“La Sanidad Pública, un derecho humano fundamental” por Marciano Sánchez Bayle

FOTO_MARCIANOSANCHEZUno de las principales agresiones realizadas por el gobierno del PP al derecho a la salud ha sido a raíz de la aprobación del RD Ley 16/2012 en abril de ese año. En el mismo se sacaba fuera de la cobertura sanitaria pública a los inmigrantes no regularizados, a las personas con ingresos superiores a los 100.000 € anuales, a los que pasaban mas de 90 días fuera del país y a los mayores de 26 años no asegurados, si bien esta ultima exclusión se corrigió en el RD1192/2012 en el que se permitía la atención sanitaria a este colectivo si demostraba tener ingresos inferiores a 100.000€ anuales.

La situación previa estaba regulada por la Ley General de Sanidad (1986) y la Ley General de Salud Pública (2011) que vinculaban el derecho a la atención sanitaria con la residencia en el país. La primera señalaba que la universalización “se haría de manera progresiva” lo que supuso que la cobertura era de un 97-99%, pero solo con la aprobación de la segunda este derecho recogía a toda la población, aunque no se desarrollo. Otro hecho llamativo es la existencia de las mutualidades de funcionarios (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) en las que con financiación pública se da una cobertura sanitaria mayoritariamente privada lo que supone un elemento de desigualdad en la provisión sanitaria, a la vez que una formula de financiación pública de las compañías de seguros privados.

¿Porque hay que oponerse a estos cambios?. Hay muchos motivos, pero vamos a esquematizarlos en 4: Primero hay una razón conceptual, los modelos de servicios nacionales de salud, como era el español, aseguran la atención sanitaria a todas las personas, los sistemas de seguros, el modelo del RDL restringen esta atención a las personas aseguradas, independientemente de sus necesidades de salud, por lo que fomentan una gran desigualdad en el acceso a la atención sanitaria que acaba estando mediatizada por la situación económica de las personas. Conviene darse cuenta de que esta modificación que ahora puede parecer poco relevante tiene un objetivo fundamental que es el de segmentar el derecho a la atención sanitaria (las personas con mas recursos tendrán seguros privados, los trabajadores por cuenta ajena una seguridad social deteriorada y el resto de la población quedara en manos de la beneficencia).

Segundo porque este nuevo sistema de exclusiones ignora que la salud es uno de los derechos humanos básicos reconocido por los organismos internacionales, siendo un grave problema desde el punto de vista ético y moral, y estos mismos organismos recomiendan que sean garantizados por servicios sanitarios de cobertura universal porque ya se sabe que “un servicio para pobres será siempre un pobre servicio” (Olof Palme). Luego por motivos sanitarios, porque la no cobertura de grupos mas o menos importantes de personas favorece focos de enfermedades infectocontagiosas y su propagación en el resto de la población y fomenta la utilización inapropiada de los servicios sanitarios (como por ejemplo sucede circunscribiendo la asistencia sanitaria de los inmigrantes a los servicios de urgencia). Y por fin por motivos económicos, entre los que hay que tener en cuenta que los sistemas de seguros tienen unos costes muy superiores a los servicios universales y que las repercusiones económicas de postergar la asistencia sanitaria incrementan el gasto.

Los resultados son bien conocidos en lo que respecta a los inmigrantes irregulares que son los que han merecido una mayor atención mediática por ser los mas desprotegidos: hasta ahora hay al menos 3 muertes documentadas y numerosos casos de desatención, muchas veces arbitrarias e ilegales (con frecuencia se detectan denegaciones de asistencia en casos no contemplados por el RDL: niños, embarazadas, urgencias, etc), los otros colectivos excluidos son de muy difícil seguimiento (por ejemplo el de los que viven mas de 90 días en el extranjero, probablemente no detectados en la mayoría de los casos por la administración). Lo que si se conoce es que los seguros públicos alternativos han sido un fracaso estrepitoso porque son incluso mas caros que los seguros privados (solo los han contratado unos centenares de personas). Con todo hay que señalar que la aplicación de estas exclusiones ha sido muy diversa ya que las CCAA han acabado aplicando políticas muy distintas, algunas (Navarra, País Vasco, Andalucía, Asturias) han arbitrado formulas para garantizar la atención sanitaria de todas las personas, otras garantizan la asistencia en algunos casos o niveles asistenciales y otras aplican el RDL a rajatabla, con lo que se ha aumentado aún mas la desigualdad. Por otro lado la situación fomenta la arbitrariedad mas absoluta, el último caso es el de la Comunidad de Madrid, que saco de la base informática a los niños que no había tramitado sus papeles en el plazo de 90 días, cuando el RDL señala de manera clarísima que se garantiza la atención sanitaria a todos los menores de 18 años.

