“Alternativas en defensa de la Sanidad Pública” por Marciano Sánchez Bayle

Nuestro Sistema Sanitario Público, gozaba de una gran prestigio a nivel internacional por sus buenos resultados en salud a un coste relativamente bajo (por debajo de la media de los países desarrollados de la OCDE), así el Informe Bloomberg (2013) lo situaba en el 5º lugar del mundo y el primero de Europa en cuanto a eficiencia.

También existía un reconocimiento generalizado por su carácter universal y equitativo; su naturaleza redistributiva al financiarse con impuestos; su accesibilidad para los pacientes, al no existir barreras económicas ni por razones de edad, sexo o raza; por ser gratuito en el momento de uso; por su integralidad,  con una atención que incluía promoción, prevención, curación y  rehabilitación de la salud; basado en una potente Atención Primaria como puerta del sistema y responsable de garantizar  la longitudinalidad y continuidad de la atención y la  distribución racional de los pacientes y los recursos.

La Política sanitaria del PP ha estado orientada a privatizar el sistema sanitario público para ponerlo en manos de entidades bancarias,  multinacionales sanitarias y fondos de inversión internacional ubicados en los paraísos fiscales. 

Desde el gobierno central y  los autonómicos se está aplicando una política de tierra quemada, acelerando el desmantelamiento y privatización de los servicios sanitarios más rentables, que están siendo privatizados a cambio de unos pagos que multiplican sus costes reales y que suponen un elevado endeudamiento para las arcas del Estado. Esta privatización va acompañada del despido de miles de trabajadores sanitarios (más de 53.000), de la  reducción de la oferta de servicios y de la generalización de copagos  por los ciudadanos.

Esta estrategia esta respaldada, alentada y sostenida por una alianza privatizadora de intereses financieros, económicos y empresariales. Entre sus principales logros están el haber conseguido incrementar de manera exponencial los conciertos con la sanidad privada;  la externalización y privatización de gran parte de los servicios; conseguir importantes subvenciones públicas;  participar en la financiación y gestión de nuevos centros sanitarios y controlar los fondos  y actividades de investigación, desarrollo tecnológico y docencia del personal.

El sector privado se ha apropiado ya de los nuevos hospitales de Madrid, Valencia,  Galicia, Aragón, Baleares, etc; controla los sistemas de información, centrales telefónicas de llamadas e historia clínica electrónica; consiguió la adjudicación de los servicios de laboratorio y radiología de algunos hospitales públicos; controla  sistemas de adquisición y evaluación de equipamiento tecnológico en algunas CCAA; participa en los sistemas de acreditación, docencia pre y postgraduada y de formación continuada;  ha logrado el control de los recursos económicos destinados a investigación y desarrollo (I+D+I); etc. Como consecuencia gran parte de los servicios del sistema público han pasado a manos de bancos,  empresas multinacionales y fondos de inversión. Para rematar el proceso privatizador, el Ministerio de Sanidad acordó con el Foro de la Profesión Médica la privatización de la gestión asistencial mediante las nuevas Unidades de Gestión Clínica, que transformarán los servicios asistenciales en empresas (dotadas presuntamente de autonomía plena), pero que en realidad estarán dirigidas por directores designados a dedo por la administración, para gestionar a su dictado al personal y el presupuesto, con capacidad para competir entre sí vendiendo sus productos en un mercado sanitario interno, en el que estará presente también personal y capital privado.

La intención de estas políticas es impedir, si se producen cambios, que el nuevo gobierno entrante  pueda dar marcha atrás en las privatizaciones y recuperar el sistema sanitario público, generando así el descrédito político y una gran frustración de la población

Sin embargo, en 2015 estamos en el momento clave para revertir estas políticas suicidas de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública. Las próximas elecciones autonómicas y generales nos dan la ocasión de dar un giro de 180º a la situación y reorientar la política sanitaria hacia la consecución de mayores niveles de salud de la población. Para ello seria necesario:

1. Garantizar la Universalidad de la asistencia sanitaria, lo que supone la derogación del RD 16/2012 y la eliminación de los sistemas paralelos (MUFACE, mutuas laborales, etc)
2. Proporcionar una financiación suficiente del Sistema Sanitario Público equiparando  el % de PIB a la media de los países de la UE (un punto más de PIB), para hacer frente al deterioro de la salud consecuencia de la crisis. Cambiar el modelo de financiación para recuperar su carácter redistributivo mediante impuestos directos, en función de la población y de sus características y dotarlo de un carácter finalista
3. El establecimiento de una cartera amplia de servicios en todo el Estado,  en función de las necesidades de la población, sin barreras en el acceso por razones geográficas y con compatibilidad en los sistemas de información
4. Garantizar el acceso a la asistencia sanitaria según necesidades en todo el territorio, suprimiendo los copagos.
5. La revocación de las Leyes de Ordenación Sanitarias y la  Ley 15/1997 de Nuevas Formas de Gestión, que favorecen la privatización,  del RD 16/1012 de Medidas para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario, y las de las Unidades de Gestión Clínica.
6. El compromiso de  recuperar todas las privatizaciones y externalizaciones de servicios sanitarios  y los sistemas de información  cedidos a empresas multinacionales
7. Avanzar en una política farmacéutica que anteponga el derecho a la salud de las personas a los intereses económicos de las multinacionales.
8. Potenciar la Atención Primaria como alternativa a los recortes para salir de la crisis. Se deberán incrementar sus recursos hasta alcanzar el 25% del prepuestos sanitario en 5 años, una manera de mejorar su capacidad diagnóstica y terapéutica
9. Una política sanitaria  y de formación basada en la Promoción de Salud que oriente y racionalice las actuaciones del sistema,  frente a la actual estrategia de medicalización de las relaciones sanitarias y de utilización intensiva de los recursos tecnológicos
10. Una política de personal que acabe con los recortes y la no reposición de las jubilaciones, basada en la estabilidad laboral, los incentivos profesionales, y en recuperar  los derechos laborales suprimidos por el actual Gobierno
11. Establecer la participación de los profesionales y de la población en la planificación, control y evaluación de la planificación ya actividades del sistema, de sus niveles de gestión  y de sus centros sanitarios.
12.  Oposición a la aprobación del Tratado de Libre Comercio  entre Estados Unidos y la Unión Europea, al tratado de libre comercio entre Canadá y la UE (CETA) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA)
13.  Establecer auditorias sobre los gastos del Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Sanidad de las CCAA, y la transparencia de la información sanitaria.

Pero hay que se conscientes de que estos objetivos no se conseguirán solo con un vuelco electoral, por otro lado imprescindible, sino que además hay que articular una gran movilización social y sanitaria en defensa de estas propuestas, con el apoyo de los grupos parlamentarios de las Cortes del Estado, los Parlamentos Autonómicos, Ayuntamientos, etc., buscando la mayor unidad por encima de legítimas diferencias.

Las experiencias de movilizaciones de la marea Blanca en Madrid demuestran que cuando estas son unitarias, masivas, sostenidas en el tiempo y sobre todo cuando aúnan los intereses de la ciudadanía con los de los trabajadores de la sanidad, existe una elevada probabilidad de éxito.

A principios de año siempre es un momento de hacer buenos propósitos, pero para que no se queden solo en eso, para lograrlos, hay que trabajar con esfuerzo e insistencia. Merece la pena hacerlo, esta en juego nuestra salud.

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid