“El PP prefiere la estética al estómago” por Sara Hernández

El PP donde gobierna ha decidido que la mejor estrategia para asegurar su poder es potenciar lo visual, lo estético en la ciudad.

Así prefiere gastarse grandes cantidades de dinero en hacer jardines, decorar fuentes, cambiar rotondas o poner en marcha campañas de marketing. Es el caso paradigmático de Getafe, que en los últimos meses ha puesto en marcha acciones de esta naturaleza por un valor cercano al millón de euros, al que hay que sumar otro millón en la compra de coches para el Ayuntamiento.

 ¿Esto es necesario en época de crisis? ¿Un Gobierno que hace esto hace lo que necesita la gente que tiene problemas para llegar a fin de mes?.

Está claro: el PP prefiere lo estético a lo ético, no entiende que primero está el estómago y luego está el jardín vertical (acción en la que el PP de Getafe se gasta 210.000 euros).

Pero la cosa es aún más grave. No solo no apuesta por políticas sociales para paliar las dificultades de los que peor lo están pasando, sino que se ceba con ellos incrementando tasas en universidades o escuelas infantiles, creando otras nuevas (por ejemplo al solicitar una valoración de discapacidad o dependencia), limitando el acceso a la sanidad u obligando a pagar, mas bien, repagar, los medicamentos.

En general, un recorte en servicios públicos en la Comunidad de Madrid por más de 1.000 millones de euros.

Y por si no fuera poco, el PP no favorece la creación de puestos de trabajo. Aguirre ha reducido un 80% las políticas activas de empleo y ha dicho NO a 25.000 empleos de calidad en Getafe, empleos en el sector I+D+i que nos aseguraran la salida de la crisis. El PP dice SI a Eurovegas y dice NO a la investigación y el futuro.

No podemos permanecer callados porque esto es indigno. Nos merecemos otros Gobiernos que luchen por nosotros y no nos pongan permanentes dificultades. Esto no está bien y hemos de decirlo alto y claro.

Somos una sociedad madura, demostremos que el pan y circo es producto de otras épocas felizmente superadas.

Sara Hernández
Secretaria General PSOE Getafe
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“Un año de ataque a los derechos sociales” por Manuel Robles

Hemos cumplido el primer año de legislatura en nuestra región, y en todos los ámbitos se están haciendo valoraciones de gestión y grado de cumplimiento en los diferentes ámbitos locales, que son los que más hemos sufrido las consecuencias de una política regional del PP, de una presidenta, Esperanza Aguirre,  que cada vez se ha hecho más extrema, más alejada de la tarea de gobernar, de atender las necesidades de la región de Madrid, de sus pueblos y ciudades, aunque su gran fraude electoral lo haya vestido como siempre con el barniz populista de los actos preparados para su mayor gloria y propaganda. O poniéndose en el foco nacional con declaraciones tan impresentables como poner en entredicho las competencias de la Comunidad Autónoma, o como ha sido el caso más reciente e indigno, proponiendo la barbaridad de suprimir el Tribunal Constitucional solo porque no la ha gustado la sentencia sobre un partido vasco.

Todo esto no son intentos nada más que de distraer la atención sobre el desastre de gobierno que tenemos en la Comunidad de Madrid, donde se han realizado los recortes sociales en derechos y en servicios más graves dela democracia. Al mismo tiempo,Esperanza Aguirre ha desplegado toda una estrategia de comunicación irresponsable destinada a satanizar los movimientos sociales en defensa de lo servicios públicos y a desprestigiar a las instituciones.

El deterioro y los recortes en Sanidad y en Educación son de una gravedad extrema, sin que haya habido atención y respeto a  las movilizaciones de los colectivos profesionales y de la ciudadanía que se han producido y que sin duda van a seguir produciéndose.

En otro orden de abandono está la falta de iniciativas para promover actuaciones proactivas de fomento del empleo, donde en Madrid ya alcanza cerca de los 600.000 desempleados, a pesar de contar con la mayor iniciativa privada que tiene el propio potencial de la región donde está la capital del Estado. Se ha abandonado a los ayuntamientos y es difícil establecer acuerdos que conlleven gasto social o inversiones. De hecho, nada se sabe de Plan de Inversiones (PRISMA) del que a Fuenlabrada le queda por ejecutar 8 millones de euros. El gobierno regional no solo no atiende a los municipios, sino que a algunos les debe varios millones de euros. Concretamente al ayuntamiento de Fuenlabrada nos adeuda en torno a 5 millones de euros.

