ONG españolas denunciaron ante Naciones Unidas los recortes de derechos sociales impulsados por el gobierno español

Durante los días 7 y 8 de Mayo tuvo lugar en Ginebra la comparecencia del Estado español ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC). Este comité se encarga de supervisar estos derechos, que incluyen, entre otros, el derecho a una vivienda adecuada, a la salud, a un trabajo digno, y a una educación de calidad; derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que se creó en 1966 y fue ratificado por el Estado español en 1977.
En este proceso de rendición de cuentas, el Gobierno español presentó un informe que se limitó a reproducir la normativa vigente en los últimos años. Amnistía Internacional y una coalición de 19 organizaciones representadas por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), por el Centro para los Derechos Económicos y Sociales (CESR) y por el Observatorio de los Derechos Económicos Sociales y Culturales presentaron dos informes alternativos y expusieron sus preocupaciones sobre los Derechos Humanos en España ante el Comité DESC.

Todas las organizaciones participantes en la coalición coincidieron en asegurar que los derechos económicos, sociales y culturales están gravemente amenazados en nuestro país.

Las ONG se muestran consternadas por las medidas regresivas y discriminatorias tomadas en las últimas semanas que afectan a derechos sociales e insisten en que es precisamente en la actual situación de crisis económica, cuando los gobiernos deben hacer el máximo esfuerzo posible para garantizar los derechos sociales básicos de quienes sufren el brutal impacto de la crisis y deben, además, rendir cuentas sobre las medidas que están empleando para garantizar estos derechos.
Sobre el derecho a la vivienda, las organizaciones reclaman prohibir de manera efectiva los desalojos forzosos. Y, en caso de que estos sean ineludibles, recuerdan la obligación de los poderes públicos de proveer un realojo adecuado a las personas que lo necesiten y de implicar a los afectados en las decisiones que les afecten, de acuerdo a la normativa internacional.
En lo que respecta al derecho a la salud, tanto física como mental, los representantes de la sociedad civil piden que se evalúe el impacto de cualquier recorte o medida anticrisis en relación al ejercicio de este derecho y que se asegure que los requisitos para acceder a los servicios médicos no crean barreras de acceso. En este sentido, las organizaciones muestran una gran preocupación ante la reciente reforma sanitaria, con la que sólo se prestará atención sanitaria a las personas migrantes mayores de edad en situación irregular en casos de urgencias y asistencia al embarazo, parto y posparto.
Esta decisión supone un retroceso, de más de una década, en el disfrute del acceso a la salud de un colectivo que se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad. Incluso llegando a poner en peligro su derecho a la vida.

Las ONG de derechos humanos lamentan la desprotección de la población trabajadora que suponen las recientes reformas laborales y alertan sobre la problemática del desempleo que ya afecta a más de cinco millones y medio de personas.
Manifiestan también su inquietud por la falta de adecuada protección a las víctimas de la violencia de género. En este campo, consideran que se debe garantizar la implementación de las leyes existentes.
Además, el Gobierno debe, en coordinación con las comunidades autónomas, marcar unos criterios comunes de servicios públicos básicos de asistencia a mujeres afectadas por la violencia. En ningún caso esos mínimos deberían verse afectados por las medidas de reducción del gasto público.
Otro gran eje de preocupaciones es el que afecta a la discriminación que sufre la población gitana, las personas con discapacidad, el colectivo inmigrante, las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), las que sufren discriminación por motivos de género y de edad en el acceso a derechos básicos como la educación, el empleo, y la vivienda.
Las organizaciones han planteado su preocupación por los significativos recortes financieros a la cooperación internacional para el desarrollo y la necesidad de un modelo centrado en la lucha contra la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Los informes presentados por las ONG ante el Comité DESC apuntan a que el actual retroceso en materia de derechos sociales se corresponde con su insuficiente reconocimiento en la Constitución Española (en donde se consagran como meros principios rectores, en lugar de como auténticos derechos fundamentales) y con un desarrollo legislativo claramente insuficiente de los mismos. Ello hace que el acceso a un recurso judicial efectivo y a la reparación por las violaciones a estos derechos constituyan una asignatura pendiente.

