“Las repercusiones para la sanidad de las elecciones autonómicas y municipales” por Marciano Sánchez Bayle

Las elecciones del 24 de mayo han supuesto importantes cambios en los gobiernos de muchas CCAA y ayuntamientos, cuyas características generales han sido la necesidad de acuerdos para la constitución de los gobiernos, acabando con las mayorías absolutas que se han convertido en excepcionales, y a su vez un giro en la mayoría de los casos hacia gobiernos progresistas y/o de izquierdas.

 

¿Qué repercusiones tendrán estos cambios para la Sanidad?. Por supuesto aún resulta un poco pronto para saberlo con certeza, pero es evidente que el mayor impacto lo tendrán los cambios autonómicos porque la Sanidad es una competencia transferida a las CCAA y se ha  producido cambios en los gobiernos de 7 de ellas (Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla la Mancha, Extremadura, Navarra y Valencia) y todos ellos en el mismo sentido, es decir hacia gobiernos progresistas y con acuerdos de gobierno o de investidura que incluyen aspectos sanitarios muy relevantes.

 

Estos acuerdos contienen en general cuatro cuestiones bastante positivas:

 

Una, garantizar la atención sanitaria a las personas excluidas por el RDL 16/2012, es decir inmigrantes irregulares y los españoles que hayan tenido estancias en el extranjero superiores a 90 días y no tengan cobertura en otro país. Asimismo comprometerse con el acceso de todas las personas a las prestaciones farmacéuticas, de manera que no haya personas que no retiran los medicamentos prescritos por motivos económicos (en el País Vasco ya hay un sistema en funcionamiento).

 

Dos, paralizar las privatizaciones y recuperar lo privatizado, la paralización es relativamente fácil porque se trata de dejar la utilización sistemática de los centros privados cuando existe una alternativa en el sistema sanitario público, la recuperación es mas compleja y va a ser la verdadera prueba de fuego de los acuerdos de investidura, el caso de Alcañiz en Aragón es el que plantea menos problemas, simplemente hay que decidir no realizar la adjudicación del concurso, mas complicado es el caso de Toledo y Valdecilla donde se adjudico el concurso, y mas aún los de los centros sanitarios de Baleares y Valencia que llevan años en funcionamiento (si bien conviene recordar que en esta última el contrato de Alzira acaba en 2018). Se trata pues de una cuestión que va a poner en evidencia la voluntad política real del cambio en el modelo sanitario. Complementariamente varias CCAA han anunciado la elaboración de legislación que blinde el papel de la provisión sanitaria pública, y por supuesto habrá que ver en que términos se produce esta nueva regulación.

 

Tres, aumentar los recursos de la Sanidad Pública, recuperando personal, servicios y prestaciones, lo que supone un esfuerzo económico para recuperar los presupuestos y las inversiones en la Sanidad Pública  de los tremendos recortes que se han sufrido desde 2009. Aquí el margen de maniobra esta limitado por el actual modelo de financiación autonómica, aunque es obvio que hay muchas opciones en las distintas CCAA (por ejemplo en Valencia el gasto sanitario público es el 40,2% del gasto total de la Comunidad cuando el promedio de las CCAA esta en el 46,1%), pero es obvio que las CCAA no gobernadas por el PP, que ahora son mayoría, podrían presionar para  mejorar la financiación y conseguir una financiación finalista para la Sanidad.

 

Y cuatro, establecer mecanismos de participación y control de ciudadanos y profesionales sobre el funcionamiento y la gestión del sistema sanitario público, algo que viene siendo prometido desde la Ley General de Sanidad (1986) y sobre lo que prácticamente no se han realizado avances significativos.

 

Lógicamente cada una de las CCAA tiene sus peculiaridades y muchos aspectos concretos en los que se han comprometidos cambios importantes que deben tenerse en cuenta.

 

El papel de los ayuntamientos es mas reducido, primero porque la nueva legislación sobre Administraciones locales ha limitado mucho sus competencias y su capacidad de actuación en los temas sociales y sanitarios, y además porque con excepción de las grandes ciudades, su presupuesto es pequeño, a veces tienen grandes deudas, y su margen de maniobra es escaso.

 

En todo caso es evidente que se pueden hacer muchas cosas, algunas muy importantes, porque la situación de proximidad de las administraciones locales facilita su actuación, y solo a titulo de ejemplo pueden favorecer la atención sanitaria de las personas excluidas, ayudar a  que se siga teniendo acceso a medicamentos necesarios, luchar contra las privatizaciones, canalizar y favorecer las reivindicaciones sanitarias, etc. Sobre ello hay un amplia experiencia y muy positiva en toda la geografía del país.

