“La Sanidad Pública, un derecho humano fundamental” por Marciano Sánchez Bayle

FOTO_MARCIANOSANCHEZUno de las principales agresiones realizadas por el gobierno del PP al derecho a la salud ha sido a raíz de la aprobación del RD Ley 16/2012 en abril de ese año. En el mismo se sacaba fuera de la cobertura sanitaria pública a los inmigrantes no regularizados, a las personas con ingresos superiores a los 100.000 € anuales, a los que pasaban mas de 90 días fuera del país y a los mayores de 26 años no asegurados, si bien esta ultima exclusión se corrigió en el RD1192/2012 en el que se permitía la atención sanitaria a este colectivo si demostraba tener ingresos inferiores a 100.000€ anuales.

La situación previa estaba regulada por la Ley General de Sanidad (1986) y la Ley General de Salud Pública (2011) que vinculaban el derecho a la atención sanitaria con la residencia en el país. La primera señalaba que la universalización “se haría de manera progresiva” lo que supuso que la cobertura era de un 97-99%, pero solo con la aprobación de la segunda este derecho recogía a toda la población, aunque no se desarrollo. Otro hecho llamativo es la existencia de las mutualidades de funcionarios (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) en las que con financiación pública se da una cobertura sanitaria mayoritariamente privada lo que supone un elemento de desigualdad en la provisión sanitaria, a la vez que una formula de financiación pública de las compañías de seguros privados.

¿Porque hay que oponerse a estos cambios?. Hay muchos motivos, pero vamos a esquematizarlos en 4: Primero hay una razón conceptual, los modelos de servicios nacionales de salud, como era el español, aseguran la atención sanitaria a todas las personas, los sistemas de seguros, el modelo del RDL restringen esta atención a las personas aseguradas, independientemente de sus necesidades de salud, por lo que fomentan una gran desigualdad en el acceso a la atención sanitaria que acaba estando mediatizada por la situación económica de las personas. Conviene darse cuenta de que esta modificación que ahora puede parecer poco relevante tiene un objetivo fundamental que es el de segmentar el derecho a la atención sanitaria (las personas con mas recursos tendrán seguros privados, los trabajadores por cuenta ajena una seguridad social deteriorada y el resto de la población quedara en manos de la beneficencia).

Segundo porque este nuevo sistema de exclusiones ignora que la salud es uno de los derechos humanos básicos reconocido por los organismos internacionales, siendo un grave problema desde el punto de vista ético y moral, y estos mismos organismos recomiendan que sean garantizados por servicios sanitarios de cobertura universal porque ya se sabe que “un servicio para pobres será siempre un pobre servicio” (Olof Palme). Luego por motivos sanitarios, porque la no cobertura de grupos mas o menos importantes de personas favorece focos de enfermedades infectocontagiosas y su propagación en el resto de la población y fomenta la utilización inapropiada de los servicios sanitarios (como por ejemplo sucede circunscribiendo la asistencia sanitaria de los inmigrantes a los servicios de urgencia). Y por fin por motivos económicos, entre los que hay que tener en cuenta que los sistemas de seguros tienen unos costes muy superiores a los servicios universales y que las repercusiones económicas de postergar la asistencia sanitaria incrementan el gasto.

Los resultados son bien conocidos en lo que respecta a los inmigrantes irregulares que son los que han merecido una mayor atención mediática por ser los mas desprotegidos: hasta ahora hay al menos 3 muertes documentadas y numerosos casos de desatención, muchas veces arbitrarias e ilegales (con frecuencia se detectan denegaciones de asistencia en casos no contemplados por el RDL: niños, embarazadas, urgencias, etc), los otros colectivos excluidos son de muy difícil seguimiento (por ejemplo el de los que viven mas de 90 días en el extranjero, probablemente no detectados en la mayoría de los casos por la administración). Lo que si se conoce es que los seguros públicos alternativos han sido un fracaso estrepitoso porque son incluso mas caros que los seguros privados (solo los han contratado unos centenares de personas). Con todo hay que señalar que la aplicación de estas exclusiones ha sido muy diversa ya que las CCAA han acabado aplicando políticas muy distintas, algunas (Navarra, País Vasco, Andalucía, Asturias) han arbitrado formulas para garantizar la atención sanitaria de todas las personas, otras garantizan la asistencia en algunos casos o niveles asistenciales y otras aplican el RDL a rajatabla, con lo que se ha aumentado aún mas la desigualdad. Por otro lado la situación fomenta la arbitrariedad mas absoluta, el último caso es el de la Comunidad de Madrid, que saco de la base informática a los niños que no había tramitado sus papeles en el plazo de 90 días, cuando el RDL señala de manera clarísima que se garantiza la atención sanitaria a todos los menores de 18 años.

 

¿Cuáles son las alternativas?

La primera y fundamental es derogar el RDL 16/2012 y desarrollar una normativa especifica que garantice la cobertura de la totalidad de la población por el Sistema Nacional de Salud, sin exclusiones (esta incluso puede desarrollarse por las CCAA en su ámbito geográfico). Asimismo habría que incluir la asistencia sanitaria de las mutualidades de funcionarios en el sistema público (seguramente sería fácil establecer un sistema transitorio que respetase su pervivencia para los actuales mutualistas y en el que todas las nuevas incorporaciones lo fueran al modelo general), y también integrar las mutuas laborales (un modelo de corrupción y privatización con fondos públicos) dentro de los servicios sanitarios públicos. Conviene recordar que ambas opciones ya estaban contempladas en la Ley General de Sanidad, ¡en 1986!. El objetivo es conseguir la universalización y consolidación del sistema sanitario público como sistema de solidaridad y de justicia y equidad social.

