, sin duda, es una ventaja al menos tan importante como la de las ayudas económicas. Muchas de las normas de la Unión Europea son vinculantes para los Estados miembros lo que implica que obligan a los mismos y que en nuestra vida cotidiana, aunque no nos demos cuenta, nos afectan normas que están elaboradas en Europa.

Pese a todas las ventajas, no podemos ignorar que en la Unión Europea hay mucho que mejorar y nuestra presencia en sus instituciones debe servir para avanzar en dos líneas fundamentales: por un lado, en el aspecto organizativo, habría que reforzar las instituciones comunes, como la Comisión,  el Parlamento, el Tribunal de Justicia y el Consejo de Ministros y debilitar o hacer desaparecer las nacionales como el Consejo Europeo, que agrupa a los jefes de gobierno y supone una traba para esa deseable integración; en cuanto a las políticas,  hay que exigir un mayor énfasis en la solución de problemas como el nacionalismo y la xenofobia así como en la  construcción de la Europa social, lo que implica prestar atención a problemas como la desigualdad, la pobreza o el empleo, para cuya solución hay que arbitrar medidas relacionadas con las energías verdes, la asistencia social,  la deslocalización y otras. Al mismo tiempo, hay que continuar con programas como el de las becas Erasmus, que han supuesto un importante factor de integración, formación y consolidación de nuestra herencia cultural común.

En resumen, Europa nos concierne y nos interesa. Tenemos muchos intereses comunes que defender junto al resto de países, intereses económicos para una mayor prosperidad  e intereses relacionados con los derechos ciudadanos y las libertades, por ser el espacio donde mayores garantías encuentran en un mundo donde constantemente están siendo vulnerados.

Esperanza Fernández Acedo
Concejal portavoz del Grupo Municipal UPyD Getafe
 

 

 

 

“Cuando el estado abdica de sus funciones” por Víctor Granado

FOTO_VICTORGRANADOTres noticias publicadas en los últimos días y aparentemente desconectadas definen con claridad la forma del mundo en que vivimos.

En primer lugar el auto del pasado 28 de enero de 2014 la Audiencia provincial de Madrid ordena reabrir el caso de la muerte en el CIE de Aluche de Samba Martine. Samba Martine llegó a España el 25 de agosto de 2011 procedente de la República Democrática del Congo, después de cruzar el norte de África y entrar de modo irregular en España a través de la frontera entre Melilla y Marruecos. Debemos recordar que la República democrática del Congo vive una situación de «Guerra sin fin», un conflicto estructural que oscila en su intensidad pero que con más 5 millones de muertos es el conflicto bélico más mortífero después de la segunda guerra mundial. Un conflicto bélico especialmente cruento y violento para las mujeres. A su llegada Samba entró en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. Allí permaneció tres meses hasta que por fue trasladada, debido a la alta ocupación del CETI, al Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) de Aluche en Madrid, al cual llegó el 12 de noviembre de 2011. Con ella no se trasladó su expediente médico elaborado por los médicos del CETI de Melilla. A esta falta de coordinación burocrática le siguió la incapacidad de los responsables del CIE de Aluche para atender las reiteradas visitas a la enfermería del CIE y solicitudes de asistencia hechas por Samba durante su internamiento hasta que finalmente murió víctima de un proceso infeccioso que habría sido fácilmente superable si hubiera recibido la asistencia sanitaria adecuada. Así lo estima el auto de la audiencia provincial de Madrid.

La segunda noticia es el dictamen del consejo de Europa que juzga ilegal excluir a las personas en situación irregular en España del derecho a la asistencia sanitaria, en el cual se afirma que la crisis no puede servir como pretexto para negar el acceso a la sanidad. La asistencia sanitaria de urgencia no es suficiente y como señala Luis Jimena, presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales, el dictamen del Consejo de Europa considera el RDL 16/2012 contrario al derecho europeo, y afirma que: “No se puede excluir a los inmigrantes del sistema. Tanto el Gobierno como las comunidades tienen el deber de cumplir la doctrina del Consejo de Europa. Y el Tribunal Constitucional deberá tomarla en consideración de manera determinante [al fallar sobre el recurso presentado contra la decisión del Gobierno]”.

