«La atención sanitaria a los inmigrantes irregulares» por Marciano Sánchez Bayle

En estos días se ha producido un especial protagonismo de la atención sanitaria de los inmigrantes irregulares en nuestro país, y los medios han recogido multitud de declaraciones de intenciones en mas de caso contradictorias.

El problema de la atención sanitaria de este colectivo surgió con la aprobación del  Real Decreto Ley (RDL) 16/2012 que cambio el derecho a la atención sanitaria pasando de un  derecho vinculado a las personas a otro que lo hacia depender de la condición de asegurado, como consecuencia de lo que se excluyo a las personas que se encontraban en España en situación irregular.

Es importante resaltar que, aunque se ha paralizado  la aplicación del RDL 16/2012 en sus aplicaciones más lesivas, es evidente que la intencionalidad de este cambio es avanzar progresivamente hacia un modelo de seguros, lo que supondría un aumento del gasto sanitario y de las desigualdades en el acceso, tal y como demuestra la experiencia internacional (el caso mas reciente es el de Holanda). También que el Tribunal Constitucional ya ha avalado en 2 casos (recursos a la normativa del País Vasco y Navarra) la paralización de la aplicación en estos territorios de la exclusión a los inmigrantes no regularizados, y que varias CCAA más han realizado normativas propias para garantizar en todo o en parte la atención sanitaria. Aunque no se conocen bien, por motivos obvios (su situación de irregulares les hace que procuren ser poco “visibles”) los efectos sobre la salud para los excluidos han sido estudiados por varias organizaciones sociales y profesionales y se conoce que hay al menos 3 muertes debidas a esta exclusión ,y se han producido además muchos casos de desatención, a mas de algunas situaciones en las que ni siquiera se ha aplicado la normativa vigente (niños no atenidos, problemas en urgencias, etc), y una gran variabilidad en su aplicación dependiendo del centro y la persona concreta (es decir una gran arbitrariedad concreta). En conclusión se ha generado más desigualdad, ningún ahorro y problemas muy graves para algunas personas.

Es obvio que la exclusión, como ya se señalo cuando se aprobó el RDL iba a tener problemas humanitarios, problemas sanitarios y mínima repercusión económica. Por eso el tiempo ha acabado convenciendo, incluso al PP, de que había que rectificar

Dejando de lado Navarra, donde UPN que gobernaba con el apoyo del PP, ya se opuso a esta medida desde el principio, el siguiente movimiento se produjo cuando el Ministro de Sanidad, en marzo pasado, señalo que iba a garantizar la atención sanitaria a este colectivo en Atención Primaria, pero incapaz de reconocer que había que rectificar en profundidad no se avanzo mas allá en lo concreto. Después de las elecciones autonómicas el cambio producido en 7 CCAA ha cambiado significativamente la situación porque varias de ellas (hasta ahora Valencia, Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha y Extremadura pero presumiblemente las 7 en unos meses) han asegurado su intención de garantizar el acceso a las tarjetas sanitarias a este grupo de población.

Resultan incomprensibles declaraciones del Secretario General de Sanidad sobre las posibles sanciones de la UE a las CCAA que faciliten el acceso a la Sanidad Pública a los inmigrantes (inmediatamente corregidas por la Unión Europea que ha señalado que el derecho a la atención sanitaria en España es una cuestión a decidir en el país) y que obviamente contrastan con el hecho de que la UE no ha puesto en marcha ninguna sanción contra las CCAA que desde 2012 ya garantizaban esta atención sanitaria (País Vasco, Navarra, Andalucía, Asturias), y por lo tanto solo evidencian el intento de no reconocer el fracaso de una política sanitaria equivocada y lesiva para la población.

Ahora se produce la declaración de la Comunidad de Madrid de facilitar la atención sanitaria a este grupo de personas y del propio Rajoy de poner en marcha un mecanismo generalizado de solución del problema. Por supuesto se trata de reacciones tanto a la proposición no de ley aprobada en la Asamblea de Madrid pidiendo al Gobierno regional que garantice la atención sanitaria de los inmigrantes “sin papeles” como de la cercanía de las elecciones y del hecho que la mayoría de las CCAA van a garantizar esta atención sanitaria si es preciso a espaldas de la normativa estatal.

