“Pago a proveedores, ¿o a la banca?” por Asamblea Popular de Valdemoro

“Los ayuntamientos tienen de plazo hasta este –pasado- jueves para informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de sus facturas pendientes con los proveedores hasta el 31 de diciembre de 2011, dentro del plan aprobado por el Gobierno que consiste en un mecanismo de créditos para que las corporaciones locales puedan hacer frente a sus pagos…”

Lo que en un principio, y atendiendo sólo a los titulares políticos, parece una iniciativa del Gobierno que aliviará la alarmante situación de los ayuntamientos, resulta que tiene un lado oscuro. Muy oscuro. Una “cara b” que supone un mayor, aún, endeudamiento de los consistorios y una vía de escape para eludir la responsabilidad política de la deuda.

Veamos que supone exactamente esta medida del Gobierno centrada en el caso de Valdemoro:

Nuestro municipio tiene una deuda, sólo en proveedores, de unos 80 millones de Euros. Así lo reconocía, no hace mucho, el actual Concejal de Hacienda(http://www.sermadridsur.com/noticias/los-ayuntamientos-del-sur-de-madrid-estudian-si-acogerse-al-credito-del-gobierno-para-pagar-a-proveedores_23189/). Si el Ayuntamiento se acoge, como todo apunta, a esta “ayuda” del Gobierno, se nos hará un préstamo para poder hacer frente a los impagos generados por una ruinosa gestión económica. Ese préstamo del Gobierno correrá a cuenta de los bancos privados.

Sí, los mismos especuladores que son culpables de la crisis y que están siendo rescatados con nuestros impuestos, ahora nos prestarán dinero y se lo devolveremos al 5% de interés. Hablamos en primera persona del plural porque seremos nosotros y nosotras, no los culpables políticos de la deuda los que, vía impuestos y vía recortes, deberemos apretarnos aún más el cinturón para seguir saneando a la banca especuladora. La misma que recibe dinero público. La misma que desahucia a familias empobrecidas por su crisis.

Pero si quieren coger el dinero deberán hacer un plan de viabilidad que garantice a la banca que va a recibir ese dinero y esos intereses. La pregunta de cómo conseguirán esa viabilidad económica, en el caso de Valdemoro, es sencilla y ya la estamos, desgraciadamente, comprobando: recortando en gasto público (no de las dietas ni los sueldos de los concejales o asesores, ni siquiera en sus gastos de representación) y subiéndonos los impuestos brutalmente. A saber: “numerito” del coche, tasa de basura de 90€, zona azul en un centro extenso de Valdemoro, etc. Por supuesto, nada de esto venía en su programa electoral, por lo que consideramos que es profundamente antidemocrático, además de un engaño a la ciudadanía.

Desde la Asamblea Popular de Valdemoro rechazamos este tipo préstamos “trampa” que sólo beneficia a la banca y que nos empobrece un poco más, hipotecando nuestro futuro durante más de 10 años. Nos perjudica a todas: vecinos/as y comerciantes que también sufren otra enorme subida de impuestos y un freno al consumo local, pues apretarnos el cinturón es lo que tiene. Rechazamos totalmente que seamos las personas que sufrimos la crisis las que tengamos que enriquecer, aún más, a los culpables de la deuda. Y rechazamos, también, que los culpables políticos de esa deuda no asuman su responsabilidad, por lo que exigimos una auditoría ciudadana de la deuda municipal para saber en qué se ha gastado nuestro dinero y por qué nos han endeudado durante lustros.

Pd. Este texto ha sido consensuado por la Asamblea Popular de Valdemoro el domingo 18 de marzo de 2012.

Asamblea Popular de Valdemoro

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“Municipios, una deuda pendiente” por Francisco Javier López

El 20-N expiró la tregua que algunos políticos se habían dado antes de iniciar la senda de los recortes en unas maltrechas finanzas municipales golpeadas por la crisis.  Una crisis económica que ha provocado que los Ayuntamientos hayan visto mermados en más de un 63 por ciento sus ingresos.

El problema de los Ayuntamientos no es ni su deuda, salvo excepciones como el Ayuntamiento de Madrid, ni su déficit público.  Los ayuntamientos soportan un 5,6 por ciento de toda la deuda pública española y su déficit es del 0,6 por ciento.

El problema municipal se encuentra en que los Ayuntamientos sólo asumen el 13 por ciento del total del gasto público, frente al 36 por ciento de las Comunidades Autónomas y el 51 por ciento del Estado.  La media europea de gasto municipal supone el 25 por ciento del total.  Incluso en Estados centralistas como el francés el gasto municipal supone el 22 por ciento del total.  En otros como Finlandia o Suecia los municipios soportan más del 44 por ciento del total del gasto.

Si los municipios se muestran incapaces de soportar sus gastos anuales se debe a una nunca bien resuelta financiación municipal y a unos compromisos de gasto contraídos para asumir competencias que corresponderían en más del 70 por ciento de los casos a las Comunidades Autónomas, como bomberos, cultura,  promoción social, o sanidad.

Si a esta situación le añadimos las limitaciones que el Ministerio de Economía ha dictado para la refinanciación  de la deuda municipal, el pago de esa deuda y el pago a los proveedores de bienes y servicios, puede llevar a una situación que los Ayuntamientos, privados de los ingresos que aportaba el boom inmobiliario, no pueden superar por sí mismos, sin la ayuda de otras Administraciones.

Una situación que podría llevar a la ruina municipal, pero que podría ser solucionada poniendo en marcha unas cuantas medidas sensatas.

En primer lugar conocer la situación real de cada Ayuntamiento en cuanto a déficit y deuda financiera y a proveedores.  Determinando qué servicios propios o impropios están prestando.

En segundo lugar, los Ayuntamientos deben poder refinanciar su déficit, aún limitado a no superar determinados límites de endeudamiento.

En tercer lugar deben acometerse políticas de austeridad, eficacia, eficiencia y control del gasto, especialmente el gasto superfluo, gasto en altos cargos y puestos de confianza, coste de las concesiones administrativas y privatizaciones.  No se explica que haya alcaldes, concejales y altos cargos, que tienen sueldos superiores al Presidente del Gobierno y sus Ministros.

Sería conveniente revisar y renegociar los contratos y pliegos de condiciones de las empresas que prestan servicios al Ayuntamiento para suprimir clausulas abusivas y ventajistas.

La Comunidad de Madrid debería de dotar un Fondo de Financiación Local, un Fondo de Rescate de 2.000 millones de euros, para sanear de forma controlada los municipios madrileños.  Unos recursos vinculados a Planes de viabilidad y saneamiento económico en los Ayuntamientos solicitantes de los mismos.  Unos Planes de Ajuste que no deberían afectar nunca a servicios públicos esenciales como ayuda a domicilio, o educación.

Unos fondos gestionados por la Comunidad de Madrid, con la participación de la Federación Madrileña de Municipios y los Agentes Económicos y Sociales.

Por último, parece urgente abordar una segunda descentralización del Estado, estableciendo competencias municipales y los recursos necesarios para gestionarlas.

Los Ayuntamientos, siendo la Administración más cercana a la ciudadanía, no pueden ser opacos y poco transparentes. La participación social es más fácil en ellos y una condición para la credibilidad y la regeneración democrática.  Ingresos, gastos, sueldos de alcaldes, concejales, cargos públicos y de confianza, deben ser absolutamente transparentes.

Estas medidas permitirían evitar mucho sufrimiento innecesario para la ciudadanía.  Si no se afrontan no haremos sino sembrar desconfianza, retrasar la salida de la crisis, seguir perdiendo empleo, debilitar la calidad de nuestras vidas.  Es el momento de elegir entre soluciones duras pero equilibradas y compartidas, o forzar el sufrimiento  y provocar el conflicto.

Francisco Javier López Martín, Secretario General de CCOO de Madrid.