Amnistía Internacional Tres Cantos

 

“Los presupuestos y las leyes del PP nos hunden en la recesión económica y democrática” por Manuel Robles

Cada día de gobierno del Partido Popular  ha ido confirmando la impostura y el fraude electoral realizado en toda España. Se presentaron a las elecciones como los salvadores milagrosos de una situación económica compleja y difícil, que ellos simplificaron con slogans de propaganda barata aprovechando la situación económica compleja y difícil que vivía Europa. Todo se reducía a que España lo que necesitaba era cambiar de gobierno y votar al Partido Popular para que al día siguiente comenzara la confianza en la economía Española y en el gobierno, junto con la recuperación económica y la creación de empleo, y la no reducción de servicios sociales. Todo es una gran mentira.

Su impostura y su mentira se hace evidente cada día, sobre todo desde que comenzaron atacando las bases de un Estado de Bienestar logrado después de mucha lucha y participación democrática, socavan derechos reflejados en nuestra Constitución. Primero subiendo los impuestos a las clases trabajadoras y medias de este país, reduciendo drásticamente la financiación de la sanidad, la educación, las prestaciones sociales en las comunidades donde gobiernan,  siguiendo con una salvaje reforma laboral que deja prácticamente sin derechos a los trabajadores y da todo el poder al empresario. Ponen en marcha leyes de ejecución presupuestaria que dinamitan las competencias de las Comunidades y los Ayuntamientos, con un claro ataque a nuestro sistema descentralizado consagrado en la Constitución Española. El déficit cero como religión ultraliberal europea, que es la que nos está llevando a permanecer en la  crisis y entrar en nuevas recesiones. Los presupuestos aprobados por el PP son un atentado a la recuperación económica y un golpe ideológico a los derechos y prestaciones sociales, junto con una retirada de apoyo a la educación, la investigación y la ciencia.

Mientras en nuestra Comunidad de Madrid tenemos un panorama desolador. La presidenta Aguirre no gobierna para Madrid, sus pueblos y ciudades. Está solo para seguir marcando agenda ultra a Mariano Rajoy a apoyar el desmantelamiento del Estado de Bienestar, que ella hace tiempo empezó a ejecutar en nuestra Comunidad. Y lo que es mucho peor,  no cree enla Constitución Española de las Comunidades, de los Ayuntamientos. Se ha pronunciado respecto a que se quiten a las Comunidades competencias en educación, en sanidad y en otros temas de empleo, de asistencia social, etc., que de ejecutarse serían un desastre y volveríamos a los tiempos predemocráticos, que son los que probablemente la presidenta Aguirre añore y desee que vuelvan.

De todas formas, es el momento de impulsar la confianza en las ideologías progresistas para vencer la ola conservadora de Europa causante de esta crisis y empezar de verdad el cambio de estrategia para salir de este atolladero. 

 Manuel Robles Delgado
Alcalde de Fuenlabrada

 

“Hasta que el gobierno cambie” por Francisco Javier López

Esta crisis comenzó en 2007, con la caída de Lheman Brothers en Estados Unidos, cuyo máximo responsable en Europa era un tal Luis de Guindos, hoy pasado a mejor vida, como ministro plenipotenciario de Mariano Rajoy.

Lheman Brothers no era cualquier cosa.  No era sólo un banco, sino un conglomerado de sociedades de inversión y servicios financieros que operaba por todo el mundo, y que venía funcionando desde 1850.  Había resistido la Guerra Civil de Estados Unidos, la crisis bancaria de 1907, el crack de la Bolsa y la crisis del 29, la denominada Gran Depresión y dos Guerras mundiales.  Ha superado escándalos económicos y crisis financieras, pero no resistió la crisis de las hipotecas subprime.  La  crisis mundial de los paquetes de inversión de créditos subprime.  En Agosto de 2007 entra en crisis, en pérdidas, brutales, que llevan a la quiebra en septiembre de 2008.  Los créditos subprime son créditos de alto riesgo, casi siempre hipotecarios, repartidos en paquetes de inversión por todos los bancos, entidades financieras e inversores de todo tipo en el planeta.

La crisis financiera es planetaria, pero en Europa sus efectos sobre el crecimiento son mayores.  Otros países crecen, mientras Europa mengua, sacrificando a países enteros en aras de un déficit cero que conlleva recortes de inversiones públicas y gastos sociales que impiden la reactivación económica, desincentivan el consumo y producen más paro, para atender sólo los intereses de la Alemania de Angela Merkel.