La tercera noticia es del pasado día 20 de enero tiene como núcleo el informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo sobre las tendencias mundiales del empleo para 2014, el cual señala cómo en 2013 el desempleo aumentó en el mundo en 5 millones de personas más, y calcula una tendencia que fijaría el incremento del desempleo en 13 millones de parados más en el 2018.

Si conjugamos el fondo de estas tres noticias podemos reconstruir la forma del mundo en que vivimos y su verdadero carácter dramático. De manera falaz los gobiernos de países democráticos, firmantes de tratados que protegen los derechos humanos, en los que se incluye el derecho a la salud, ligan la asistencia sanitaria a la situación activa del asegurado. No sólo esto, su derecho a residir en un lugar distinto a su nacionalidad queda regulado por su condición activa. En un contexto generalizado de aumento del paro seguir ligando la protección de los derechos fundamentes a la posesión de un contrato de trabajo implica, de facto, subvertir el espíritu y la literalidad de los tratados internacionales de derechos humanos y empujar a las personas a vivir en una situación de irregularidad sobrevenida en los mismos lugares en los que han vivido y trabajado durante muchos años, donde probablemente han nacido sus hijos y que tenían todo el derecho a considerarlos su hogar. A esta irregularidad sobrevenida se suma la irregularidad como condición del desplazamiento migratorio a la que se ven forzadas a incurrir aquellas personas que deseando construir un proyecto vital fuera de su lugar de nacimiento no encuentran cauce legal alguno para el desplazamiento y ni para el acceso al mercado laboral legal. Se combina así a la irregularidad del desplazamiento la irregularidad laboral, encadenando unas situaciones de desprotección, vulnerabilidad y explotación con otras.

En ese contexto de producción de irregularidad migratoria el Estado ha abdicado de la función en la que se ha apoyado y que ha legitimado su monopolio de la violencia: la protección de los derechos de todas las personas presentes en su territorio durante su permanencia en él. El caso de Samba Martine y la legislación española que priva a las personas de un acceso a una asistencia sanitaria que garantice la protección de su derecho a la salud en España ejemplifican con cruel claridad cómo es Estado pierde de vista la protección de los derechos de las personas mientras permanecen en su territorio y las condena a la desprotección más absoluta. Un interno en un CIE ve suspendido su derecho a la libertad de tránsito pero la salvaguarda de su integridad física y psíquica debería ser la primera preocupación del mismo Estado que interna a esas personas como paso previo a su expulsión.

Víctor Granado Almena
Profesor de Filosofía
Investigador dedicado al estudio de las migraciones y a los DD.HH.  

“Los siete magníficos” por Juan Torres

FOTO_JUAN_TORRESEn la película de 1960 dirigida por John Sturges, y protagonizada por Yul Brynner, Steve McQueen y Charles Bronson, “Los siete magníficos” los humildes habitantes de un pueblo campesino del norte de Méjico deciden, hartos de ser constantemente humillados y robados por una banda de bandidos capitaneados por un desalmado llamado Calvera, reunir fuerzas y los pocos recursos que tienen para contratar a un grupo de pistoleros profesionales que los proteja. La escasa paga, 20 dólares, hace que sean sólo siete los pistoleros reclutados. Estos siete magníficos se alistan movidos más por un ansia de justicia que por la recompensa económica, y consiguen unir a los campesinos para enfrentarse a los malvados y finalmente derrotarlos.