 

¿Cuáles son las alternativas?

La primera y fundamental es derogar el RDL 16/2012 y desarrollar una normativa especifica que garantice la cobertura de la totalidad de la población por el Sistema Nacional de Salud, sin exclusiones (esta incluso puede desarrollarse por las CCAA en su ámbito geográfico). Asimismo habría que incluir la asistencia sanitaria de las mutualidades de funcionarios en el sistema público (seguramente sería fácil establecer un sistema transitorio que respetase su pervivencia para los actuales mutualistas y en el que todas las nuevas incorporaciones lo fueran al modelo general), y también integrar las mutuas laborales (un modelo de corrupción y privatización con fondos públicos) dentro de los servicios sanitarios públicos. Conviene recordar que ambas opciones ya estaban contempladas en la Ley General de Sanidad, ¡en 1986!. El objetivo es conseguir la universalización y consolidación del sistema sanitario público como sistema de solidaridad y de justicia y equidad social.

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública

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“Alternativas en defensa de la Sanidad Pública” por Marciano Sánchez Bayle

FOTO_MARCIANOSANCHEZNuestro Sistema Sanitario Público, gozaba de una gran prestigio a nivel internacional por sus buenos resultados en salud a un coste relativamente bajo (por debajo de la media de los países desarrollados de la OCDE), así el Informe Bloomberg (2013) lo situaba en el 5º lugar del mundo y el primero de Europa en cuanto a eficiencia.

También existía un reconocimiento generalizado por su carácter universal y equitativo; su naturaleza redistributiva al financiarse con impuestos; su accesibilidad para los pacientes, al no existir barreras económicas ni por razones de edad, sexo o raza; por ser gratuito en el momento de uso; por su integralidad,  con una atención que incluía promoción, prevención, curación y  rehabilitación de la salud; basado en una potente Atención Primaria como puerta del sistema y responsable de garantizar  la longitudinalidad y continuidad de la atención y la  distribución racional de los pacientes y los recursos.

La Política sanitaria del PP ha estado orientada a privatizar el sistema sanitario público para ponerlo en manos de entidades bancarias,  multinacionales sanitarias y fondos de inversión internacional ubicados en los paraísos fiscales. 

Desde el gobierno central y  los autonómicos se está aplicando una política de tierra quemada, acelerando el desmantelamiento y privatización de los servicios sanitarios más rentables, que están siendo privatizados a cambio de unos pagos que multiplican sus costes reales y que suponen un elevado endeudamiento para las arcas del Estado. Esta privatización va acompañada del despido de miles de trabajadores sanitarios (más de 53.000), de la  reducción de la oferta de servicios y de la generalización de copagos  por los ciudadanos.

Esta estrategia esta respaldada, alentada y sostenida por una alianza privatizadora de intereses financieros, económicos y empresariales. Entre sus principales logros están el haber conseguido incrementar de manera exponencial los conciertos con la sanidad privada;  la externalización y privatización de gran parte de los servicios; conseguir importantes subvenciones públicas;  participar en la financiación y gestión de nuevos centros sanitarios y controlar los fondos  y actividades de investigación, desarrollo tecnológico y docencia del personal.

