“Perdón por criticar” por Víctor Granado

“Yo no criticaré nunca a quienes están trabajando en las fronteras, haciendo una labor muy difícil”

Miguel Arias Cañete, 15 de mayo de 2014

El pasado 15 de mayo pudimos ver un debate a 5 entre los candidatos a presidir la comisión europea, como resultado de las elecciones al parlamento europeo, y, tras él, un debate entre los cabezas de lista de PP y PSOE. En ambos apareció el “problema de la inmigración”, pero tratado de forma diferente.

De entrada ya es bastante conceder que la realidad global de las migraciones se deje conceptualizar sin más como algo negativo y problemático por los países cuando son receptores de migrantes. En cambio estos países han desarrollado una neo-lengua para resaltar los aspectos positivos y enriquecedores que tiene la migración, conceptualizada como “movilidad”, para los nacionales que migran al exterior en busca de mejores oportunidades. Este doble rasero se traslada a los debates sobre la migración en toda su extensión, generando propuestas, modelos y posiciones ambivalentes según se hable de inmigrantes o emigrantes.

Dicho esto, la realidad de la migración hacia la Unión Europea marca la necesidad de elaborar una reflexión seria y rigurosa sobre la gestión y las políticas migratorias que la Unión y los estados miembros han desarrollado en las últimas décadas. Estas políticas han convertido el mediterráneo en un enorme cementerio en el cual entre 1993 y 2012 han muerto más de 16.000 migrantes. Durante este periodo Europa ha reforzado sus fronteras exteriores y ha desarrollado unas políticas migratorias más restrictivas que no impiden en absoluto la llegada de migrantes de forma irregular pero que son exitosas a la hora de aumentar cada vez más los riesgos de los procesos migratorios, las violaciones de derechos de los migrantes en el proceso y el número de personas que mueren en estos desplazamientos. Tal y como podemos ver en el siguiente mapa elaborado por Olivier Clochard[1] para Le monde diplomatique la estrategia de esta política migratoria ha sido situar países que taponen el acceso a la frontera exterior de la Unión, dejando en sus manos el control de los desplazamientos de personas, externalizando el control de esta frontera y aumentando los riesgos para integridad física y los derechos de las personas en desplazamiento. De esta forma, y sin incluir las últimas muertes en Lampedusa o el estrecho de Gibraltar de los últimos dos años, ambos puntos acumulan entre los dos al menos 12.000 víctimas mortales, y son ejemplo y horror de las consecuencias de las políticas migratorias y del ficticio proceso de fronterización de la Europa fortaleza.

Esta política migratoria y sus consecuencias fueron las que debatieron el pasado día 15 de mayo Jean-Claude Juncker (Partido Popular Europeo), Martin Schulz (Partido Socialista Europeo), Guy Verhofstadt (Alianza de los Liberales y Demócratas), Ska Keller (Verdes Europeos) y Alexis Tsipras (Izquierda Europea). Verhofstadt señaló la alarmante falta de cauces legales para la migración en Europa como la causa de la migración irregular. Ska Keller y Alexis Tsipras refrendaron esta afirmación indicando la vergonzante asimetría entre el número de refugiados y solicitantes de asilo aceptados como consecuencia de los conflictos de Siria y Libia, este último cuenta con la intervención de la UE, entre los países de la Unión y países poco Turquía y Jordania. Los candidatos socialista y popular coincidieron en la crítica a la disminución de las ayudas al desarrollo y la cooperación con el argumento de solucionar los problemas donde se producen y evitar que las personas tengan que dejar sus lugares de origen para buscar una vida mejor. Todas estas afirmaciones merecerían ser analizadas y criticadas con detenimiento pero, al menos en el debate, hubo un acuerdo general en señalar la necesidad bien de modular bien de revisar en profundidad las políticas migratorias de la Unión poniendo como criterio los derechos humanos de los migrantes.