Esta película, que he tenido la oportunidad de ver de nuevo en las pasadas navidades, es un canto a la decencia y al poder que tienen los indefensos cuando logran unirse, y me ha hecho pensar en la situación social y política en la que vivimos desde hace unos años (tengo que decir que no sólo debida a las políticas del actual gobierno). Ante tantos sinvergüenzas que nos dirigen y nos han dirigido, ante la especulación y el robo generalizados, necesitamos a los siete magníficos. Frente a los enormes recortes de derechos sociales en educación y sanidad, que están produciendo un retroceso en los niveles de vida y equidad de los ciudadanos españoles, ante el enorme desempleo que produce un empobrecimiento general de la población y que es aprovechado por algunos indeseables para explotar y eliminar derechos laborales de aquellos que aún los tienen, necesitamos a los magníficos. Frente al robo de bancos y cajas, que son rescatados con dinero público pero abonan a sus directivos sin ningún pudor indemnizaciones millonarias, a la vez que desahucian a miles de familias que han quedado en paro, necesitamos que vengan los justos a salvarnos.

Éste es mi deseo para el 2014: que aparezcan los miles, los millones de justos, de magníficos y magníficas que habitan esta España nuestra y venzan a los Calvera de la actualidad. Deseo que alcen la voz los miles de sindicalistas que honradamente y con enorme esfuerzo intentan representar a sus compañeros y que sienten vergüenza de las noticias sobre los excesos de algunos dirigentes sindicales. Espero que se manifiesten los miles de concejales y alcaldes que de una manera digna trabajan por sus vecinos y que sienten vergüenza cada vez que sale un nuevo caso de corrupción política. Anhelo con todo mi corazón que los millones de padres y madres y los miles de profesores de la educación pública, la de tod@s y para tod@s, salgan a poner freno a tantos recortes y desatinos del ministro Wert y defiendan unas oportunidades y un futuro digno para sus hijos y sus alumnos. Espero que continúe la movilización del personal sanitario y de los pacientes en contra de la privatización de nuestra sanidad, y que los millones de parados y los desahuciados reivindiquen pacífica pero enérgicamente sus derechos al empleo y a una vivienda que garantiza la Constitución (¿para qué la queremos si sólo se aplica para pagar la deuda generada por la avaricia de los bancos?). Que se acabe con la resignación de los miles de jóvenes que piensan que su única salida es marcharse del país para ser mano de obra barata, aunque sobradamente preparada, repitiendo el camino de la emigración que hicieron sus abuelos en los años sesenta, aunque de una manera vergonzosa algunos dirigentes políticos lo hayan llamado “movilidad exterior” o “espíritu aventurero”.

Pero sobre todo le pido al 2014 decencia. Ah, y si hay que poner 20 dólares como en la película, yo soy el primero en hacer una aportación, aunque empezaré empuñando el arma más poderosa que tengo como ciudadano: mi participación social, MI VOTO y mi exigencia de honradez y compromiso a todos los representantes políticos.

Feliz y solidario 2014.

Juan Torres
AMPA “Buero Vallejo” de San Sebastián de los Reyes

ONG españolas denunciaron ante Naciones Unidas los recortes de derechos sociales impulsados por el gobierno español

Durante los días 7 y 8 de Mayo tuvo lugar en Ginebra la comparecencia del Estado español ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC). Este comité se encarga de supervisar estos derechos, que incluyen, entre otros, el derecho a una vivienda adecuada, a la salud, a un trabajo digno, y a una educación de calidad; derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que se creó en 1966 y fue ratificado por el Estado español en 1977.
En este proceso de rendición de cuentas, el Gobierno español presentó un informe que se limitó a reproducir la normativa vigente en los últimos años. Amnistía Internacional y una coalición de 19 organizaciones representadas por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), por el Centro para los Derechos Económicos y Sociales (CESR) y por el Observatorio de los Derechos Económicos Sociales y Culturales presentaron dos informes alternativos y expusieron sus preocupaciones sobre los Derechos Humanos en España ante el Comité DESC.

Todas las organizaciones participantes en la coalición coincidieron en asegurar que los derechos económicos, sociales y culturales están gravemente amenazados en nuestro país.