El sector privado se ha apropiado ya de los nuevos hospitales de Madrid, Valencia,  Galicia, Aragón, Baleares, etc; controla los sistemas de información, centrales telefónicas de llamadas e historia clínica electrónica; consiguió la adjudicación de los servicios de laboratorio y radiología de algunos hospitales públicos; controla  sistemas de adquisición y evaluación de equipamiento tecnológico en algunas CCAA; participa en los sistemas de acreditación, docencia pre y postgraduada y de formación continuada;  ha logrado el control de los recursos económicos destinados a investigación y desarrollo (I+D+I); etc. Como consecuencia gran parte de los servicios del sistema público han pasado a manos de bancos,  empresas multinacionales y fondos de inversión. Para rematar el proceso privatizador, el Ministerio de Sanidad acordó con el Foro de la Profesión Médica la privatización de la gestión asistencial mediante las nuevas Unidades de Gestión Clínica, que transformarán los servicios asistenciales en empresas (dotadas presuntamente de autonomía plena), pero que en realidad estarán dirigidas por directores designados a dedo por la administración, para gestionar a su dictado al personal y el presupuesto, con capacidad para competir entre sí vendiendo sus productos en un mercado sanitario interno, en el que estará presente también personal y capital privado.

La intención de estas políticas es impedir, si se producen cambios, que el nuevo gobierno entrante  pueda dar marcha atrás en las privatizaciones y recuperar el sistema sanitario público, generando así el descrédito político y una gran frustración de la población

Sin embargo, en 2015 estamos en el momento clave para revertir estas políticas suicidas de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública. Las próximas elecciones autonómicas y generales nos dan la ocasión de dar un giro de 180º a la situación y reorientar la política sanitaria hacia la consecución de mayores niveles de salud de la población. Para ello seria necesario:

  1. Garantizar la Universalidad de la asistencia sanitaria, lo que supone la derogación del RD 16/2012 y la eliminación de los sistemas paralelos (MUFACE, mutuas laborales, etc)
  2. Proporcionar una financiación suficiente del Sistema Sanitario Público equiparando  el % de PIB a la media de los países de la UE (un punto más de PIB), para hacer frente al deterioro de la salud consecuencia de la crisis. Cambiar el modelo de financiación para recuperar su carácter redistributivo mediante impuestos directos, en función de la población y de sus características y dotarlo de un carácter finalista
  3. El establecimiento de una cartera amplia de servicios en todo el Estado,  en función de las necesidades de la poblaciónsin barreras en el acceso por razones geográficas y con compatibilidad en los sistemas de información
  4. Garantizar el acceso a la asistencia sanitaria según necesidades en todo el territorio, suprimiendo los copagos.
  5. La revocación de las Leyes de Ordenación Sanitarias y la  Ley 15/1997 de Nuevas Formas de Gestión, que favorecen la privatización,  del RD 16/1012 de Medidas para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario, y las de las Unidades de Gestión Clínica.
  6. El compromiso de  recuperar todas las privatizaciones y externalizaciones de servicios sanitarios  y los sistemas de información  cedidos a empresas multinacionales
  7. Avanzar en una política farmacéutica que anteponga el derecho a la salud de las personas a los intereses económicos de las multinacionales.
  8. Potenciar la Atención Primaria como alternativa a los recortes para salir de la crisis. Se deberán incrementar sus recursos hasta alcanzar el 25% del prepuestos sanitario en 5 años, una manera de mejorar su capacidad diagnóstica y terapéutica
  9. Una política sanitaria  y de formación basada en la Promoción de Salud que oriente y racionalice las actuaciones del sistema,  frente a la actual estrategia de medicalización de las relaciones sanitarias y de utilización intensiva de los recursos tecnológicos
  10. Una política de personal que acabe con los recortes y la no reposición de las jubilaciones, basada en la estabilidad laboral, los incentivos profesionales, y en recuperar  los derechos laborales suprimidos por el actual Gobierno
  11. Establecer la participación de los profesionales y de la población en la planificación, control y evaluación de la planificación ya actividades del sistema, de sus niveles de gestión  y de sus centros sanitarios.
  12.  Oposición a la aprobación del Tratado de Libre Comercio  entre Estados Unidos y la Unión Europea, al tratado de libre comercio entre Canadá y la UE (CETA) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA)
  13.  Establecer auditorias sobre los gastos del Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Sanidad de las CCAA, y la transparencia de la información sanitaria.

