“Lo que la reforma de la Administración Local oculta” por Oscar Jiménez

Oscar Jiménez, alcalde de TorrelagunaUn principio democrático es evitar la concentración del poder. Con la Reforma de la Ley de Bases del Régimen Local lo que se pretende es suprimir o reducir considerablemente una Administración: la Local, en beneficio de la Autonómica. Es un mal extendido establecer una estructura jerárquica entra las distintas Administraciones que conforman el Estado, error en el que caen también demasiados políticos. En la cúspide estaría la Administración Central, en segundo lugar la Autonómica y en último lugar la Local. Un error. Son tres Administraciones, con diferentes competencias; que se complementan y que todas juntas forman la Administración del Estado. Confunden la capacidad de financiación con grados de importancia o de poder. Otra cosa muy distinta es el poder que detentan (**) ­en sentido estricto­ las comunidades en detrimento de los municipios, pero ese es un problema que tal vez requiera un artículo aparte. Con esta reforma se pretende aumentar, aún más, la concentración de competencias en detrimento de los ayuntamientos, en tal grado, que puede poner en peligro la viabilidad de los pequeños municipios. Que en el fondo es lo que desean algunos arbitristas del gobierno y de los medios de comunicación con posiciones más extremas. El pensamiento último, de éstos, es eliminar todos aquellos municipios que no sean rentables. Pero habría que preguntarles cómo se va a medir esa rentabilidad. ¿Sólo con principios puramente contables? Entonces sobrarían la gran mayoría de los pueblos de España. Pura ingeniería social.

Si en la evaluación de rentabilidad se incluyeran otras variables, sin duda se encontrarían razones suficientes para no propiciar la eliminación de tantos municipios y pedanías o similares. Si se despoblasen todos los terrenos de España y se concentraran todos los habitantes en unas pocas poblaciones, se producirían efectos indeseados, como sería el abandono de campos, bosques, montañas y demás tierras agrestes, con consecuencias nefastas. Ya hemos visto que desde que no se explotan los bosques y no se limpian los lechos de los ríos; los incendios son más dañinos y las inundaciones más agresivas. Además se perdería un acervo histórico y cultural de incalculable valor. ¿Alguien se imagina la obra de Miguel Delibes sin estos pueblos que ahora algunos quieren hacer desaparecer? No sé si estos opinadores han valorado el tremendo rompimiento que pudiera producirse en muchas gentes de campo, al eliminarles su medio de vida; ¿tan difícil es comprender que no todos sirven para vivir en grandes ciudades?

Además, es un abuso y un engaño el querer hacer cargar a los pequeños municipios como causantes del gran agujero de la Administración. Más bien siempre han sido los paganos del abandono de las otras Administraciones y, en muchos casos, viven en condiciones bastantes modestas y con unos servicios, en nada envidiables. Claro que habrá habido excesos, pero como en todas las Administraciones. Hasta ahora no se ha oído hablar de evaluaciones de servicios ni de absorción de comunidades por esa orgía de aeropuertos, trenes de alta velocidad, y demás absurdas infraestructuras; pagadas también con los impuestos de los habitantes de los pequeños municipios.

Con la reforma, las corporaciones de los pequeños municipios quedan degradadas absolutamente, tanto, que, para lo que les va a quedar gestionar, tampoco parece que sea necesario el sufragio universal. Tan sólo van a tener que realizar una lista de servicios que les van a dictar desde la Comunidad, y para eso no hacen falta políticos, sino técnicos. La esencia del político es la capacidad de elegir o decidir, no tanto la ejecución. Es establecer las prioridades sobre un presupuesto finito. Si acierta en escoger las prioridades será avalado con los votos de los ciudadanos; y, si se equivoca, serán los vecinos los que le quitaran del cargo. No parece muy democrático que desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se diga ahora, qué servicios pueden darse y cuáles no, y en qué condiciones. De lo que debería preocuparse este Ministerio, en todo caso, es en que no se caiga en endeudamiento. En eso estamos de acuerdo, pero no en cómo lo pretenden hacer. Un político de un pueblo pequeño puede decidir llevar en su programa el mantenimiento de una biblioteca pública, serán los vecinos los que valoren si quieren eso o no; lo que no es aceptable es que ahora una cuestión así se pueda decir desde otra Administración. Esto rompe el principio de subsidiaridad, que dice que los asuntos deben ser gestionados, siempre que sea posible, por la administración más cercana; ya que la cercanía a los problemas, da mayores garantías de que se acierte en la solución.

No es aceptable que por los casos de abusos, de excesos o de delitos de algunos munícipes, se pretenda tutelar a todos los miembros de la Administración Local, como si fueran unos incapacitados y unos sujetos proclives a cualquier corrupción. Desgraciadamente, estos males se pueden repartir entre las distintas Administraciones y nunca se ha planteado la eliminación de competencias o la ejecución de tutelas fuera de la Administración Local.

