“La luz al final del túnel” por Juan Luis Merino

Corría el año 2006 cuando un alcalde de un pequeño municipio del sur de Madrid me confesó su miedo a que los Ayuntamientos se pudieran convertir en uno de los principales problemas económicos de nuestra sociedad por lo que el regidor denominó entonces una “huida hacia adelante”. La asunción de nuevas competencias obligaba a los Ayuntamientos, según su análisis, a desarrollar nuevos sectores que, a su vez, necesitaban nuevas inversiones y equipamientos, en un círculo vicioso que solo quedó interrumpido con el estallido de la burbuja inmobiliaria.

La pérdida sorpresiva de ingresos cogió de improviso a los Consistorios que, cada año, acostumbraban a incrementar sus presupuestos y competir por ofrecer cada vez más servicios, organizar las mejores fiestas y construir los mejores equipamientos, fueran o no necesarios para sus respectivas localidades.

Hoy, seis años después, autónomos, pymes y grandes compañías ven con expectación y, en muchos casos, como última esperanza, la salida planteada por el Gobierno central para tratar de cobrar las facturas impagadas acumuladas en los cajones de la Administracion local después de una situación “kafkiana” en la que  las pequeñas y medianas empresas, la mayoría radicadas en estos mismos municipios, han sido las que han tenido que financiar a los Consistorios a costa de despedir a sus propios trabajadores y rozar –o en muchos casos, alcanzar- la quiebra.

Todo ello en medio de una crisis financiera que, además, ha agravado la situación de unos y otros. Al final, el análisis del ahora ex alcalde de esta pequeña localidad del sur de Madrid se quedó corto. Los Ayuntamientos se han convertido en la auténtica pesadilla de imprentas, cerrajerías, restaurantes y de todo tipo de empresas de servicios que confiaron en la “seguridad” de pago que ofrecía la Administración para desarrollar sus trabajos. Ahora, empresarios y Ayuntamientos podrán comenzar a ver la luz al final del túnel a cambio de duros ajustes y controles durante los próximos 10 años, los mismos que las pymes y los autónomos han tenido que adelantar ya en sus propias carnes y bolsillos.

 

Juan Luis Merino
Periodista