Pero hay que se conscientes de que estos objetivos no se conseguirán solo con un vuelco electoral, por otro lado imprescindible, sino que además hay que articular una gran movilización social y sanitaria en defensa de estas propuestas, con el apoyo de los grupos parlamentarios de las Cortes del Estado, los Parlamentos Autonómicos, Ayuntamientos, etc., buscando la mayor unidad por encima de legítimas diferencias.

Las experiencias de movilizaciones de la marea Blanca en Madrid demuestran que cuando estas son unitarias, masivas, sostenidas en el tiempo y sobre todo cuando aúnan los intereses de la ciudadanía con los de los trabajadores de la sanidad, existe una elevada probabilidad de éxito.

A principios de año siempre es un momento de hacer buenos propósitos, pero para que no se queden solo en eso, para lograrlos, hay que trabajar con esfuerzo e insistencia. Merece la pena hacerlo, esta en juego nuestra salud.

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

“No nos lo merecemos” por Marciano Sánchez Bayle

FOTO_MARCIANOSANCHEZLa última semana nos ha dejado tres excelentes noticias para la Sanidad Pública, la dimisión de la ministra Ana Mato, el cese del consejero de Madrid y la dimisión de Pilar Farjas, secretaria general de Sanidad y la ideóloga de la política sanitaria de la Sra Mato.

Las recientes declaraciones del ex – Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid sobre sus meritos como consejero, atribuyéndose la curación de la enferma por ébola y la no progresión de la enfermedad, llaman a espanto, sobre todo porque este sujeto seguia siendo el responsable de la sanidad madrileña y cobrando un sustancioso sueldo que sale de los impuesto de quienes vivimos en la comunidad de Madrid.

Desgraciadamente se trata de una persona que a lo que se ve piensa poco antes de hablar y solo pretende “quitarse de en medio” de sus responsabilidades. No cabe duda de que como responsable de la Sanidad madrileña difícilmente pudo hacerlo peor, y que si la enferma se curo se debe sobre todo al esfuerzo de los profesionales que aún trabajan en la Sanidad Pública madrileña, y lo hacen remando contra la corriente de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatización a la que se ve sometida, por la administración sanitaria del PP encabezada por el Sr Rodríguez, y que si el virus no progreso se debe sobre todo a la suerte y no a las medidas de seguimiento y control realizadas por la Consejería de Sanidad.

En un país normal, o si se prefiere, en el 90% de los países del mundo este señor habría dimitido o le habrían cesado cuando realizo las primeras increíbles declaraciones sobre la enferma, y resulta difícil explicar porque no sucedió, y es evidente que la responsabilidad no es solo suya, sino sobre todo, del presidente de la Comunidad de Madrid que no la ceso entonces. Desde luego ni los profesionales sanitarios ni la población madrileña nos mereciamos que siga ahí, tan orondo, tan lenguaraz, tan contento de haberse conocido y de seguir cobrando a nuestra costa, aunque como el dice con su zafiedad habitual, ya “llegara comido” a la política.

Pero aunque sea el caso más esperpéntico, no es el único que no nos merecemos. Tampoco nos merecemos tener un recién estrenado ministro de Sanidad, que como sucedió con su antecesora tampoco se ha considerado que sea conveniente para ser el responsable de la salud de la población el tener conocimientos sobre la materia, y que, aparte de unas posturas bien conocidas de apoyo a la política de recortes, privatizaciones y exclusiones sanitarias de la Sra Mato, solo se diferencia de su predecesora en el genero y en tener, dicen una mayor simpatía y capacidad de comunicación, de manera que a costa de los impuestos de la ciudadanía va a hacer el MIR en Sanidad Pública (su formación como experto sanitario), eso si con sueldo de ministro. Mala solución para quien tiene como máximo 11 meses por delante, de forma que cuando quiera estar bien enterado del tema en cuestión estará abandonando el cargo. Más bien parece que el Sr Rajoy lo ha puesto ahí para que capee el temporal con más o menos buenas palabras dejando que los problemas, como viene siendo su táctica habitual, con un poco de suerte se solucionen solos.

La salida de la Sra Farjas del Ministerio es otra buena noticia, a la espera de quien la sustituya, porque sus decisiones habían sido muy lesivas para la Sanidad, en todo el país y antes en Galicia donde como consejera había iniciado los recortes y privatizaciones.