Deberíamos de tener claro que la cobertura de toda la población por la Sanidad Pública es fundamental, por motivos de justicia y de humanidad, pero también por motivos sanitarios y económicos. Y además que la atención sanitaria debe de cubrir el total de las prestaciones garantizadas en el catalogo de prestaciones (en la atención primaria y la especializada) sin exclusión.

De paso debería de derogarse el RDL 16/2012 porque ha supuesto un tremendo retroceso en nuestro sistema sanitario y porque algunos de los aspectos del mismo que siguen aplicándose (por ejemplo el copago farmacéutico) suponen serios problemas para el acceso a prestaciones sanitarias para un grupo importante de la población, los mas pobres y los mas enfermos.

 

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

“La Sanidad Pública, un derecho humano fundamental” por Marciano Sánchez Bayle

Uno de las principales agresiones realizadas por el gobierno del PP al derecho a la salud ha sido a raíz de la aprobación del RD Ley 16/2012 en abril de ese año. En el mismo se sacaba fuera de la cobertura sanitaria pública a los inmigrantes no regularizados, a las personas con ingresos superiores a los 100.000 € anuales, a los que pasaban mas de 90 días fuera del país y a los mayores de 26 años no asegurados, si bien esta ultima exclusión se corrigió en el RD1192/2012 en el que se permitía la atención sanitaria a este colectivo si demostraba tener ingresos inferiores a 100.000€ anuales.

La situación previa estaba regulada por la Ley General de Sanidad (1986) y la Ley General de Salud Pública (2011) que vinculaban el derecho a la atención sanitaria con la residencia en el país. La primera señalaba que la universalización “se haría de manera progresiva” lo que supuso que la cobertura era de un 97-99%, pero solo con la aprobación de la segunda este derecho recogía a toda la población, aunque no se desarrollo. Otro hecho llamativo es la existencia de las mutualidades de funcionarios (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) en las que con financiación pública se da una cobertura sanitaria mayoritariamente privada lo que supone un elemento de desigualdad en la provisión sanitaria, a la vez que una formula de financiación pública de las compañías de seguros privados.

¿Porque hay que oponerse a estos cambios?. Hay muchos motivos, pero vamos a esquematizarlos en 4: Primero hay una razón conceptual, los modelos de servicios nacionales de salud, como era el español, aseguran la atención sanitaria a todas las personas, los sistemas de seguros, el modelo del RDL restringen esta atención a las personas aseguradas, independientemente de sus necesidades de salud, por lo que fomentan una gran desigualdad en el acceso a la atención sanitaria que acaba estando mediatizada por la situación económica de las personas. Conviene darse cuenta de que esta modificación que ahora puede parecer poco relevante tiene un objetivo fundamental que es el de segmentar el derecho a la atención sanitaria (las personas con mas recursos tendrán seguros privados, los trabajadores por cuenta ajena una seguridad social deteriorada y el resto de la población quedara en manos de la beneficencia).

Segundo porque este nuevo sistema de exclusiones ignora que la salud es uno de los derechos humanos básicos reconocido por los organismos internacionales, siendo un grave problema desde el punto de vista ético y moral, y estos mismos organismos recomiendan que sean garantizados por servicios sanitarios de cobertura universal porque ya se sabe que “un servicio para pobres será siempre un pobre servicio” (Olof Palme). Luego por motivos sanitarios, porque la no cobertura de grupos mas o menos importantes de personas favorece focos de enfermedades infectocontagiosas y su propagación en el resto de la población y fomenta la utilización inapropiada de los servicios sanitarios (como por ejemplo sucede circunscribiendo la asistencia sanitaria de los inmigrantes a los servicios de urgencia). Y por fin por motivos económicos, entre los que hay que tener en cuenta que los sistemas de seguros tienen unos costes muy superiores a los servicios universales y que las repercusiones económicas de postergar la asistencia sanitaria incrementan el gasto.

