“Esta no es la reforma local que necesita nuestro país” por Esperanza Fernández

Esperanza Fernández, portavoz UPyD GetafeEl Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que ahora continuará su tramitación en el Senado,  con los votos a favor del PP, UPN y PNV y los votos en contra del resto de partidos. Las razones para el voto en contra de la mayor parte de la oposición son una apuesta por el inmovilismo y el bloqueo a toda reforma. Sin embargo, el voto contrario de UPyD  tiene un significado diferente pues lo que ha intentado la formación magenta es que se aborde en serio la imprescindible reforma de nuestra administración local, que sería el primer paso para la reforma que necesitan todas nuestras administraciones públicas.

Lo primero, pues,  que podría decir de la reforma es que se ha desaprovechado una magnífica oportunidad de emprender de una vez la modernización y racionalización de nuestra administración municipal. En España hay  8. 117 municipios. De estos, 4. 858 tienen menos de 1.000 habitantes. A su vez, 1.000 tienen menos de 100 habitantes y menos de 390 tienen más de 20.000 habitantes.  En estos últimos se concentra el 80 % de la población. El diseño de este mapa municipal data de principios del siglo XIX, un momento histórico claramente alejado del actual en cuanto a población, actividad económica, comunicaciones y desarrollo tecnológico. Mantenerlo en las  actuales circunstancias es seguir condenados a un funcionamiento ineficaz de nuestros ayuntamientos, a un derroche de recursos, pues se desaprovechan las posibilidades de las economías de escala y, en consecuencia, a soportar el coste de oportunidad de dedicar medios a mantener estructuras ineficaces, medios que podrían ser mejor empleados. Este esquema tiene unas consecuencias muy negativas entre las que sobresalen  la ineficacia en la prestación de servicios públicos y su encarecimiento Demorar su reforma es empecinarnos en seguir a la cola de los países de nuestro entorno, Europa Occidental, que abordaron estas reformas tras la Segunda Guerra Mundial.

Según diversos estudios, la cifra de 20.000 habitantes sería la óptima  para garantizar una eficaz profesionalización del personal y asegurar una buena calidad de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos y es la cifra que propone UPyD como punto de partida, pero esa propuesta, lamentablemente, tendrá que esperar de momento.

Otro aspecto muy criticable de esta reforma es la negativa a la supresión de diputaciones, lo que no solo supone mantener una fuente de derroche sino también un bastión antidemocrático. Ya era incomprensible que, tras la instauración del Estado Autonómico, ninguno de los dos partidos que han gobernado desde entonces haya encontrado el momento de acabar con ese escalón del complejo aparato estatal que padecemos, fruto de la reforma decimonónica, que cumplió su función en su momento pero ahora es un lastre. El pretexto del Gobierno para mantenerlas es que dan servicio a los municipios pequeños. Sin embargo, podríamos dar la vuelta al argumento para entenderlo: No tocan los municipios pequeños para no tener que suprimir las diputaciones, chiringuito rentable al bipartidismo, aunque sea nocivo para el interés general.   

 

Con esta reforma  tampoco queda resuelto el problema de la financiación, ni el de las duplicidades, ni se avanza en la profesionalización de la administración local,  ni acierta en la distribución de competencias, incurriendo en errores como el de quitar a los ayuntamientos competencias en servicios sociales, que han venido desarrollando con acierto en general.

En fin, es una reforma hecha por imperativo del ahorro que nos imponen desde fuera, hecha sin consenso y sin proyecto, sin ningún horizonte de mejora de nuestra administración local; una reforma de un mal estadista, de un partido más pendiente de no disgustar a sus cargos, de mantener sus bastiones, sus intereses clientelares. Es la reforma de un partido sin ambición de país.  

 

Esperanza Fernández Acedo
Concejal portavoz del Grupo Municipal de UPyD Getafe

 

“Lo que la reforma de la Administración Local oculta” por Oscar Jiménez

Oscar Jiménez, alcalde de TorrelagunaUn principio democrático es evitar la concentración del poder. Con la Reforma de la Ley de Bases del Régimen Local lo que se pretende es suprimir o reducir considerablemente una Administración: la Local, en beneficio de la Autonómica. Es un mal extendido establecer una estructura jerárquica entra las distintas Administraciones que conforman el Estado, error en el que caen también demasiados políticos. En la cúspide estaría la Administración Central, en segundo lugar la Autonómica y en último lugar la Local. Un error. Son tres Administraciones, con diferentes competencias; que se complementan y que todas juntas forman la Administración del Estado. Confunden la capacidad de financiación con grados de importancia o de poder. Otra cosa muy distinta es el poder que detentan (**) ­en sentido estricto­ las comunidades en detrimento de los municipios, pero ese es un problema que tal vez requiera un artículo aparte. Con esta reforma se pretende aumentar, aún más, la concentración de competencias en detrimento de los ayuntamientos, en tal grado, que puede poner en peligro la viabilidad de los pequeños municipios. Que en el fondo es lo que desean algunos arbitristas del gobierno y de los medios de comunicación con posiciones más extremas. El pensamiento último, de éstos, es eliminar todos aquellos municipios que no sean rentables. Pero habría que preguntarles cómo se va a medir esa rentabilidad. ¿Sólo con principios puramente contables? Entonces sobrarían la gran mayoría de los pueblos de España. Pura ingeniería social.

Si en la evaluación de rentabilidad se incluyeran otras variables, sin duda se encontrarían razones suficientes para no propiciar la eliminación de tantos municipios y pedanías o similares. Si se despoblasen todos los terrenos de España y se concentraran todos los habitantes en unas pocas poblaciones, se producirían efectos indeseados, como sería el abandono de campos, bosques, montañas y demás tierras agrestes, con consecuencias nefastas. Ya hemos visto que desde que no se explotan los bosques y no se limpian los lechos de los ríos; los incendios son más dañinos y las inundaciones más agresivas. Además se perdería un acervo histórico y cultural de incalculable valor. ¿Alguien se imagina la obra de Miguel Delibes sin estos pueblos que ahora algunos quieren hacer desaparecer? No sé si estos opinadores han valorado el tremendo rompimiento que pudiera producirse en muchas gentes de campo, al eliminarles su medio de vida; ¿tan difícil es comprender que no todos sirven para vivir en grandes ciudades?

Además, es un abuso y un engaño el querer hacer cargar a los pequeños municipios como causantes del gran agujero de la Administración. Más bien siempre han sido los paganos del abandono de las otras Administraciones y, en muchos casos, viven en condiciones bastantes modestas y con unos servicios, en nada envidiables. Claro que habrá habido excesos, pero como en todas las Administraciones. Hasta ahora no se ha oído hablar de evaluaciones de servicios ni de absorción de comunidades por esa orgía de aeropuertos, trenes de alta velocidad, y demás absurdas infraestructuras; pagadas también con los impuestos de los habitantes de los pequeños municipios.

Con la reforma, las corporaciones de los pequeños municipios quedan degradadas absolutamente, tanto, que, para lo que les va a quedar gestionar, tampoco parece que sea necesario el sufragio universal. Tan sólo van a tener que realizar una lista de servicios que les van a dictar desde la Comunidad, y para eso no hacen falta políticos, sino técnicos. La esencia del político es la capacidad de elegir o decidir, no tanto la ejecución. Es establecer las prioridades sobre un presupuesto finito. Si acierta en escoger las prioridades será avalado con los votos de los ciudadanos; y, si se equivoca, serán los vecinos los que le quitaran del cargo. No parece muy democrático que desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se diga ahora, qué servicios pueden darse y cuáles no, y en qué condiciones. De lo que debería preocuparse este Ministerio, en todo caso, es en que no se caiga en endeudamiento. En eso estamos de acuerdo, pero no en cómo lo pretenden hacer. Un político de un pueblo pequeño puede decidir llevar en su programa el mantenimiento de una biblioteca pública, serán los vecinos los que valoren si quieren eso o no; lo que no es aceptable es que ahora una cuestión así se pueda decir desde otra Administración. Esto rompe el principio de subsidiaridad, que dice que los asuntos deben ser gestionados, siempre que sea posible, por la administración más cercana; ya que la cercanía a los problemas, da mayores garantías de que se acierte en la solución.

No es aceptable que por los casos de abusos, de excesos o de delitos de algunos munícipes, se pretenda tutelar a todos los miembros de la Administración Local, como si fueran unos incapacitados y unos sujetos proclives a cualquier corrupción. Desgraciadamente, estos males se pueden repartir entre las distintas Administraciones y nunca se ha planteado la eliminación de competencias o la ejecución de tutelas fuera de la Administración Local.

Subversión democrática en aras de la eficiencia

Uno de los principales argumentos que se utilizan para la justificación de esta reforma es la búsqueda de la eficiencia, pero por más que se van leyendo los distintos anteproyectos, más que la búsqueda de ésta, parece que lo que se pretende es la degradación de la Administración Local. La eficiencia es un principio que debe buscar obsesivamente el político, pero esta búsqueda no puede poner en peligro la democracia. Puede que, efectivamente, sea más barato que se pusiesen funcionarios en todos los órganos de las Administraciones, que fuesen estos trabajadores públicos escogidos por los principios de mérito y capacidad, los que gestionasen los distintos presupuestos, pero antes o después tendrían que tomar decisiones, y para eso nunca estarán investidos de la legitimidad, que sólo se puede obtener por los votos. Saltándose este principio democrático de la legitimidad obtenida por sufragio, el anteproyecto de ley dota de unos poderes excesivos a los interventores, que además del lógico control sobre la legalidad de los actos que realizan los políticos, les da también el control sobre la oportunidad de las decisiones políticas, lo cual subvierte el normal juego democrático. Por esta vía la reforma no será más eficiente, y aunque así lo fuera, no justificaría que la tecnocracia se imponga a la democracia.

Duplicidad de competencias

Otro argumento recurrente entre los defensores de la reforma es que ésta evitará la duplicación competencias. Está claro que todo organismo debe revisar su funcionamiento si no quiere anquilosarse y dejar de ser útil. Sin duda, la crisis nos obliga a hacerlo con celeridad, pero eso no significa que se haga desde un Ministerio sin contar con los que se supone que algo tendrán que decir, que son los alcaldes y concejales. La reforma se impone, no se debate, en virtud a una inteligencia superior que reside en algún conciliábulo del Ministerio.

Es muy probable que los que están en la redacción de este anteproyecto desconozcan profundamente lo que es la vida y la complejidad de los pequeños municipios, porque nadie que lo conozca puede proponer lo que se está proponiendo. Con el articulado del anteproyecto se pierde una oportunidad de clarificar las competencias y la financiación de éstas. Duplicidades que en los ayuntamientos pequeños no existen y que serán mínimas en aquellas localidades donde las haya. Evitar estas supuestas duplicidades no conseguirá apenas ningún ahorro. Lo que si existe es una complejidad en la prestación de los servicios de algunas competencias.

Así es difícil entender que sean los ayuntamientos los que paguen el mantenimiento, la electricidad, los combustibles y a los conserjes de los colegios, donde todo lo demás está a cargo de la Comunidad, ¿dónde está aquí la duplicidad? No hay competencia entre ayuntamiento y comunidad por ver quién echa antes el carburante en la caldera; lo que si hay es un lío, y además muy injusto. Ya que dependiendo del colegio que tenga el municipio, que sea más o menos nuevo, que tenga más o menos calidades constructivas, de que sea más o menos eficiente energéticamente; así gastará más o menos el municipio en su mantenimiento. Casos como éste son los que debería evitar la reforma y clarificar quién debe dar el servicio íntegro; pero teniendo claro todos, que nunca será por evitar una duplicidad sino una complejidad. Evitar la confusión en la financiación de casos como el de la Educación parecía que se hacía imprescindible, máxime cuando se decide emprender una reforma tan ambiciosa.