Las ONG se muestran consternadas por las medidas regresivas y discriminatorias tomadas en las últimas semanas que afectan a derechos sociales e insisten en que es precisamente en la actual situación de crisis económica, cuando los gobiernos deben hacer el máximo esfuerzo posible para garantizar los derechos sociales básicos de quienes sufren el brutal impacto de la crisis y deben, además, rendir cuentas sobre las medidas que están empleando para garantizar estos derechos.
Sobre el derecho a la vivienda, las organizaciones reclaman prohibir de manera efectiva los desalojos forzosos. Y, en caso de que estos sean ineludibles, recuerdan la obligación de los poderes públicos de proveer un realojo adecuado a las personas que lo necesiten y de implicar a los afectados en las decisiones que les afecten, de acuerdo a la normativa internacional.
En lo que respecta al derecho a la salud, tanto física como mental, los representantes de la sociedad civil piden que se evalúe el impacto de cualquier recorte o medida anticrisis en relación al ejercicio de este derecho y que se asegure que los requisitos para acceder a los servicios médicos no crean barreras de acceso. En este sentido, las organizaciones muestran una gran preocupación ante la reciente reforma sanitaria, con la que sólo se prestará atención sanitaria a las personas migrantes mayores de edad en situación irregular en casos de urgencias y asistencia al embarazo, parto y posparto.
Esta decisión supone un retroceso, de más de una década, en el disfrute del acceso a la salud de un colectivo que se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad. Incluso llegando a poner en peligro su derecho a la vida.

Las ONG de derechos humanos lamentan la desprotección de la población trabajadora que suponen las recientes reformas laborales y alertan sobre la problemática del desempleo que ya afecta a más de cinco millones y medio de personas.
Manifiestan también su inquietud por la falta de adecuada protección a las víctimas de la violencia de género. En este campo, consideran que se debe garantizar la implementación de las leyes existentes.
Además, el Gobierno debe, en coordinación con las comunidades autónomas, marcar unos criterios comunes de servicios públicos básicos de asistencia a mujeres afectadas por la violencia. En ningún caso esos mínimos deberían verse afectados por las medidas de reducción del gasto público.
Otro gran eje de preocupaciones es el que afecta a la discriminación que sufre la población gitana, las personas con discapacidad, el colectivo inmigrante, las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), las que sufren discriminación por motivos de género y de edad en el acceso a derechos básicos como la educación, el empleo, y la vivienda.
Las organizaciones han planteado su preocupación por los significativos recortes financieros a la cooperación internacional para el desarrollo y la necesidad de un modelo centrado en la lucha contra la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Los informes presentados por las ONG ante el Comité DESC apuntan a que el actual retroceso en materia de derechos sociales se corresponde con su insuficiente reconocimiento en la Constitución Española (en donde se consagran como meros principios rectores, en lugar de como auténticos derechos fundamentales) y con un desarrollo legislativo claramente insuficiente de los mismos. Ello hace que el acceso a un recurso judicial efectivo y a la reparación por las violaciones a estos derechos constituyan una asignatura pendiente.

Amnistía Internacional Tres Cantos

 

“La patria y los patriotas” por Javier Gómez

Al hilo de los últimos acontecimientos y, especialmente, desde que con la excusa de la crisis, se ha ido aplicando un programa de recortes brutales y de eliminación de derechos a los/as españoles/as, se pretende justificar todo o casi todo en base al patriotismo y a que lo que se recorta es “por el bien de España”.

Sin embargo, a poco que se pare uno a pensar se da cuenta de que, bajo el paraguas de la patria, se refugia un gran número de personajes que si algo les caracteriza y les define es perjudicar, en cada decisión que toman, a esa misma patria que dicen defender, a los trabajadores/as españoles/as que la conforman, por beneficiar los intereses de una minoría, cuando no intereses extranjeros; y sobre todo a aprovecharse de la crisis y de sus dramáticas consecuencias. Se da uno cuenta de que, con sus actuaciones y con las decisiones que imponen, España, la patria, se ve permanentemente perjudicada y su soberanía sometida.
Justo al contrario, si algo caracteriza a estos personajes es todo lo contrario a trabajar por fortalecer a su país, a su patria, a España. Es más, su comportamiento debería ser definido como antipatriota.