Los resultados son bien conocidos en lo que respecta a los inmigrantes irregulares que son los que han merecido una mayor atención mediática por ser los mas desprotegidos: hasta ahora hay al menos 3 muertes documentadas y numerosos casos de desatención, muchas veces arbitrarias e ilegales (con frecuencia se detectan denegaciones de asistencia en casos no contemplados por el RDL: niños, embarazadas, urgencias, etc), los otros colectivos excluidos son de muy difícil seguimiento (por ejemplo el de los que viven mas de 90 días en el extranjero, probablemente no detectados en la mayoría de los casos por la administración). Lo que si se conoce es que los seguros públicos alternativos han sido un fracaso estrepitoso porque son incluso mas caros que los seguros privados (solo los han contratado unos centenares de personas). Con todo hay que señalar que la aplicación de estas exclusiones ha sido muy diversa ya que las CCAA han acabado aplicando políticas muy distintas, algunas (Navarra, País Vasco, Andalucía, Asturias) han arbitrado formulas para garantizar la atención sanitaria de todas las personas, otras garantizan la asistencia en algunos casos o niveles asistenciales y otras aplican el RDL a rajatabla, con lo que se ha aumentado aún mas la desigualdad. Por otro lado la situación fomenta la arbitrariedad mas absoluta, el último caso es el de la Comunidad de Madrid, que saco de la base informática a los niños que no había tramitado sus papeles en el plazo de 90 días, cuando el RDL señala de manera clarísima que se garantiza la atención sanitaria a todos los menores de 18 años.

 

¿Cuáles son las alternativas?

La primera y fundamental es derogar el RDL 16/2012 y desarrollar una normativa especifica que garantice la cobertura de la totalidad de la población por el Sistema Nacional de Salud, sin exclusiones (esta incluso puede desarrollarse por las CCAA en su ámbito geográfico). Asimismo habría que incluir la asistencia sanitaria de las mutualidades de funcionarios en el sistema público (seguramente sería fácil establecer un sistema transitorio que respetase su pervivencia para los actuales mutualistas y en el que todas las nuevas incorporaciones lo fueran al modelo general), y también integrar las mutuas laborales (un modelo de corrupción y privatización con fondos públicos) dentro de los servicios sanitarios públicos. Conviene recordar que ambas opciones ya estaban contempladas en la Ley General de Sanidad, ¡en 1986!. El objetivo es conseguir la universalización y consolidación del sistema sanitario público como sistema de solidaridad y de justicia y equidad social.

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública

“Divide y vencerás” por Juan Torres García

Al igual que un trabajador pelota, que para congraciarse con el jefe traiciona a sus compañeros, el Presidente Rajoy ha decidido ser el alumno más aventajado de la dueña de Europa. Entre los gobiernos europeos, el español ha sido el más beligerante y crítico con el nuevo ejecutivo griego, sea por miedo a que las medidas del gobierno de Syriza tengan éxito y puedan suponer un cambio político en nuestro país, o sea porque piensen que atacando a Grecia la señora Merkel y Alemania van a ser más benévolos con España. La realidad es que nuestro gobierno ha decidido ser más papista que el Papa y exige a Grecia más austeridad y más recortes, rompiendo una posible alianza con los otros países damnificados por las políticas económicas de austeridad, los despectivamente denominados PIGS[i], y olvidando aclarar en sus declaraciones públicas que nuestro país no salió al rescate de Grecia, sino al de los bancos que tenían deuda griega.

La actuación de nuestros gobernantes es un ejemplo claro de que es más fácil congraciarse con el poderoso que apoyar al débil. Siempre se necesita un chivo expiatorio a quien hacer responsable de nuestras desgracias, máxime cuando los responsables son fuertes y de difícil acceso. En mi ciudad han aparecido panfletos de un grupo de ultraderecha y fascista en que, con un claro cariz xenófobo y de propaganda electoral, se pide que los servicios y los derechos sociales sean solo para los españoles. Una vez más pretenden enfrentar entre sí a los más pobres y desfavorecidos. Lo que este grupo olvida es que los responsables de la situación económica que vivimos no son aquellos que necesitan ayuda, sea cual sea su nacionalidad o lugar de nacimiento, sino los gobernantes que han eliminado las ayudas sociales, aplicando fuertes recortes en derechos básicos como educación, vivienda o sanidad. Quienes han quitado las becas para comedor o libros de texto no han sido los compañeros de clase de mis hijas que provienen de otros países, sino el ministro Wert o la Consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar. Las familias inmigrantes de mi colegio no son las responsables de la reducción de profesores, de la eliminación de los apoyos o de la no sustitución del profesorado enfermo: de esto son responsables los recortes que los gobiernos autonómico y central han realizado, y que han ido destinados a rescatar a los bancos y a las cajas de ahorro. Solo el rescate de Caixa Galicia y Caixa Catalunya (10.000 millones de euros) es igual a lo recortado en sanidad y educación. Entonces, ¿quién es el enemigo del bienestar de los ciudadanos españoles? ¿Es el hijo de un emigrante o el banquero manirroto y el político corrupto que ha permitido sus desmanes?

