“Cuando dejamos que la sombra crezca” por Víctor Granado

FOTO_VICTORGRANADOEn su análisis del desarrollo de los movimientos totalitarios Hannah Arendt señala que éstos se originaron a partir de elementos pre-totalitarios presentes en los sistemas políticos europeos de comienzos del siglo XX. Elementos (pre- o proto-) totalitarios en la medida en que suponían una zona de sombra, de injusticia, de excepcionalidad e impunidad que posteriormente catalizó en una nueva forma de gobierno. Junto al concepto y el análisis del totalitarismo Arendt nos lega la tarea de la crítica constante de la colectividad política que habitamos como tarea ciudadana. El deber de estar vigilantes ante la aparición de nuevas zonas de sombra que albergan nuestras sociedades democráticas.

Pues bien, desde el 27 de febrero de 2014 la justicia universal es historia en España. Con 180 votos a favor y 137 en contra el Congreso de los diputados acabó con la Justicia Universal mediante la aprobación de la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante, LOPJ), relativa a la Justicia Universal. La LOPJ es contraria tanto al derecho internacional como a la constitución española en la medida en que impide definitivamente que crímenes internacionales en contra de la humanidad de las víctimas puedan ser perseguidos por el Estado con independencia del lugar donde se hayan cometido y de la nacionalidad de víctimas y victimarios. Lo que había sido un mecanismo para combatir la impunidad que el poder presta a la violencia y un mecanismo horizontal de salvaguarda de los derechos humanos desaparece de la arquitectura jurídica del Estado español sin mayor revuelo. Es cierto que ese camino se inició ya en 2009 con la importante limitación de la jurisdicción universal de la Audiencia Nacional pero ahora ha sido enterrado por completo.

La reforma del artículo 23.4 de la LOPJ supone la derogación inmediata (el gobierno prevé la entrada en vigor de la modificación el 21 de marzo) del principio de justicia universal en España y con ello el carpetazo definitivo investigaciones llevadas a cabo en la Audiencia Nacional sobre casos como “el caso Couso”, los vuelos de la CIA, las torturas en Guantanamo, crímenes de guerra en Irak, el genocidio en Guatemala, en Ruanda, en el Tibet, los asesinatos en El Salvador, el genocidio del pueblo saharaui y el asesinato de Carmelo Soria bajo la dictadura chilena, todos ellos instruidos en los juzgados centrales 1,2,3,4,5 y 6 de la Audiencia Nacional.

Como señala Manuel Ollé Sesé (abogado y profesor de Derecho Penal de la UCM) crea víctimas de primera y segunda categoría en tanto que “una víctima española de terrorismo encontrará amparo judicial en España, mientras que una víctima española de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra o tortura, no, salvo la presencia de otros nexos de conexión, de muy difícil aparición”. Y de esta forma la reforma “olvida intencionadamente que (la Justicia Universal) es un principio -no de creación nacional- sino derivado del Derecho internacional, basado en un interés -no nacional- sino supranacional y que posibilita a los tribunales nacionales ejercer la justicia penal, en representación de la comunidad internacional, para el enjuiciamiento de los crímenes internacionales más graves”. Escudándose en la existencia de convenios internacionales al respecto y de la existencia del Tribunal Penal Internacional el congreso de los diputados ha decidido en lectura única y mediante tramitación de urgencia obviar que “habida cuenta de que la impunidad existe principalmente cuando las autoridades del país en el que se han cometido los delitos no actúan, es importante que los sistemas de justicia civil y penal de todos los demás países puedan intervenir para juzgar dichos delitos en nombre de la comunidad internacional y conceder reparaciones a las víctimas”. De nada han servido las 70.000 firmas de ciudadanos recogidas por AI para la paralización de la reforma. 163 estados dan cabida en su legislación a la Justicia Universal. Esto no es óbice para que a pesar de ello los procesos de este tipo siempre deban enfrentarse a muchos y poderosos obstáculos pero desde ahora España ya no forma parte de esa nómina de países. Nuestra sociedad ha dado la espalda a los Derechos Humanos y ha permitido que el poder haga imposible lo que hasta ahora era una obligación -para más de 120 organizaciones nacionales e internacionales esto supone una violación de las obligaciones internacionales de España, y así lo han hecho llegar a la ONU y al Parlamento Europeo-.

La escasa protesta ciudadana, la falta de crítica pública y la oscuridad de la reforma legislativa y de las funestas consecuencias de la misma dan cuenta del imperio de la impunidad en España y de la debilidad de la conciencia pública de nuestra sociedad. No sólo es necesaria la crítica política sino la autocrítica ciudadana. Cuando dejamos que  crezca la sombra permitimos que aumenten los espacios de injusticia e impunidad en nuestra colectividad política. Cuando no nos preocupamos por ello damos cuenta de la falta de interés por el aspecto del mundo en que vivimos y damos el verdadero reflejo de la sociedad que hemos construido.

Víctor Granado Almena
Profesor de Filosofía
Investigador dedicado al estudio de las migraciones y a los DD.HH.  
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