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública

“Divide y vencerás” por Juan Torres García

FOTO_JUAN_TORRESAl igual que un trabajador pelota, que para congraciarse con el jefe traiciona a sus compañeros, el Presidente Rajoy ha decidido ser el alumno más aventajado de la dueña de Europa. Entre los gobiernos europeos, el español ha sido el más beligerante y crítico con el nuevo ejecutivo griego, sea por miedo a que las medidas del gobierno de Syriza tengan éxito y puedan suponer un cambio político en nuestro país, o sea porque piensen que atacando a Grecia la señora Merkel y Alemania van a ser más benévolos con España. La realidad es que nuestro gobierno ha decidido ser más papista que el Papa y exige a Grecia más austeridad y más recortes, rompiendo una posible alianza con los otros países damnificados por las políticas económicas de austeridad, los despectivamente denominados PIGS[i], y olvidando aclarar en sus declaraciones públicas que nuestro país no salió al rescate de Grecia, sino al de los bancos que tenían deuda griega.

La actuación de nuestros gobernantes es un ejemplo claro de que es más fácil congraciarse con el poderoso que apoyar al débil. Siempre se necesita un chivo expiatorio a quien hacer responsable de nuestras desgracias, máxime cuando los responsables son fuertes y de difícil acceso. En mi ciudad han aparecido panfletos de un grupo de ultraderecha y fascista en que, con un claro cariz xenófobo y de propaganda electoral, se pide que los servicios y los derechos sociales sean solo para los españoles. Una vez más pretenden enfrentar entre sí a los más pobres y desfavorecidos. Lo que este grupo olvida es que los responsables de la situación económica que vivimos no son aquellos que necesitan ayuda, sea cual sea su nacionalidad o lugar de nacimiento, sino los gobernantes que han eliminado las ayudas sociales, aplicando fuertes recortes en derechos básicos como educación, vivienda o sanidad. Quienes han quitado las becas para comedor o libros de texto no han sido los compañeros de clase de mis hijas que provienen de otros países, sino el ministro Wert o la Consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar. Las familias inmigrantes de mi colegio no son las responsables de la reducción de profesores, de la eliminación de los apoyos o de la no sustitución del profesorado enfermo: de esto son responsables los recortes que los gobiernos autonómico y central han realizado, y que han ido destinados a rescatar a los bancos y a las cajas de ahorro. Solo el rescate de Caixa Galicia y Caixa Catalunya (10.000 millones de euros) es igual a lo recortado en sanidad y educación. Entonces, ¿quién es el enemigo del bienestar de los ciudadanos españoles? ¿Es el hijo de un emigrante o el banquero manirroto y el político corrupto que ha permitido sus desmanes?

A los que tienen el poder y los boletines oficiales les es fácil conseguir enfrentar a los ciudadanos entre sí. Un ejemplo claro lo tenemos en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid: en 2012, ante la unidad de padres, profesores y alumnos contra los recortes en educación, que provocaron varias huelgas y movilizaciones en colegios, institutos y universidades, la Consejería vio una oportunidad única para romper esta unidad, flexibilizando la norma que posibilita la implantación de la jornada continua en los colegios públicos. En parte lo ha conseguido, ya que esta modificación ha provocado que cuando llega enero o febrero se inicie, en todos los colegios públicos de la Comunidad, una discusión que enfrenta, por un lado, al profesorado con una parte de las familias y, por otro, a unas familias contra otras, en un falso debate sobre las bondades de una u otra jornada escolar, bajo la que subyace en realidad la defensa de los intereses particulares de cada sector. Se supone que la Comunidad de Madrid es la que tendría que velar por el interés de los alumnos y, por tanto, es quien tendría que decidir, a partir de estudios serios y fiables y con el asesoramiento de expertos, qué tipo de jornada es la mejor para los estudiantes de nuestra Comunidad. Estoy absolutamente convencido de que el interés del alumnado no es el objetivo que persigue la Consejería de Educación, y su intención real es dividir a las familias y docentes de la escuela pública con el único objetivo de dinamitar las protestas contra los recortes.

Lo dicho: divide y vencerás.

Juan Torres García

AMPA “Buero Vallejo” de San Sebastián de los Reyes

[i] PIGS significa en inglés cerdos y son las siglas de Portugal, Irlanda, Grecia y España (Spain).

 

“Los recortes deterioran el sistema sanitario, también las urgencias” por Marciano Sánchez Bayle

FOTO_MARCIANOSANCHEZEl informe de la Defensora del Pueblo y de 9 Defensores autonómicos sobre las urgencias hospitalarias ha vuelto a poner el foco en los problemas que arrastra este dispositivo asistencial en nuestro país, situación esta que ya se había producido ante las numerosas denuncias de saturación de las urgencias hospitalarias en casi toda la geografía española coincidiendo con la epidemia de gripe.

No cabe la menor duda de que las plétoras asistenciales que se viven estos días en muchos hospitales del país no son de recibo, ponen en evidencia la ausencia de planificación de los supuestos responsables sanitarios (que simulan descubrir cada año que todos los inviernos hace frío y hay gripe), y unas condiciones de asistencia sanitaria en las urgencias que dañan gravemente la dignidad de las personas y provocan serios problemas asistenciales, que acabaran teniendo una repercusión negativa sobre la salud de las personas atendidas.

Pero la clave de la situación de las urgencias no esta en las propias urgencias sino sobre todo en los circuitos asistenciales situados antes y después de las mismas, y eso es lo que explica la especial saturación y los problemas que se están produciendo en este momento. Y estos circuitos han sido dañados de una manera sustancial por el proceso de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatizaciones que vive desde hace años la Sanidad Pública.

Veámoslo mas en detalle, en la Comunidad de Madrid la atención primaria ha sufrido unos tremendos recortes económicos, año tras año, cuando partía de una situación previa muy deficiente, de esta manera Madrid es la Comunidad autónoma que tiene un mayor porcentaje de habitantes por médico general y profesional de enfermería y ello supone unas demoras muy elevadas, incluso en momentos de baja demanda, una baja capacidad resolutiva y el abandono de las labores de prevención y promoción. Al fin y al cabo si a una persona que pide cita para medicina general se le da para 7-10 días después, lo que está sucediendo ahora mismo, lo mas probable es que acabe un urgencias.