A los que tienen el poder y los boletines oficiales les es fácil conseguir enfrentar a los ciudadanos entre sí. Un ejemplo claro lo tenemos en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid: en 2012, ante la unidad de padres, profesores y alumnos contra los recortes en educación, que provocaron varias huelgas y movilizaciones en colegios, institutos y universidades, la Consejería vio una oportunidad única para romper esta unidad, flexibilizando la norma que posibilita la implantación de la jornada continua en los colegios públicos. En parte lo ha conseguido, ya que esta modificación ha provocado que cuando llega enero o febrero se inicie, en todos los colegios públicos de la Comunidad, una discusión que enfrenta, por un lado, al profesorado con una parte de las familias y, por otro, a unas familias contra otras, en un falso debate sobre las bondades de una u otra jornada escolar, bajo la que subyace en realidad la defensa de los intereses particulares de cada sector. Se supone que la Comunidad de Madrid es la que tendría que velar por el interés de los alumnos y, por tanto, es quien tendría que decidir, a partir de estudios serios y fiables y con el asesoramiento de expertos, qué tipo de jornada es la mejor para los estudiantes de nuestra Comunidad. Estoy absolutamente convencido de que el interés del alumnado no es el objetivo que persigue la Consejería de Educación, y su intención real es dividir a las familias y docentes de la escuela pública con el único objetivo de dinamitar las protestas contra los recortes.

Lo dicho: divide y vencerás.

Juan Torres García

AMPA “Buero Vallejo” de San Sebastián de los Reyes

[i] PIGS significa en inglés cerdos y son las siglas de Portugal, Irlanda, Grecia y España (Spain).

 

“Perdón por criticar” por Víctor Granado

“Yo no criticaré nunca a quienes están trabajando en las fronteras, haciendo una labor muy difícil”

Miguel Arias Cañete, 15 de mayo de 2014

El pasado 15 de mayo pudimos ver un debate a 5 entre los candidatos a presidir la comisión europea, como resultado de las elecciones al parlamento europeo, y, tras él, un debate entre los cabezas de lista de PP y PSOE. En ambos apareció el “problema de la inmigración”, pero tratado de forma diferente.

De entrada ya es bastante conceder que la realidad global de las migraciones se deje conceptualizar sin más como algo negativo y problemático por los países cuando son receptores de migrantes. En cambio estos países han desarrollado una neo-lengua para resaltar los aspectos positivos y enriquecedores que tiene la migración, conceptualizada como “movilidad”, para los nacionales que migran al exterior en busca de mejores oportunidades. Este doble rasero se traslada a los debates sobre la migración en toda su extensión, generando propuestas, modelos y posiciones ambivalentes según se hable de inmigrantes o emigrantes.

Dicho esto, la realidad de la migración hacia la Unión Europea marca la necesidad de elaborar una reflexión seria y rigurosa sobre la gestión y las políticas migratorias que la Unión y los estados miembros han desarrollado en las últimas décadas. Estas políticas han convertido el mediterráneo en un enorme cementerio en el cual entre 1993 y 2012 han muerto más de 16.000 migrantes. Durante este periodo Europa ha reforzado sus fronteras exteriores y ha desarrollado unas políticas migratorias más restrictivas que no impiden en absoluto la llegada de migrantes de forma irregular pero que son exitosas a la hora de aumentar cada vez más los riesgos de los procesos migratorios, las violaciones de derechos de los migrantes en el proceso y el número de personas que mueren en estos desplazamientos. Tal y como podemos ver en el siguiente mapa elaborado por Olivier Clochard[1] para Le monde diplomatique la estrategia de esta política migratoria ha sido situar países que taponen el acceso a la frontera exterior de la Unión, dejando en sus manos el control de los desplazamientos de personas, externalizando el control de esta frontera y aumentando los riesgos para integridad física y los derechos de las personas en desplazamiento. De esta forma, y sin incluir las últimas muertes en Lampedusa o el estrecho de Gibraltar de los últimos dos años, ambos puntos acumulan entre los dos al menos 12.000 víctimas mortales, y son ejemplo y horror de las consecuencias de las políticas migratorias y del ficticio proceso de fronterización de la Europa fortaleza.

