“La importancia de la colaboración universidad-empresa” por Luis Suárez de Lezo

Luis Suárez de LezoLa Universidad es percibida por la sociedad española en general y por el tejido productivo en particular, como el ámbito académico donde se forman nuestros jóvenes para el desarrollo de una carrera profesional y donde se realizan debates de índole intelectual por los principales pensadores del país. No obstante, pocos son los que identifican la universidad como la entidad generadora de conocimiento con la que colaborar para el desarrollo de actividades innovadoras.

En nuestro entorno está situada la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) compuesta por 8 facultades, 30.000 alumnos, 1.000 empleados y más de 2.500 investigadores. En el Campus de Cantoblanco se encuentran ubicados 8 centros pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas que añaden 2.000 empleados más entre investigadores y personal de apoyo.  Es decir, uno de los principales polos de conocimiento, no solo a nivel regional y nacional, sino también, europeo.

El origen de la identificación de la Universidad meramente como entidad formativa proviene de la visión clásica en la cual la Universidad tiene dos grandes objetivos: la docencia y la investigación. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX se empieza a constatar que las grandes universidades deben añadir a sus dos misiones clásicas una tercera, la integración con su entorno, principalmente mediante la transferencia de conocimiento, tecnología y know-how. Es decir, se acepta que, como sociedad, debemos invertir en la generación de conocimiento, pero se espera obtener resultados vía mejora de la competitividad del tejido productivo. Pero, ¿Cómo transferimos esa tecnología/conocimiento?

La colaboración con el tejido empresarial es, sin duda, uno de los principales retos que las universidades, no solo las españolas sino también las europeas, tienen hoy en día. La distancia que hasta ahora mantenían los mundos académico y productivo se ve reflejada en las motivaciones para la investigación, donde la presión por obtener resultados económicos por parte de las empresas choca con el interés por la generación de conocimiento. Además, el reconocimiento profesional en las universidades en la que tan solo se consideran las publicaciones realizadas y no la colaboración con  las empresas. Entonces, ¿qué se puede hacer para fomentar la colaboración?

No existe la formula universal con la que reducir la brecha existente entre el mundo académico y empresarial. En la UAM, la colaboración arranca en las Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI), que ponen en valor la investigación aplicada e intermedian en los contratos. Continua con el Centro de Iniciativas Emprendedoras (CIADE) que apoya la creación empresas basadas en el conocimiento que, con frecuencia, se alojan en el Parque Científico de Madrid (PCM) ubicado en el Campus de Cantoblanco. El canal de Transferencia se completa con la Asociación para el Fomento de la Innovación en Madrid Norte, InNorMadrid, de la cual soy Secretario General, desde donde fomentamos una cultura activa de innovación en las PYMEs en la cual se integre la universidad, acercando objetivos e intereses comunes entre esas pequeñas empresas y los investigadores.

 

Luis Suárez de Lezo
Secretario General de la Asociación de Empresarios de Alcobendas – AICA
Secretario General de la Asociación para el Fomento de la Innovación Madrid Norte – INNORMADRID
Tesorero de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales – APRI

“Desigualdades reales, derechos virtuales” por Víctor Granado

 “El inmigrante no está entrando por un paso fronterizo con una documentación correcta, está violentando la frontera de un país que es soberano y tiene que defenderla. Y no vienen pidiendo permiso o que se le abra la puerta, vienen asaltando la valla”.

Abdelmalik El Barkani Delegado del gobierno en Melilla

 

FOTO_VICTORGRANADO¿Es  que acaso si los migrantes pidiesen que se les abriera la puerta ésta se les abriría? Las declaraciones del Delegado del Gobierno en Melilla parten de la falacia según la cual los migrantes no siguen los cauces legales para entrar en España pudiendo hacerlo. En la medida en que con sus actos amenazan la soberanía española la actuación de las autoridades queda legitimada. En ningún momento los migrantes son tratados como personas sino conceptualizados como delincuentes, como enemigos que asaltan una frontera que hay que defender.

