“Las claves para recuperar la sanidad pública y el derecho a la salud en la Comunidad de Madrid” por Marciano Sánchez Bayle

FOTO_MARCIANOSANCHEZAhora que se acercan las elecciones autonómicas deberíamos de ser conscientes de su importancia para el funcionamiento de la Sanidad Pública.

A partir de 2001 en que se finalizaron las transferencias sanitarias a las CCAA, son estas las que gestionan los sistemas sanitarios regionales y las que toman las decisiones cruciales para el funcionamiento de nuestros servicios sanitarios públicos.

En la Comunidad de Madrid el proceso generalizado de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública ha tenido una extensión e intensidad muy superior a la de la mayoría de las CCAA de manera que una comunidad que tenia un sistema sanitario modélico y era uno de los mejores de nuestro país ha tenido un tremendo retroceso en su funcionamiento y hoy en día por su funcionamiento y aprecio ciudadano esta a la cola del país, y todo ello a pesar del importante esfuerzo de los profesionales para mantenerlo a flote.

Todo ello a pesar de que ciudadanos y profesionales hemos señalado de manera reiterada nuestro rechazo a estas políticas privatizadoras que se ha concretado en las importantes movilizaciones denominadas como “Marea Blanca”.

 

Por eso este es el momento de exigir un cambio de política sanitaria en nuestra comunidad que debería de basarse en cuatro cuestiones clave:

 

Primero, GARANTIZAR LA ATENCION SANITARIA A TODAS LAS PERSONAS QUE VIVEN EN LA COMUNIDAD DE MADRID. Lo que supone incluir a la población inmigrante no regularizada en la atención sanitaria pública, así como a los demás excluidos por el RDL 16/2012 y retirar los copagos en farmacia puestos en vigor en el mismo. Se precisa además una financiación suficiente de la Sanidad Pública incrementando el presupuesto al menos en 2.000 millones €.

 

Segundo, RECUPERAR LOS RECURSOS DEL SISTEMA SANITARIO MADRILEÑO, incrementando las plantillas al menos hasta alcanzar los niveles de 2009, para favorecer una utilización intensiva de los recursos sanitarios públicos paralizando las derivaciones sistemáticas hacia el sector privado. Hay que aumentar el número de camas hospitalarias y los recursos de Atención Primaria.

 

Tercero, PARALIZAR LAS PRIVATIZACIONES Y RECUPERAR LO PRIVATIZADO. Acabar con las privatizaciones, las directas y las encubiertas (derivaciones, unidades de gestión clínica, etc) y hacer un plan para recuperar lo privatizado de manera paulatina a lo largo de toda la legislatura. De manera inmediata integrar las empresas públicas y la fundación de Alcorcón en la red del Sermas. Asimismo separar nítidamente la Sanidad Pública del sector privado fomentando la dedicación exclusiva de los profesionales.

 

Y cuarto, Para todo ello se precisa una LEY DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID, derogando la LOSCAM y las leyes privatizadoras (área única, lista de espera quirúrgica, etc) que además desarrolle mecanismos reales de participación social y profesional, salud pública, y de control del gasto farmacéutico y de la sobreutilización tecnológica.

Exijámosle a los partidos que se presentan a las próximas elecciones que asuman estas cuestiones centrales para recuperar una Sanidad Pública universal y de calidad. La ciudadanía con nuestro voto vamos a decidir el próximo gobierno de la Comunidad y las políticas que deben de realizarse. Hagámoslo de manera reflexiva, no permitamos que nos sigan gobernando los que ponen por delante del derecho a la salud a los beneficios empresariales, y defendamos lo que es de todos, nuestros servicios públicos, frente a la voracidad de las empresas y sus representantes políticos. Es la hora de la ciudadanía, hagamos que se oiga nuestra voz.

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

“La Sanidad Pública, un derecho humano fundamental” por Marciano Sánchez Bayle

FOTO_MARCIANOSANCHEZUno de las principales agresiones realizadas por el gobierno del PP al derecho a la salud ha sido a raíz de la aprobación del RD Ley 16/2012 en abril de ese año. En el mismo se sacaba fuera de la cobertura sanitaria pública a los inmigrantes no regularizados, a las personas con ingresos superiores a los 100.000 € anuales, a los que pasaban mas de 90 días fuera del país y a los mayores de 26 años no asegurados, si bien esta ultima exclusión se corrigió en el RD1192/2012 en el que se permitía la atención sanitaria a este colectivo si demostraba tener ingresos inferiores a 100.000€ anuales.