De la lectura del anteproyecto nada se aclara, todo sigue más o menos igual; o como piensa más de uno, se complica aún más, ya que serán las comunidades las que en un periodo de cinco años se encargarán íntegramente de la gestión, pero los ayuntamientos deberán seguir pagando el mantenimiento. De cómo se hará esto nada se sabe.

Privatización de servicios

La reforma facultará al Ministerio para que establezca los costes estándar de los servicios municipales, y aquellos ayuntamientos que no cumplan con estos costes, tendrán que dejar de prestarlos y serán las diputaciones, o las comunidades las que asuman estos servicios. Parece que serán pocos los pueblos de menos de 20.000 que puedan estar por debajo de estos costes, ya que es sabido que prestar servicios en pueblos pequeños es más caro que hacerlo en grandes poblaciones. Las diputaciones o las comunidades asumirán así un gran paquete de servicios de los municipios. Es más que previsible que estos se privaticen en bloque, para aplicar economías de escala. Este objetivo oculto sí que es uno de los motores de esta reforma, y no otros que se manejan para engañar a los vecinos.

Esta privatización, con toda seguridad traerá aparejada una pérdida de calidad de los servicios y un encarecimiento de las tasas, que con la reforma las fijarán las comunidades o diputaciones y no los ayuntamientos. Ya se sabe que cuanto más alejado esté el político del vecino, más fácil le será tomar decisiones impopulares.

Los municipios, en búsqueda de la eficiencia, cuando se han visto incapaces de prestar un servicio necesario, se han organizado para mancomunarlo. Hay mucho que mejorar y modificar en las mancomunidades, y en eso se debería ocupar la reforma; pero lo que ésta propone es la práctica desaparición de estas entidades en beneficio las diputaciones. Este camino que parece ser el más inteligente y por el que se debería apostar, queda prácticamente abortado en el anteproyecto.

La ineficaz financiación de los Ayuntamientos

Otra oportunidad perdida en esta reforma es lo que se refiere a la financiación local, que más que insuficiente, que también, es ineficaz e injusta. Una gran parte de los ayuntamientos están ya tutelados por vía de las subvenciones, un sistema injusto y proclive a todo tipo de trapacerías políticas por parte de quien las reparte. La financiación por vía de la subvención es además un sistema ineficaz, ya que obliga a todos los ayuntamientos a emplear muchas energías en la elaboración de los concursos, sin saber si finalmente podrán disponer de esos fondos. Los ayuntamientos no deberían concurrir públicamente ni mendigar entre las distintas consejerías. Las corporaciones municipales deberían poder gestionar unos ingresos suficientes y fijos; lo que les permitiría algo tan importante como es la planificación. Con el sistema de subvenciones el intentar planificar es una quimera, ya que nunca se sabe si te darán fondos y si estos se repetirán en el tiempo. El municipalismo no es subvencionable, en la actualidad, en muchas ocasiones el político municipal no rinde cuentas ante la ciudadanía sino ante un Director de Departamento. La Administración Local española está tutelada políticamente y subvencionada financieramente, lo cual es incompatible con la democracia y la Constitución.

La reforma de la Ley de Bases del Régimen Local es un cúmulo de engaños: ahorros, eficiencia, eliminación de duplicidades… con brindis al sol como la reducción de salarios de alcaldes y concejales. Es una subversión democrática con la reducción del poder local a favor de los técnicos y otras administraciones. Y una ocasión perdida para clarificar las competencias entre las distintas administraciones y estudiar una nueva financiación que garantice su ejecución.

(*) Para la realización de este artículo se han recogido algunas opiniones vertidas por Manuel Zafra Víctor en la II Conferencia de Pequeños Municipios del PSM. Manuel Zafra Víctor ha sido director general de Cooperación Local en el Ministerio de Administraciones Públicas (2004-2007), director general de Administración Local en la Junta de Andalucía (2008-2010). Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada.

(**) Detentar: Poseer o retener algo ilegítimamente.

Óscar Jiménez Bajo
Alcalde de Torrelaguna