Subversión democrática en aras de la eficiencia

Uno de los principales argumentos que se utilizan para la justificación de esta reforma es la búsqueda de la eficiencia, pero por más que se van leyendo los distintos anteproyectos, más que la búsqueda de ésta, parece que lo que se pretende es la degradación de la Administración Local. La eficiencia es un principio que debe buscar obsesivamente el político, pero esta búsqueda no puede poner en peligro la democracia. Puede que, efectivamente, sea más barato que se pusiesen funcionarios en todos los órganos de las Administraciones, que fuesen estos trabajadores públicos escogidos por los principios de mérito y capacidad, los que gestionasen los distintos presupuestos, pero antes o después tendrían que tomar decisiones, y para eso nunca estarán investidos de la legitimidad, que sólo se puede obtener por los votos. Saltándose este principio democrático de la legitimidad obtenida por sufragio, el anteproyecto de ley dota de unos poderes excesivos a los interventores, que además del lógico control sobre la legalidad de los actos que realizan los políticos, les da también el control sobre la oportunidad de las decisiones políticas, lo cual subvierte el normal juego democrático. Por esta vía la reforma no será más eficiente, y aunque así lo fuera, no justificaría que la tecnocracia se imponga a la democracia.

Duplicidad de competencias

Otro argumento recurrente entre los defensores de la reforma es que ésta evitará la duplicación competencias. Está claro que todo organismo debe revisar su funcionamiento si no quiere anquilosarse y dejar de ser útil. Sin duda, la crisis nos obliga a hacerlo con celeridad, pero eso no significa que se haga desde un Ministerio sin contar con los que se supone que algo tendrán que decir, que son los alcaldes y concejales. La reforma se impone, no se debate, en virtud a una inteligencia superior que reside en algún conciliábulo del Ministerio.

Es muy probable que los que están en la redacción de este anteproyecto desconozcan profundamente lo que es la vida y la complejidad de los pequeños municipios, porque nadie que lo conozca puede proponer lo que se está proponiendo. Con el articulado del anteproyecto se pierde una oportunidad de clarificar las competencias y la financiación de éstas. Duplicidades que en los ayuntamientos pequeños no existen y que serán mínimas en aquellas localidades donde las haya. Evitar estas supuestas duplicidades no conseguirá apenas ningún ahorro. Lo que si existe es una complejidad en la prestación de los servicios de algunas competencias.

Así es difícil entender que sean los ayuntamientos los que paguen el mantenimiento, la electricidad, los combustibles y a los conserjes de los colegios, donde todo lo demás está a cargo de la Comunidad, ¿dónde está aquí la duplicidad? No hay competencia entre ayuntamiento y comunidad por ver quién echa antes el carburante en la caldera; lo que si hay es un lío, y además muy injusto. Ya que dependiendo del colegio que tenga el municipio, que sea más o menos nuevo, que tenga más o menos calidades constructivas, de que sea más o menos eficiente energéticamente; así gastará más o menos el municipio en su mantenimiento. Casos como éste son los que debería evitar la reforma y clarificar quién debe dar el servicio íntegro; pero teniendo claro todos, que nunca será por evitar una duplicidad sino una complejidad. Evitar la confusión en la financiación de casos como el de la Educación parecía que se hacía imprescindible, máxime cuando se decide emprender una reforma tan ambiciosa.

De la lectura del anteproyecto nada se aclara, todo sigue más o menos igual; o como piensa más de uno, se complica aún más, ya que serán las comunidades las que en un periodo de cinco años se encargarán íntegramente de la gestión, pero los ayuntamientos deberán seguir pagando el mantenimiento. De cómo se hará esto nada se sabe.

Privatización de servicios

La reforma facultará al Ministerio para que establezca los costes estándar de los servicios municipales, y aquellos ayuntamientos que no cumplan con estos costes, tendrán que dejar de prestarlos y serán las diputaciones, o las comunidades las que asuman estos servicios. Parece que serán pocos los pueblos de menos de 20.000 que puedan estar por debajo de estos costes, ya que es sabido que prestar servicios en pueblos pequeños es más caro que hacerlo en grandes poblaciones. Las diputaciones o las comunidades asumirán así un gran paquete de servicios de los municipios. Es más que previsible que estos se privaticen en bloque, para aplicar economías de escala. Este objetivo oculto sí que es uno de los motores de esta reforma, y no otros que se manejan para engañar a los vecinos.

Esta privatización, con toda seguridad traerá aparejada una pérdida de calidad de los servicios y un encarecimiento de las tasas, que con la reforma las fijarán las comunidades o diputaciones y no los ayuntamientos. Ya se sabe que cuanto más alejado esté el político del vecino, más fácil le será tomar decisiones impopulares.

Los municipios, en búsqueda de la eficiencia, cuando se han visto incapaces de prestar un servicio necesario, se han organizado para mancomunarlo. Hay mucho que mejorar y modificar en las mancomunidades, y en eso se debería ocupar la reforma; pero lo que ésta propone es la práctica desaparición de estas entidades en beneficio las diputaciones. Este camino que parece ser el más inteligente y por el que se debería apostar, queda prácticamente abortado en el anteproyecto.

La ineficaz financiación de los Ayuntamientos

Otra oportunidad perdida en esta reforma es lo que se refiere a la financiación local, que más que insuficiente, que también, es ineficaz e injusta. Una gran parte de los ayuntamientos están ya tutelados por vía de las subvenciones, un sistema injusto y proclive a todo tipo de trapacerías políticas por parte de quien las reparte. La financiación por vía de la subvención es además un sistema ineficaz, ya que obliga a todos los ayuntamientos a emplear muchas energías en la elaboración de los concursos, sin saber si finalmente podrán disponer de esos fondos. Los ayuntamientos no deberían concurrir públicamente ni mendigar entre las distintas consejerías. Las corporaciones municipales deberían poder gestionar unos ingresos suficientes y fijos; lo que les permitiría algo tan importante como es la planificación. Con el sistema de subvenciones el intentar planificar es una quimera, ya que nunca se sabe si te darán fondos y si estos se repetirán en el tiempo. El municipalismo no es subvencionable, en la actualidad, en muchas ocasiones el político municipal no rinde cuentas ante la ciudadanía sino ante un Director de Departamento. La Administración Local española está tutelada políticamente y subvencionada financieramente, lo cual es incompatible con la democracia y la Constitución.

La reforma de la Ley de Bases del Régimen Local es un cúmulo de engaños: ahorros, eficiencia, eliminación de duplicidades… con brindis al sol como la reducción de salarios de alcaldes y concejales. Es una subversión democrática con la reducción del poder local a favor de los técnicos y otras administraciones. Y una ocasión perdida para clarificar las competencias entre las distintas administraciones y estudiar una nueva financiación que garantice su ejecución.

(*) Para la realización de este artículo se han recogido algunas opiniones vertidas por Manuel Zafra Víctor en la II Conferencia de Pequeños Municipios del PSM. Manuel Zafra Víctor ha sido director general de Cooperación Local en el Ministerio de Administraciones Públicas (2004-2007), director general de Administración Local en la Junta de Andalucía (2008-2010). Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada.

(**) Detentar: Poseer o retener algo ilegítimamente.

Óscar Jiménez Bajo
Alcalde de Torrelaguna

“¿Por qué UPyD sale a la calle sin haber elecciones?” por UPyD Tres Cantos

Con una periodicidad mensual, las agrupaciones locales de UPyD salen a la calle en un intento de acercar de nuevo la política al ciudadanos y explicar lo que hacemos, nuestras `propuestas y nuestros actos al ciudadano. Sin embargo,  de todas las preguntas posibles que pueden hacernos los ciudadanos, la más recurrente es sobre el qué hacemos montando estas salidas, cuando todavía  queda mucho para las elecciones.

Cualquier ciudadano puede preguntarnos en público, a la vista de todos, nos haya votado o no. Estamos en la calle porque es necesario estar ahí, porque es necesario que mucha gente desencantada con toda la razón de la política en España comprueben que hay otra manera de hacer las cosas.

La política deben hacerla los ciudadanos. El esfuerzo hemos de hacerlo entre todos. No podemos quejarnos de que determinados indeseables en partidos políticos nos roban a manos llenas, si únicamente nos preocupamos de la política cada cuatro años a la hora de votar, o ni siquiera eso.

La “res pública” latina es la “cosa de todos”. La política no es de los políticos ni de los partidos, es cosa de todos y nos pertenece a todos.  Pero esa propiedad, que es un derecho, por el que mucha gente luchó en la dictadura tiene también su reverso: la responsabilidad de ejercerlo.

En España nos hemos abandonado demasiado tiempo. Cuando todo iba bien, hemos dejado que gobernaran por nosotros y sin pedir demasiadas explicaciones. Y a los que auguraban lo peor les llamamos agoreros.

Ahora estamos reaccionando, unos por la fuerza de la razón, otros por el peso de lo evidente, y otros movidos por desgracias propias y ajenas que les han abierto los ojos. Y por eso salimos a la calle. No a protestar, sino a proponer. No a destrozar, sino a construir. A dialogar. Tener opiniones distintas no significa que sean contrarias, ni que seamos enemigos. Es necesario poder volver hablar de política partiendo desde las ideas y no desde trincheras ideológicas que solo propician enfrentamientos estériles.