Por otro lado el RD 16/2012 excluyo a los inmigrantes no regularizados de la atención sanitaria, con la excepción de las urgencias, ya se señalo en su momento que se trataba de una medida, aparte de injusta, absurda porque iba a aumentar la presión sanitaria en urgencias de una manera inapropiada.

Pero además los hospitales públicos han sufrido unos recortes muy importantes continuados en el tiempo que desde 2009 en Madrid superan de promedio el 20%, lo que ha hecho que tengan menos personal y que se hayan cerrado un número muy importante de camas (el PP de Madrid ha conseguido lo que a primera vista parecía imposible: abrir hospitales, 11 desde 2007, disminuyendo a la vez el número de camas hospitalarias disponibles), lo que hace que los enfermos que deben ingresarse desde urgencias no encuentren camas disponibles y acaben “aparcados” durante mucho tiempo, incluso días, en las salas de observación, los pasillos, despachos, etc, en condiciones totalmente inapropiadas.

Por supuesto, las urgencias han tenido sus propios recortes en recursos humanos, y ello unido a los recortes en atención primaria, a las exclusiones del RDL 16/2012, y a los cierres de camas, han producido lo que podría denominarse una “tormenta perfecta” con serias y negativas repercusiones para la salud de la población.

La respuesta del gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido insuficiente, algunas pocas contrataciones para reabrir parte de las camas cerradas, lo que no soluciona el problema de fondo, a mas de una campaña de propaganda para encubrir la realidad, otra operación de despilfarro cuyo coste debería haberse dirigido a contratar profesionales sanitarios. Una vez más demuestran que no nos merecemos que estos incompetentes dirijan la Sanidad madrileña.

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

 

“No nos lo merecemos” por Marciano Sánchez Bayle

FOTO_MARCIANOSANCHEZLa última semana nos ha dejado tres excelentes noticias para la Sanidad Pública, la dimisión de la ministra Ana Mato, el cese del consejero de Madrid y la dimisión de Pilar Farjas, secretaria general de Sanidad y la ideóloga de la política sanitaria de la Sra Mato.

Las recientes declaraciones del ex – Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid sobre sus meritos como consejero, atribuyéndose la curación de la enferma por ébola y la no progresión de la enfermedad, llaman a espanto, sobre todo porque este sujeto seguia siendo el responsable de la sanidad madrileña y cobrando un sustancioso sueldo que sale de los impuesto de quienes vivimos en la comunidad de Madrid.

Desgraciadamente se trata de una persona que a lo que se ve piensa poco antes de hablar y solo pretende “quitarse de en medio” de sus responsabilidades. No cabe duda de que como responsable de la Sanidad madrileña difícilmente pudo hacerlo peor, y que si la enferma se curo se debe sobre todo al esfuerzo de los profesionales que aún trabajan en la Sanidad Pública madrileña, y lo hacen remando contra la corriente de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatización a la que se ve sometida, por la administración sanitaria del PP encabezada por el Sr Rodríguez, y que si el virus no progreso se debe sobre todo a la suerte y no a las medidas de seguimiento y control realizadas por la Consejería de Sanidad.

En un país normal, o si se prefiere, en el 90% de los países del mundo este señor habría dimitido o le habrían cesado cuando realizo las primeras increíbles declaraciones sobre la enferma, y resulta difícil explicar porque no sucedió, y es evidente que la responsabilidad no es solo suya, sino sobre todo, del presidente de la Comunidad de Madrid que no la ceso entonces. Desde luego ni los profesionales sanitarios ni la población madrileña nos mereciamos que siga ahí, tan orondo, tan lenguaraz, tan contento de haberse conocido y de seguir cobrando a nuestra costa, aunque como el dice con su zafiedad habitual, ya “llegara comido” a la política.

Pero aunque sea el caso más esperpéntico, no es el único que no nos merecemos. Tampoco nos merecemos tener un recién estrenado ministro de Sanidad, que como sucedió con su antecesora tampoco se ha considerado que sea conveniente para ser el responsable de la salud de la población el tener conocimientos sobre la materia, y que, aparte de unas posturas bien conocidas de apoyo a la política de recortes, privatizaciones y exclusiones sanitarias de la Sra Mato, solo se diferencia de su predecesora en el genero y en tener, dicen una mayor simpatía y capacidad de comunicación, de manera que a costa de los impuestos de la ciudadanía va a hacer el MIR en Sanidad Pública (su formación como experto sanitario), eso si con sueldo de ministro. Mala solución para quien tiene como máximo 11 meses por delante, de forma que cuando quiera estar bien enterado del tema en cuestión estará abandonando el cargo. Más bien parece que el Sr Rajoy lo ha puesto ahí para que capee el temporal con más o menos buenas palabras dejando que los problemas, como viene siendo su táctica habitual, con un poco de suerte se solucionen solos.

La salida de la Sra Farjas del Ministerio es otra buena noticia, a la espera de quien la sustituya, porque sus decisiones habían sido muy lesivas para la Sanidad, en todo el país y antes en Galicia donde como consejera había iniciado los recortes y privatizaciones.

Como decía al principio no nos merecemos a estos responsables de la administración sanitaria que poco o nada saben sobre ella, que demuestran con sus actuaciones su desprecio hacia ciudadanos y profesionales, y que anteponen sus intereses de partido y los recortes económicos por encima de la salud de la población. Va siendo hora de echarlos, esperemos conseguirlo el próximo año, en mayo tenemos la primera oportunidad.

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

“Algunas enseñanzas de la crisis del Ébola” por Marciano Sánchez Bayle

FOTO_MARCIANOSANCHEZLa crisis producida en nuestro país con la infección por el virus de Ébola da para muchas reflexiones y analizar todos sus aspectos seria demasiado largo, por eso solo voy a señalar algunos aspectos que me parecen importantes y que han sido menos abordados en los medios.