Desde que la crisis comenzó a golpear a España, CCOO venimos planteando la necesidad de un Pacto de Estado político y Social.  Algunos han entendido la voluntad de negociar y dialogar como debilidad de unos sindicatos criticados, cuestionados, acosados y acusados de ser los responsables de la muerte de Manolete.

Han pesado más las presiones de los mercados insaciables y nunca contentos, que las continuas propuestas de diálogo.  Ni gobiernos, ni oposiciones, ni empresarios, han dejado fluir el proceso de negociación y, cuando lo han hecho, han terminado dando un zapatazo en la  mesa de negociación.  Así ocurrió en los procesos de negociación sobre mercado laboral en 2010, de la mano del hoy en el banquillo Gerardo Díaz Ferrán, que condujo una primera reforma laboral del Gobierno de Zapatero, respondida con la Huelga General del 29-S y luego en 2011, con la reforma de la negociación colectiva, que terminó con la credibilidad del Gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas.

Para colmo de males, cuando bajo un nuevo Gobierno, ahora del PP, conseguimos alcanzar un acuerdo con CEOE, en materia de Negociación Colectiva, las huestes de Mariano Rajoy entran como elefante en cacharrería, devaluando el diálogo, la negociación y el Acuerdo, al imponer una Reforma Laboral que constituye una auténtica provocación y convocatoria de Huelga General.  De nuevo un sector del empresariado irresponsable de la mano de Arturo Fernández, aplaude a rabiar la devaluación del Acuerdo de Negociación Colectiva.

No ha hecho falta explicar lo que se entiende perfectamente:  el derecho laboral es sustituido por el derecho del empresario.  Se ningunea la negociación colectiva y se abarata y facilita el despido.

Los mercados han mandado inmediatamente sus señales.  España es cada vez más inestable e insegura. Un país en riesgo.  La bolsa baja, la prima de riesgo sube y Alemania sigue forzando recortes presupuestarios que debilitan aún más nuestra economía, nuestro empleo y nuestro Estado Social.

No saldremos de esta crisis sin inversión pública, reactivación económica y creación de empleo, pero las posiciones ultraliberales asentadas en el área económica del Gobierno parecen empeñadas en despeñar el país con todos sus habitantes dentro.

La Huelga Generaldel 29M ha sido un éxito.  El rechazo a la Reforma Laboral y los recortes sociales ha sido masivo.  No estamos ante el fin de nada.  No vamos a permitir que la resignación nos lleve a un callejón sin salida.

Las movilizaciones van a continuar hasta que el Gobierno cambie sus políticas.  Hay otras alternativas.  Hay otras propuestas y queremos que sean escuchadas, negociadas y atendidas.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid

“Lo mejor y lo peor” por Ignacio García de Vinuesa

La crisis saca lo mejor y lo peor de las personas. Conozco a varias que se han entregado a labores de voluntariado, a ayudar a los demás de forma individual o a través de asociaciones; siempre desinteresadamente. Otras han hecho de su situación de desempleo una oportunidad para reorientar sus trayectorias vitales y profesionales y han dejado emerger grandes ideas que han terminando generando empleo para otros.

El otro día escuché a una persona que perdió su trabajo (especializado en Recursos Humanos) que ahora ayudaba a través de Cáritas a otras personas a hacer, por ejemplo, su trayectoria profesional. Esta persona les aconsejaba que nunca enviaran dinero como respuesta a una oferta de empleo. Me interesó el tema y descubrí que es que hay personas que han decidido hacer de la crisis su chiringuito y de las personas que buscan trabajo víctimas de sus timos. Ponen anuncios ofreciendo empleo y piden que junto al CV se envíe dinero. Lo dicho, la crisis saca lo mejor y lo peor de las personas.

En nuestra vida en la ciudad nos encontramos con vecinos que no recogen los excrementos de los perros, que no echan sus bolsas de basura en los contenedores por pura pereza, que van a urgencias sin tener urgencia. Estas personas son las que además luego van contando, a veces con la complicidad de una oposición poco razonable, que no se limpian las cacas de las calles, que los contenedores están llenos o que las urgencias están colapsadas. Con estas personas convivimos otras que tenemos perro y que no se nos ocurre salir sin la bolsita, personas que jamás han cogido una bolsa de más. Hay personas que cuando vamos a echar los cartones al contenedor, encima recogemos los que otros han dejado fuera. Hay personas escrupulosas en el uso de cualquier instalación y servicio público. Estas personas son las que realmente creen en la ciudad, en el valor de lo público y en la necesidad de cuidar la ciudad y a los vecinos.