 

Obviamente el nuevo panorama supone cambios muy favorables para la Sanidad, también en aquellas CCAA donde continúan los gobiernos conservadores porque van a ver limitada sus actuaciones por la ausencia de mayorías absolutas (por ejemplo en Madrid hay un compromiso del nuevo gobierno de no realizar mas privatizaciones). Aun así hay muchos aspectos de la política sanitaria que no se pueden solventar en las CCAA y para los que es necesario un cambio en el gobierno central. Por suerte noviembre no esta tan lejos y todo parece indicar que es bastante probable que se consiga una alternativa potente por la Sanidad Pública.

 

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

 

«Está en juego nuestra salud» por Marciano Sánchez Bayle

El 24 de mayo próximo se eligen los representantes en los parlamentos autonómicos que a su vez serán quienes decidan los gobiernos de la mayoría de las CCAA, entre ellas la de Madrid.

Aunque la Sanidad es la principal competencia de las CCAA y la que consume la mayor parte de su presupuesto (en torno a un 40%), sin embargo, y de manera un tanto sorprendente, no ocupa un lugar prioritario en el debate público, que esta perdido en los encuentros/ desencuentros entre las directivas de los partidos y en cuestiones metafísicas.

El sistema sanitario público español, gozaba hasta la llegada del PP al gobierno de un gran prestigio internacional por su elevada eficiencia (bajo coste y buenos resultados en salud); su carácter universal; su naturaleza redistributiva y equitativa financiada por impuestos; sin barreras económicas para acceder a la asistencia; su integralidad basada en una potente Atención Primaria que garantizaba la promoción de salud, la continuidad de la atención y la distribución racional de los paciente en el sistema.

Sin embargo la Política del   PP a nivel central y en las CCAA esta orientada a desmantelar y privatizar el sistema sanitario publico para ponerlo en manos de entidades bancarias, multinacionales sanitarias y fondos de inversión internacional ubicados en los paraísos fiscales, una política que ha alentado muchos de los casos de corrupción que van saliendo a la luz.

A ello, y no tanto por la crisis, sino como elemento fundamental para reforzar estas políticas privatizadoras (ya lo dice el Roto “hay que destrozar todo lo público para demostrar que no funciona”) hay que unir los brutales recortes que ha sufrido el sistema sanitario a partir de 2009, año de máximo gasto sanitario público, que suponen, según las fuentes entre 13.000 y 20.000 millones € de recortes en la Sanidad Pública.

Obviamente el resultado de los recortes ha sido el esperado y básicamente en dos aspectos claves: una disminución del personal sanitario (alrededor de 55.000 trabajadores menos) y de los recursos del sistema (cierres de camas, de consultas, de actividad de tarde, de puntos de atención continuada, etc); y paralelamente un aumento del gasto privado que solo moderadamente reflejan las encuestas (el % de gasto sanitario privado paso del 25,7% en 2009 al 27% en 2011 según la OCDE), de esta manera recortes y privatización de la financiación han ido de la mano, pero además hay que ser conscientes de que el aumento del gasto privado supone mayor inequidad porque muchas personas, especialmente con la crisis, no tienen ninguna posibilidad de incrementar su gasto sanitario privado y quedan sin opciones de acceder a prestaciones sanitarias que precisan (un buen ejemplo son los copagos que han producido que un 14,76% de la población no pueda acceder, por motivos económicos, a los medicamentos prescritos).

Pero el problema ha sido aún mayor porque la privatización de centros sanitarios (mayoritariamente hospitales, pero también centros de salud en algunas CCAA), no solo no ha mejorado la calidad de la atención, en algún caso la ha empeorado, sino que además ha incrementado los costes de una manera muy importante (entre 7 y 8 veces sobre la alternativa de provisión pública), empobreciendo así aún mas a los centros públicos, un ejemplo paradigmático es la Comunidad de Madrid donde en los 3 últimos años el presupuesto de los hospitales públicos ha descendido el 16,09, el 7 y el 1,08% cada año mientras los centros privados tuvieron un incremento del 5,el 2 y el 34% en los mismos años.

Todo ello ha supuesto una disminución de los trabajadores de la Sanidad Pública conllevando el cierre de camas, de puntos de atención continuada, de actividad de tarde, etc, disparado las listas de espera quirúrgicas, de consultas de especialistas, de pruebas diagnósticas e incluso de medicina general y enfermería en Atención Primaria, y ha empeorado notablemente la opinión que tienen los ciudadanos sobre el funcionamiento de nuestro sistema sanitario. Como la ausencia de transparencia es la norma entre las administraciones sanitarias no se puede constatar un empeoramiento en los parámetros de funcionamiento del sistema sanitario (los últimos datos publicados son de 2011 cuando los mayores recortes y exclusiones se producen a partir de septiembre de 2012), pero también hay que tener en cuenta que si el sistema no ha colapsado se debe sobre todo al esfuerzo que están realizando los profesionales sanitarios, su compromiso con la Sanidad Pública, que como es lógico tiene un limite, y de continuar las cosas por el mismo camino acabaran totalmente desbordados (ya están desincentivados y cercanos al colapso).