La situación previa estaba regulada por la Ley General de Sanidad (1986) y la Ley General de Salud Pública (2011) que vinculaban el derecho a la atención sanitaria con la residencia en el país. La primera señalaba que la universalización “se haría de manera progresiva” lo que supuso que la cobertura era de un 97-99%, pero solo con la aprobación de la segunda este derecho recogía a toda la población, aunque no se desarrollo. Otro hecho llamativo es la existencia de las mutualidades de funcionarios (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) en las que con financiación pública se da una cobertura sanitaria mayoritariamente privada lo que supone un elemento de desigualdad en la provisión sanitaria, a la vez que una formula de financiación pública de las compañías de seguros privados.

¿Porque hay que oponerse a estos cambios?. Hay muchos motivos, pero vamos a esquematizarlos en 4: Primero hay una razón conceptual, los modelos de servicios nacionales de salud, como era el español, aseguran la atención sanitaria a todas las personas, los sistemas de seguros, el modelo del RDL restringen esta atención a las personas aseguradas, independientemente de sus necesidades de salud, por lo que fomentan una gran desigualdad en el acceso a la atención sanitaria que acaba estando mediatizada por la situación económica de las personas. Conviene darse cuenta de que esta modificación que ahora puede parecer poco relevante tiene un objetivo fundamental que es el de segmentar el derecho a la atención sanitaria (las personas con mas recursos tendrán seguros privados, los trabajadores por cuenta ajena una seguridad social deteriorada y el resto de la población quedara en manos de la beneficencia).

Segundo porque este nuevo sistema de exclusiones ignora que la salud es uno de los derechos humanos básicos reconocido por los organismos internacionales, siendo un grave problema desde el punto de vista ético y moral, y estos mismos organismos recomiendan que sean garantizados por servicios sanitarios de cobertura universal porque ya se sabe que “un servicio para pobres será siempre un pobre servicio” (Olof Palme). Luego por motivos sanitarios, porque la no cobertura de grupos mas o menos importantes de personas favorece focos de enfermedades infectocontagiosas y su propagación en el resto de la población y fomenta la utilización inapropiada de los servicios sanitarios (como por ejemplo sucede circunscribiendo la asistencia sanitaria de los inmigrantes a los servicios de urgencia). Y por fin por motivos económicos, entre los que hay que tener en cuenta que los sistemas de seguros tienen unos costes muy superiores a los servicios universales y que las repercusiones económicas de postergar la asistencia sanitaria incrementan el gasto.

Los resultados son bien conocidos en lo que respecta a los inmigrantes irregulares que son los que han merecido una mayor atención mediática por ser los mas desprotegidos: hasta ahora hay al menos 3 muertes documentadas y numerosos casos de desatención, muchas veces arbitrarias e ilegales (con frecuencia se detectan denegaciones de asistencia en casos no contemplados por el RDL: niños, embarazadas, urgencias, etc), los otros colectivos excluidos son de muy difícil seguimiento (por ejemplo el de los que viven mas de 90 días en el extranjero, probablemente no detectados en la mayoría de los casos por la administración). Lo que si se conoce es que los seguros públicos alternativos han sido un fracaso estrepitoso porque son incluso mas caros que los seguros privados (solo los han contratado unos centenares de personas). Con todo hay que señalar que la aplicación de estas exclusiones ha sido muy diversa ya que las CCAA han acabado aplicando políticas muy distintas, algunas (Navarra, País Vasco, Andalucía, Asturias) han arbitrado formulas para garantizar la atención sanitaria de todas las personas, otras garantizan la asistencia en algunos casos o niveles asistenciales y otras aplican el RDL a rajatabla, con lo que se ha aumentado aún mas la desigualdad. Por otro lado la situación fomenta la arbitrariedad mas absoluta, el último caso es el de la Comunidad de Madrid, que saco de la base informática a los niños que no había tramitado sus papeles en el plazo de 90 días, cuando el RDL señala de manera clarísima que se garantiza la atención sanitaria a todos los menores de 18 años.

 

¿Cuáles son las alternativas?