Como decía al principio no nos merecemos a estos responsables de la administración sanitaria que poco o nada saben sobre ella, que demuestran con sus actuaciones su desprecio hacia ciudadanos y profesionales, y que anteponen sus intereses de partido y los recortes económicos por encima de la salud de la población. Va siendo hora de echarlos, esperemos conseguirlo el próximo año, en mayo tenemos la primera oportunidad.

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

“Algunas enseñanzas de la crisis del Ébola” por Marciano Sánchez Bayle

FOTO_MARCIANOSANCHEZLa crisis producida en nuestro país con la infección por el virus de Ébola da para muchas reflexiones y analizar todos sus aspectos seria demasiado largo, por eso solo voy a señalar algunos aspectos que me parecen importantes y que han sido menos abordados en los medios.

El primero es que los recortes y las privatizaciones acaban por tener graves repercusiones a medio y largo plazo. Conviene recordar que en el fondo de la mala respuesta a la crisis sanitaria están los cierre de la Dirección General de Salud Pública y la Agencia de Salud Pública de Madrid en 2008 y la conversión del Hospital Carlos III en un centro de media y larga estancia en 2013 que dejaron a la sanidad madrileña con una capacidad de respuesta disminuida ante la presencia del virus, y que hay cosas que no se improvisan de un día para otro. A veces los recortes y privatizaciones no parecen tener repercusiones, o tan solo económicas, pero a medio plazo producen daños muy graves. Hay ejemplos bien conocidos como la catástrofe Katrina que tuvo su origen en la falta de mantenimiento de los diques, por las políticas de recortes de los fondos públicos, los graves accidentes ferroviarios en el Reino Unido después de las privatizaciones del mantenimiento de la red ferroviaria, o mas cerca las muertes debidas a las caídas de ramas de los árboles en Madrid, porque Ud recorta y privatiza en el mantenimiento de las zonas verdes y al final las ramas se caen y acaban matando a las personas.

Por eso es importante entender que necesitamos servicios públicos de calidad, gestionados con la mira del bien común y no de los beneficios empresariales, porque los efectos solo suelen verse en el medio plazo y pueden ser muy graves. Por eso también lo es que esta crisis se salde con el mantenimiento del único hospital especializado en enfermedades tropicales e infectocontagiosas que hay en el país (que ahora además tiene experiencia en el tratamiento de esta enfermedad) y que en Madrid se recupere la coordinación y dirección de la salud pública gestionada por especialistas.

El segundo es el papel fundamental de la Sanidad Pública para responder ante los grandes retos de salud. Cuando estallo la crisis, los centros privados se pusieron de perfil y la gestión y el tratamiento cayeron sobre el sistema público, porque solo el sistema sanitario público es capaz de responder de manera adecuada, eficaz y eficiente a los problemas importantes de salud, y por eso es tan importante mantener la Sanidad Pública y luchar contra las privatizaciones.

El tercero es que el mundo es más pequeño de lo que nos gustaría, y que no podemos pensar razonablemente que las epidemias quedaran confinadas en otros países y desentendernos de ellas. El ébola es un problema de salud mundial y aunque nuestras autoridades sanitarias no hubiesen traído 2 casos a España, lo más probable es que, si no se controla la epidemia en África, está acabe llegándonos, entre otras cosas porque nuestro país es un puente natural entre ese continente y Europa. Es muy importante que se destinen fondos, material y personal al tratamiento y control de la enfermedad allí donde es mas activa, no es solo un problema de solidaridad, que también, sino además aunque solo por sea por autoprotección hay que atajar el mal allí donde se presenta la epidemia antes de que nos alcance y produzca daños irreparables.

El cuarto es que tenemos unos responsables sanitarios que no nos los merecemos. Se les pueden aplicar casi todos los adjetivos descalificativos del diccionario, han sido irresponsables, incompetentes, han actuado con ausencia de transparencia y luego han incurrido en la descalificación y el insulto de la afectada. En el fondo el problema esta en que no pueden tenerse unos responsables sanitarios que desconocen profundamente el tema del que tratan, y que no puede dejarse en sus manos la gestión de una crisis de este tipo, de hecho la rectificación que se hizo a partir de que la vicepresidenta degrado de sus funciones a la ministra de Sanidad, ha aportado un poco de sensatez a la situación. Porque un asunto tan serio como la salud de la población merece que sea asumido por personas con competencia y cualificación reconocida en la materia y no por el conmilitón que goza mas simpatías por parte del jefe del partido en el nivel que sea (central, autonómico, etc).