Los Ayuntamientos deberíamos endurecer las penas económicas o sociales para las personas que dañan a la ciudad. A los que pintan y afean el mobiliario urbano, a los que hacen mal uso de las instalaciones, a los que no recogen las cacas de sus perros incrementando los costes de los servicios de limpieza que pagamos entre todos. Si lo hiciéramos, muchos hablarían de afán recaudatorio. Lo harían los insolidarios porque los demás, con la conciencia tranquila, ni se darían por aludidos.

En esta situación tan difícil que estamos viviendo, cada euro cuenta y no es permisible que se pierdan euros por cubrir los comportamientos más insolidarios e incívicos. Lo mejor que podemos sacar de nosotros mismos es convivir todos con el máximo respeto y la máxima solidaridad. Así ha sido durante años Alcobendas y los españoles en general. Que eso no se pierda, que eso nadie se lo lleve.

Ignacio García de Vinuesa
Alcalde de Alcobendas

“Cándido” por Ángel Garrido

Arrastrado sin duda por la moda progre de celebrar bautizos o comuniones laicas, y como si de una homilía de esa naturaleza se tratara, Cándido ha afirmado en relación a la huelga convocada por los sindicatos el próximo día 29 que es “justa y necesaria”. Palabras, para asombro de todos, parafraseadas del ritual de la Misa y a las que, para aquellos que no lo conozcan, siguen las siguientes: “es nuestro deber y salvación”. Pues bien, Cándido ha hecho un pleno: ni justa, ni necesaria, ni nuestro deber y desde luego nada más lejos de ser nuestra salvación.

Don Cándido no es tal. Me refiero no al don, sino a la condición que correspondería a su nombre, cuya acepción, según la Real Academia, sería la de “Sencillo, sin malicia ni doblez”. Su sencillez la desconozco, pero de su malicia y doblez están las hemerotecas llenas.

Fijemonos por ejemplo en el lema que han elegido para la huelga: “Quieren acabar con los derechos laborales y sociales. Con todo”. Ahí es nada. El Partido Popular, lleno de gente mala y que por alguna razón incomprensible debe detestar a los millones de trabajadores que les han votado mayoritariamente, está dispuesto a “acabar” para siempre con sus derechos. Pero la gente del PP, en su maldad leviatánica, no se conforma con algo tan simple, por eso Cándido se ve en la obligación de amenazarnos con el infierno: en realidad quieren acabar “con todo”.

Y es que es mejor dejarse de medias tintas, ya está bien de esquiroles y moderados, el PP ha llegado al gobierno para acabar ‘con todo’, porque son así y porque ya se vio cuando gobernaron la última vez, que acabaron con todo; de hecho acabaron incluso con el paro. Cosa que igual ocurre otra vez. Y eso no está bien, porque después la gente les vuelve a votar y no llega de nuevo la izquierda, que ha mantenido todos los privilegios sindicales, mientras los trabajadores se amontonaban en las oficinas del INEM.

Hace ya mucho tiempo que desgraciadamente para todos -empezando por aquellos a quienes dicen representar- los sindicatos han abandonado su verdadera labor de defensa de los trabajadores y -no lo olvidemos- del empleo, para convertirse en una triste correa de transmisión, cuando no directamente en el motor, de la acción política de la izquierda. Méndez y Toxo han anunciado su fiesta. Será el 29 de marzo y a ella, dada mi supuesta condición de liquidador “de todo”, les anuncio que no acudiré. Porque es una huelga injusta, innecesaria, no es deber de nadie y sólo supone una salvación: la de las prebendas de Cándido.

 

Ángel Garrido García
Presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid

 

“Reforma Laboral: más paro, menos derechos” por Javier López

En eso, simple y llanamente consiste la famosa Reforma Laboral.  Mira que el PP intenta explicar, a base de utilizar sus televisiones públicas y privadas un pastón en tertulianos, las bondades del decreto impuesto.  Y sin embargo todo el mundo entiende con meridiana claridad que, antes, te despedían con una indemnización de 45 días por  año trabajo y ahora con 20 días por años.

Está claro que, a partir de la Reforma Laboral, el despido es más barato y el trabajo también lo es.  Se crea un nuevo contrato subvencionado con un año de prueba.