No son patriotas los empresarios que teniendo beneficios en su empresa realizan ERE’s entre la plantilla, dejando en la calle cientos de trabajadores para ganar más dinero. No son patriotas lo que llevan su dinero a los paraísos fiscales. No son patriotas los que defraudan a hacienda o tributan en otros países aprovechando beneficios fiscales, privando a su país de esos recursos. No son patriotas los que aprueban ayudas millonarias a la banca a fondo perdido y recortan en sanidad o educación. No son patriotas los que modifican la constitución para priorizar el pago de los intereses y de la deuda de manera prioritaria antes que las pensiones o la sanidad de sus ciudadanos. No son patriotas ni los corruptos ni los corruptores. No son patriotas lo que informan antes de los sacrificios que va a imponer a su pueblo al enviado de un país extranjero que al parlamento que le representa. No es un patriota quien desahucia a una familia, a unos niños, a unos ancianos de sus casas, para especular con ellas. Ni quien lo permite. Etc.

Los verdaderos patriotas, los que de verdad hacen que España salga adelante, son los millones de trabajadores/as que día a día, y cada vez en peores condiciones, acuden a sus trabajos, pagan sus impuestos todos los meses y en porcentajes mucho más elevados que los que se aplican a las grandes fortunas, las familias que suplen con solidaridad y sacrificio las necesidades de sus familiares afectados por la crisis ante la desatención de las instituciones y sus gobiernos, los parados a los que se criminaliza, los que ven vulnerados sus derechos constitucionales fundamentales a la vivienda digna y al trabajo, los desahuciados por un banco que recibe miles de millones de dinero público, los jubilados que trabajaron toda su vida generando riqueza y que ahora se les recorta su pensión, etc.

Sería suficiente con que nos diéramos cuenta y comprendiésemos que cuando se habla de patria, se habla de uno mismo, y no de otra cosa. Que no se puede beneficiar a España a costa de perjudicar y empobrecer a los españoles, sino al revés.

 

Javier Gómez Ochoa
Portavoz IU-LV Valdemoro

“No dejes para mañana lo que puedas destrozar hoy” por Miguel Aguado

Utilicemos el tiempo como herramienta, no como vehículo.
John F. Kennedy

 

Es cierto que el refrán original que da título al artículo dice “hacer” en lugar de “destrozar”, pero trataré de explicar la diferencia. Me refiero claramente al momento político actual en España.

Mucha gente se siente desconcertada por los cambios, retrocesos, “reformas” dicen, o similares que se están produciendo en poco tiempo desde que gobierna el derechista Mariano Rajoy.

Independientemente de estar de acuerdo o no con las medidas, yo claramente no las comparto y considero que son un retroceso en derechos y oportunidades, lo que parece evidente es la cantidad de cambios en poco tiempo.

¿Casualidad? ¿ganas de cambiar? ¿claridad de ideas?. No, la realidad es otra.

Hay una corriente técnico-política con mucho peso en los sectores neoliberales en Estados Unidos y aquí en España. Esta corriente considera que en un mandato político de cuatro años, los cambios que realmente interesan al gobierno de turno deben hacerse de golpe, a la vez y en un tiempo no superior a los seis / nueve meses. Así de sencillo.

El principal promotor de esta idea fue el conocido economista norteamericano, asesor e ideólogo de presidentes de Estados Unidos, Reino Unido, FMI,..asesor de algunos dictadores como el general Augusto Pinochet y, muy especialmente, base de la Escuela de Chicago, Milton Friedman, que junto a múltiples lobbies de presión y centros de pensamiento neoliberales, la española FAES entre ellas, promovieron esta idea.

Decía Friedman: “Una nueva administración disfruta de 6 a 9 meses para poner en marcha cambios legislativos importantes, si no se aprovecha la oportunidad de actuar durante ese período concreto, no volverá a disfrutar de ocasión igual.”

También lo planteó de otra forma y hace tiempo Maquiavelo: “más vale comunicar de una sola vez las malas noticias”.