El primero es que los recortes y las privatizaciones acaban por tener graves repercusiones a medio y largo plazo. Conviene recordar que en el fondo de la mala respuesta a la crisis sanitaria están los cierre de la Dirección General de Salud Pública y la Agencia de Salud Pública de Madrid en 2008 y la conversión del Hospital Carlos III en un centro de media y larga estancia en 2013 que dejaron a la sanidad madrileña con una capacidad de respuesta disminuida ante la presencia del virus, y que hay cosas que no se improvisan de un día para otro. A veces los recortes y privatizaciones no parecen tener repercusiones, o tan solo económicas, pero a medio plazo producen daños muy graves. Hay ejemplos bien conocidos como la catástrofe Katrina que tuvo su origen en la falta de mantenimiento de los diques, por las políticas de recortes de los fondos públicos, los graves accidentes ferroviarios en el Reino Unido después de las privatizaciones del mantenimiento de la red ferroviaria, o mas cerca las muertes debidas a las caídas de ramas de los árboles en Madrid, porque Ud recorta y privatiza en el mantenimiento de las zonas verdes y al final las ramas se caen y acaban matando a las personas.

Por eso es importante entender que necesitamos servicios públicos de calidad, gestionados con la mira del bien común y no de los beneficios empresariales, porque los efectos solo suelen verse en el medio plazo y pueden ser muy graves. Por eso también lo es que esta crisis se salde con el mantenimiento del único hospital especializado en enfermedades tropicales e infectocontagiosas que hay en el país (que ahora además tiene experiencia en el tratamiento de esta enfermedad) y que en Madrid se recupere la coordinación y dirección de la salud pública gestionada por especialistas.

El segundo es el papel fundamental de la Sanidad Pública para responder ante los grandes retos de salud. Cuando estallo la crisis, los centros privados se pusieron de perfil y la gestión y el tratamiento cayeron sobre el sistema público, porque solo el sistema sanitario público es capaz de responder de manera adecuada, eficaz y eficiente a los problemas importantes de salud, y por eso es tan importante mantener la Sanidad Pública y luchar contra las privatizaciones.

El tercero es que el mundo es más pequeño de lo que nos gustaría, y que no podemos pensar razonablemente que las epidemias quedaran confinadas en otros países y desentendernos de ellas. El ébola es un problema de salud mundial y aunque nuestras autoridades sanitarias no hubiesen traído 2 casos a España, lo más probable es que, si no se controla la epidemia en África, está acabe llegándonos, entre otras cosas porque nuestro país es un puente natural entre ese continente y Europa. Es muy importante que se destinen fondos, material y personal al tratamiento y control de la enfermedad allí donde es mas activa, no es solo un problema de solidaridad, que también, sino además aunque solo por sea por autoprotección hay que atajar el mal allí donde se presenta la epidemia antes de que nos alcance y produzca daños irreparables.

El cuarto es que tenemos unos responsables sanitarios que no nos los merecemos. Se les pueden aplicar casi todos los adjetivos descalificativos del diccionario, han sido irresponsables, incompetentes, han actuado con ausencia de transparencia y luego han incurrido en la descalificación y el insulto de la afectada. En el fondo el problema esta en que no pueden tenerse unos responsables sanitarios que desconocen profundamente el tema del que tratan, y que no puede dejarse en sus manos la gestión de una crisis de este tipo, de hecho la rectificación que se hizo a partir de que la vicepresidenta degrado de sus funciones a la ministra de Sanidad, ha aportado un poco de sensatez a la situación. Porque un asunto tan serio como la salud de la población merece que sea asumido por personas con competencia y cualificación reconocida en la materia y no por el conmilitón que goza mas simpatías por parte del jefe del partido en el nivel que sea (central, autonómico, etc).

¿Valdrá esta crisis para que aprendamos y evitemos errores parecidos?. No lo parece y solo hay que escuchar las declaraciones del irresponsable consejero madrileño para comprenderlo. Hay que echar de cualquier cargo de responsabilidad pública a estas personas, que no solo hacen tan mal las cosas sino que ni siquiera son capaces de reconocerlo. Ahora la responsabilidad de su presencia en las administraciones sanitarias no es solo suya sino sobre todo de los presidentes de la comunidad de Madrid y del Gobierno, porque ellos son los que los mantienen frente a una aplastante opinión social y profesional en contra.

Marciano Sánchez Bayle
Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

“Nuevas estrategias privatizadoras en Madrid” por Marciano Sánchez Bayle

 

FOTO_MARCIANOSANCHEZComo es conocido, los reveses judiciales y, sobre todo la lucha incansable por parte de los profesionales, las organizaciones y los ciudadanos, hicieron claudicar al Gobierno Regional en sus pretensiones privatizadoras de seis hospitales y veintisiete centros de salud.

Con la elección del nuevo Consejero se pretendió desactivar las movilizaciones y tranquilar a los profesionales, pero mantener su privatización encubierta con los recortes y las derivaciones a los hospitales privados. Por ello los ciudadanos no deben olvidar que esto es un pequeño descanso de su plan ideológico. Se ha puesto en marcha una política represiva que evidencia que no se ha cambiado de política, sino solo de métodos de actuación. En ningún momento ni el Gobierno Regional, ni el Presidente Ignacio González, ni el nuevo Consejero han renunciado expresamente a sus intenciones privatizadoras que mantienen intactas hasta conocer el resultado de las elecciones en 2015.

En Madrid las privatizaciones han continuado como ha sucedido con la Lavandería de Mejorada, la cesión de la extracción periférica de sangre a Cruz Roja, a pesar de que no figuraba en el “Plan de Sostenibilidad”, la disminución de personal en los centros públicos, que alcanza mas de 7.500 trabajadores desde 2009, la persistencia de jubilaciones forzosas (a veces utilizadas como mecanismo de represalia), y por fin las derivaciones a centros privados.