Esta política migratoria y sus consecuencias fueron las que debatieron el pasado día 15 de mayo Jean-Claude Juncker (Partido Popular Europeo), Martin Schulz (Partido Socialista Europeo), Guy Verhofstadt (Alianza de los Liberales y Demócratas), Ska Keller (Verdes Europeos) y Alexis Tsipras (Izquierda Europea). Verhofstadt señaló la alarmante falta de cauces legales para la migración en Europa como la causa de la migración irregular. Ska Keller y Alexis Tsipras refrendaron esta afirmación indicando la vergonzante asimetría entre el número de refugiados y solicitantes de asilo aceptados como consecuencia de los conflictos de Siria y Libia, este último cuenta con la intervención de la UE, entre los países de la Unión y países poco Turquía y Jordania. Los candidatos socialista y popular coincidieron en la crítica a la disminución de las ayudas al desarrollo y la cooperación con el argumento de solucionar los problemas donde se producen y evitar que las personas tengan que dejar sus lugares de origen para buscar una vida mejor. Todas estas afirmaciones merecerían ser analizadas y criticadas con detenimiento pero, al menos en el debate, hubo un acuerdo general en señalar la necesidad bien de modular bien de revisar en profundidad las políticas migratorias de la Unión poniendo como criterio los derechos humanos de los migrantes.

No obstante, frente a lo que en ocasiones sucede las posiciones de los distintos candidatos a presidir la comisión fueron todas ellas más progresistas y respetuosas con los derechos de las personas que las consideraciones hechas sobre inmigración en el debate entre Elena Valenciano y Miguel Arias Cañete. Hasta el punto de que los argumentos esgrimidos por Valenciano fueron los mismos que empleo Juncker, el candidato del PPeuropeo, en el debate a 5. Si bien muchas de estas declaraciones pueden considerarse un brindis al sol en campaña electoral una parte importante de los grupos de representados por estos candidatos en la eurocámara criticó con firmeza la desigualdad que supone Schengen como un espacio de “libre” tránsito interior y una fortaleza inhumana en el exterior.

Ska Keller señaló la contradicción entre la carta de derechos humanos de la Unión y la actitud de Frontex respecto de iniciativas de salvamento como la operación Mare Nostrum. Mare Nostrum es una misión lanzada por el ministerio de Defensa italiano en otoño de 2013 bajo la presidencia del gobierno de Enrico Letta como “misión humanitaria” para actuar en operaciones de salvamento marítimo en el Mediterraneo e intentar evitar más naufragios y más muertes. El control de la frontera exterior de la Unión es responsabilidad de los estados miembros y con esta operación Italia quiso responder a los naufragios de octubre de 2013 en Lampedusa con otra operación militar, en este caso de salvamento. Dentro de la crítica que merece que la respuesta a la migración por parte de la UE sea exclusivamente militar el choque y la crítica entre Frontex, como misión de vigilancia represora y Mare Nostrum como misión militar de salvamento escenifica la incoherencia de las políticas europeas de la Unión y su falta de respeto a los derechos humanos fundamentales.

Como bien señalaba el liberal Guy Verhofstadt es la inexistencia de cauces legales para la migración lo que genera y favorece el desarrollo de una migración irregular en la UE. Este diagnóstico y la crítica de fondo al control de la frontera exterior en ausencia del respeto a los derechos humanos de los migrantes son los dos puntos principales que cabe extraer del debate sobre migración y los dos aspectos centrales de un proyecto europeo que quiera realmente revisar sus políticas migratorias de cara a respetar de manera efectiva los derechos humanos.