Por eso salimos a la calle. Para demostrar a la gente que hay otros caminos, otras vías. Y para pedirles que hagan también su parte. Que si quieres cambiar algo, quedarte en casa no vale. Si quieres cambiar, has de proponer. Las cosas se cambian sumando, y ciento uno pueden más que cien.

Es nuestro ADN. Rendir cuentas. Transparentes. Diálogo. Propuestas concretas, prácticas y aplicables. Queremos unos consejos sectoriales con participación real entre ciudadanos, asociaciones y ayuntamiento, y no unos órganos meramente propagandísticos de las bondades de la gestión del equipo de gobierno. Es necesario articular sistemas de participación ciudadana efectiva. Hasta que esto forme parte de nuestro sistema político, hasta que los ciudadanos puedan hablar con los políticos e influir en sus decisiones con aportaciones de una manera real, nosotros saldremos a la calle a hablar con los ciudadanos. Porque es nuestro deber, y porque es como las personas que estamos  en UPyD  entendemos que se debe hacer la política.

UPyD Tres Cantos

“Secuelas psicológicas tras diez años de secuestro” por Rosana y Mónica Pereira

FOTO_ROSANAYMONICA_HAZTUAAnte la reciente noticia de la aparición de tres jóvenes que han vivido los últimos diez años retenidas por sus secuestradores, se plantean muchos interrogantes acerca de cuáles pueden ser las secuelas psicológicas y emocionales que podrían sufrir estas tres chicas a partir del momento de su liberación.

Para una persona que ha estado diez años secuestrada y aislada del mundo, volver a su vida anterior al secuestro evidentemente es un shock. Esa persona va a esperar que el mundo exterior siga más o menos igual que cuando lo dejó y se va a encontrar con muchísimos cambios. Igual que para ellas han pasado diez años, para sus seres queridos también. Faltará gente, habrá gente nueva, y eso va a generar mucha incertidumbre y mucha dificultad para ir asumiendo todo lo que ha ocurrido en su mundo.

El trabajo de los profesionales pasará por tratar de normalizar lo más posible todo lo sucedido. Es posible que lleguen a extrañar la vida en cautividad, y tienen que saber que eso es normal. Hay que ir poco a poco explicándoles qué puede ocurrir, adelantarles lo que van a sentir. 

En esta situación, después de diez años privadas de libertad, hasta el simple hecho de salir a la calle puede resultar abrumador para ellas. A esto hay que añadir que ahora son muy conocidas y pueden sentirse sobrepasadas por el mismo reconocimiento de la gente por la calle. Tendrán que ir relacionándose poco a poco, primero con sus círculos más cercanos y respetando el ritmo que ellas mismas vayan marcando.

Sin duda, la edad a la que han sido secuestradas también influye en las posibles secuelas emocionales. Estas jóvenes fueron secuestradas cuando tenían entre 14 y 20 años. A más edad, existen muchas más experiencias previas de vida que permiten saber que la situación que se está viviendo no es “normal”. A menor edad es más fácil adaptarse a las condiciones de vida impuestas por el secuestrador porque tienen menos experiencias con las que comparar, es la vida que conocen y no lo ven como algo extraño. Cuanto más mayor, más dificultad para asumir lo vivido porque es algo que se vive como ajeno a uno mismo, no se ha decidido. Por otra parte, esa madurez mental también puede ayudar en el proceso de recuperación ya que permite mayor capacidad de crítica con respecto al secuestrador que cuando se trata de un niño más pequeño. Es muy difícil para los niños más pequeños romper con su secuestrador, ya que muchas veces sólo tienen recuerdos de esa persona que les ha secuestrado y carecen de memoria de su vida anterior al secuestro. El secuestrador se ha convertido en su única familia.

El síndrome de Estocolmo se produce tras un largo período de tiempo en el que la única interacción humana es con el secuestrador, eso genera dependencia de él, y tantas horas en soledad, sin tener relación con nadie, provocan que se desee que esa persona aparezca. La separación de esa persona que en determinados momentos ha podido dar un trato más o menos bueno (es muy importante el trato recibido durante el cautiverio), puede hacer que se le eche de menos. Para estas tres jóvenes, el haber convivido juntas, ha podido ser la razón de que no hayan desarrollado el síndrome y pidieran ayuda en cuanto tuvieron ocasión de hacerlo.

Aún son muchos los interrogantes en relación con este secuestro. La investigación ayudará a comprender la situación por la que han pasado estas tres jóvenes. Sabemos que cada persona reacciona de una manera diferente ante situaciones traumáticas. El apoyo de psicólogos en estos primeros momentos es importantísimo para una mejor y más rápida recuperación emocional y social de estas jóvenes. Y eso es lo que desde aquí les deseamos.

Rosana y Mónica Pereira Davila
Responsables de Haztúa Psicología Positiva
www.haztua.com