La Federación Madrileña de Municipios y su presidencia, amparada en su mayoría absoluta,  está ausente de cualquier acuerdo para demandar al Gobierno Regional asuntos relevantes respecto a Pactos de Inversiones para el Empleo,  o para atender las demandas sociales. Se hace más política de partido que de institución creada para defender los intereses de los municipios.  ASÍ NO PODEMOS SEGUIR

 Manuel RoblesDelgado
Alcalde de Fuenlabrada

“Presupuestos: El precio de la mentira” por Francisco Javier López

Con los Presupuestos presentados por segunda vez por Esperanza Aguirre para el mismo año 2012, la ciudadanía madrileña se ve obligada a pagar el precio de la mentira.

Nos contaron que el déficit de la Comunidad de Madrid era del 1’3% hasta que las cuentas reales nos han demostrado que era del 2’2%. Se acabaron las ingenierías financieras de Antonio Beteta. Las cuentas no cuadran. Para muestra el botón de una deuda sanitaria que se encuentra en 1.360 millones de euros.

Así las cosas se ha evaporado la reserva de 2.569 millones que aparecía en los presupuestos aprobados a final de año. La Comunidad deberá recurrir a nuevo endeudamiento de 1.548 millones y a una reducción de 1.045 millones de euros a costa de cobrar más tasas, subir los precios públicos y ahorro de gasto. Un ajuste que golpea al conjunto de la sociedad, mientras permanecen intactos los 2.800 millones de euros de regalos fiscales extra que cada año aplica la Comunidad de Madrid en beneficio de las rentas más altas.

Las Escuelas Infantiles sube sus precios entre 60 y 140 euros. Las casas de niños de 40 a 60 euros. La emisión de tarjetas sanitarias por deterioro o pérdida suponen 10 euros en tasas. Obtener un documento acreditativo de la discapacidad, 20 euros. Pedir un certificado de grado de dependencia, 30 euros. Acudir a un centro de día costará entre un 6’4 y un 43 % más. Apuntarse a una bolsa de empleo, 10 euros. Decenas y decenas de tasas que suben.

Todas las Consejerías ven reducido su presupuesto con graves consecuencias como el deterioro en tratamientos de SIDA, Cáncer o esclerosis múltiple. La reducción de un 80% en las partidas de políticas activas de empleo en una Comunidad azotada por el paro. La reducción de las partidas destinadas a combatir la violencia de género. La caída de las inversiones, desde los ya escasos 884 millones de euros hasta los 503 incluidos en el nuevo presupuesto.

Se aprovecha el Presupuesto para modificar leyes como la del suelo, para dejar en manos del Gobierno cambiar unilateralmente planes de Urbanismo municipales para facilitar la puesta en marcha de proyectos que creen empleo. Blanco y en botella, la ley Eurovegas. Unos Presupuestos que introducen nuevos recortes salariales y la pérdida de 10.000 empleos en el sector público y otros tantos en el sector privado dependiente de la Administración Autonómica.

Unos Presupuestos que nos hunden en la recesión, la crisis y el paro. Hará bien Esperanza Aguirre en retirar el proyecto y abrir un proceso de negociación política y de concertación social. Hará bien en abrir la deuda del diálogo y abandonar la de la imposición.

La imposición nos hunde en el conflicto. Los madrileños saldremos a la calle ante cada recorte injustificable. La próxima cita el 20J entre Neptuno y Sol para combatir la reforma laboral y los ajustes que destruyen empleo y debilitan la cohesión social.

 

Francisco Javier López Martín
Secretario General CCOO Madrid

ONG españolas denunciaron ante Naciones Unidas los recortes de derechos sociales impulsados por el gobierno español

Durante los días 7 y 8 de Mayo tuvo lugar en Ginebra la comparecencia del Estado español ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC). Este comité se encarga de supervisar estos derechos, que incluyen, entre otros, el derecho a una vivienda adecuada, a la salud, a un trabajo digno, y a una educación de calidad; derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que se creó en 1966 y fue ratificado por el Estado español en 1977.
En este proceso de rendición de cuentas, el Gobierno español presentó un informe que se limitó a reproducir la normativa vigente en los últimos años. Amnistía Internacional y una coalición de 19 organizaciones representadas por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), por el Centro para los Derechos Económicos y Sociales (CESR) y por el Observatorio de los Derechos Económicos Sociales y Culturales presentaron dos informes alternativos y expusieron sus preocupaciones sobre los Derechos Humanos en España ante el Comité DESC.