La primera y fundamental es derogar el RDL 16/2012 y desarrollar una normativa especifica que garantice la cobertura de la totalidad de la población por el Sistema Nacional de Salud, sin exclusiones (esta incluso puede desarrollarse por las CCAA en su ámbito geográfico). Asimismo habría que incluir la asistencia sanitaria de las mutualidades de funcionarios en el sistema público (seguramente sería fácil establecer un sistema transitorio que respetase su pervivencia para los actuales mutualistas y en el que todas las nuevas incorporaciones lo fueran al modelo general), y también integrar las mutuas laborales (un modelo de corrupción y privatización con fondos públicos) dentro de los servicios sanitarios públicos. Conviene recordar que ambas opciones ya estaban contempladas en la Ley General de Sanidad, ¡en 1986!. El objetivo es conseguir la universalización y consolidación del sistema sanitario público como sistema de solidaridad y de justicia y equidad social.

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública

“Divide y vencerás” por Juan Torres García

FOTO_JUAN_TORRESAl igual que un trabajador pelota, que para congraciarse con el jefe traiciona a sus compañeros, el Presidente Rajoy ha decidido ser el alumno más aventajado de la dueña de Europa. Entre los gobiernos europeos, el español ha sido el más beligerante y crítico con el nuevo ejecutivo griego, sea por miedo a que las medidas del gobierno de Syriza tengan éxito y puedan suponer un cambio político en nuestro país, o sea porque piensen que atacando a Grecia la señora Merkel y Alemania van a ser más benévolos con España. La realidad es que nuestro gobierno ha decidido ser más papista que el Papa y exige a Grecia más austeridad y más recortes, rompiendo una posible alianza con los otros países damnificados por las políticas económicas de austeridad, los despectivamente denominados PIGS[i], y olvidando aclarar en sus declaraciones públicas que nuestro país no salió al rescate de Grecia, sino al de los bancos que tenían deuda griega.

La actuación de nuestros gobernantes es un ejemplo claro de que es más fácil congraciarse con el poderoso que apoyar al débil. Siempre se necesita un chivo expiatorio a quien hacer responsable de nuestras desgracias, máxime cuando los responsables son fuertes y de difícil acceso. En mi ciudad han aparecido panfletos de un grupo de ultraderecha y fascista en que, con un claro cariz xenófobo y de propaganda electoral, se pide que los servicios y los derechos sociales sean solo para los españoles. Una vez más pretenden enfrentar entre sí a los más pobres y desfavorecidos. Lo que este grupo olvida es que los responsables de la situación económica que vivimos no son aquellos que necesitan ayuda, sea cual sea su nacionalidad o lugar de nacimiento, sino los gobernantes que han eliminado las ayudas sociales, aplicando fuertes recortes en derechos básicos como educación, vivienda o sanidad. Quienes han quitado las becas para comedor o libros de texto no han sido los compañeros de clase de mis hijas que provienen de otros países, sino el ministro Wert o la Consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar. Las familias inmigrantes de mi colegio no son las responsables de la reducción de profesores, de la eliminación de los apoyos o de la no sustitución del profesorado enfermo: de esto son responsables los recortes que los gobiernos autonómico y central han realizado, y que han ido destinados a rescatar a los bancos y a las cajas de ahorro. Solo el rescate de Caixa Galicia y Caixa Catalunya (10.000 millones de euros) es igual a lo recortado en sanidad y educación. Entonces, ¿quién es el enemigo del bienestar de los ciudadanos españoles? ¿Es el hijo de un emigrante o el banquero manirroto y el político corrupto que ha permitido sus desmanes?

A los que tienen el poder y los boletines oficiales les es fácil conseguir enfrentar a los ciudadanos entre sí. Un ejemplo claro lo tenemos en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid: en 2012, ante la unidad de padres, profesores y alumnos contra los recortes en educación, que provocaron varias huelgas y movilizaciones en colegios, institutos y universidades, la Consejería vio una oportunidad única para romper esta unidad, flexibilizando la norma que posibilita la implantación de la jornada continua en los colegios públicos. En parte lo ha conseguido, ya que esta modificación ha provocado que cuando llega enero o febrero se inicie, en todos los colegios públicos de la Comunidad, una discusión que enfrenta, por un lado, al profesorado con una parte de las familias y, por otro, a unas familias contra otras, en un falso debate sobre las bondades de una u otra jornada escolar, bajo la que subyace en realidad la defensa de los intereses particulares de cada sector. Se supone que la Comunidad de Madrid es la que tendría que velar por el interés de los alumnos y, por tanto, es quien tendría que decidir, a partir de estudios serios y fiables y con el asesoramiento de expertos, qué tipo de jornada es la mejor para los estudiantes de nuestra Comunidad. Estoy absolutamente convencido de que el interés del alumnado no es el objetivo que persigue la Consejería de Educación, y su intención real es dividir a las familias y docentes de la escuela pública con el único objetivo de dinamitar las protestas contra los recortes.