No obstante, frente a lo que en ocasiones sucede las posiciones de los distintos candidatos a presidir la comisión fueron todas ellas más progresistas y respetuosas con los derechos de las personas que las consideraciones hechas sobre inmigración en el debate entre Elena Valenciano y Miguel Arias Cañete. Hasta el punto de que los argumentos esgrimidos por Valenciano fueron los mismos que empleo Juncker, el candidato del PPeuropeo, en el debate a 5. Si bien muchas de estas declaraciones pueden considerarse un brindis al sol en campaña electoral una parte importante de los grupos de representados por estos candidatos en la eurocámara criticó con firmeza la desigualdad que supone Schengen como un espacio de “libre” tránsito interior y una fortaleza inhumana en el exterior.

Ska Keller señaló la contradicción entre la carta de derechos humanos de la Unión y la actitud de Frontex respecto de iniciativas de salvamento como la operación Mare Nostrum. Mare Nostrum es una misión lanzada por el ministerio de Defensa italiano en otoño de 2013 bajo la presidencia del gobierno de Enrico Letta como “misión humanitaria” para actuar en operaciones de salvamento marítimo en el Mediterraneo e intentar evitar más naufragios y más muertes. El control de la frontera exterior de la Unión es responsabilidad de los estados miembros y con esta operación Italia quiso responder a los naufragios de octubre de 2013 en Lampedusa con otra operación militar, en este caso de salvamento. Dentro de la crítica que merece que la respuesta a la migración por parte de la UE sea exclusivamente militar el choque y la crítica entre Frontex, como misión de vigilancia represora y Mare Nostrum como misión militar de salvamento escenifica la incoherencia de las políticas europeas de la Unión y su falta de respeto a los derechos humanos fundamentales.

Como bien señalaba el liberal Guy Verhofstadt es la inexistencia de cauces legales para la migración lo que genera y favorece el desarrollo de una migración irregular en la UE. Este diagnóstico y la crítica de fondo al control de la frontera exterior en ausencia del respeto a los derechos humanos de los migrantes son los dos puntos principales que cabe extraer del debate sobre migración y los dos aspectos centrales de un proyecto europeo que quiera realmente revisar sus políticas migratorias de cara a respetar de manera efectiva los derechos humanos.

En este sentido Migreurop ha hecho una propuesta de cuatro medidas reales y realizables de inmigración legal que acaben con las muertes y la inmigración irregular. Estas medidas pretenden solventar la emergencia humanitaria de las personas en desplazamiento en situación irregular en Marruecos promoviendo su regularización puesto en marcha en Marruecos y acompañándolo con una interpretación flexible de los criterios de reagrupación familiar para que estas personas no tengan que regresar a su país de origen. Garantizar la protección de los derechos de las personas en las fronteras y la reapertura de los cauces legales para el asilo y el refugio, y una revisión de la política de visados con los países africanos. Todo ello sería un modo efectivo de actuación en pro de los derechos humanos y de la migración regular. Un planteamiento que dista muchísimo del esgrimido por los candidatos españoles a las elecciones europeas en el debate domestico. Especialmente respecto de la postura de Arias Cañete según la cual no es posible hacer ninguna crítica a quienes vigilan las fronteras. La ausencia de crítica y de control supone la creación de un espacio de opacidad e impunidad para la vulneración permanente de los derechos humanos de los migrantes, así como una muestra de la degeneración de la democracia la imposibilidad de la crítica y del control por parte de los ciudadanos de las instituciones y poderes del Estado.

 

Víctor Granado Almena

Profesor de Filosofía Investigador dedicado al estudio de las migraciones y a los DD.HH.  

 

[1] Clochard, O., “Europa cambia de muros” en VV.AA., El atlas: conflictos de fronteras, Madrid, Cybermonde, 2012, pág. 89 y ss.

“Sobrevivir es delito: tirar de la manta” por Víctor Granado

Lucro (del lat. lucrum): 1. Ganancia o provecho que se saca de algo.