Este último mecanismo ha cobrado una gran importancia en la práctica porque se trata de una forma de privatizar mucho mas silenciosa, por la puerta de atrás, que suele pasar desapercibida y es difícil de conocer en su dimensión real porque es el agregado de muchas decisiones individuales.

Desde la Consejería se ha organizado un sistema de derivaciones que se concreta en 3 actuaciones complementarias: primero las citaciones en manos de una empresa privada (el “centro de atención personalizada” que gestiona la empresa INDRA a un coste mucho mas elevado que su alternativa pública del SERMAS ) entre cuyos objetivos esta “mantener la derivación de procedimientos quirúrgicos a los hospitales de apoyo, aprovechando al máximo la capacidad de los mismos”, lo que en la jerga eufemística de la Comunidad de Madrid significa propiciar las derivaciones a los centros privados. Además las derivaciones incluyen también las consultas de especialistas y las pruebas diagnosticas.

Las encuestas son concluyentes. En noviembre de 2013 un 67,4% de los centros de atención primaria tenían constancia desde de la derivación de pacientes a centros privados para pruebas. Asimismo un 58,7% de los centros señalaron que conocían que los pacientes eran derivados a centros privados para intervenciones quirúrgicas..

En junio de 2014, otra encuesta sobre usuarios de la Sanidad Pública madrileña detecto que el 25,8 % habían sido derivados al sector privado para la realización de pruebas diagnósticas y/o intervenciones quirúrgicas, que son el 37,53% de las que se habían realizado una prueba diagnóstica y/o estaban en lista de espera quirúrgica.

Además esta la infrautilización sistemática de los recursos propios, en parte relacionada con los recortes de personal. En una comparación reciente sobre la utilización de las resonancias magnéticas se objetivaba una derivación del 17,4% de las mismas a centros privados (en la Paz este porcentaje se elevaba al 49,4%) mientras que el numero de pruebas por maquina había sido de 734 en la Fundación Jiménez Díaz (recuérdese IDC /CAPIO) frente a 470 de promedio en los hospitales públicos (como no, el mínimo en La Paz 365). Si echamos las cuentas esto significa que si las maquinas del sector público tuvieran el mismo rendimiento que las privadas todas las RM podrían hacerse en centros públicos y sobraría capacidad para reducir las listas de espera.

Y, por fin, la estrategia de secretismo y de vulneración de cualquier norma poniendo de manera descarada el sistema público al servicio de los centros privados. Esta se ha hecho pública cuando ha estallado el escándalo del hospital de Fuenlabrada en el que varios usuarios y sus médicos han denunciado que un centro privado les llamaba directamente para citarles pruebas diagnósticas, poniéndose en evidencia que datos personales, supuestamente protegidos especialmente por la legislación vigente, habían sido facilitados a las empresas privadas sin consentimiento. El escándalo cuando salio a los medios primero fue negado por los responsables del hospital y la Consejería pero ante las protestas de momento ha acabado con el cese del gerente y de varios cargos administrativos del hospital. Por supuesto estas actuaciones responden a una estrategia general.

Esta estrategia de derivaciones esta teniendo una fuerte contestación, también individual. Dos ejemplos, en la encuesta de junio de 2014 el 10,6 % señalaron de manera espontánea que se habían negado a la derivación, aunque no se incluía la pregunta específica, por otro lado según los datos oficiales de la Consejería de Sanidad en diciembre de 2013 el 51% de las personas en lista de espera quirúrgica habían rechazado la alternativa de la intervención en un centro privado.

Madrid tiene un sistema sanitario cada vez más privatizado. En la tabla siguiente se puede ver la situación de Madrid y la media de las 17 CCAA en aspectos relativos a la privatización de financiación, aseguramiento y provisión sanitaria y en todos ellos la Comunidad de Madrid supera la media.

 

  Madrid Media CCAA
% población cubierta por Mutuas 5,78 4,54
Gasto en seguros privados (€/hab/año) 244 115,94
Gasto sanitario de bolsillo (€/hab/año) 452 376,88
% camas privadas sobre el total 33,17 26,96
% alta tecnología en centros privados 31 24,47
% gasto sanitario público destinado a conciertos 8,50 7,61

 

El resultado de estas políticas, aparte de una disminución de la calidad y de la opinión de la ciudadanía es el incremento de las listas de espera a pesar de las trampas de la “transparencia informativa” organizada por la Consejería de Sanidad mediante el llamado “Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño de Salud” que aporta datos anticuados y groseramente manipulados. Así la encuesta antes mencionada de junio de 2014 detecta una lista de espera promedio para pruebas diagnósticas de 53,68 días (máximo 1 año), para consulta de especialista de 3,3 meses (máximo 16 meses), y de intervenciones quirúrgicas de 7,13 meses (máximo 2 años), mientras que sin ningún decoro los datos oficiales sitúan estas dos últimas demoras en menos de 15 días.

Para quien desee conocer mas en detalle la situación en la Sanidad madrileña puede leer los dos Informes referidos y los 3 Informes del Observatorio Madrileño de Salud, todos ellos disponibles en la web www.fadsp.org

Conviene no olvidar la gran victoria que ha supuesto el conflicto que ciudadanos y profesionales madrileños han mantenido contra la privatización sanitaria, y que cada vez hay mas evidencias de los resultados negativos de la combinación de recortes, desmantelamiento y privatización a los que el PP ha sometido a la Sanidad Pública madrileña, y que, aunque se ha logrado un avance, sigue planteándose una política privatizadora de muy negativas consecuencias sobre la atención sanitaria y el derecho a la salud, así como nuevas amenazas para el mantenimiento de una Sanidad Pública universal y de calidad.

 

Marciano Sánchez Bayle
Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

“Cuentas municipales saneadas sin recortar servicios” por Manuel Robles

Manuel RoblesDiariamente escuchamos en diferentes foros mediáticos, económicos, políticos e institucionales- sobre todo aquellos que son de marcada ideología liberal- la necesidad de imponer la austeridad, el equilibrio de las cuentas públicas, el control de gasto, etc. Y sobre todo la necesidad de recortar y recortar servicios públicos, argumentando que esta es la clave para la recuperación económica, como si el recorte de lo público fuera la piedra filosofal sobre la que se asienta exclusivamente la recuperación económica y el empleo.

No niego la mayor: necesidad de austeridad y control de las cuentas públicas. En lo que no estoy de acuerdo es en que la austeridad en el gasto se una a recortes en servicios esenciales para los vecinos y vecinas. En Fuenlabrada, en el Gobierno Municipal que presido, hemos demostrado que es compatible el control y el equilibrio de las cuentas públicas entre ingresos y gastos, sin necesidad de recortar en servicios, sobre todo en aquellos que en estos momentos son imprescindibles para ayudar a las familias. Hemos hecho posible mantener saneadas nuestras cuentas municipales. De nuevo, los datos del Ministerio de Hacienda nos sitúan como el sexto ayuntamiento de los grandes municipios menos endeudado de España.

Todo ello se ha logrado sin se un ayuntamiento “rico” en posibilidades de ingresos de la ciudad, comparado con otros grandes municipios. Somos un municipio de trabajadores, con un gran parque industrial, y pequeño y mediano comercio, que además de estar afectados por la crisis como en todos los sitios, en su mayoría no contribuye por su facturación con el IAE. Mantenemos una presión fiscal contenida, sostenible. Además hemos sufrido unos brutales recortes en ingresos procedentes de los gobiernos de España y de la Comunidad de Madrid.

Tenemos estos resultados por el control sobre los salarios de cargos públicos, por la priorización de servicios, por la buena gestión de las licitaciones en sus prestaciones y en sus precios, por la austeridad en el gasto municipal en general: personal, gastos generales, protocolarios, etc. Y porque hace años que comenzamos nuestro plan de saneamiento.

En definitiva, es una cuestión de responsabilidad con el dinero público y sobre todo de “ideología presupuestaria”, de criterios distribución del gasto poniendo el acento en lo social, en lo público, y no exclusivamente en el negocio de lo privado.           

Manuel Robles Delgado
Alcalde de Fuenlabrada

“Ojalá fuera un cuento” por Tomás M. Serna

FOTO_TOMASMARTINSERNA(Pero no lo es; por desgracia… Más parece una pesadilla, que está durando demasiado, y de la que no saben o quieren (o ambas cosas) hacernos `despertar´ para que no siga causando más damnificados.)

“Érase una vez un reino situado en los confines de un antiguo y privilegiado continente, admirado y envidiado desde tiempos inmemoriales por naciones vecinas y lejanas por multitud de motivos, y que en tiempos remotos había sido uno de los países más ricos y poderosos del mundo, hasta tal punto que uno de sus monarcas acuñó el vanidoso dicho de que en su vasto imperio `nunca se ponía el sol´.

       Pero he aquí que de un tiempo a esta parte el caprichoso destino y la diosa Fortuna le habían dado la espalda, y una racha de calamidades se cebaban despiadadamente sobre el desdichado reino. Justo es reconocer que aunque gran parte de esos desastres se debían a la inepcia y desidia de sus gobernantes, también era verdad que causas ajenas habían influido de manera fatal para su catastrófica situación; entre otras las brujerías, vilezas y perfidias llevadas a cabo por los hados malignos del poderoso y tenebroso reino de Wall Street a través de maniobras y hechizos basados en el capitalismo salvaje y el ultraliberalismo deshumanizado. O las mezquinas medidas impuestas por la Gran Maga, Frau Merkele; bruja mayor del prepotente Imperio Teutónico, un inmenso territorio que había logrado el vasallaje de casi todos los países del susodicho continente.

     Sin embargo, las causas mayores para el nefasto statu quo que sufría el reino se debían a las políticas que aplicaban sus gobernantes que, gracias a su mayoría absoluta, podían hacer lo que les diera la gana; pasándose por el arco del triunfo la voluntad y aspiraciones del pueblo, e incumpliendo sistemáticamente y sin el menor pudor un montón de promesas y ofrecimientos electorales.

     Por tanto, aunque resultaba escandaloso, las políticas laborales habían propiciado de manera flagrante el comportamiento inadmisible de muchos empresarios que, gracias a ellas, abusaban de los trabajadores con contratos viles y remuneraciones miserables ante la mirada indiferente de los responsables gubernamentales. Muchas empresas cerraban sus puertas o despedían a parte de sus empleados ante la crisis galopante y el círculo vicioso de la caída de la demanda de productos de consumo, y el agravante de no conseguir créditos por las barreras impuestas por las entidades financieras para frenar los riesgos de deuda y morosidad.

     Simultáneamente, miles de ciudadanos eran desahuciados de sus viviendas al no poder cumplir con sus gastos hipotecarios por carecer de ingresos al perder sus trabajos. Los gobernantes miraban ajenos a otro lado, al mismo tiempo que inyectaban miles de millones de euros en las entidades bancarias para sacarlas de su ruinosa situación debida a sus malas prácticas, desfalcos y corrupciones.

     Y eso precisamente: la corrupción, política y financiera, había llegado a alcanzar un nivel extraordinario e insostenible en la historia del reino; hasta tal punto que centenares de gerifaltes estaban imputados en procesos judiciales, e incluso familiares allegados a la monarquía estaban enfangados en ella.

       La situación de desempleo ocupaba el triste honor de ocupar el primer puesto en el ranking de paro laboral entre los países y reinos colindantes. Entre los jóvenes el porcentaje era aún mayor; hasta el grado de que había dado lugar a que decenas de miles de jóvenes se vieran obligados a emigrar forzosamente (aunque la Gran Canciller de Asuntos Laborales, con eufemístico recochineo lo definía como `movilidad exterior´) para ganarse la vida; haciendo recordar la amarga y numerosa emigración ocurrida a mediados del pasado siglo. Con la diferencia de que ahora, muchos de estos jóvenes no eran jornaleros, sino gente con títulos universitarios totalmente inútiles y estériles en aquel reino.