Para su defensa, el Gobierno está pensando colocar de nuevo las cuchillas retiradas en 2006 de la valla y que la coronaban hasta entonces. Retornamos a una situación de desprotección y desprecio por la vida de los migrantes similar a la de 2005, que Amnistía Internacional describía en su informe Frontera sur. En Ceuta y Melilla la frontera no es una mera línea imaginaria que delimita el territorio de in Estado. La frontera entre España y Marruecos es una de las fronteras más desiguales del mundo, es una frontera intercontinental y la frontera más desigual de la Unión Europea. Si atendemos comparamos el PIB per cápita nominal de España y Marruecos veremos cómo el PIB español es casi 10 veces el de Marruecos. Esta desigualdad lo es respecto de los niveles de renta y las condiciones materiales de existencia pero lo que marca la experiencia de la frontera es el igual desprecio a ambos lados de la verja por los derechos de los migrantes.

El desplazamiento de las personas tiene como uno de sus componentes la desigual e injusta distribución de riqueza y población. A la injusticia que significa esta desigualdad se suman  las violaciones de derechos que sufren los migrantes durante el desplazamiento.

La frontera es real, tiene consecuencias reales tanto sobre la vida de las personas que intentan cruzarla como sobre el tipo de sociedad que la sostiene sin cuestionarla. No son las mafias quienes ponen en riesgo las vidas de las personas que intentan cruzar las fronteras sino los Estados los que al bloquear los cauces legales de acceso a su territorio abocan a los migrantes a la clandestinidad y la irregularidad. Y es la sociedad civil de Estados como el nuestro quien debe controlar y denunciar el uso en su nombre de mecanismos de control las fronteras que significan la violación sistemática de los derechos humanos.

 

 

Víctor Granado Almena
Profesor de Filosofía
Investigador dedicado al estudio de las migraciones y a los DD.HH.  

“Un presupuesto que se olvida de las personas desempleadas y que favorece a las grandes fortunas de Madrid” por Rubén Bejarano

FOTO_RUBÉN_BEJARANOEl Gobierno de la Comunidad de Madrid acaba de presentar la propuesta de Presupuestos regionales para el año 2.014, que será debatido en la Asamblea de Madrid durante las próximas semanas, en un contexto donde el paro registrado ha alcanzado en el mes de octubre la cifra de 552.758 las personas desempleadas, 5.057 más que el mes anterior (0,92%) y 3.404 más que hace un año (0,62%).

Estos datos no solo demuestran que la crisis no ha terminado, sino que persiste la senda de deterioro de las condiciones laborales y sociales en la Comunidad de Madrid. Más de 260.000 personas, el 47,1% de desempleados y desempleadas, carecen de prestación o subsidio y crece el paro de larga duración.

La actividad económica en Madrid, además de extraordinariamente vulnerable, se encuentra muy lejos de las tasas necesarias para crear empleo. En un contexto donde no hay modelo productivo, sin ningún tipo de impulso al desarrollo industrial, sin políticas activas de empleo y con una propuesta fiscal injusta y regresiva, el Presupuesto que ha presentado el Gobierno de Ignacio González no contribuye a la mejora de la situación económica.

En la Comunidad de Madrid, igual que en todas las instituciones donde gobierna, el Partido Popular está llevando una política de austeridad, de recortes y de privatizaciones que hace que no solo los ciudadanos tengan menos recursos, si no que las propias administraciones aparezcan más recortadas y sin recursos para financiar los derechos ciudadanos. Y aquí es donde entra en juego la coartada perfecta para que la derecha aseste un golpe casi mortal a todas las políticas que se denominaban como el Estado del Bienestar. El PP demuestra cada día que todo es susceptible de ser recortado o privatizado, incluso nuestros propios derechos, ante la falta de recursos.

En este contexto de crisis, los gobiernos del PP nos intentan hacer creer a los ciudadanos, que tenemos un elevado gasto sanitario o educativo per cápita, que es insostenible su financiación, y por eso hay que recortarlo e incluso privatizar su gestión para ser más eficiente económicamente.

Esta argumentación es falsa. Ni tenemos un gasto social elevado, estamos por debajo de la media de la Unión Europea, ni la privatización es más eficiente. Lo que es a largo plazo más cara para todos y todas, menos controlable su gestión y desvirtúa el concepto de servicios públicos. Además, es la pieza clave del gobierno del PP para asentar su modelo social y económico. Se siguen manteniendo los niveles de conciertos y convenios con el sector privado.