En el eterno retorno de lo idéntico volvemos a ver de nuevo como la despenalización de un hecho vuelve, aún de forma más cruel, a ser parte de nuestro código penal. Esto sucede con la más que previsible aprobación de la reforma del código penal que castigará con penas de cárcel de entre seis meses y dos años a aquellas personas que venden en las calles y que, comúnmente, llamamos manteros, como consecuencia de la conversión de lo que hasta ahora es una falta en delito.

Tradicionalmente se ha entendido que cuando colisionan dos derechos entre sí debe prevalecer el de mayor rango. Con la operación de camuflaje que acompaña a la reforma de la situación penal de “las mantas” se pretende esgrimir que la vulneración del derecho a la propiedad intelectual devenga en una condena penal con privación de libertad. Colisionan así el derecho a la propiedad intelectual y el derecho a vivir en libertad. La violación del primero se plantea como causa del castigo con la privación del segundo. El legislador se aparta de la convención que sitúa por encima el derecho a vivir en libertad e invierte la primacía entre ambos derechos.

Lo más importante, a mi juicio, en esta cuestión es identificar el qué y para qué de esta modificación legal. La asociación de sin papeles de Madrid convocaba junto con otros colectivos el pasado 17 de febrero un acto de protesta en la comercial calle de Preciados en Madrid para denunciar y pedir la paralización de esta reforma. Bajo el lema sobrevivir no es delito las personas congregadas denunciaban la criminalización de quienes sobreviven vendiendo en la vía pública en situación de vulnerabilidad extrema para poder sobrevivir. Tal y como rezaban algunos carteles, se trata de vender sin ánimo de lucro, para la mera subsistencia.

En cambio la persecución de “los manteros” en lugar de ser un mecanismo de lucha contra la venta ambulante irregular y la “piratería” es un dispositivo de control de la migración irregular. Se trata de una introducción de controles fronterizos en el interior de las ciudades. Esta re-penalización de “las mantas” desempeña un papel crucial en la producción de irregularidad migratoria ya que con la detención y los antecedentes penales que dejará en los sancionados esta modificación legal, bien perderán la residencia legal si la tienen, bien tendrán imposible poder alcanzarla, cuando no suponga su internamiento y posterior expulsión del territorio nacional. Esta función no sólo intimidatoria o disuasoria sino directamente expulsiva de la nueva legislación revela con claridad como no son el hambre o las mafias quienes producen la migración irregular sino los estados democráticos de los que somos nacionales.

El lucro no se supone en quien con su actividad consigue sobrevivir a duras penas y sí, en cambio, en quien se aprovecha de la especial situación de vulnerabilidad de las personas para producir de manera continuada un aumento de la irregularidad migratoria al bloquear tanto el acceso regular al país como el acceso regularizado al mercado de trabajo y se sirve de la mano de obra en situación irregular para incrementar sus beneficios. Parece perfectamente legítimo decir pues como dicen las personas que luchan contra esta modificación legal que las mantas son un mecanismo de subsistencia sin ánimo de lucro. No puede decir lo mismo quien usa la consideración de la venta en las mantas como un delito para servirse en beneficio propio de la situación irregular de las personas que luchan por sobrevivir.

 

Víctor Granado Almena

Profesor de Filosofía

Investigador dedicado al estudio de las migraciones y a los DD.HH.  

“Cuando dejamos que la sombra crezca” por Víctor Granado

En su análisis del desarrollo de los movimientos totalitarios Hannah Arendt señala que éstos se originaron a partir de elementos pre-totalitarios presentes en los sistemas políticos europeos de comienzos del siglo XX. Elementos (pre- o proto-) totalitarios en la medida en que suponían una zona de sombra, de injusticia, de excepcionalidad e impunidad que posteriormente catalizó en una nueva forma de gobierno. Junto al concepto y el análisis del totalitarismo Arendt nos lega la tarea de la crítica constante de la colectividad política que habitamos como tarea ciudadana. El deber de estar vigilantes ante la aparición de nuevas zonas de sombra que albergan nuestras sociedades democráticas.