En este sentido Migreurop ha hecho una propuesta de cuatro medidas reales y realizables de inmigración legal que acaben con las muertes y la inmigración irregular. Estas medidas pretenden solventar la emergencia humanitaria de las personas en desplazamiento en situación irregular en Marruecos promoviendo su regularización puesto en marcha en Marruecos y acompañándolo con una interpretación flexible de los criterios de reagrupación familiar para que estas personas no tengan que regresar a su país de origen. Garantizar la protección de los derechos de las personas en las fronteras y la reapertura de los cauces legales para el asilo y el refugio, y una revisión de la política de visados con los países africanos. Todo ello sería un modo efectivo de actuación en pro de los derechos humanos y de la migración regular. Un planteamiento que dista muchísimo del esgrimido por los candidatos españoles a las elecciones europeas en el debate domestico. Especialmente respecto de la postura de Arias Cañete según la cual no es posible hacer ninguna crítica a quienes vigilan las fronteras. La ausencia de crítica y de control supone la creación de un espacio de opacidad e impunidad para la vulneración permanente de los derechos humanos de los migrantes, así como una muestra de la degeneración de la democracia la imposibilidad de la crítica y del control por parte de los ciudadanos de las instituciones y poderes del Estado.

 

Víctor Granado Almena

Profesor de Filosofía Investigador dedicado al estudio de las migraciones y a los DD.HH.  

 

[1] Clochard, O., “Europa cambia de muros” en VV.AA., El atlas: conflictos de fronteras, Madrid, Cybermonde, 2012, pág. 89 y ss.

“Cuando el estado abdica de sus funciones” por Víctor Granado

Tres noticias publicadas en los últimos días y aparentemente desconectadas definen con claridad la forma del mundo en que vivimos.

En primer lugar el auto del pasado 28 de enero de 2014 la Audiencia provincial de Madrid ordena reabrir el caso de la muerte en el CIE de Aluche de Samba Martine. Samba Martine llegó a España el 25 de agosto de 2011 procedente de la República Democrática del Congo, después de cruzar el norte de África y entrar de modo irregular en España a través de la frontera entre Melilla y Marruecos. Debemos recordar que la República democrática del Congo vive una situación de «Guerra sin fin», un conflicto estructural que oscila en su intensidad pero que con más 5 millones de muertos es el conflicto bélico más mortífero después de la segunda guerra mundial. Un conflicto bélico especialmente cruento y violento para las mujeres. A su llegada Samba entró en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. Allí permaneció tres meses hasta que por fue trasladada, debido a la alta ocupación del CETI, al Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) de Aluche en Madrid, al cual llegó el 12 de noviembre de 2011. Con ella no se trasladó su expediente médico elaborado por los médicos del CETI de Melilla. A esta falta de coordinación burocrática le siguió la incapacidad de los responsables del CIE de Aluche para atender las reiteradas visitas a la enfermería del CIE y solicitudes de asistencia hechas por Samba durante su internamiento hasta que finalmente murió víctima de un proceso infeccioso que habría sido fácilmente superable si hubiera recibido la asistencia sanitaria adecuada. Así lo estima el auto de la audiencia provincial de Madrid.

La segunda noticia es el dictamen del consejo de Europa que juzga ilegal excluir a las personas en situación irregular en España del derecho a la asistencia sanitaria, en el cual se afirma que la crisis no puede servir como pretexto para negar el acceso a la sanidad. La asistencia sanitaria de urgencia no es suficiente y como señala Luis Jimena, presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales, el dictamen del Consejo de Europa considera el RDL 16/2012 contrario al derecho europeo, y afirma que: “No se puede excluir a los inmigrantes del sistema. Tanto el Gobierno como las comunidades tienen el deber de cumplir la doctrina del Consejo de Europa. Y el Tribunal Constitucional deberá tomarla en consideración de manera determinante [al fallar sobre el recurso presentado contra la decisión del Gobierno]”.

La tercera noticia es del pasado día 20 de enero tiene como núcleo el informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo sobre las tendencias mundiales del empleo para 2014, el cual señala cómo en 2013 el desempleo aumentó en el mundo en 5 millones de personas más, y calcula una tendencia que fijaría el incremento del desempleo en 13 millones de parados más en el 2018.