La derecha solo habla de gasto, para justificar la insostenibilidad de las políticas sociales. Pero el problema son los ingresos.

Madrid carece de una política fiscal que facilite tanto equidad como recursos para financiar las necesidades económicas y de servicios de la Comunidad. Con esta propuesta que nos presentan, se da una vuelta más de tuerca a la injusticia fiscal y a la regresividad del sistema.

Los presupuestos mantienen la política de regalos fiscales sobre las que la Comunidad ha establecido hace años su modelo económico. Además de los casi trescientos millones de anunciada rebaja, los presupuestos contienen bonificaciones fiscales por valor de 2.983 millones, un 6,5% más que en el ejercicio anterior. Regalos fiscales, especialmente en Donaciones y Sucesiones, sobre las rentas más altas.

En suma, se trata de unos presupuestos que adoptan una actitud pasiva frente a la crisis económica y el desempleo. Incapaces de afrontar las inversiones necesarias para recuperar una mínima senda industrializadora sostenible, el equilibrio territorial o mejorar las condiciones de vida de las familias.

Rubén Bejarano
Coordinador de IU-Leganés
Diputado IU en la Asamblea de Madrid

“Llegamos tarde” por Ignacio García de Vinuesa

Ignacio García de VinuesaMe he pasado la vida trabajando con horarios muy intensos – o muy largos – que hoy como alcalde de una gran ciudad que acoge miles de encuentros de toda índole siguen siendo largos e intensos aunque llenos de momentos inolvidables en los que constantemente aprendo de las personas con las que los comparto. Mis hijos están criados y eso ayuda sin duda. No obstante tengo hijos y personas muy cercanas que son auténticos equilibristas que tratan de manejar hijos, parejas, amigos, padres, abuelos… con reuniones, viajes, comidas de trabajo. La solución elegida en España desde hace años es alargar la jornada. Llegamos tarde, cenamos tarde, nos acostamos tarde. A lo que creo que llegamos tarde es a aplicar en nuestro país horarios mucho más racionales.

Considero a las mujeres mucho más expertas que a nosotros; no por ser mujeres, sino porque ellas empezaron antes por unas circunstancias históricas de las que, aunque no nos guste, quedan vestigios. El presidente de la Asociación por la Racionalización de los Horarios en España dice que “si las mujeres mandaran más muchas cosas irían mejor”. Estoy de acuerdo aunque no me gusta la palabra “mandar”.

De todos es sabido que España ocupa el último lugar en conciliación de la vida familiar y laboral. La dinámica actual ha obligado a que el Gobierno empiece a actuar en este camino, pero los pasos que se han dado son todavía insuficientes en comparación con otros países como Francia, Alemania o Bélgica. Los españoles somos los que más horas dedicamos a estar en el trabajo y, aún así, somos uno de los países menos productivos de Europa. ¿Por qué no cambiar el modelo? ¿A qué estamos esperando?

Aquí nos hemos empeñado en poner parches. Al llegar al gobierno de Alcobendas los programas de ampliación de horarios, dejar a los niños antes y recogerlos más tarde en el cole, las escuelas infantiles (las ex guarderías) se incluían en los programas de conciliación. Lo considero un error de base que ya está corregido: las medidas siguen, han incluso aumentando, pero no las consideramos un impulso a la conciliación sino facilidades para atender el trabajo. Son programas que benefician al empleo pero no benefician la conciliación, no benefician a las familias, su necesaria convivencia. De ahí estoy seguro se derivan además otros temas que afectan muy duramente a nuestra sociedad: el fracaso escolar, la pérdida de valores, la falta de diálogo, las rupturas familiares y la soledad de muchos adolescentes. El empleo es importante, es fundamental y de ahí que tantos sacrifiquemos tantas cosas por mantener y cumplir con nuestro empleo. Pero la familia, los espacios de crecimiento personal, el deporte, la vida en sí… están llenos de momentos que no debemos sacrificar porque eso nos convierte en máquinas y nos quita humanidad. La vida hay que vivirla.

Llegamos tarde pero estamos a tiempo de encaminar nuestros esfuerzos a racionalizar los horarios. A tener jornadas de trabajo normales que permitan realmente que exista un equilibrio entre la familia, la vida personal y la laboral. Hasta entonces seguiremos llenando España de equilibristas que por más que ensayan acaban dejando algo caer.