En el fondo son dos ideas: cambiar rápido para lograr la efectividad y “noquear” en bloque con las malas noticias. En mi tierra le llaman la “técnica de la tórtola”: distraer y golpear.

Pero miremos los cambios que en general se han realizado bajo esta premisa cuando se han aplicado:desde los primeros meses de las dictaduras chilena y argentina hasta los gobiernos republicanos en USA e incluso las medidas impuestas por la derecha alemana a Grecia y países afectados por la crisis económica. Evidentemente, los primeros meses de gobierno del PP caminan en el mismo sentido.

Siempre fueron y son los tres mismos cambios: privatización de los servicios públicos, desregulacióny recortes en el gasto social. No puede ser casualidad.

Ya lo dijo Friedman: “ hay que acabar con el irracional apego a un sistema socialista” y lo dijo en ¡ Estados Unidos !.

Yo no creo en las casualidades, y ¿usted? amigo lector ¿qué opina?

 

Miguel Aguado Arnáez
Diputado Grupo Parlamentario Socialista

 

“La gran trampa y las preguntas” por Manuel Robles

A medida que pasan y pesan los acontecimientos económicos y sociales en Europa y en España, los ciudadanos asistimos perplejos, angustiados, faltos de información veraz que nos haga ver con claridad para qué sirven los recortes que se están haciendo, la pérdida de derechos laborales, unido a la evidencia de que detrás pueden venir desmantelamientos de servicios públicos esenciales como la educación, o la sanidad,  junto con la pérdida de miles de puestos de trabajo en el sector público. De momento la ciudadanía solo ve destrucción de empleo con todas estas medidas, porque ninguna va acompañada del compromiso real de los empresarios para generar puestos de trabajo. Ni de los bancos para crear líneas de crédito a empresas y privados.

Tenemos la sensación de haber caído en una gran trampa. La ciudadanía ha votado por mayoría al PP, con la sana idea de cambiar para mejorar la situación, inducidos por sus mensajes electorales. Ahora la cruda realidad se hace presente y vemos que las primeras medidas son todo lo contrario a lo que nos han ofrecido. Nos surgen preguntas sin respuesta cierta. ¿Podemos salir de esta crisis recortando inversiones y gasto público? ¿Podemos aspirar a tener una nómina decente que nos permita llevar una vida digna y dar a nuestros hijos, y jóvenes una alternativa, una educación, una formación adecuada para el presente y el futuro? ¿Podemos aspirar a tener un empleo con la estabilidad suficiente para poder hacer un mínimo proyecto de vida? ¿El coste del crecimiento económico y la creación de empleo en España y en Europa es la pérdida de derechos laborales? ¿La competitividad significa llegar a trabajar en condiciones precarias, a cobrar los sueldos de países sin derechos laborales, sin seguridad social, sin coberturas sanitarias y educativas? ¿Es así como se ponen medidas para reestructurar nuestro sistema productivo y empresarial?

¿Es así como se relanza el consumo como un motor esencial de crecimiento económico y creación de empleos? Creemos sinceramente que no. La esperanza está en que seamos capaces de obligar a los que nos deben una acción positiva en el Gobierno, en Europa, a los empresarios, y sobre todo a los sistemas financieros a contribuir a crear empleo, sin trampa, sin pérdida de derechos fundamentales.

Porque el paro, junto con la deuda privada y el desahucio de miles de familias es un drama que el sistema debe saber corregir, debe buscar alternativas de rescate como se hace con los bancos en crisis, principales creadores de la situación que vivimos, junto con la sospecha de que estamos ante un gigantesco ataque especulativo al euro y a los sistemas públicos,  por parte de los poderes fácticos e incontrolados del capital especulativo a nivel mundial.

Una vez más, los ayuntamientos reivindicamos a los gobiernos del Estado y las Comunidades Autónomas que nos den competencias y recursos para contribuir a la creación de empleo en nuestras ciudades y mantener la ayuda permanente a las familias necesitadas.

 

Manuel Robles
Alcalde de Fuenlabrada