Todas las organizaciones participantes en la coalición coincidieron en asegurar que los derechos económicos, sociales y culturales están gravemente amenazados en nuestro país.

Las ONG se muestran consternadas por las medidas regresivas y discriminatorias tomadas en las últimas semanas que afectan a derechos sociales e insisten en que es precisamente en la actual situación de crisis económica, cuando los gobiernos deben hacer el máximo esfuerzo posible para garantizar los derechos sociales básicos de quienes sufren el brutal impacto de la crisis y deben, además, rendir cuentas sobre las medidas que están empleando para garantizar estos derechos.
Sobre el derecho a la vivienda, las organizaciones reclaman prohibir de manera efectiva los desalojos forzosos. Y, en caso de que estos sean ineludibles, recuerdan la obligación de los poderes públicos de proveer un realojo adecuado a las personas que lo necesiten y de implicar a los afectados en las decisiones que les afecten, de acuerdo a la normativa internacional.
En lo que respecta al derecho a la salud, tanto física como mental, los representantes de la sociedad civil piden que se evalúe el impacto de cualquier recorte o medida anticrisis en relación al ejercicio de este derecho y que se asegure que los requisitos para acceder a los servicios médicos no crean barreras de acceso. En este sentido, las organizaciones muestran una gran preocupación ante la reciente reforma sanitaria, con la que sólo se prestará atención sanitaria a las personas migrantes mayores de edad en situación irregular en casos de urgencias y asistencia al embarazo, parto y posparto.
Esta decisión supone un retroceso, de más de una década, en el disfrute del acceso a la salud de un colectivo que se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad. Incluso llegando a poner en peligro su derecho a la vida.

Las ONG de derechos humanos lamentan la desprotección de la población trabajadora que suponen las recientes reformas laborales y alertan sobre la problemática del desempleo que ya afecta a más de cinco millones y medio de personas.
Manifiestan también su inquietud por la falta de adecuada protección a las víctimas de la violencia de género. En este campo, consideran que se debe garantizar la implementación de las leyes existentes.
Además, el Gobierno debe, en coordinación con las comunidades autónomas, marcar unos criterios comunes de servicios públicos básicos de asistencia a mujeres afectadas por la violencia. En ningún caso esos mínimos deberían verse afectados por las medidas de reducción del gasto público.
Otro gran eje de preocupaciones es el que afecta a la discriminación que sufre la población gitana, las personas con discapacidad, el colectivo inmigrante, las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), las que sufren discriminación por motivos de género y de edad en el acceso a derechos básicos como la educación, el empleo, y la vivienda.
Las organizaciones han planteado su preocupación por los significativos recortes financieros a la cooperación internacional para el desarrollo y la necesidad de un modelo centrado en la lucha contra la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Los informes presentados por las ONG ante el Comité DESC apuntan a que el actual retroceso en materia de derechos sociales se corresponde con su insuficiente reconocimiento en la Constitución Española (en donde se consagran como meros principios rectores, en lugar de como auténticos derechos fundamentales) y con un desarrollo legislativo claramente insuficiente de los mismos. Ello hace que el acceso a un recurso judicial efectivo y a la reparación por las violaciones a estos derechos constituyan una asignatura pendiente.

Amnistía Internacional Tres Cantos

 

“Los presupuestos y las leyes del PP nos hunden en la recesión económica y democrática” por Manuel Robles

Cada día de gobierno del Partido Popular  ha ido confirmando la impostura y el fraude electoral realizado en toda España. Se presentaron a las elecciones como los salvadores milagrosos de una situación económica compleja y difícil, que ellos simplificaron con slogans de propaganda barata aprovechando la situación económica compleja y difícil que vivía Europa. Todo se reducía a que España lo que necesitaba era cambiar de gobierno y votar al Partido Popular para que al día siguiente comenzara la confianza en la economía Española y en el gobierno, junto con la recuperación económica y la creación de empleo, y la no reducción de servicios sociales. Todo es una gran mentira.

Su impostura y su mentira se hace evidente cada día, sobre todo desde que comenzaron atacando las bases de un Estado de Bienestar logrado después de mucha lucha y participación democrática, socavan derechos reflejados en nuestra Constitución. Primero subiendo los impuestos a las clases trabajadoras y medias de este país, reduciendo drásticamente la financiación de la sanidad, la educación, las prestaciones sociales en las comunidades donde gobiernan,  siguiendo con una salvaje reforma laboral que deja prácticamente sin derechos a los trabajadores y da todo el poder al empresario. Ponen en marcha leyes de ejecución presupuestaria que dinamitan las competencias de las Comunidades y los Ayuntamientos, con un claro ataque a nuestro sistema descentralizado consagrado en la Constitución Española. El déficit cero como religión ultraliberal europea, que es la que nos está llevando a permanecer en la  crisis y entrar en nuevas recesiones. Los presupuestos aprobados por el PP son un atentado a la recuperación económica y un golpe ideológico a los derechos y prestaciones sociales, junto con una retirada de apoyo a la educación, la investigación y la ciencia.

Mientras en nuestra Comunidad de Madrid tenemos un panorama desolador. La presidenta Aguirre no gobierna para Madrid, sus pueblos y ciudades. Está solo para seguir marcando agenda ultra a Mariano Rajoy a apoyar el desmantelamiento del Estado de Bienestar, que ella hace tiempo empezó a ejecutar en nuestra Comunidad. Y lo que es mucho peor,  no cree enla Constitución Española de las Comunidades, de los Ayuntamientos. Se ha pronunciado respecto a que se quiten a las Comunidades competencias en educación, en sanidad y en otros temas de empleo, de asistencia social, etc., que de ejecutarse serían un desastre y volveríamos a los tiempos predemocráticos, que son los que probablemente la presidenta Aguirre añore y desee que vuelvan.

De todas formas, es el momento de impulsar la confianza en las ideologías progresistas para vencer la ola conservadora de Europa causante de esta crisis y empezar de verdad el cambio de estrategia para salir de este atolladero. 

 Manuel Robles Delgado
Alcalde de Fuenlabrada

 

“Hasta que el gobierno cambie” por Francisco Javier López

Esta crisis comenzó en 2007, con la caída de Lheman Brothers en Estados Unidos, cuyo máximo responsable en Europa era un tal Luis de Guindos, hoy pasado a mejor vida, como ministro plenipotenciario de Mariano Rajoy.

Lheman Brothers no era cualquier cosa.  No era sólo un banco, sino un conglomerado de sociedades de inversión y servicios financieros que operaba por todo el mundo, y que venía funcionando desde 1850.  Había resistido la Guerra Civil de Estados Unidos, la crisis bancaria de 1907, el crack de la Bolsa y la crisis del 29, la denominada Gran Depresión y dos Guerras mundiales.  Ha superado escándalos económicos y crisis financieras, pero no resistió la crisis de las hipotecas subprime.  La  crisis mundial de los paquetes de inversión de créditos subprime.  En Agosto de 2007 entra en crisis, en pérdidas, brutales, que llevan a la quiebra en septiembre de 2008.  Los créditos subprime son créditos de alto riesgo, casi siempre hipotecarios, repartidos en paquetes de inversión por todos los bancos, entidades financieras e inversores de todo tipo en el planeta.

La crisis financiera es planetaria, pero en Europa sus efectos sobre el crecimiento son mayores.  Otros países crecen, mientras Europa mengua, sacrificando a países enteros en aras de un déficit cero que conlleva recortes de inversiones públicas y gastos sociales que impiden la reactivación económica, desincentivan el consumo y producen más paro, para atender sólo los intereses de la Alemania de Angela Merkel.

Desde que la crisis comenzó a golpear a España, CCOO venimos planteando la necesidad de un Pacto de Estado político y Social.  Algunos han entendido la voluntad de negociar y dialogar como debilidad de unos sindicatos criticados, cuestionados, acosados y acusados de ser los responsables de la muerte de Manolete.

Han pesado más las presiones de los mercados insaciables y nunca contentos, que las continuas propuestas de diálogo.  Ni gobiernos, ni oposiciones, ni empresarios, han dejado fluir el proceso de negociación y, cuando lo han hecho, han terminado dando un zapatazo en la  mesa de negociación.  Así ocurrió en los procesos de negociación sobre mercado laboral en 2010, de la mano del hoy en el banquillo Gerardo Díaz Ferrán, que condujo una primera reforma laboral del Gobierno de Zapatero, respondida con la Huelga General del 29-S y luego en 2011, con la reforma de la negociación colectiva, que terminó con la credibilidad del Gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas.

Para colmo de males, cuando bajo un nuevo Gobierno, ahora del PP, conseguimos alcanzar un acuerdo con CEOE, en materia de Negociación Colectiva, las huestes de Mariano Rajoy entran como elefante en cacharrería, devaluando el diálogo, la negociación y el Acuerdo, al imponer una Reforma Laboral que constituye una auténtica provocación y convocatoria de Huelga General.  De nuevo un sector del empresariado irresponsable de la mano de Arturo Fernández, aplaude a rabiar la devaluación del Acuerdo de Negociación Colectiva.

No ha hecho falta explicar lo que se entiende perfectamente:  el derecho laboral es sustituido por el derecho del empresario.  Se ningunea la negociación colectiva y se abarata y facilita el despido.

Los mercados han mandado inmediatamente sus señales.  España es cada vez más inestable e insegura. Un país en riesgo.  La bolsa baja, la prima de riesgo sube y Alemania sigue forzando recortes presupuestarios que debilitan aún más nuestra economía, nuestro empleo y nuestro Estado Social.

No saldremos de esta crisis sin inversión pública, reactivación económica y creación de empleo, pero las posiciones ultraliberales asentadas en el área económica del Gobierno parecen empeñadas en despeñar el país con todos sus habitantes dentro.

La Huelga Generaldel 29M ha sido un éxito.  El rechazo a la Reforma Laboral y los recortes sociales ha sido masivo.  No estamos ante el fin de nada.  No vamos a permitir que la resignación nos lleve a un callejón sin salida.

Las movilizaciones van a continuar hasta que el Gobierno cambie sus políticas.  Hay otras alternativas.  Hay otras propuestas y queremos que sean escuchadas, negociadas y atendidas.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid

“Lo mejor y lo peor” por Ignacio García de Vinuesa

La crisis saca lo mejor y lo peor de las personas. Conozco a varias que se han entregado a labores de voluntariado, a ayudar a los demás de forma individual o a través de asociaciones; siempre desinteresadamente. Otras han hecho de su situación de desempleo una oportunidad para reorientar sus trayectorias vitales y profesionales y han dejado emerger grandes ideas que han terminando generando empleo para otros.

El otro día escuché a una persona que perdió su trabajo (especializado en Recursos Humanos) que ahora ayudaba a través de Cáritas a otras personas a hacer, por ejemplo, su trayectoria profesional. Esta persona les aconsejaba que nunca enviaran dinero como respuesta a una oferta de empleo. Me interesó el tema y descubrí que es que hay personas que han decidido hacer de la crisis su chiringuito y de las personas que buscan trabajo víctimas de sus timos. Ponen anuncios ofreciendo empleo y piden que junto al CV se envíe dinero. Lo dicho, la crisis saca lo mejor y lo peor de las personas.

En nuestra vida en la ciudad nos encontramos con vecinos que no recogen los excrementos de los perros, que no echan sus bolsas de basura en los contenedores por pura pereza, que van a urgencias sin tener urgencia. Estas personas son las que además luego van contando, a veces con la complicidad de una oposición poco razonable, que no se limpian las cacas de las calles, que los contenedores están llenos o que las urgencias están colapsadas. Con estas personas convivimos otras que tenemos perro y que no se nos ocurre salir sin la bolsita, personas que jamás han cogido una bolsa de más. Hay personas que cuando vamos a echar los cartones al contenedor, encima recogemos los que otros han dejado fuera. Hay personas escrupulosas en el uso de cualquier instalación y servicio público. Estas personas son las que realmente creen en la ciudad, en el valor de lo público y en la necesidad de cuidar la ciudad y a los vecinos.

Los Ayuntamientos deberíamos endurecer las penas económicas o sociales para las personas que dañan a la ciudad. A los que pintan y afean el mobiliario urbano, a los que hacen mal uso de las instalaciones, a los que no recogen las cacas de sus perros incrementando los costes de los servicios de limpieza que pagamos entre todos. Si lo hiciéramos, muchos hablarían de afán recaudatorio. Lo harían los insolidarios porque los demás, con la conciencia tranquila, ni se darían por aludidos.

En esta situación tan difícil que estamos viviendo, cada euro cuenta y no es permisible que se pierdan euros por cubrir los comportamientos más insolidarios e incívicos. Lo mejor que podemos sacar de nosotros mismos es convivir todos con el máximo respeto y la máxima solidaridad. Así ha sido durante años Alcobendas y los españoles en general. Que eso no se pierda, que eso nadie se lo lleve.

Ignacio García de Vinuesa
Alcalde de Alcobendas