Si no le gustas al empresario te vas a la calle y sin indemnización alguna.  Luego puede contratarte de nuevo con el mismo contrato y un año de prueba.

Si enfermas y para tu desgracia faltas 9 días en dos meses, te vas a la calle con indemnización de 20 días.

Si la empresa gana dinero, pero vende o ingresa, menos te vas a la calle con 20 días, o te bajan el salario, o te cambian la jornada, o te trasladan a otra ciudad, o te bajan de categoría.

El empresario puede incumplir el convenio si vende menos, o si ingresa menos.

El empresario puede poner en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), sin autorización alguna y utilizando para ello recursos públicos a su libre albedrío.

¿Se creará empleo?  Claramente NO y el mismo gobierno y los empresarios lo reconocen.

¿Aumentará el paro? Lo que es más fácil es despedir.  El empresario sólo crea empleo si la economía crece y no lo va a hacer.  Por lo tanto el paro seguirá creciendo.

Ya sólo faltaba un responsable de la CEOE reclamando que se le quiten las ayudas a los parados que no acepten un puesto de trabajo en Laponia.  Un comportamiento inmoral.

En fin, alguien ha perdido la cabeza y no somos los trabajadores y trabajadoras, ni la ciudadanía, que salimos a las calles el pasado 19 de Febrero de forma libre, pacífica y masiva.

Ese alguien debería inmediatamente reunirse con empresarios y sindicatos y recuperar una negociación que recomponga en las empresas unas relaciones laborales asentadas en el derecho y la justicia.

El 29 F lo volveremos a exigir en la Puerta del Sol.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid 


“La gran trampa y las preguntas” por Manuel Robles

A medida que pasan y pesan los acontecimientos económicos y sociales en Europa y en España, los ciudadanos asistimos perplejos, angustiados, faltos de información veraz que nos haga ver con claridad para qué sirven los recortes que se están haciendo, la pérdida de derechos laborales, unido a la evidencia de que detrás pueden venir desmantelamientos de servicios públicos esenciales como la educación, o la sanidad,  junto con la pérdida de miles de puestos de trabajo en el sector público. De momento la ciudadanía solo ve destrucción de empleo con todas estas medidas, porque ninguna va acompañada del compromiso real de los empresarios para generar puestos de trabajo. Ni de los bancos para crear líneas de crédito a empresas y privados.

Tenemos la sensación de haber caído en una gran trampa. La ciudadanía ha votado por mayoría al PP, con la sana idea de cambiar para mejorar la situación, inducidos por sus mensajes electorales. Ahora la cruda realidad se hace presente y vemos que las primeras medidas son todo lo contrario a lo que nos han ofrecido. Nos surgen preguntas sin respuesta cierta. ¿Podemos salir de esta crisis recortando inversiones y gasto público? ¿Podemos aspirar a tener una nómina decente que nos permita llevar una vida digna y dar a nuestros hijos, y jóvenes una alternativa, una educación, una formación adecuada para el presente y el futuro? ¿Podemos aspirar a tener un empleo con la estabilidad suficiente para poder hacer un mínimo proyecto de vida? ¿El coste del crecimiento económico y la creación de empleo en España y en Europa es la pérdida de derechos laborales? ¿La competitividad significa llegar a trabajar en condiciones precarias, a cobrar los sueldos de países sin derechos laborales, sin seguridad social, sin coberturas sanitarias y educativas? ¿Es así como se ponen medidas para reestructurar nuestro sistema productivo y empresarial?

¿Es así como se relanza el consumo como un motor esencial de crecimiento económico y creación de empleos? Creemos sinceramente que no. La esperanza está en que seamos capaces de obligar a los que nos deben una acción positiva en el Gobierno, en Europa, a los empresarios, y sobre todo a los sistemas financieros a contribuir a crear empleo, sin trampa, sin pérdida de derechos fundamentales.

Porque el paro, junto con la deuda privada y el desahucio de miles de familias es un drama que el sistema debe saber corregir, debe buscar alternativas de rescate como se hace con los bancos en crisis, principales creadores de la situación que vivimos, junto con la sospecha de que estamos ante un gigantesco ataque especulativo al euro y a los sistemas públicos,  por parte de los poderes fácticos e incontrolados del capital especulativo a nivel mundial.