¿Valdrá esta crisis para que aprendamos y evitemos errores parecidos?. No lo parece y solo hay que escuchar las declaraciones del irresponsable consejero madrileño para comprenderlo. Hay que echar de cualquier cargo de responsabilidad pública a estas personas, que no solo hacen tan mal las cosas sino que ni siquiera son capaces de reconocerlo. Ahora la responsabilidad de su presencia en las administraciones sanitarias no es solo suya sino sobre todo de los presidentes de la comunidad de Madrid y del Gobierno, porque ellos son los que los mantienen frente a una aplastante opinión social y profesional en contra.

Marciano Sánchez Bayle
Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

“Nuevas estrategias privatizadoras en Madrid” por Marciano Sánchez Bayle

 

FOTO_MARCIANOSANCHEZComo es conocido, los reveses judiciales y, sobre todo la lucha incansable por parte de los profesionales, las organizaciones y los ciudadanos, hicieron claudicar al Gobierno Regional en sus pretensiones privatizadoras de seis hospitales y veintisiete centros de salud.

Con la elección del nuevo Consejero se pretendió desactivar las movilizaciones y tranquilar a los profesionales, pero mantener su privatización encubierta con los recortes y las derivaciones a los hospitales privados. Por ello los ciudadanos no deben olvidar que esto es un pequeño descanso de su plan ideológico. Se ha puesto en marcha una política represiva que evidencia que no se ha cambiado de política, sino solo de métodos de actuación. En ningún momento ni el Gobierno Regional, ni el Presidente Ignacio González, ni el nuevo Consejero han renunciado expresamente a sus intenciones privatizadoras que mantienen intactas hasta conocer el resultado de las elecciones en 2015.

En Madrid las privatizaciones han continuado como ha sucedido con la Lavandería de Mejorada, la cesión de la extracción periférica de sangre a Cruz Roja, a pesar de que no figuraba en el “Plan de Sostenibilidad”, la disminución de personal en los centros públicos, que alcanza mas de 7.500 trabajadores desde 2009, la persistencia de jubilaciones forzosas (a veces utilizadas como mecanismo de represalia), y por fin las derivaciones a centros privados.

Este último mecanismo ha cobrado una gran importancia en la práctica porque se trata de una forma de privatizar mucho mas silenciosa, por la puerta de atrás, que suele pasar desapercibida y es difícil de conocer en su dimensión real porque es el agregado de muchas decisiones individuales.

Desde la Consejería se ha organizado un sistema de derivaciones que se concreta en 3 actuaciones complementarias: primero las citaciones en manos de una empresa privada (el “centro de atención personalizada” que gestiona la empresa INDRA a un coste mucho mas elevado que su alternativa pública del SERMAS ) entre cuyos objetivos esta “mantener la derivación de procedimientos quirúrgicos a los hospitales de apoyo, aprovechando al máximo la capacidad de los mismos”, lo que en la jerga eufemística de la Comunidad de Madrid significa propiciar las derivaciones a los centros privados. Además las derivaciones incluyen también las consultas de especialistas y las pruebas diagnosticas.

Las encuestas son concluyentes. En noviembre de 2013 un 67,4% de los centros de atención primaria tenían constancia desde de la derivación de pacientes a centros privados para pruebas. Asimismo un 58,7% de los centros señalaron que conocían que los pacientes eran derivados a centros privados para intervenciones quirúrgicas..

En junio de 2014, otra encuesta sobre usuarios de la Sanidad Pública madrileña detecto que el 25,8 % habían sido derivados al sector privado para la realización de pruebas diagnósticas y/o intervenciones quirúrgicas, que son el 37,53% de las que se habían realizado una prueba diagnóstica y/o estaban en lista de espera quirúrgica.