 

Ignacio García de Vinuesa
Alcalde de Alcobendas

“Por una Sanidad Pública, de Calidad y más Humana” por Francisco Javier Blázquez

Una sanidad universal, gratuita, pública y de calidad. Estos son los términos que en los últimos tiempos estamos acostumbrándonos a escuchar al intentar definir al sistema sanitario público. En estos momentos difíciles, donde los recursos son limitados, es necesaria una reestructuración de los servicios sanitarios para que este sistema sea sostenible, y entiendo que la gestión que hay que realizar no es fácil. Pero esta complejidad requiere profesionalización, habilidad, conocimiento y prudencia.

La gestión es importante, pero no es un fin en si misma, sino un medio para que la atención sanitaria pueda cumplir la misión primaria de los centros sanitarios: prestar atención clínica a personas enfermas. Y esto último es lo que no está siempre presente, que el paciente es lo primero y lo importante y no los conflictos políticos ni laborales.

Los políticos parecen actuar de forma compulsiva a la búsqueda de soluciones desesperadas, enfrentado a jueces, médicos y enfermeras. Los gestores sanitarios van a la deriva, intentando pasar desapercibidos a la espera de que escape el temporal. Mientras tanto, los sanitarios atienden a los pacientes que se muestran desconfiados, y que en medio de tanto ruido, no saben muy bien si no los operan porque no deben ser operados, porque han jubilado al cirujano, el anestesista no está de humor, han cortado la luz del quirófano por falta de pago o la consejería de turno se lo ha vendido a una empresa privada. La sanidad es algo muy serio en la sociedad y debería estar basada en unos pilares de sentido común, eficiencia en la gestión y correcta atención sanitaria.

Entre tanto, va siendo tiempo de recuperar valores, de entender que la calidad y eficiencia de la gestión y la política sanitaria sólo puede ser definida en función sus efectos sobre los pacientes.

Con demasiada frecuencia las prisas, la sobrecarga asistencial o la falta de tiempo, las agendas sobrecargadas, hacen que nos olvidemos de que cuando una persona acude al Sistema Sanitario espera encontrar no sólo la competencia técnica de los profesionales, sino también a personas capaces de escuchar, de tener empatía, capaces de transmitir seguridad y confianza. Es necesario el rescate del aspecto humano y espiritual en la práctica clínica, administrativa y educativa por parte de los profesionales en el campo de la medicina.

Nos encontramos en un espacio de convivencia cada vez más diverso y plural. En el ámbito sanitario las redes adquieren complejidades a medida que van absorbiendo a población de orígenes distintos, con necesidades desiguales, y donde el cuidado de la persona y la atención a sus necesidades pasan a ser acciones con un sentido complejo y fundamental, ligado a múltiples factores culturales y los éticos. Surge la necesidad de acercarse al ser humano y repensar las relaciones y los cuidados. Es preciso poner sobre la mesa la necesidad y el objetivo de humanizar la atención prestada a los pacientes. Parece preciso, entonces, intentar buscar un equilibrio perdido y que sea capaz de integrar  las dimensiones técnicas y humanas como inseparables.

Es necesario trabajar  y desarrollar estrategias para mejorar las relaciones interpersonales y por lo tanto de comunicación efectiva entre profesionales sanitarios y paciente, porque el proceso de comunicación debe ser priorizado como una actividad terapéutica relevante y esencial. No todo en medicina es el tratamiento, no todo es razón, no todo es técnica y procedimiento. Es muy importante la enfermedad, pero sin perder de vista al paciente, que en ocasiones tiene que ser muy paciente.

Los pacientes hablan de deshumanización de los profesionales sanitarios por percibir distanciamiento afectivo o indiferencia. Quizás, si algún día tengo que someterme a una operación de alto riesgo, creo que lo tengo claro: no recurriré al mejor especialista mundial, me pondré en las manos de un médico que una, a la competencia en el oficio, una fuerte dosis de humanidad. Del más cariñoso, del más bondadoso, del más amable, en definitiva.

 
Fco. Javier Blázquez Molina
Diplomado Universitario en Enfermería
 

“La otra sentencia europea, ¿a quién le importa?” por Juan Torres

FOTO_JUAN_TORRESHace unos días el Comisario Europeo para los Derechos Humanos emitió un durísimo informe sobre la situación social por la que están pasando determinados sectores de la población española. A diferencia de la polémica resolución que también recientemente ha hecho pública otra institución europea, la del Comisario de Derechos Humanos no ha provocado grandes artículos de opinión ni exasperadas trifulcas entre sesudos tertulianos, ni tampoco ha desembocado en grandes llamadas a la desobediencia civil ni ha llevado a la presencia en manifestaciones de representantes del partido del gobierno. Sencillamente, este informe no ha existido en los medios de comunicación de masas de nuestro país; como mucho ha tenido alguna reseña en algún periódico o escasas referencias en reportajes sobre la labor de alguna ONG o sobre la generosidad y el altruismo de determinadas personas anónimas.

Parece que el hecho de que más del 30% de los niños y niñas de este país estén en la más absoluta pobreza o al límite de ella no llama demasiado la atención. Sin embargo, el informe del Comisario describe una situación tan dura que es difícil no hablar de ella. ¿Cómo no hablar de un panorama donde un tercio de la infancia tiene problemas para alimentarse? ¿Cómo no hablar de un informe que dice que gracias a los recortes en políticas sociales y educativas se está poniendo en peligro la cohesión social? ¿Cómo no hablar de que los werts, aguirres, fígares, gonzález y tantos otros están impidiendo que los hijos de los trabajadores o de las llamadas clases medias tengan alguna posibilidad de “labrarse” un futuro a través de la educación? “Labrarse un futuro”, aunque suena a antiguo, era en lo que machaconamente insistían mis padres, allá por el final de los 70: en que me “aplicara” en los estudios, quizás porque sabían que la educación pública era la única posibilidad de conseguir aquello que a ellos se les negó. Ellos se empeñaron, junto a tantos padres y madres, en reivindicar la construcción de los colegios que faltaban en aquella Santa Coloma de mi infancia. Hoy, treinta años después, retrocedo en el tiempo y tengo que volver a recorrer el mismo camino que ellos, vuelvo a salir a la calle a manifestarme, a cortar carreteras o a ponerme una camiseta verde para conseguir que mis hijas tengan unas mínimas posibilidades de futuro.

Volviendo al Informe, éste se centra en tres apartados: en las repercusiones en los niños de la crisis económica y de las medidas de austeridad, en la situación de los discapacitados y en la función de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en la protección de los derechos humanos.

El Comisario muestra su preocupación por el creciente aumento de la pobreza infantil que se está produciendo, pues se ha pasado de un 20% en 2008 al 30,6% en 2011. De antemano este dato del 30,6% es escandaloso, aunque me temo, por lo que vemos en muchos colegios, que el porcentaje debe de haber aumentado durante 2012 y lo que llevamos de 2013. Pero lo vergonzoso, social y políticamente hablando, es que el propio Comisario Europeo manifieste que “la pobreza infantil, es probablemente el efecto más visible de la crisis económica y de las medidas de austeridad fiscal en los niños”,  responsabilizando directamente a las políticas de recortes de tener “unos efectos potencialmente devastadores a largo plazo, puesto que suele ser una de las principales causas originarias de la pobreza y la exclusión social entre la población adulta.” A nadie se le escapa que el aumento de la pobreza ha llevado directamente a que se produzca un aumento de los casos de desnutrición infantil, problema denunciado por diversas ONGs en muchas ocasiones, que se ha visto agravado por la eliminación o reducción de las ayudas para comedores escolares. Como ejemplo de esta práctica podemos poner el de Madrid, donde su gobierno autonómico sustituyó las becas de comedor por unos ridículos descuentos en el precio: así, una familia de con la renta mínima de inserción (entre 400 y 500 euros al mes) a la que antes se le sufragaba el coste total de la comida, ahora tiene que pagar 1,20 euros diarios por la comida de su hijo o hija. Posiblemente muchos ciudadanos piensen que estamos en una difícil situación económica y no se puede subvencionar todo. Ante eso, en primer lugar hay que decir que es indecente que un estado desarrollado y moderno como España no garantice al menos una comida diaria decente a todos sus niños y jóvenes, pero además  no es admisible la eliminación de las ayudas para comida mientras la Comunidad de Madrid mantiene desgravaciones fiscales para uniformes escolares, clases extraescolares de idiomas o para el pago de la cuota de los colegios privados. Supongo que aquellas familias que llevan a sus hijos a la escuela privada (no a la concertada) no tendrán demasiados problemas económicos, máxime cuando para poder desgravarse estas cuotas tienen que tener una renta máxima de 30.000 euros por persona (una familia de tres miembros se las puede desgravar si sus ingresos no superan los 90.000 euros).