La Sanidad es un mecanismo básico de solidaridad social y una de las claves del estado del bienestar, además interviene de una manera importante en toda nuestra vida, desde el nacimiento hasta la muerte estamos en constante relación con el sistema sanitario y nuestra calidad de vida, nuestra autonomía y nuestra dignidad como personas, dependen en gran parte de que exista un sistema sanitario público que responda a las necesidades de atención que se van produciendo a lo largo de la vida.

Por eso, es fundamental el resultado de las próximas elecciones autonómicas, porque se va a decidir en ellas si culmina el proceso de desmantelamiento de la Sanidad Pública o si se produce un cambio de rumbo que suponga la recuperación de un sistema sanitario público de calidad y del derecho a la atención sanitaria para toda la población. Por eso debemos de votar y a la hora de hacerlo tener en cuenta quienes son los que garantizan un sistema sanitario de calidad y quienes solo están interesados en su desmantelamiento y privatización y en los intereses económicos de sus empresas.

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

«¿Por qué UPyD sale a la calle sin haber elecciones?» por UPyD Tres Cantos

Con una periodicidad mensual, las agrupaciones locales de UPyD salen a la calle en un intento de acercar de nuevo la política al ciudadanos y explicar lo que hacemos, nuestras `propuestas y nuestros actos al ciudadano. Sin embargo,  de todas las preguntas posibles que pueden hacernos los ciudadanos, la más recurrente es sobre el qué hacemos montando estas salidas, cuando todavía  queda mucho para las elecciones.

Cualquier ciudadano puede preguntarnos en público, a la vista de todos, nos haya votado o no. Estamos en la calle porque es necesario estar ahí, porque es necesario que mucha gente desencantada con toda la razón de la política en España comprueben que hay otra manera de hacer las cosas.

La política deben hacerla los ciudadanos. El esfuerzo hemos de hacerlo entre todos. No podemos quejarnos de que determinados indeseables en partidos políticos nos roban a manos llenas, si únicamente nos preocupamos de la política cada cuatro años a la hora de votar, o ni siquiera eso.

La “res pública” latina es la “cosa de todos”. La política no es de los políticos ni de los partidos, es cosa de todos y nos pertenece a todos.  Pero esa propiedad, que es un derecho, por el que mucha gente luchó en la dictadura tiene también su reverso: la responsabilidad de ejercerlo.

En España nos hemos abandonado demasiado tiempo. Cuando todo iba bien, hemos dejado que gobernaran por nosotros y sin pedir demasiadas explicaciones. Y a los que auguraban lo peor les llamamos agoreros.

Ahora estamos reaccionando, unos por la fuerza de la razón, otros por el peso de lo evidente, y otros movidos por desgracias propias y ajenas que les han abierto los ojos. Y por eso salimos a la calle. No a protestar, sino a proponer. No a destrozar, sino a construir. A dialogar. Tener opiniones distintas no significa que sean contrarias, ni que seamos enemigos. Es necesario poder volver hablar de política partiendo desde las ideas y no desde trincheras ideológicas que solo propician enfrentamientos estériles.

Por eso salimos a la calle. Para demostrar a la gente que hay otros caminos, otras vías. Y para pedirles que hagan también su parte. Que si quieres cambiar algo, quedarte en casa no vale. Si quieres cambiar, has de proponer. Las cosas se cambian sumando, y ciento uno pueden más que cien.

Es nuestro ADN. Rendir cuentas. Transparentes. Diálogo. Propuestas concretas, prácticas y aplicables. Queremos unos consejos sectoriales con participación real entre ciudadanos, asociaciones y ayuntamiento, y no unos órganos meramente propagandísticos de las bondades de la gestión del equipo de gobierno. Es necesario articular sistemas de participación ciudadana efectiva. Hasta que esto forme parte de nuestro sistema político, hasta que los ciudadanos puedan hablar con los políticos e influir en sus decisiones con aportaciones de una manera real, nosotros saldremos a la calle a hablar con los ciudadanos. Porque es nuestro deber, y porque es como las personas que estamos  en UPyD  entendemos que se debe hacer la política.

UPyD Tres Cantos