Además esta la infrautilización sistemática de los recursos propios, en parte relacionada con los recortes de personal. En una comparación reciente sobre la utilización de las resonancias magnéticas se objetivaba una derivación del 17,4% de las mismas a centros privados (en la Paz este porcentaje se elevaba al 49,4%) mientras que el numero de pruebas por maquina había sido de 734 en la Fundación Jiménez Díaz (recuérdese IDC /CAPIO) frente a 470 de promedio en los hospitales públicos (como no, el mínimo en La Paz 365). Si echamos las cuentas esto significa que si las maquinas del sector público tuvieran el mismo rendimiento que las privadas todas las RM podrían hacerse en centros públicos y sobraría capacidad para reducir las listas de espera.

Y, por fin, la estrategia de secretismo y de vulneración de cualquier norma poniendo de manera descarada el sistema público al servicio de los centros privados. Esta se ha hecho pública cuando ha estallado el escándalo del hospital de Fuenlabrada en el que varios usuarios y sus médicos han denunciado que un centro privado les llamaba directamente para citarles pruebas diagnósticas, poniéndose en evidencia que datos personales, supuestamente protegidos especialmente por la legislación vigente, habían sido facilitados a las empresas privadas sin consentimiento. El escándalo cuando salio a los medios primero fue negado por los responsables del hospital y la Consejería pero ante las protestas de momento ha acabado con el cese del gerente y de varios cargos administrativos del hospital. Por supuesto estas actuaciones responden a una estrategia general.

Esta estrategia de derivaciones esta teniendo una fuerte contestación, también individual. Dos ejemplos, en la encuesta de junio de 2014 el 10,6 % señalaron de manera espontánea que se habían negado a la derivación, aunque no se incluía la pregunta específica, por otro lado según los datos oficiales de la Consejería de Sanidad en diciembre de 2013 el 51% de las personas en lista de espera quirúrgica habían rechazado la alternativa de la intervención en un centro privado.

Madrid tiene un sistema sanitario cada vez más privatizado. En la tabla siguiente se puede ver la situación de Madrid y la media de las 17 CCAA en aspectos relativos a la privatización de financiación, aseguramiento y provisión sanitaria y en todos ellos la Comunidad de Madrid supera la media.

 

  Madrid Media CCAA
% población cubierta por Mutuas 5,78 4,54
Gasto en seguros privados (€/hab/año) 244 115,94
Gasto sanitario de bolsillo (€/hab/año) 452 376,88
% camas privadas sobre el total 33,17 26,96
% alta tecnología en centros privados 31 24,47
% gasto sanitario público destinado a conciertos 8,50 7,61

 

El resultado de estas políticas, aparte de una disminución de la calidad y de la opinión de la ciudadanía es el incremento de las listas de espera a pesar de las trampas de la “transparencia informativa” organizada por la Consejería de Sanidad mediante el llamado “Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño de Salud” que aporta datos anticuados y groseramente manipulados. Así la encuesta antes mencionada de junio de 2014 detecta una lista de espera promedio para pruebas diagnósticas de 53,68 días (máximo 1 año), para consulta de especialista de 3,3 meses (máximo 16 meses), y de intervenciones quirúrgicas de 7,13 meses (máximo 2 años), mientras que sin ningún decoro los datos oficiales sitúan estas dos últimas demoras en menos de 15 días.

Para quien desee conocer mas en detalle la situación en la Sanidad madrileña puede leer los dos Informes referidos y los 3 Informes del Observatorio Madrileño de Salud, todos ellos disponibles en la web www.fadsp.org

Conviene no olvidar la gran victoria que ha supuesto el conflicto que ciudadanos y profesionales madrileños han mantenido contra la privatización sanitaria, y que cada vez hay mas evidencias de los resultados negativos de la combinación de recortes, desmantelamiento y privatización a los que el PP ha sometido a la Sanidad Pública madrileña, y que, aunque se ha logrado un avance, sigue planteándose una política privatizadora de muy negativas consecuencias sobre la atención sanitaria y el derecho a la salud, así como nuevas amenazas para el mantenimiento de una Sanidad Pública universal y de calidad.

 

Marciano Sánchez Bayle
Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid