“Alternativas en defensa de la Sanidad Pública” por Marciano Sánchez Bayle

FOTO_MARCIANOSANCHEZNuestro Sistema Sanitario Público, gozaba de una gran prestigio a nivel internacional por sus buenos resultados en salud a un coste relativamente bajo (por debajo de la media de los países desarrollados de la OCDE), así el Informe Bloomberg (2013) lo situaba en el 5º lugar del mundo y el primero de Europa en cuanto a eficiencia.

También existía un reconocimiento generalizado por su carácter universal y equitativo; su naturaleza redistributiva al financiarse con impuestos; su accesibilidad para los pacientes, al no existir barreras económicas ni por razones de edad, sexo o raza; por ser gratuito en el momento de uso; por su integralidad,  con una atención que incluía promoción, prevención, curación y  rehabilitación de la salud; basado en una potente Atención Primaria como puerta del sistema y responsable de garantizar  la longitudinalidad y continuidad de la atención y la  distribución racional de los pacientes y los recursos.

La Política sanitaria del PP ha estado orientada a privatizar el sistema sanitario público para ponerlo en manos de entidades bancarias,  multinacionales sanitarias y fondos de inversión internacional ubicados en los paraísos fiscales. 

Desde el gobierno central y  los autonómicos se está aplicando una política de tierra quemada, acelerando el desmantelamiento y privatización de los servicios sanitarios más rentables, que están siendo privatizados a cambio de unos pagos que multiplican sus costes reales y que suponen un elevado endeudamiento para las arcas del Estado. Esta privatización va acompañada del despido de miles de trabajadores sanitarios (más de 53.000), de la  reducción de la oferta de servicios y de la generalización de copagos  por los ciudadanos.

Esta estrategia esta respaldada, alentada y sostenida por una alianza privatizadora de intereses financieros, económicos y empresariales. Entre sus principales logros están el haber conseguido incrementar de manera exponencial los conciertos con la sanidad privada;  la externalización y privatización de gran parte de los servicios; conseguir importantes subvenciones públicas;  participar en la financiación y gestión de nuevos centros sanitarios y controlar los fondos  y actividades de investigación, desarrollo tecnológico y docencia del personal.

El sector privado se ha apropiado ya de los nuevos hospitales de Madrid, Valencia,  Galicia, Aragón, Baleares, etc; controla los sistemas de información, centrales telefónicas de llamadas e historia clínica electrónica; consiguió la adjudicación de los servicios de laboratorio y radiología de algunos hospitales públicos; controla  sistemas de adquisición y evaluación de equipamiento tecnológico en algunas CCAA; participa en los sistemas de acreditación, docencia pre y postgraduada y de formación continuada;  ha logrado el control de los recursos económicos destinados a investigación y desarrollo (I+D+I); etc. Como consecuencia gran parte de los servicios del sistema público han pasado a manos de bancos,  empresas multinacionales y fondos de inversión. Para rematar el proceso privatizador, el Ministerio de Sanidad acordó con el Foro de la Profesión Médica la privatización de la gestión asistencial mediante las nuevas Unidades de Gestión Clínica, que transformarán los servicios asistenciales en empresas (dotadas presuntamente de autonomía plena), pero que en realidad estarán dirigidas por directores designados a dedo por la administración, para gestionar a su dictado al personal y el presupuesto, con capacidad para competir entre sí vendiendo sus productos en un mercado sanitario interno, en el que estará presente también personal y capital privado.

La intención de estas políticas es impedir, si se producen cambios, que el nuevo gobierno entrante  pueda dar marcha atrás en las privatizaciones y recuperar el sistema sanitario público, generando así el descrédito político y una gran frustración de la población

Sin embargo, en 2015 estamos en el momento clave para revertir estas políticas suicidas de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública. Las próximas elecciones autonómicas y generales nos dan la ocasión de dar un giro de 180º a la situación y reorientar la política sanitaria hacia la consecución de mayores niveles de salud de la población. Para ello seria necesario:

  1. Garantizar la Universalidad de la asistencia sanitaria, lo que supone la derogación del RD 16/2012 y la eliminación de los sistemas paralelos (MUFACE, mutuas laborales, etc)
  2. Proporcionar una financiación suficiente del Sistema Sanitario Público equiparando  el % de PIB a la media de los países de la UE (un punto más de PIB), para hacer frente al deterioro de la salud consecuencia de la crisis. Cambiar el modelo de financiación para recuperar su carácter redistributivo mediante impuestos directos, en función de la población y de sus características y dotarlo de un carácter finalista
  3. El establecimiento de una cartera amplia de servicios en todo el Estado,  en función de las necesidades de la poblaciónsin barreras en el acceso por razones geográficas y con compatibilidad en los sistemas de información
  4. Garantizar el acceso a la asistencia sanitaria según necesidades en todo el territorio, suprimiendo los copagos.
  5. La revocación de las Leyes de Ordenación Sanitarias y la  Ley 15/1997 de Nuevas Formas de Gestión, que favorecen la privatización,  del RD 16/1012 de Medidas para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario, y las de las Unidades de Gestión Clínica.
  6. El compromiso de  recuperar todas las privatizaciones y externalizaciones de servicios sanitarios  y los sistemas de información  cedidos a empresas multinacionales
  7. Avanzar en una política farmacéutica que anteponga el derecho a la salud de las personas a los intereses económicos de las multinacionales.
  8. Potenciar la Atención Primaria como alternativa a los recortes para salir de la crisis. Se deberán incrementar sus recursos hasta alcanzar el 25% del prepuestos sanitario en 5 años, una manera de mejorar su capacidad diagnóstica y terapéutica
  9. Una política sanitaria  y de formación basada en la Promoción de Salud que oriente y racionalice las actuaciones del sistema,  frente a la actual estrategia de medicalización de las relaciones sanitarias y de utilización intensiva de los recursos tecnológicos
  10. Una política de personal que acabe con los recortes y la no reposición de las jubilaciones, basada en la estabilidad laboral, los incentivos profesionales, y en recuperar  los derechos laborales suprimidos por el actual Gobierno
  11. Establecer la participación de los profesionales y de la población en la planificación, control y evaluación de la planificación ya actividades del sistema, de sus niveles de gestión  y de sus centros sanitarios.
  12.  Oposición a la aprobación del Tratado de Libre Comercio  entre Estados Unidos y la Unión Europea, al tratado de libre comercio entre Canadá y la UE (CETA) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA)
  13.  Establecer auditorias sobre los gastos del Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Sanidad de las CCAA, y la transparencia de la información sanitaria.