Lo dicho: divide y vencerás.

Juan Torres García

AMPA “Buero Vallejo” de San Sebastián de los Reyes

[i] PIGS significa en inglés cerdos y son las siglas de Portugal, Irlanda, Grecia y España (Spain).

 

“Europa necesita ser reconducida hacia políticas de integración y reequilibrio” por Manuel Robles

Manuel RoblesEn Fuenlabrada hemos planteado este año, en el Foro anual de las Ciudades, un tema de importancia capital y máxima actualidad: “El Sur de Europa” y la situación actual con respecto a los países del norte de la UE, sobre todo respecto a Alemania, Francia, y la especial situación de la que goza Inglaterra; reflexionar y debatir sobre qué Europa tenemos y hacia donde queremos y debemos de ir. Es un debate de suma importancia, sobre todo cuando estamos a las puertas de unas elecciones europeas que van a decidir la ideología que va a inspirar  el modelo socioeconómico, las medidas que se van a tomar en el conjunto de la Unión Europea y que afectarán  a todos los países y especialmente a los más desfavorecidos, la mayoría ubicados en el sur de Europa.

La crisis económica que ha golpeado con dureza a la zona euro y el acoso de los insaciables mercados, junto con decisiones de los países más ricos , inspiradas en estrategias económicas de exclusivo signo neoliberal han llevado a la Unión Europea al borde del abismo de la ruptura de la moneda única y de la cohesión de los países miembros, que tanto tiempo y esfuerzo ha costado construir. Ha sido sin duda un mazazo a la creencia ciudadana en el  modelo de la Europa Social por la que se ha luchado sobre todo desde posiciones progresistas y de izquierdas, aunque hayan sido en muchos casos doblegadas por al gran mayoría conservadora que rige desde hace años las políticas comunitarias. Todo esto ha contribuido a que en la actualidad sea necesario, más que nunca, tener una visión más política que mercantil de nuestra Unión Europea.

Necesitamos reforzar la creencia en el proyecto de la Unión Europea, pero desde un punto de vista crítico y progresista. Debemos exigir el cumplimiento de la Carta Magna Europea que habla más de la Europa de los pueblos, de la Europa social, que de la Europa plegada a la dictadura de los mercados. Debemos reivindicar la necesidad de crecer y recuperarnos económicamente avanzando en políticas integrales e integradoras de tipo social, fiscal  y bancario, de democracia participativa y de decisiones políticas compartidas y alejadas de las imposiciones de “troikas”. Todo ello sin renunciar al Estado de Bienestar y a los derechos y libertades adquiridos por la ciudanía a lo largo de todos estos años en la UE.

 Si los dirigentes y líderes europeos hacen lo contrario quedaremos más débiles a nivel de cada nación y como conjunto de naciones ante el ataque y la dictadura de los mercados, que campa por sus respetos por el mundo y ha entrado en la Unión Europea con puño de hierro aprovechando la crisis provocada por el propio sistema capitalista en el que nos asentamos.

Manuel Robles Delgado
Alcalde de Fuenlabrada

“Una memoria demasiado selectiva” por Juan Torres García

FOTO_JUAN_TORRESHace unos días leía un artículo en El País en el que se hablaba de la capacidad que tenemos los seres humanos para recordar lo que nos interesa y así poder seguir haciendo aquello que queremos. Esto ocurre, simplemente, porque nuestra memoria es selectiva. Al leer el artículo recordé, como consecuencia de la reciente huelga de limpieza de Madrid, las declaraciones de la alcaldesa de Madrid y del presidente del Gobierno en defensa del derecho de los ciudadanos madrileños a caminar por unas calles libres de suciedad y basura. Los dos han hecho una encendida defensa de la necesidad de restringir (perdón, regular aún más) el derecho de huelga. Queda claro que en un estado democrático el respeto a los derechos de los ciudadanos tiene que ser el objetivo máximo de los gobernantes. Sin embargo en este caso tanto la alcaldesa como el presidente tienen una memoria demasiado selectiva, ya que al defender el derecho a pasear por la calle sin tener que sortear basuras ni desperdicios han omitido el artículo 35 de nuestra Constitución, en el que se reconoce a todos los españoles el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, algo que sencillamente a Ana Botella se le olvidó cuando posibilitó, a través de la regulación de los contratos de adjudicación, que las empresas concesionarias del servicio de limpieza de Madrid pudieran despedir a más de un millar de trabajadores y rebajar en más de un 40% el salario del resto. Por cierto, mayoritariamente los vecinos de la ciudad de Madrid han comprendido las razones de los trabajadores y se han solidarizado con su causa.

La historia y la vida cotidiana están llenas de ejemplos de cómo los responsables públicos a menudo prefieren acordarse exclusivamente de los derechos que a ellos más les interesan. Uno de éstos es el referido al derecho de los padres y madres a elegir el colegio y el tipo de educación que queremos para nuestros hijos y que los actuales responsables de la educación madrileña no se cansan de recordarnos. Cada vez que oigo este argumento sé que después viene la cesión de suelo público para construir un centro concertado, en la mayoría de los casos religioso, o bien para autorizar la ampliación de los que ya existen. Sin embargo, supongo que como consecuencia de su “memoria selectiva”, olvidan el derecho de las familias a elegir la educación pública. Un ejemplo de lo anterior es el caso que se está dando en uno de los colegios de mi ciudad, San Sebastián de los Reyes. Al inicio del curso actual la Comunidad de Madrid decidió eliminar una de las dos clases de niños de tres años -primero de educación infantil- y aumentar escandalosamente el número de alumnos de la clase que queda. Está claro que la Consejería de Educación no va a autorizar que se matricule en este colegio ningún otro alumno (ya ha habido algún caso en el que se ha denegado), puesto que si aumentara el número de alumnos de tres años se tendría que abrir una nueva clase desdoblando la única y masificada que hay ahora.

¿Dónde está la libertad de elección de las familias que quieran que sus hijos vayan a este colegio? ¿Dónde queda la libertad de poder elegir un colegio que tiene un proyecto educativo y una ubicación por la que se pueden sentir atraídas algunas familias? Sencillamente, esta posibilidad de elección no existe para las familias que elegimos la escuela pública, y el derecho “selectivo” de elección únicamente está disponible para aquellos que deseen elegir la escuela privada-concertada.

Desgraciadamente no sólo estamos ante un caso de memoria selectiva de la Comunidad de Madrid frente a un mismo derecho sino que nos encontramos ante una enorme y peligrosa irresponsabilidad ya que con sus decisiones, absolutamente partidistas e ideológicas, están poniendo en peligro el derecho de los alumnos de este colegio a una educación digna tal y como recoge el artículo 27 de la Constitución Española y el estupendo proyecto de mejora que ha elaborado su comunidad escolar.

En algún momento tendremos que poner freno a tantas aplicaciones selectivas y arbitrarias de los derechos ciudadanos, volviendo a poner en marcha medidas que garanticen a todos y a todas los mismos derechos y las mismas oportunidades.

Juan Torres
AMPA “Buero Vallejo” de San Sebastián de los Reyes

“Un año de ataque a los derechos sociales” por Manuel Robles

Hemos cumplido el primer año de legislatura en nuestra región, y en todos los ámbitos se están haciendo valoraciones de gestión y grado de cumplimiento en los diferentes ámbitos locales, que son los que más hemos sufrido las consecuencias de una política regional del PP, de una presidenta, Esperanza Aguirre,  que cada vez se ha hecho más extrema, más alejada de la tarea de gobernar, de atender las necesidades de la región de Madrid, de sus pueblos y ciudades, aunque su gran fraude electoral lo haya vestido como siempre con el barniz populista de los actos preparados para su mayor gloria y propaganda. O poniéndose en el foco nacional con declaraciones tan impresentables como poner en entredicho las competencias de la Comunidad Autónoma, o como ha sido el caso más reciente e indigno, proponiendo la barbaridad de suprimir el Tribunal Constitucional solo porque no la ha gustado la sentencia sobre un partido vasco.

Todo esto no son intentos nada más que de distraer la atención sobre el desastre de gobierno que tenemos en la Comunidad de Madrid, donde se han realizado los recortes sociales en derechos y en servicios más graves dela democracia. Al mismo tiempo,Esperanza Aguirre ha desplegado toda una estrategia de comunicación irresponsable destinada a satanizar los movimientos sociales en defensa de lo servicios públicos y a desprestigiar a las instituciones.

El deterioro y los recortes en Sanidad y en Educación son de una gravedad extrema, sin que haya habido atención y respeto a  las movilizaciones de los colectivos profesionales y de la ciudadanía que se han producido y que sin duda van a seguir produciéndose.

En otro orden de abandono está la falta de iniciativas para promover actuaciones proactivas de fomento del empleo, donde en Madrid ya alcanza cerca de los 600.000 desempleados, a pesar de contar con la mayor iniciativa privada que tiene el propio potencial de la región donde está la capital del Estado. Se ha abandonado a los ayuntamientos y es difícil establecer acuerdos que conlleven gasto social o inversiones. De hecho, nada se sabe de Plan de Inversiones (PRISMA) del que a Fuenlabrada le queda por ejecutar 8 millones de euros. El gobierno regional no solo no atiende a los municipios, sino que a algunos les debe varios millones de euros. Concretamente al ayuntamiento de Fuenlabrada nos adeuda en torno a 5 millones de euros.

La Federación Madrileña de Municipios y su presidencia, amparada en su mayoría absoluta,  está ausente de cualquier acuerdo para demandar al Gobierno Regional asuntos relevantes respecto a Pactos de Inversiones para el Empleo,  o para atender las demandas sociales. Se hace más política de partido que de institución creada para defender los intereses de los municipios.  ASÍ NO PODEMOS SEGUIR

 Manuel RoblesDelgado
Alcalde de Fuenlabrada

“La crisis no justifica todos los recortes” por Manuel Robles

A estas alturas a nadie se le oculta la necesidad ineludible de reducir déficit público, y plantearnos desde todas los niveles de la administración pública planes de saneamiento y ahorro en las cuentas públicas para garantizar la sostenibilidad del Estado de Bienestar para el presente y el futuro. Esta necesidad debe conjugarse con otra que es difícil y compleja, como es la reducción de la tasa de paro, al menos a corto plazo.

Pero la crisis no debe servir como excusa para que desde los gobiernos conservadores del PP se pretenda introducir elementos perversos de reducción de gasto público en materias tan esenciales como es la educación, la sanidad, o las prestaciones sociales. Podemos y debemos, eso sí, racionalizar su gasto y hacer los servicios más eficientes. Pero no aprovechar la crisis para recortar y desprestigiar lo público y potenciar lo privado a costa de los recursos de todos los españoles.

El mapa político que sale de las urnas del pasado mes de mayo nos dejó una panorámica de gobiernos conservadores del PP, a nivel autonómico y local, casi en la totalidad del Estado Español. No es de recibo que estos gobiernos pretendan utilizar la crisis, o la satanización de los gobiernos anteriores, para introducir recortes drásticos en servicios esenciales y eludir el mandato de las urnas, que no es otro que el gobernar para mejorar la situación de las personas.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid hemos tenido el ejemplo más elocuente de estas actuaciones en lo que no es solo una reducción de recursos públicos en Educación, sino algo mucho más grave en el fondo. Hemos asistido a toda una campaña contra la Enseñanza Pública, expresada en el ataque a profesores y sindicatos, difamándolos y tratando de alimentar en la sociedad sentimientos ruines y perversos sobre su labor y su trabajo. No es de recibo en ninguna democracia que los gobernantes difamen a los servicios públicos del Estado y a su tejido social. Eso solo lo hacen aquellos malos gobernantes que, como es el caso de Esperanza Aguirre, tienen además unas ideas muy ultraconservadoras y solo piensan en como pueden potenciar la enseñanza privada confesional sobre la pública.

Estamos en otro proceso electoral de primera magnitud, como son las Elecciones Generales. La ciudadanía debe estar atenta para no ser engañada por aquellos que prometen lo que no pueden dar, lo que no dan allí donde gobiernan. Deben exigir transparencia y claridad a los candidatos y candidatas, para que no ganen votos o las elecciones sin saber que van a hacer realmente si llegasen a gobernar. No es el momento de las subastas de quien da más, sino de quien es más transparente, más directo con la ciudadanía. Y sobre todo quien le garantiza una sostenibilidad del Estado de Bienestar, basado en el reparto progresista y equitativo de la fiscalidad, en función de los ingresos que tenga cada persona. No podemos reducir cargas fiscales a los que más tienen y dejar la carga principal en las rentas del trabajo y en el desamparo a los más desfavorecidos. ESTO NUNCA, BAJO NINGUNA EXCUSA

Manuel Robles Delgado, alcalde de Fuenlabrada