Si conjugamos el fondo de estas tres noticias podemos reconstruir la forma del mundo en que vivimos y su verdadero carácter dramático. De manera falaz los gobiernos de países democráticos, firmantes de tratados que protegen los derechos humanos, en los que se incluye el derecho a la salud, ligan la asistencia sanitaria a la situación activa del asegurado. No sólo esto, su derecho a residir en un lugar distinto a su nacionalidad queda regulado por su condición activa. En un contexto generalizado de aumento del paro seguir ligando la protección de los derechos fundamentes a la posesión de un contrato de trabajo implica, de facto, subvertir el espíritu y la literalidad de los tratados internacionales de derechos humanos y empujar a las personas a vivir en una situación de irregularidad sobrevenida en los mismos lugares en los que han vivido y trabajado durante muchos años, donde probablemente han nacido sus hijos y que tenían todo el derecho a considerarlos su hogar. A esta irregularidad sobrevenida se suma la irregularidad como condición del desplazamiento migratorio a la que se ven forzadas a incurrir aquellas personas que deseando construir un proyecto vital fuera de su lugar de nacimiento no encuentran cauce legal alguno para el desplazamiento y ni para el acceso al mercado laboral legal. Se combina así a la irregularidad del desplazamiento la irregularidad laboral, encadenando unas situaciones de desprotección, vulnerabilidad y explotación con otras.

En ese contexto de producción de irregularidad migratoria el Estado ha abdicado de la función en la que se ha apoyado y que ha legitimado su monopolio de la violencia: la protección de los derechos de todas las personas presentes en su territorio durante su permanencia en él. El caso de Samba Martine y la legislación española que priva a las personas de un acceso a una asistencia sanitaria que garantice la protección de su derecho a la salud en España ejemplifican con cruel claridad cómo es Estado pierde de vista la protección de los derechos de las personas mientras permanecen en su territorio y las condena a la desprotección más absoluta. Un interno en un CIE ve suspendido su derecho a la libertad de tránsito pero la salvaguarda de su integridad física y psíquica debería ser la primera preocupación del mismo Estado que interna a esas personas como paso previo a su expulsión.

Víctor Granado Almena

Profesor de Filosofía

Investigador dedicado al estudio de las migraciones y a los DD.HH.  

«Por el pleno reconocimiento de los migrantes como sujetos de derecho» por Víctor Granado

He aquí un margen que avanza, un centro que retrocede.

Oriente ya no es en absoluto Oriente,

ni Occidente, Occidente.

Porque la identidad es plural,

ésta no es una ciudadela o una trinchera.

Mahmoud Darwich

Comme des fleurs d’amandier ou plus loin, Paris, Actes sud, 2007

Hoy más personas que nunca viven fuera del lugar en el que nacieron, algo que no necesariamente se corresponde con vivir en «el extranjero». En ocasiones esa vida en otro lugar se desarrolla en lo que para algunas personas es su hogar, aunque no hayan nacido en él o vivido allí durante su infancia o juventud. Pero más que hablar aquí de la relación  con el lugar de origen o el lugar de residencia hoy, en el día internacional de las personas migrantes, quiero subrayar la relación que todos tenemos con el proceso dinámico de migrar. En 2013, según los datos del informe de septiembre de la ONU sobre migraciones internacionales, 232 millones de personas o el 3,2% de la población mundial son migrantes. Se trata de una cifra sensiblemente mayor que los 175 millones de personas migrantes registrados en el año 2000 y que los 154 millones registrados en 1990. El 74% de los migrantes está en edad de trabajar y el 48% de la población migrante son mujeres. Sólo el 35% de la población migrante se corresponde con el desplazamiento de tipo sur-norte.

Estos pocos datos muestran que vivimos en un contexto de desplazamiento global del que todos formamos parte. Las migraciones no pueden comprenderse sólo como desplazamientos puntuales motivados por una alteración momentánea del orden, ya sea un conflicto bélico o una catástrofe natural. En la actualidad todos somos susceptibles de devenir migrantes y vernos envueltos en un proceso de desplazamiento. La desigual distribución de renta y población, así como la capacitación laboral de las personas regulan la distribución global de población a lo largo del planeta dentro de una red compuesta por distintos nodos de atracción de población, que rompe la estructura simplista y falaz del esquema de migración norte-sur que une pobreza y migración. No hay centro ni fin del desplazamiento, ni países o regiones puramente receptoras o emisoras de flujos migratorios. El desplazamiento es parte esencial de nuestro modo de vida las migraciones son una realidad constitutiva de la forma transnacional de nuestro mundo.

