“La Sanidad Pública, un derecho humano fundamental” por Marciano Sánchez Bayle

FOTO_MARCIANOSANCHEZUno de las principales agresiones realizadas por el gobierno del PP al derecho a la salud ha sido a raíz de la aprobación del RD Ley 16/2012 en abril de ese año. En el mismo se sacaba fuera de la cobertura sanitaria pública a los inmigrantes no regularizados, a las personas con ingresos superiores a los 100.000 € anuales, a los que pasaban mas de 90 días fuera del país y a los mayores de 26 años no asegurados, si bien esta ultima exclusión se corrigió en el RD1192/2012 en el que se permitía la atención sanitaria a este colectivo si demostraba tener ingresos inferiores a 100.000€ anuales.

La situación previa estaba regulada por la Ley General de Sanidad (1986) y la Ley General de Salud Pública (2011) que vinculaban el derecho a la atención sanitaria con la residencia en el país. La primera señalaba que la universalización “se haría de manera progresiva” lo que supuso que la cobertura era de un 97-99%, pero solo con la aprobación de la segunda este derecho recogía a toda la población, aunque no se desarrollo. Otro hecho llamativo es la existencia de las mutualidades de funcionarios (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) en las que con financiación pública se da una cobertura sanitaria mayoritariamente privada lo que supone un elemento de desigualdad en la provisión sanitaria, a la vez que una formula de financiación pública de las compañías de seguros privados.

¿Porque hay que oponerse a estos cambios?. Hay muchos motivos, pero vamos a esquematizarlos en 4: Primero hay una razón conceptual, los modelos de servicios nacionales de salud, como era el español, aseguran la atención sanitaria a todas las personas, los sistemas de seguros, el modelo del RDL restringen esta atención a las personas aseguradas, independientemente de sus necesidades de salud, por lo que fomentan una gran desigualdad en el acceso a la atención sanitaria que acaba estando mediatizada por la situación económica de las personas. Conviene darse cuenta de que esta modificación que ahora puede parecer poco relevante tiene un objetivo fundamental que es el de segmentar el derecho a la atención sanitaria (las personas con mas recursos tendrán seguros privados, los trabajadores por cuenta ajena una seguridad social deteriorada y el resto de la población quedara en manos de la beneficencia).

Segundo porque este nuevo sistema de exclusiones ignora que la salud es uno de los derechos humanos básicos reconocido por los organismos internacionales, siendo un grave problema desde el punto de vista ético y moral, y estos mismos organismos recomiendan que sean garantizados por servicios sanitarios de cobertura universal porque ya se sabe que “un servicio para pobres será siempre un pobre servicio” (Olof Palme). Luego por motivos sanitarios, porque la no cobertura de grupos mas o menos importantes de personas favorece focos de enfermedades infectocontagiosas y su propagación en el resto de la población y fomenta la utilización inapropiada de los servicios sanitarios (como por ejemplo sucede circunscribiendo la asistencia sanitaria de los inmigrantes a los servicios de urgencia). Y por fin por motivos económicos, entre los que hay que tener en cuenta que los sistemas de seguros tienen unos costes muy superiores a los servicios universales y que las repercusiones económicas de postergar la asistencia sanitaria incrementan el gasto.

Los resultados son bien conocidos en lo que respecta a los inmigrantes irregulares que son los que han merecido una mayor atención mediática por ser los mas desprotegidos: hasta ahora hay al menos 3 muertes documentadas y numerosos casos de desatención, muchas veces arbitrarias e ilegales (con frecuencia se detectan denegaciones de asistencia en casos no contemplados por el RDL: niños, embarazadas, urgencias, etc), los otros colectivos excluidos son de muy difícil seguimiento (por ejemplo el de los que viven mas de 90 días en el extranjero, probablemente no detectados en la mayoría de los casos por la administración). Lo que si se conoce es que los seguros públicos alternativos han sido un fracaso estrepitoso porque son incluso mas caros que los seguros privados (solo los han contratado unos centenares de personas). Con todo hay que señalar que la aplicación de estas exclusiones ha sido muy diversa ya que las CCAA han acabado aplicando políticas muy distintas, algunas (Navarra, País Vasco, Andalucía, Asturias) han arbitrado formulas para garantizar la atención sanitaria de todas las personas, otras garantizan la asistencia en algunos casos o niveles asistenciales y otras aplican el RDL a rajatabla, con lo que se ha aumentado aún mas la desigualdad. Por otro lado la situación fomenta la arbitrariedad mas absoluta, el último caso es el de la Comunidad de Madrid, que saco de la base informática a los niños que no había tramitado sus papeles en el plazo de 90 días, cuando el RDL señala de manera clarísima que se garantiza la atención sanitaria a todos los menores de 18 años.

 

¿Cuáles son las alternativas?

La primera y fundamental es derogar el RDL 16/2012 y desarrollar una normativa especifica que garantice la cobertura de la totalidad de la población por el Sistema Nacional de Salud, sin exclusiones (esta incluso puede desarrollarse por las CCAA en su ámbito geográfico). Asimismo habría que incluir la asistencia sanitaria de las mutualidades de funcionarios en el sistema público (seguramente sería fácil establecer un sistema transitorio que respetase su pervivencia para los actuales mutualistas y en el que todas las nuevas incorporaciones lo fueran al modelo general), y también integrar las mutuas laborales (un modelo de corrupción y privatización con fondos públicos) dentro de los servicios sanitarios públicos. Conviene recordar que ambas opciones ya estaban contempladas en la Ley General de Sanidad, ¡en 1986!. El objetivo es conseguir la universalización y consolidación del sistema sanitario público como sistema de solidaridad y de justicia y equidad social.

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública

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