Otro de los bloques en los que el informe europeo hace especial hincapié es en el efecto que están produciendo las políticas de recortes en la educación. Entre 2011 y 2012 el presupuesto de educación se recortó un 21,4% y en 2013 otro 14,4%, como parte de las medidas de austeridad adoptadas por los gobiernos nacional y autonómicos. El último ejemplo de la política de recortes lo tenemos en la eliminación retroactiva a un número importante de alumnos de las becas Erasmus, que hubiera provocado que se quedaran “colgados” muchos estudiantes españoles que ya estaban estudiando en universidades europeas. Como sabemos, sólo la presión popular junto con el descontento del resto de ministros y del propio Rajoy ante esta medida, han llevado al ministro Wert a rectificar.

La eliminación de profesores, el aumento de alumnos por clase, la supresión de ayudas para libros, comidas y trasporte, la reducción de los apoyos para los estudiantes más desfavorecidos y para los de necesidades especiales, etc, etc, etc, están afectando negativamente a todos los niveles de educación, desde la preescolar hasta la universitaria. Tajantemente el Comisario Europeo manifiesta su preocupación “en particular ante las posibles consecuencias de esta política presupuestaria restrictiva en el principio de la educación incluyente y en la igualdad de oportunidades que debería ofrecerse a todos los niños.”

Mientras que en estos últimos días, coincidiendo con la huelga general en la educación, hemos tenido que escuchar por parte de los responsables del Ministerio de Educación que los graves problemas de la educación en España y el alto grado de abandono escolar se deben a las políticas educativas de los gobiernos anteriores (por supuesto excluyen de esta culpa a los del Partido Popular) el Comisario Europeo informa de que en el año 2012, en plena era Rajoy, el abandono escolar de los niños ha sido del 24,9%, porcentaje que duplica el registrado en otros Estados miembros de la UE (con un promedio de 12,8% en 2012) y este hecho el Comisario lo relaciona directamente (diplomáticamente él habla de preocupación) con que “…las restricciones presupuestarias en la educación puedan incidir negativamente en la ya de por si elevada tasa de abandono escolar en España”.

En fin, un panorama desolador para el futuro de nuestros hijos e hijas. El informe del Comisario Europeo de Derechos Humanos no dice nada que no hayamos denunciado ya mil veces las asociaciones de madres y padres de alumnos. Desde muchas AMPAs, como la del Colegio Antonio Buero Vallejo a la que pertenezco, intentamos todos los días paliar las consecuencias negativas de esta carrera por ver qué administración recorta más. Ante la eliminación de becas de libros y material escolar hemos tenido que montar mercadillos y bancos de intercambio, ante las necesidades más elementales de muchas familias hemos tenido que poner en marcha recogidas y reparto de comida. Intentamos recaudar dinero, a través de actividades, para poder pagar el comedor a algún niño o niña o simplemente “suplicando” a las empresas concesionarias de los comedores para que no cobren determinadas comidas. Todas estas iniciativas DE SOLIDARIDAD son loables, PERO ESTA NO ES NUESTRA FUNCIÓN, ES UNA FUNCIÓN Y UNA OBLIGACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, es una obligación de los Ayuntamientos, Comunidades y Gobierno Central. Tienen esta obligación, para que esta España nuestra siga siendo un ESTADO DEMOCRÁTICO SOCIAL Y DE DERECHO, tal y como proclama nuestra Constitución.

Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todas aquellas personas y organizaciones que diariamente se esfuerzan, a través de la solidaridad, en conseguir paliar las necesidades de las familias más necesitadas, en especial a la recientemente creada Asociación de Solidaridad Vecinal, a las AMPAs de los colegios e institutos públicos de San Sebastián de los Reyes, y en particular a las familias y a los profesores del colegio de mis hijas, el Antonio Buero Vallejo.