       Los sistemas públicos de Sanidad y Educación fueron recortados y agredidos hasta tal extremo de deterioro y degradación que habían conseguido hacer retroceder varias décadas los logros alcanzados… Y menos mal que gracias a las muchas y multitudinarias huelgas y manifestaciones de protesta por todo el reino llegaron a detener, en parte, los viles objetivos, impidiendo que las tijeras de la infamia siguieran recortando derechos adquiridos y haciendo estragos irreversibles.

       Aprovechando el conocido axioma de que `en rio revuelto ganancia de pescadores´; algunos dirigentes políticos de Comunidades Autónomas del viejo reino –uno de los más antiguos y de mayor solera del continente-; amparándose en postulados y pretensiones nacionalistas -totalmente fuera de lugar, insolidarias y absurdas- conseguían adormecer sibilinamente a sus conciudadanos prometiéndoles el paraíso si conseguían el separatismo e independencia de su Comunidad. Consiguiendo con esa falacia no solo distraerlos de sus enormes y graves problemas sociales, laborales y económicos, sino además el enfrentamiento entre ellos mismos, y con el resto de habitantes del reino.

      Mientras tanto, y ante la mirada perpleja y anonadada de la ciudadanía, el principal partido de la oposición (corresponsable, en cierta medida, de la situación socioeconómica); en estado semicatatónico, dedicaba su quehacer exclusivamente a lanzar himnos al sol, críticas y consignas más o menos anacrónicas, virtuales y demagógicas sin aportar ideas originales, factibles y rigurosas capaces de ilusionar a los frustrados y defraudados votantes y de producir una eficaz y drástica alternancia en el poder para sacar al reino del abismo de las tinieblas.

       El tiempo transcurría imparable y todo seguía igual (o peor) para los súbditos de a pie de aquel país que, ni de lejos, veían para ellos `brotes verdes´ por ninguna parte, ni mejoras tangibles y palpables en sus vidas diarias. Así que continuaron sumisos y estupefactos con resignada y `jobviana´ paciencia esperando que las cacareadas mejorías que continuamente proclamaban los Cancilleres del Reino -en la macroeconomía, las finanzas, la banca, la Bolsa, la `prima de riesgo´, la confianza y recuperación de los mercados, la optimización (¿) del modelo productivo, etc., etc.-; algún día, sus presuntos efectos positivos, repercutieran también en su deprimido y deplorable devenir, a ser posible antes del fin del milenio…. Eso sí, muchos de ellos juraban y perjuraban que en las próximas elecciones no los votarían ni de coña.”

Y colorín, colorado, este pseudocuento, se ha acabado (de momento)

Tomás M. Serna 
Exprofesor de Secundaria, comediógrafo, actor y director teatral

“Formación profesional” por Juan Torres García

FOTO_JUAN_TORRESEn un país que se considerase normal la máxima preocupación de sus gobernantes tendría que ser la felicidad y el bienestar de sus ciudadanos, y por tanto la educación sería una de sus prioridades. Una buena educación pública garantiza la equidad y la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, con lo que se consigue poner cierto freno a esto que se ha venido en llamar economía de mercado, y que hoy en día, llamando a las cosas por su nombre, es capitalismo salvaje, donde las reglas de juego las imponen el poder económico y financiero, mientras que el político se ha quedado como guardián de los intereses de los dos primeros.

Como bien he dicho, en un país normal, cuando su tasa de desempleo fuera el 25% de la población activa, la obligación de su gobierno sería, entre otras,  realizar políticas educativas encaminadas a mejorar la formación profesional de sus ciudadanos en paro. Nuestra desgracia reside en que ésta no es una prioridad para el nuestro. Se supone que tendríamos que estar aprovechando estos dramáticos momentos para formar más y mejor a nuestros ciudadanos, especialmente a los parados y a los jóvenes, dedicando más recursos a este fin. La realidad es todo lo contrario: las administraciones públicas lo que están haciendo es recortar presupuesto tanto en educación como en formación profesional en cualquiera de sus modalidades. En estos últimos años se han eliminado grupos en los grados medios y superiores de formación profesional, dejando sin poder estudiar a miles de jóvenes y parados que querían aprovechar el periodo de desempleo para formarse. Así ha pasado en uno de los institutos de San Sebastián de los Reyes, donde se ha eliminado un grupo en el grado medio de Anatomía Patológica, dejando sin plaza a una centena de estudiantes que se han venido a sumar al otro centenar que por falta de plazas se han quedado fuera en los grados superiores. Éste es un solo ejemplo de recortes,  supongo que en el resto de institutos de mi ciudad y de la Comunidad habrá ocurrido lo mismo.

Está claro que el Gobierno del Sr. Rajoy añora el pasado, y que muchas de sus actuaciones van encaminadas a rescatar situaciones de otras décadas que creíamos felizmente superadas. Esto ocurre con la regulación de la Formación Profesional en la nueva y protestada Ley de Educación del ministro Wert. La creación de la nueva Formación Profesional Básica nos devuelve a los tiempos de la segregación de alumnos en los que, y lo digo con absoluto respeto, a los “torpes” se los mandaba a F.P. y a los “mejores” a Bachillerato. El problema es que muchos de los “mejores” están decidiendo no ir a Bachillerato,  puesto que asumen que debido a los recortes no van a tener becas y que tampoco van a poder pagar las altas tasas universitarias, optando finalmente por intentar estudiar un módulo profesional en el que no tienen asegurada plaza. Por otro lado el Sr. Wert se saca de la manga la nueva F.P. básica para invitar a determinados alumnos a abandonar la ESO a los 15 años y pasarse a esa nueva F.P. Y pretende que tanto las familias como el profesorado seamos sus cómplices. Soy consciente de que en muchas aulas de secundaria se viven situaciones complicadas generadas por algunos alumnos que no sienten ninguna motivación por estudiar y que año tras año pasan a engrosar las cifras de fracaso escolar, pero el ministro tendría que saber que el fracaso escolar y la desmotivación de estos estudiantes solo se combate y cambia aportando medios y recursos desde las primeras etapas educativas (infantil y primaria).

Con recortes de profesorado, con eliminación y masificación de aulas, con eliminación de ayudas y becas, con introducción de reválidas desde la educación primaria, o con segregación de alumnos desmotivados o con dificultades a los 15 años, NO SE REBAJA EL FRACASO ESCOLAR NI AUMENTA EL RENDIMIENTO ESCOLAR. El gobierno no hace una ley para atajar el fracaso y abandono escolar, hace una ley para ahorrar, expulsando de la educación al sector más desfavorecido de la sociedad. El ejemplo claro lo tenemos en esta nueva F.P. Básica y la consecuencia es que al final no pueden estudiar ni los “peores” ni tampoco los “mejores” de la clase trabajadora.

Tengo que reconocer que los actuales gobernantes saben llevar  el agua a su molino, aprovechando el malestar existente en la sociedad sobre determinados asuntos. Que hay alumnos que molestan en la ESO, pues creamos la F.P. Básica y los mandamos allí; que el informe PISA nos da una nota mediocre,  pues hablamos de aumentar el esfuerzo de los estudiantes y justificamos así la eliminación de ayudas educativas y económicas a las familias con más dificultades. ¡Quién quiera refuerzos y ayudas complementarias que se las pague! Que se hacen públicos los fraudes y corruptelas en los cursos de formación para trabajadores activos o en paro, pues los eliminamos tal y como pretende la Comunidad de Madrid. Lo que no nos cuentan las autoridades madrileñas, o andaluzas, es cómo ha sido posible que durante años se hayan estado produciendo estas estafas y no se dieran o no se quisieran dar cuenta de su existencia, lo más probable es que no les interesara. Lo importante es aprovechar el momento de indignación popular para quitar los fondos para la formación de los trabajadores. Fondos que últimamente tanto la Comunidad como muchos ayuntamientos han reducido a la mínima expresión. De nuevo la máxima de que quien quiera formarse que se lo pague.

De todas maneras éstos no son temas para tenernos demasiado preocupados: ¿a quién le puede preocupar la educación teniendo el Mundial de Brasil en puertas?

Juan Torres
AMPA “Buero Vallejo” de San Sebastián de los Reyes

“Lista de Espera Quirúrgica sin prisa pero sin pausa” por Francisco Javier Blázquez

FOTO_JAVIERBLAZQUEZLa lista de espera quirúrgica en la Comunidad de Madrid se ha convertido en una preocupación para los usuarios y los gestores de la sanidad madrileña, que en los últimos meses ha ido creciendo y superando los prometidos 30 días de espera. De hecho, este dato ha pasado de ser una  promesa electoral, que hizo Esperanza Aguirre en 2003 para mejorar la respuesta de la sanidad para con los ciudadanos, a ser uno de los instrumentos de medida para valorar si la sanidad funciona o no correctamente. Los recortes y las huelgas han sido la principal justificación del aumento de la espera para ser intervenido en los hospitales públicos madrileños.

Las intervenciones quirúrgicas programadas y no urgentes, se llevan a cabo mediante un sistema de lista de espera donde el cómputo de los 30 días no comienza a contar a partir del momento en que el médico especialista recomienda la intervención quirúrgica, sino que empieza después de ser visto en la consulta de anestesia y una vez realizadas todas las pruebas preoperatorias. La segunda circunstancia que condiciona estos 30 días, es que el paciente no rechace la primera opción de hospital dónde le ofertan que puede ser operado, tanto público como privado, porque si así fuese pasarían a una lista que Sanidad llama “pacientes que voluntariamente han preferido mantenerse en espera para ser intervenidos en el hospital de su elección”, que de media aguardan unos 100 días, según los últimos datos. Por tanto, en realidad es un porcentaje limitado de pacientes el que se beneficia de las operaciones exprés.

Esta es la compleja situación creada para garantizar la prestación sanitaria supone una carrera de fondo para el día a día en los hospitales madrileños, donde existe un gran desequilibrio entre los resultados obtenidos en los distintos tipos de hospitales públicos, donde sin ya existir las famosas peonadas de tarde, hay hospitales con una ocupación quirúrgica y un rendimiento fabulosos y otros que continúan derivando pacientes a hospitales privados concertados para sacar a flote los números. Y esto es porque, en un sistema público no deben existir diferencias ni desequilibrios en las dotaciones ni en los resultados. A todos los hospitales por igual se les debe rendir las mismas cuentas, atendiendo a sus particularidades.

Por otro lado, hemos pasado de una situación poco rigurosa de turismo sanitario, con un sistema público demasiado solidario y de puertas abiertas, donde ciudadanos de otros países se han beneficiado de las coberturas del seguro público español, a una situación actual dónde se miden los resultados por el tiempo que le tardan a uno en operar. Los extremos nunca son buenos, la virtud está en el término medio y también hay que valorar que a veces no es el tiempo el que puede garantizar un buen resultado, sino que el trato personalizado de los  sanitarios, la comodidad del paciente y la confianza en tu hospital está por encima de todo.

El tiempo de espera para ser intervenido ha pasado de ser un buen propósito político, a ser una vara de medir de la buena o mala gestión de la administración pública sanitaria. Hay que tener en cuenta, que descartando el caso de las intervenciones quirúrgicas urgentes, no todas las dolencias tienen que ser resueltas con la misma celeridad. Existen muchos pacientes que llevan años con un problema concreto de salud y vigilado por su médico, como puede ser el caso de un juanete, una desviación del tabique nasal o una catarata, dónde una vez valorado por el médico especialista y el paciente ha decidido operarse, el sistema público debe garantizar la intervención pero en unos plazos razonables, lejos de la prisas. Todo esto es educacional y requiere conciencia social y una buena gestión.

Francisco Javier Blázquez Molina
Periodista y diplomado en Enfermería