Pues bien, desde el 27 de febrero de 2014 la justicia universal es historia en España. Con 180 votos a favor y 137 en contra el Congreso de los diputados acabó con la Justicia Universal mediante la aprobación de la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante, LOPJ), relativa a la Justicia Universal. La LOPJ es contraria tanto al derecho internacional como a la constitución española en la medida en que impide definitivamente que crímenes internacionales en contra de la humanidad de las víctimas puedan ser perseguidos por el Estado con independencia del lugar donde se hayan cometido y de la nacionalidad de víctimas y victimarios. Lo que había sido un mecanismo para combatir la impunidad que el poder presta a la violencia y un mecanismo horizontal de salvaguarda de los derechos humanos desaparece de la arquitectura jurídica del Estado español sin mayor revuelo. Es cierto que ese camino se inició ya en 2009 con la importante limitación de la jurisdicción universal de la Audiencia Nacional pero ahora ha sido enterrado por completo.

La reforma del artículo 23.4 de la LOPJ supone la derogación inmediata (el gobierno prevé la entrada en vigor de la modificación el 21 de marzo) del principio de justicia universal en España y con ello el carpetazo definitivo investigaciones llevadas a cabo en la Audiencia Nacional sobre casos como “el caso Couso”, los vuelos de la CIA, las torturas en Guantanamo, crímenes de guerra en Irak, el genocidio en Guatemala, en Ruanda, en el Tibet, los asesinatos en El Salvador, el genocidio del pueblo saharaui y el asesinato de Carmelo Soria bajo la dictadura chilena, todos ellos instruidos en los juzgados centrales 1,2,3,4,5 y 6 de la Audiencia Nacional.

Como señala Manuel Ollé Sesé (abogado y profesor de Derecho Penal de la UCM) crea víctimas de primera y segunda categoría en tanto que “una víctima española de terrorismo encontrará amparo judicial en España, mientras que una víctima española de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra o tortura, no, salvo la presencia de otros nexos de conexión, de muy difícil aparición”. Y de esta forma la reforma “olvida intencionadamente que (la Justicia Universal) es un principio -no de creación nacional- sino derivado del Derecho internacional, basado en un interés -no nacional- sino supranacional y que posibilita a los tribunales nacionales ejercer la justicia penal, en representación de la comunidad internacional, para el enjuiciamiento de los crímenes internacionales más graves”. Escudándose en la existencia de convenios internacionales al respecto y de la existencia del Tribunal Penal Internacional el congreso de los diputados ha decidido en lectura única y mediante tramitación de urgencia obviar que “habida cuenta de que la impunidad existe principalmente cuando las autoridades del país en el que se han cometido los delitos no actúan, es importante que los sistemas de justicia civil y penal de todos los demás países puedan intervenir para juzgar dichos delitos en nombre de la comunidad internacional y conceder reparaciones a las víctimas”. De nada han servido las 70.000 firmas de ciudadanos recogidas por AI para la paralización de la reforma. 163 estados dan cabida en su legislación a la Justicia Universal. Esto no es óbice para que a pesar de ello los procesos de este tipo siempre deban enfrentarse a muchos y poderosos obstáculos pero desde ahora España ya no forma parte de esa nómina de países. Nuestra sociedad ha dado la espalda a los Derechos Humanos y ha permitido que el poder haga imposible lo que hasta ahora era una obligación -para más de 120 organizaciones nacionales e internacionales esto supone una violación de las obligaciones internacionales de España, y así lo han hecho llegar a la ONU y al Parlamento Europeo-.

La escasa protesta ciudadana, la falta de crítica pública y la oscuridad de la reforma legislativa y de las funestas consecuencias de la misma dan cuenta del imperio de la impunidad en España y de la debilidad de la conciencia pública de nuestra sociedad. No sólo es necesaria la crítica política sino la autocrítica ciudadana. Cuando dejamos que  crezca la sombra permitimos que aumenten los espacios de injusticia e impunidad en nuestra colectividad política. Cuando no nos preocupamos por ello damos cuenta de la falta de interés por el aspecto del mundo en que vivimos y damos el verdadero reflejo de la sociedad que hemos construido.