El informe del Comisario Europeo de Derechos Humanos puede descargarse en la página web: http://ampabuerovallejo.wordpress.com

Juan Torres
AMPA “Buero Vallejo” de San Sebastián de los Reyes

“Esta no es la reforma local que necesita nuestro país” por Esperanza Fernández

Esperanza Fernández, portavoz UPyD GetafeEl Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que ahora continuará su tramitación en el Senado,  con los votos a favor del PP, UPN y PNV y los votos en contra del resto de partidos. Las razones para el voto en contra de la mayor parte de la oposición son una apuesta por el inmovilismo y el bloqueo a toda reforma. Sin embargo, el voto contrario de UPyD  tiene un significado diferente pues lo que ha intentado la formación magenta es que se aborde en serio la imprescindible reforma de nuestra administración local, que sería el primer paso para la reforma que necesitan todas nuestras administraciones públicas.

Lo primero, pues,  que podría decir de la reforma es que se ha desaprovechado una magnífica oportunidad de emprender de una vez la modernización y racionalización de nuestra administración municipal. En España hay  8. 117 municipios. De estos, 4. 858 tienen menos de 1.000 habitantes. A su vez, 1.000 tienen menos de 100 habitantes y menos de 390 tienen más de 20.000 habitantes.  En estos últimos se concentra el 80 % de la población. El diseño de este mapa municipal data de principios del siglo XIX, un momento histórico claramente alejado del actual en cuanto a población, actividad económica, comunicaciones y desarrollo tecnológico. Mantenerlo en las  actuales circunstancias es seguir condenados a un funcionamiento ineficaz de nuestros ayuntamientos, a un derroche de recursos, pues se desaprovechan las posibilidades de las economías de escala y, en consecuencia, a soportar el coste de oportunidad de dedicar medios a mantener estructuras ineficaces, medios que podrían ser mejor empleados. Este esquema tiene unas consecuencias muy negativas entre las que sobresalen  la ineficacia en la prestación de servicios públicos y su encarecimiento Demorar su reforma es empecinarnos en seguir a la cola de los países de nuestro entorno, Europa Occidental, que abordaron estas reformas tras la Segunda Guerra Mundial.

Según diversos estudios, la cifra de 20.000 habitantes sería la óptima  para garantizar una eficaz profesionalización del personal y asegurar una buena calidad de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos y es la cifra que propone UPyD como punto de partida, pero esa propuesta, lamentablemente, tendrá que esperar de momento.

Otro aspecto muy criticable de esta reforma es la negativa a la supresión de diputaciones, lo que no solo supone mantener una fuente de derroche sino también un bastión antidemocrático. Ya era incomprensible que, tras la instauración del Estado Autonómico, ninguno de los dos partidos que han gobernado desde entonces haya encontrado el momento de acabar con ese escalón del complejo aparato estatal que padecemos, fruto de la reforma decimonónica, que cumplió su función en su momento pero ahora es un lastre. El pretexto del Gobierno para mantenerlas es que dan servicio a los municipios pequeños. Sin embargo, podríamos dar la vuelta al argumento para entenderlo: No tocan los municipios pequeños para no tener que suprimir las diputaciones, chiringuito rentable al bipartidismo, aunque sea nocivo para el interés general.   

 

Con esta reforma  tampoco queda resuelto el problema de la financiación, ni el de las duplicidades, ni se avanza en la profesionalización de la administración local,  ni acierta en la distribución de competencias, incurriendo en errores como el de quitar a los ayuntamientos competencias en servicios sociales, que han venido desarrollando con acierto en general.

En fin, es una reforma hecha por imperativo del ahorro que nos imponen desde fuera, hecha sin consenso y sin proyecto, sin ningún horizonte de mejora de nuestra administración local; una reforma de un mal estadista, de un partido más pendiente de no disgustar a sus cargos, de mantener sus bastiones, sus intereses clientelares. Es la reforma de un partido sin ambición de país.  

 

Esperanza Fernández Acedo
Concejal portavoz del Grupo Municipal de UPyD Getafe