Pero hay que se conscientes de que estos objetivos no se conseguirán solo con un vuelco electoral, por otro lado imprescindible, sino que además hay que articular una gran movilización social y sanitaria en defensa de estas propuestas, con el apoyo de los grupos parlamentarios de las Cortes del Estado, los Parlamentos Autonómicos, Ayuntamientos, etc., buscando la mayor unidad por encima de legítimas diferencias.

Las experiencias de movilizaciones de la marea Blanca en Madrid demuestran que cuando estas son unitarias, masivas, sostenidas en el tiempo y sobre todo cuando aúnan los intereses de la ciudadanía con los de los trabajadores de la sanidad, existe una elevada probabilidad de éxito.

A principios de año siempre es un momento de hacer buenos propósitos, pero para que no se queden solo en eso, para lograrlos, hay que trabajar con esfuerzo e insistencia. Merece la pena hacerlo, esta en juego nuestra salud.

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

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“Esta no es la reforma local que necesita nuestro país” por Esperanza Fernández

Esperanza Fernández, portavoz UPyD GetafeEl Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que ahora continuará su tramitación en el Senado,  con los votos a favor del PP, UPN y PNV y los votos en contra del resto de partidos. Las razones para el voto en contra de la mayor parte de la oposición son una apuesta por el inmovilismo y el bloqueo a toda reforma. Sin embargo, el voto contrario de UPyD  tiene un significado diferente pues lo que ha intentado la formación magenta es que se aborde en serio la imprescindible reforma de nuestra administración local, que sería el primer paso para la reforma que necesitan todas nuestras administraciones públicas.

Lo primero, pues,  que podría decir de la reforma es que se ha desaprovechado una magnífica oportunidad de emprender de una vez la modernización y racionalización de nuestra administración municipal. En España hay  8. 117 municipios. De estos, 4. 858 tienen menos de 1.000 habitantes. A su vez, 1.000 tienen menos de 100 habitantes y menos de 390 tienen más de 20.000 habitantes.  En estos últimos se concentra el 80 % de la población. El diseño de este mapa municipal data de principios del siglo XIX, un momento histórico claramente alejado del actual en cuanto a población, actividad económica, comunicaciones y desarrollo tecnológico. Mantenerlo en las  actuales circunstancias es seguir condenados a un funcionamiento ineficaz de nuestros ayuntamientos, a un derroche de recursos, pues se desaprovechan las posibilidades de las economías de escala y, en consecuencia, a soportar el coste de oportunidad de dedicar medios a mantener estructuras ineficaces, medios que podrían ser mejor empleados. Este esquema tiene unas consecuencias muy negativas entre las que sobresalen  la ineficacia en la prestación de servicios públicos y su encarecimiento Demorar su reforma es empecinarnos en seguir a la cola de los países de nuestro entorno, Europa Occidental, que abordaron estas reformas tras la Segunda Guerra Mundial.

Según diversos estudios, la cifra de 20.000 habitantes sería la óptima  para garantizar una eficaz profesionalización del personal y asegurar una buena calidad de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos y es la cifra que propone UPyD como punto de partida, pero esa propuesta, lamentablemente, tendrá que esperar de momento.

Otro aspecto muy criticable de esta reforma es la negativa a la supresión de diputaciones, lo que no solo supone mantener una fuente de derroche sino también un bastión antidemocrático. Ya era incomprensible que, tras la instauración del Estado Autonómico, ninguno de los dos partidos que han gobernado desde entonces haya encontrado el momento de acabar con ese escalón del complejo aparato estatal que padecemos, fruto de la reforma decimonónica, que cumplió su función en su momento pero ahora es un lastre. El pretexto del Gobierno para mantenerlas es que dan servicio a los municipios pequeños. Sin embargo, podríamos dar la vuelta al argumento para entenderlo: No tocan los municipios pequeños para no tener que suprimir las diputaciones, chiringuito rentable al bipartidismo, aunque sea nocivo para el interés general.   

 

Con esta reforma  tampoco queda resuelto el problema de la financiación, ni el de las duplicidades, ni se avanza en la profesionalización de la administración local,  ni acierta en la distribución de competencias, incurriendo en errores como el de quitar a los ayuntamientos competencias en servicios sociales, que han venido desarrollando con acierto en general.

En fin, es una reforma hecha por imperativo del ahorro que nos imponen desde fuera, hecha sin consenso y sin proyecto, sin ningún horizonte de mejora de nuestra administración local; una reforma de un mal estadista, de un partido más pendiente de no disgustar a sus cargos, de mantener sus bastiones, sus intereses clientelares. Es la reforma de un partido sin ambición de país.  

 

Esperanza Fernández Acedo
Concejal portavoz del Grupo Municipal de UPyD Getafe