Víctor Granado Almena

Profesor de Filosofía

Investigador dedicado al estudio de las migraciones y a los DD.HH.  

“Cuando el estado abdica de sus funciones” por Víctor Granado

Tres noticias publicadas en los últimos días y aparentemente desconectadas definen con claridad la forma del mundo en que vivimos.

En primer lugar el auto del pasado 28 de enero de 2014 la Audiencia provincial de Madrid ordena reabrir el caso de la muerte en el CIE de Aluche de Samba Martine. Samba Martine llegó a España el 25 de agosto de 2011 procedente de la República Democrática del Congo, después de cruzar el norte de África y entrar de modo irregular en España a través de la frontera entre Melilla y Marruecos. Debemos recordar que la República democrática del Congo vive una situación de «Guerra sin fin», un conflicto estructural que oscila en su intensidad pero que con más 5 millones de muertos es el conflicto bélico más mortífero después de la segunda guerra mundial. Un conflicto bélico especialmente cruento y violento para las mujeres. A su llegada Samba entró en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. Allí permaneció tres meses hasta que por fue trasladada, debido a la alta ocupación del CETI, al Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) de Aluche en Madrid, al cual llegó el 12 de noviembre de 2011. Con ella no se trasladó su expediente médico elaborado por los médicos del CETI de Melilla. A esta falta de coordinación burocrática le siguió la incapacidad de los responsables del CIE de Aluche para atender las reiteradas visitas a la enfermería del CIE y solicitudes de asistencia hechas por Samba durante su internamiento hasta que finalmente murió víctima de un proceso infeccioso que habría sido fácilmente superable si hubiera recibido la asistencia sanitaria adecuada. Así lo estima el auto de la audiencia provincial de Madrid.

La segunda noticia es el dictamen del consejo de Europa que juzga ilegal excluir a las personas en situación irregular en España del derecho a la asistencia sanitaria, en el cual se afirma que la crisis no puede servir como pretexto para negar el acceso a la sanidad. La asistencia sanitaria de urgencia no es suficiente y como señala Luis Jimena, presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales, el dictamen del Consejo de Europa considera el RDL 16/2012 contrario al derecho europeo, y afirma que: “No se puede excluir a los inmigrantes del sistema. Tanto el Gobierno como las comunidades tienen el deber de cumplir la doctrina del Consejo de Europa. Y el Tribunal Constitucional deberá tomarla en consideración de manera determinante [al fallar sobre el recurso presentado contra la decisión del Gobierno]”.

La tercera noticia es del pasado día 20 de enero tiene como núcleo el informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo sobre las tendencias mundiales del empleo para 2014, el cual señala cómo en 2013 el desempleo aumentó en el mundo en 5 millones de personas más, y calcula una tendencia que fijaría el incremento del desempleo en 13 millones de parados más en el 2018.

Si conjugamos el fondo de estas tres noticias podemos reconstruir la forma del mundo en que vivimos y su verdadero carácter dramático. De manera falaz los gobiernos de países democráticos, firmantes de tratados que protegen los derechos humanos, en los que se incluye el derecho a la salud, ligan la asistencia sanitaria a la situación activa del asegurado. No sólo esto, su derecho a residir en un lugar distinto a su nacionalidad queda regulado por su condición activa. En un contexto generalizado de aumento del paro seguir ligando la protección de los derechos fundamentes a la posesión de un contrato de trabajo implica, de facto, subvertir el espíritu y la literalidad de los tratados internacionales de derechos humanos y empujar a las personas a vivir en una situación de irregularidad sobrevenida en los mismos lugares en los que han vivido y trabajado durante muchos años, donde probablemente han nacido sus hijos y que tenían todo el derecho a considerarlos su hogar. A esta irregularidad sobrevenida se suma la irregularidad como condición del desplazamiento migratorio a la que se ven forzadas a incurrir aquellas personas que deseando construir un proyecto vital fuera de su lugar de nacimiento no encuentran cauce legal alguno para el desplazamiento y ni para el acceso al mercado laboral legal. Se combina así a la irregularidad del desplazamiento la irregularidad laboral, encadenando unas situaciones de desprotección, vulnerabilidad y explotación con otras.

En ese contexto de producción de irregularidad migratoria el Estado ha abdicado de la función en la que se ha apoyado y que ha legitimado su monopolio de la violencia: la protección de los derechos de todas las personas presentes en su territorio durante su permanencia en él. El caso de Samba Martine y la legislación española que priva a las personas de un acceso a una asistencia sanitaria que garantice la protección de su derecho a la salud en España ejemplifican con cruel claridad cómo es Estado pierde de vista la protección de los derechos de las personas mientras permanecen en su territorio y las condena a la desprotección más absoluta. Un interno en un CIE ve suspendido su derecho a la libertad de tránsito pero la salvaguarda de su integridad física y psíquica debería ser la primera preocupación del mismo Estado que interna a esas personas como paso previo a su expulsión.

Víctor Granado Almena

Profesor de Filosofía

Investigador dedicado al estudio de las migraciones y a los DD.HH.  

«Por el pleno reconocimiento de los migrantes como sujetos de derecho» por Víctor Granado

He aquí un margen que avanza, un centro que retrocede.

Oriente ya no es en absoluto Oriente,

ni Occidente, Occidente.

Porque la identidad es plural,

ésta no es una ciudadela o una trinchera.

Mahmoud Darwich

Comme des fleurs d’amandier ou plus loin, Paris, Actes sud, 2007

Hoy más personas que nunca viven fuera del lugar en el que nacieron, algo que no necesariamente se corresponde con vivir en «el extranjero». En ocasiones esa vida en otro lugar se desarrolla en lo que para algunas personas es su hogar, aunque no hayan nacido en él o vivido allí durante su infancia o juventud. Pero más que hablar aquí de la relación  con el lugar de origen o el lugar de residencia hoy, en el día internacional de las personas migrantes, quiero subrayar la relación que todos tenemos con el proceso dinámico de migrar. En 2013, según los datos del informe de septiembre de la ONU sobre migraciones internacionales, 232 millones de personas o el 3,2% de la población mundial son migrantes. Se trata de una cifra sensiblemente mayor que los 175 millones de personas migrantes registrados en el año 2000 y que los 154 millones registrados en 1990. El 74% de los migrantes está en edad de trabajar y el 48% de la población migrante son mujeres. Sólo el 35% de la población migrante se corresponde con el desplazamiento de tipo sur-norte.

Estos pocos datos muestran que vivimos en un contexto de desplazamiento global del que todos formamos parte. Las migraciones no pueden comprenderse sólo como desplazamientos puntuales motivados por una alteración momentánea del orden, ya sea un conflicto bélico o una catástrofe natural. En la actualidad todos somos susceptibles de devenir migrantes y vernos envueltos en un proceso de desplazamiento. La desigual distribución de renta y población, así como la capacitación laboral de las personas regulan la distribución global de población a lo largo del planeta dentro de una red compuesta por distintos nodos de atracción de población, que rompe la estructura simplista y falaz del esquema de migración norte-sur que une pobreza y migración. No hay centro ni fin del desplazamiento, ni países o regiones puramente receptoras o emisoras de flujos migratorios. El desplazamiento es parte esencial de nuestro modo de vida las migraciones son una realidad constitutiva de la forma transnacional de nuestro mundo.

Además de romper con el modo simplista de contextualizar la migración en nuestros días, en el día internacional de los migrantes debemos, sobre todo, reivindicar los derechos de los migrantes y denunciar las situaciones de injusticia, vulnerabilidad y privación de derechos que amenazan la realidad de los procesos migratorios. Para ello recuerdo aquí las palabras con las que comenzaba la declaración conjunta de Expertos de las Naciones Unidas de 2012:

GINEBRA, BANJUL, WASHINGTON D.C. (18 de diciembre de 2012) – «En un día como hoy, unimos nuestras voces para reconocer las invaluables contribuciones que a diario hacen millones de migrantes en todo el mundo para crear mejores condiciones de vida para todos. A pesar de participar en nuestras sociedades, el otro lado de la historia es que por el simple hecho de ser migrantes, millones de personas son víctimas de discriminación, xenofobia y diversas violaciones a sus derechos humanos. Es por eso que hoy, en el Día Internacional del Migrante, reafirmamos que los derechos humanos son derechos de todas las personas. Un compromiso real de los Estados en relación con los derechos humanos de los migrantes requiere del pleno reconocimiento de los migrantes como sujetos de derecho. Los derechos humanos derivan de la dignidad humana y no del origen nacional o de la situación migratoria de las personas.

Hoy debemos denunciar la criminalización de los migrantes en situación irregular, su hostigamiento y persecución, la privación de derechos fundamentales como el derecho a la salud, el establecimiento de vallas o “medidas de protección fronteriza” como las de Ceuta y Melilla, la existencias de redadas y controles de identidad xenófobos en las calles de nuestras ciudades y la existencia de centros de internamiento para extranjeros que violan estándares mínimos exigibles a un Estado y una sociedad civil que dicen defender los derechos humanos y la democracia.

Ningún ser humano es ilegal

Víctor Granado Almena

Profesor de Filosofía

Investigador dedicado al estudio de las migraciones y a los DD.HH.  

“Desigualdades reales, derechos virtuales” por Víctor Granado

 “El inmigrante no está entrando por un paso fronterizo con una documentación correcta, está violentando la frontera de un país que es soberano y tiene que defenderla. Y no vienen pidiendo permiso o que se le abra la puerta, vienen asaltando la valla”.

Abdelmalik El Barkani Delegado del gobierno en Melilla

 

¿Es  que acaso si los migrantes pidiesen que se les abriera la puerta ésta se les abriría? Las declaraciones del Delegado del Gobierno en Melilla parten de la falacia según la cual los migrantes no siguen los cauces legales para entrar en España pudiendo hacerlo. En la medida en que con sus actos amenazan la soberanía española la actuación de las autoridades queda legitimada. En ningún momento los migrantes son tratados como personas sino conceptualizados como delincuentes, como enemigos que asaltan una frontera que hay que defender.

Para su defensa, el Gobierno está pensando colocar de nuevo las cuchillas retiradas en 2006 de la valla y que la coronaban hasta entonces. Retornamos a una situación de desprotección y desprecio por la vida de los migrantes similar a la de 2005, que Amnistía Internacional describía en su informe Frontera sur. En Ceuta y Melilla la frontera no es una mera línea imaginaria que delimita el territorio de in Estado. La frontera entre España y Marruecos es una de las fronteras más desiguales del mundo, es una frontera intercontinental y la frontera más desigual de la Unión Europea. Si atendemos comparamos el PIB per cápita nominal de España y Marruecos veremos cómo el PIB español es casi 10 veces el de Marruecos. Esta desigualdad lo es respecto de los niveles de renta y las condiciones materiales de existencia pero lo que marca la experiencia de la frontera es el igual desprecio a ambos lados de la verja por los derechos de los migrantes.

El desplazamiento de las personas tiene como uno de sus componentes la desigual e injusta distribución de riqueza y población. A la injusticia que significa esta desigualdad se suman  las violaciones de derechos que sufren los migrantes durante el desplazamiento.

La frontera es real, tiene consecuencias reales tanto sobre la vida de las personas que intentan cruzarla como sobre el tipo de sociedad que la sostiene sin cuestionarla. No son las mafias quienes ponen en riesgo las vidas de las personas que intentan cruzar las fronteras sino los Estados los que al bloquear los cauces legales de acceso a su territorio abocan a los migrantes a la clandestinidad y la irregularidad. Y es la sociedad civil de Estados como el nuestro quien debe controlar y denunciar el uso en su nombre de mecanismos de control las fronteras que significan la violación sistemática de los derechos humanos.

 

 

Víctor Granado Almena

Profesor de Filosofía

Investigador dedicado al estudio de las migraciones y a los DD.HH.