“La opinión pública es el verdugo” por Guillermo Infantes Capdevila
martes, 21/10/2014 Deja un comentario
Pocas veces se teclea el título antes que el artículo que lo sucede, dado que habitualmente es la redacción de éste la que da la idea para titularlo ─lo que solemos llamar de estructura directa ─ pues son las diferentes ideas o premisas en base a las cuales sacamos la idea principal o conclusión. En este caso la estructura es indirecta, quizás porque la idea de la que partimos sea algo en lo que tengo total convicción, y es por ello que afirmo que actuamos como verdugos.
Se han sucedido una serie de noticias en los últimos días que han dejado patente lo determinante que es para el seguimiento de un caso la incisión que tiene el mismo en la opinión pública, y es que cuando en tiempos de la ilustración se teorízó sobre los distintos poderes que podían primar en un estado ─ejecutivo, legislativo y judicial ─ se obvió la influencia de la opinión pública como poder de poderes, que incide directamente en absolutamente todos ellos cuando se trata de una democracia.
Es muy usual hablar en estos tiempos de sobreinformación y de que ésta puede resultar tan peligrosa, si no más, como la falta de la misma. En el caso del pederasta de Ciudad Lineal (y no digo supuesto porque está claro que pederasta lo hay) en la fase de instrucción y sin haberse pronunciado el juez sobre la autoría o no del delito por parte del sospechoso, los grandes medios de comunicación ya exhibían en sus portadas una fotografía a todo color de la persona de la que se sospecha, aunque tras las críticas del juez Decano de Madrid, Antonio Viejo, procedieron a pixelarlas para no entorpecer las investigaciones.
El Fiscal Superior de Madrid, Manuel Moix, aseveró durante la ceremonia de apertura de este nuevo año judicial que “todos tenemos que ser especialmente cautelosos a la hora de suministrar información a la opinión pública y (…) evitar por todos los medios filtraciones indeseadas de datos que puedan ser reservados o sensibles”, tal y como recoge ABC en una información suministrada por EFE.
Estas palabras de Manuel Moix pueden ser extrapoladas a otros muchos casos. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en todo esto y su labor no es la de azotar, sino la de transmitir la información de la manera más fidedigna posible. Hay quienes entienden el periodismo como una labor de justicieros, pero creo que éstos pecan en su empeño a la hora de interpretar lo que es justo y lo que no.
Cuando un periodista se toma la libertad de someter a una persona al escarnio público, está condenando a dicha persona a un juicio mediático en el que la sentencia la dicta la audiencia. En nuestro tiempo es muy sencillo tomar el pulso a la opinión pública, como así lo es condicionar cómo va a ir encaminada esa opinión, pues desde una herramienta tan sencilla como Twitter, los grandes “creadores” de opinión pública pueden arrojar un debate del que luego se puede medir fácilmente cuál ha sido su repercusión e interpretarla.
Últimamente hemos podido comprobar cómo muchos personajes de la esfera pública han tenido que entregar la placa y la pistola para satisfacer a sus respectivas organizaciones que demandaban evidenciar ante los ciudadanos lo respetables que son.
A mi modo de ver, el transcurso de los acontecimientos ha sido el siguiente:
En primer lugar, se lanza a la opinión pública un hecho relevante que compromete a una serie de personas y, por ende, a sus respectivas organizaciones.
Más tarde, antes de que la justicia se pronuncie, los medios de comunicación azotan y determinan lo que contraviene o no la ley a través de tertulias y voces que se erigen como capacitadas para instruir justicia a través de la tele.
Es entonces cuando las entidades políticas desacreditan a sus miembros implicados y acuden al programa de Ana Rosa para defender su respetabilidad y hacer notar su determinación e impecabilidad. Tras esto, la audiencia de Ana Rosa saca conclusiones y en cierto modo va conformando esa especie de abstracción que la forman todas y cada una de las impresiones individuales de manera casi agregada a la que denominamos opinión pública. Cabe añadir que precisamente Ana Rosa es un programa líder en audiencia y se emite en la cadena más vista del país.
Comunicar entraña una grandísima responsabilidad y hemos de ser conscientes de que quienes están legitimados para dictar una sentencia son los tribunales y no las empresas de la comunicación. Lapidar carreras, desprestigiar nombres y hacer enemigos de la opinión pública no es una labor que le corresponda a quienes deben garantizar una información de calidad, y no actuar como piezas inflamables que incendian un debate que, de por sí, ya es socialmente palpable y no precisa de ser enardecido.
Guillermo Infantes Capdevila Estudiante de Periodismo