“Formación profesional” por Juan Torres García

FOTO_JUAN_TORRESEn un país que se considerase normal la máxima preocupación de sus gobernantes tendría que ser la felicidad y el bienestar de sus ciudadanos, y por tanto la educación sería una de sus prioridades. Una buena educación pública garantiza la equidad y la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, con lo que se consigue poner cierto freno a esto que se ha venido en llamar economía de mercado, y que hoy en día, llamando a las cosas por su nombre, es capitalismo salvaje, donde las reglas de juego las imponen el poder económico y financiero, mientras que el político se ha quedado como guardián de los intereses de los dos primeros.

Como bien he dicho, en un país normal, cuando su tasa de desempleo fuera el 25% de la población activa, la obligación de su gobierno sería, entre otras,  realizar políticas educativas encaminadas a mejorar la formación profesional de sus ciudadanos en paro. Nuestra desgracia reside en que ésta no es una prioridad para el nuestro. Se supone que tendríamos que estar aprovechando estos dramáticos momentos para formar más y mejor a nuestros ciudadanos, especialmente a los parados y a los jóvenes, dedicando más recursos a este fin. La realidad es todo lo contrario: las administraciones públicas lo que están haciendo es recortar presupuesto tanto en educación como en formación profesional en cualquiera de sus modalidades. En estos últimos años se han eliminado grupos en los grados medios y superiores de formación profesional, dejando sin poder estudiar a miles de jóvenes y parados que querían aprovechar el periodo de desempleo para formarse. Así ha pasado en uno de los institutos de San Sebastián de los Reyes, donde se ha eliminado un grupo en el grado medio de Anatomía Patológica, dejando sin plaza a una centena de estudiantes que se han venido a sumar al otro centenar que por falta de plazas se han quedado fuera en los grados superiores. Éste es un solo ejemplo de recortes,  supongo que en el resto de institutos de mi ciudad y de la Comunidad habrá ocurrido lo mismo.

Está claro que el Gobierno del Sr. Rajoy añora el pasado, y que muchas de sus actuaciones van encaminadas a rescatar situaciones de otras décadas que creíamos felizmente superadas. Esto ocurre con la regulación de la Formación Profesional en la nueva y protestada Ley de Educación del ministro Wert. La creación de la nueva Formación Profesional Básica nos devuelve a los tiempos de la segregación de alumnos en los que, y lo digo con absoluto respeto, a los “torpes” se los mandaba a F.P. y a los “mejores” a Bachillerato. El problema es que muchos de los “mejores” están decidiendo no ir a Bachillerato,  puesto que asumen que debido a los recortes no van a tener becas y que tampoco van a poder pagar las altas tasas universitarias, optando finalmente por intentar estudiar un módulo profesional en el que no tienen asegurada plaza. Por otro lado el Sr. Wert se saca de la manga la nueva F.P. básica para invitar a determinados alumnos a abandonar la ESO a los 15 años y pasarse a esa nueva F.P. Y pretende que tanto las familias como el profesorado seamos sus cómplices. Soy consciente de que en muchas aulas de secundaria se viven situaciones complicadas generadas por algunos alumnos que no sienten ninguna motivación por estudiar y que año tras año pasan a engrosar las cifras de fracaso escolar, pero el ministro tendría que saber que el fracaso escolar y la desmotivación de estos estudiantes solo se combate y cambia aportando medios y recursos desde las primeras etapas educativas (infantil y primaria).

Con recortes de profesorado, con eliminación y masificación de aulas, con eliminación de ayudas y becas, con introducción de reválidas desde la educación primaria, o con segregación de alumnos desmotivados o con dificultades a los 15 años, NO SE REBAJA EL FRACASO ESCOLAR NI AUMENTA EL RENDIMIENTO ESCOLAR. El gobierno no hace una ley para atajar el fracaso y abandono escolar, hace una ley para ahorrar, expulsando de la educación al sector más desfavorecido de la sociedad. El ejemplo claro lo tenemos en esta nueva F.P. Básica y la consecuencia es que al final no pueden estudiar ni los “peores” ni tampoco los “mejores” de la clase trabajadora.