Además de romper con el modo simplista de contextualizar la migración en nuestros días, en el día internacional de los migrantes debemos, sobre todo, reivindicar los derechos de los migrantes y denunciar las situaciones de injusticia, vulnerabilidad y privación de derechos que amenazan la realidad de los procesos migratorios. Para ello recuerdo aquí las palabras con las que comenzaba la declaración conjunta de Expertos de las Naciones Unidas de 2012:

GINEBRA, BANJUL, WASHINGTON D.C. (18 de diciembre de 2012) – «En un día como hoy, unimos nuestras voces para reconocer las invaluables contribuciones que a diario hacen millones de migrantes en todo el mundo para crear mejores condiciones de vida para todos. A pesar de participar en nuestras sociedades, el otro lado de la historia es que por el simple hecho de ser migrantes, millones de personas son víctimas de discriminación, xenofobia y diversas violaciones a sus derechos humanos. Es por eso que hoy, en el Día Internacional del Migrante, reafirmamos que los derechos humanos son derechos de todas las personas. Un compromiso real de los Estados en relación con los derechos humanos de los migrantes requiere del pleno reconocimiento de los migrantes como sujetos de derecho. Los derechos humanos derivan de la dignidad humana y no del origen nacional o de la situación migratoria de las personas.

Hoy debemos denunciar la criminalización de los migrantes en situación irregular, su hostigamiento y persecución, la privación de derechos fundamentales como el derecho a la salud, el establecimiento de vallas o “medidas de protección fronteriza” como las de Ceuta y Melilla, la existencias de redadas y controles de identidad xenófobos en las calles de nuestras ciudades y la existencia de centros de internamiento para extranjeros que violan estándares mínimos exigibles a un Estado y una sociedad civil que dicen defender los derechos humanos y la democracia.

Ningún ser humano es ilegal

Víctor Granado Almena

Profesor de Filosofía

Investigador dedicado al estudio de las migraciones y a los DD.HH.  

“Desigualdades reales, derechos virtuales” por Víctor Granado

 “El inmigrante no está entrando por un paso fronterizo con una documentación correcta, está violentando la frontera de un país que es soberano y tiene que defenderla. Y no vienen pidiendo permiso o que se le abra la puerta, vienen asaltando la valla”.

Abdelmalik El Barkani Delegado del gobierno en Melilla

 

¿Es  que acaso si los migrantes pidiesen que se les abriera la puerta ésta se les abriría? Las declaraciones del Delegado del Gobierno en Melilla parten de la falacia según la cual los migrantes no siguen los cauces legales para entrar en España pudiendo hacerlo. En la medida en que con sus actos amenazan la soberanía española la actuación de las autoridades queda legitimada. En ningún momento los migrantes son tratados como personas sino conceptualizados como delincuentes, como enemigos que asaltan una frontera que hay que defender.

Para su defensa, el Gobierno está pensando colocar de nuevo las cuchillas retiradas en 2006 de la valla y que la coronaban hasta entonces. Retornamos a una situación de desprotección y desprecio por la vida de los migrantes similar a la de 2005, que Amnistía Internacional describía en su informe Frontera sur. En Ceuta y Melilla la frontera no es una mera línea imaginaria que delimita el territorio de in Estado. La frontera entre España y Marruecos es una de las fronteras más desiguales del mundo, es una frontera intercontinental y la frontera más desigual de la Unión Europea. Si atendemos comparamos el PIB per cápita nominal de España y Marruecos veremos cómo el PIB español es casi 10 veces el de Marruecos. Esta desigualdad lo es respecto de los niveles de renta y las condiciones materiales de existencia pero lo que marca la experiencia de la frontera es el igual desprecio a ambos lados de la verja por los derechos de los migrantes.

El desplazamiento de las personas tiene como uno de sus componentes la desigual e injusta distribución de riqueza y población. A la injusticia que significa esta desigualdad se suman  las violaciones de derechos que sufren los migrantes durante el desplazamiento.

La frontera es real, tiene consecuencias reales tanto sobre la vida de las personas que intentan cruzarla como sobre el tipo de sociedad que la sostiene sin cuestionarla. No son las mafias quienes ponen en riesgo las vidas de las personas que intentan cruzar las fronteras sino los Estados los que al bloquear los cauces legales de acceso a su territorio abocan a los migrantes a la clandestinidad y la irregularidad. Y es la sociedad civil de Estados como el nuestro quien debe controlar y denunciar el uso en su nombre de mecanismos de control las fronteras que significan la violación sistemática de los derechos humanos.

 

 

Víctor Granado Almena

Profesor de Filosofía

Investigador dedicado al estudio de las migraciones y a los DD.HH.