Tengo que reconocer que los actuales gobernantes saben llevar  el agua a su molino, aprovechando el malestar existente en la sociedad sobre determinados asuntos. Que hay alumnos que molestan en la ESO, pues creamos la F.P. Básica y los mandamos allí; que el informe PISA nos da una nota mediocre,  pues hablamos de aumentar el esfuerzo de los estudiantes y justificamos así la eliminación de ayudas educativas y económicas a las familias con más dificultades. ¡Quién quiera refuerzos y ayudas complementarias que se las pague! Que se hacen públicos los fraudes y corruptelas en los cursos de formación para trabajadores activos o en paro, pues los eliminamos tal y como pretende la Comunidad de Madrid. Lo que no nos cuentan las autoridades madrileñas, o andaluzas, es cómo ha sido posible que durante años se hayan estado produciendo estas estafas y no se dieran o no se quisieran dar cuenta de su existencia, lo más probable es que no les interesara. Lo importante es aprovechar el momento de indignación popular para quitar los fondos para la formación de los trabajadores. Fondos que últimamente tanto la Comunidad como muchos ayuntamientos han reducido a la mínima expresión. De nuevo la máxima de que quien quiera formarse que se lo pague.

De todas maneras éstos no son temas para tenernos demasiado preocupados: ¿a quién le puede preocupar la educación teniendo el Mundial de Brasil en puertas?

Juan Torres
AMPA “Buero Vallejo” de San Sebastián de los Reyes
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“Huelga en la enseñanza, ¡qué vergüenza!” por Antonio Hernández Guardia

Estoy viviendo con extraordinario interés la huelga que mantienen los profesores de Secundaria estos días e intentando ponerme en su lugar para comprenderlos mejor. Tengo que reconocer que no lo consigo y sólo encuentro razones o, mejor dicho, excusas para realizarla.

Confieso que soy profesor de secundaria de un Centro concertado y aunque a algunos les pese, me considero que pertenezco a la enseñanza pública, con menos sueldo, más horario, más exigencia pero con la misma responsabilidad que los profesores de la “pública” oficial. Dicho esto, seguro que todos comprenderán mi posición.

La huelga ha sido convocada ante la decisión de la Comunidad de Madrid de aumentar el horario lectivo en dos horas, es decir, pasar de 18 a 20 horas. Reconozco que esta medida no le guste a nadie pero está dentro de la legalidad y además, muchos profesores de secundaria llevamos años dando más de veinte horas lectivas y no se nos caen los anillos. En tiempos de crisis todos debemos arrimar el hombro. No creo que traiga aparejada la hecatombe como anuncian de forma apocalíptica los sindicatos.

Nos dicen que “se quieren cargar la enseñanza pública” y anuncian recortes y deficiencias por todos sitios pero en realidad no ponen sobre la mesa o hacen públicos cuales son los recortes, salvo problemas organizativos de los Centros o problemas de reparto de materias y horarios ¿Acaso los profesores no estamos capacitados para dar alguna materia anexa a nuestra especialidad? o ¿es que es más cómodo no hacerlo?

No quiero hacer ninguna comparativa con otras Comunidades porque entonces el diferencial sería espectacular a favor de Madrid, pero si les pido a mis compañeros de profesión que recapaciten y piensen en todo ello. A los Sindicatos, sobre todo a los de clase, no les pido nada. No creen en la libertad de enseñanza y eso para mi ya lo dice todo, pero si deben de darse cuenta que no pueden caer en mayor desprestigio ante los ciudadanos con sus dobles raseros para convocar huelgas según el color del Gobierno.

Por favor, un poquito de reflexión, de sensatez y pensemos más en los chavales que están perdiendo las clases, en los millones de parados y menos en nuestras tendencias políticas y en eslóganes trasnochados que ya no se cree nadie.

Antonio Hernández Guardia, profesor de educación secundaria