Una vez más, los ayuntamientos reivindicamos a los gobiernos del Estado y las Comunidades Autónomas que nos den competencias y recursos para contribuir a la creación de empleo en nuestras ciudades y mantener la ayuda permanente a las familias necesitadas.

 

Manuel Robles
Alcalde de Fuenlabrada

“La reforma del despido barato” por Javier López

A lo largo de esta crisis hemos visto caer empresas y aumentar el paro. Desde el inicio de la misma CCOO y UGT hemos planteado la necesidad de negociar las medidas para combatir la crisis y superarla.

Hemos hecho esfuerzos para alcanzar acuerdos: Sobre pensiones, sobre los trabajadores y trabajadoras del campo, sobre el trabajo doméstico.

Hemos intentado en dos ocasiones negociar en materia de contratación y en materia de negociación colectiva. Y hemos topado con el portazo en las narices de la patronal y la imposición del Gobierno. En la primera de las ocasiones, el Gobierno impuso una reforma laboral que dio lugar a la huelga general del 29-S. En la segunda, el desgaste del Gobierno condujo a la anticipación de las elecciones generales.

Con un nuevo Gobierno hemos intentado retomar la negociación y el Diálogo Social y hemos convenido recientemente un Acuerdo de Negociación Colectiva. Un Acuerdo que conduce a la senda de la negociación en la flexibilidad en las empresas y que compromete crecimientos moderados de los salarios a cambio de moderación en el crecimiento de los precios y la reinversión de beneficios.

Pero, a pesar de que el Gobierno saludó el Acuerdo, inmediatamente lo ha tirado a la papelera.

Lo ha tirado a la papelera porque la Reforma Laboral impuesta no solo legisla en aquello sobre lo que no había acuerdo, sino que tira por la borda y desprecia el Diálogo Social en todo aquello que es más propio de empresarios y sindicatos: La negociación colectiva.

Con todo, la Reforma Laboral decretada es, sin duda, la más dura, brutal y agresiva de todo nuestro periodo democrático. Con ella, el Gobierno abarata y facilita el despido y deja en manos del empresario todo el poder para despedir, incumplir el convenio, cambiar unilateralmente las condiciones de trabajo, el salario y el lugar de trabajo, eliminando la autorización administrativa en los Expedientes de Regulación de Empleo. Además, en una situación dramática como la que viven muchos Ayuntamientos, y Comunidades Autónomas, se facilita el despido en las Administraciones Públicas.

El país tiene un problema serio de empleo y la respuesta que ofrece el Gobierno es facilitar el despido. Lo que este país necesita es una reforma del sistema financiero que facilite el acceso al crédito de empresas y familias. Necesitamos una reforma fiscal que combata el fraude y haga más justo el reparto de las cargas fiscales.

Y necesitamos apuntalar las maltrechas finanzas de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Necesitamos pensar un modelo productivo sólido y sostenible. Con base industrial y servicios de calidad, repensando el futuro del sector inmobiliario. Necesitamos proteger a los parados y las familias, fortaleciendo las prestaciones y Servicios Públicos.

Vamos a tiempos turbulentos en los que la movilización tiene que abrir paso a la negociación. La Reforma es aplaudida por Ángela Merkel mientras los mercados siguen bajándonos la nota.

Es una evidencia que facilitar el despido produce más paro, menos consumo, menos actividad económica y de nuevo más paro, más crisis, más dureza, más recortes, más ajustes. Un bucle del que no saldremos con reformas como la impuesta, sino reactivando la economía y creado empleo.

Tenemos por delante un largo camino de debate en las empresas y la sociedad, de movilizaciones crecientes con una primera cita el 19 de febrero. Vamos a sembrar España de movilizaciones.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid

“Quien lo dilapide, que lo pague” por Ignacio García de Vinuesa

Siendo evidente que la actual crisis económica ha causado un terrible daño a miles de familias españolas, que se han perdido miles de empresas mantenidas con un enorme esfuerzo personal, que España ha retrocedido en su posición de nación respetada por su equilibrada posición y que, definitivamente inasumible, más de cinco millones de españoles no encuentran trabajo, todos deberíamos aprovechar esta terrible coyuntura para reflexionar sobre las razones que nos han traído a esta nefasta situación.

Al margen de las equivocaciones que en el terreno personal hayamos podido cometer, actuando en ocasiones sin una elemental prudencia en decisiones que implicaban compromisos económicos no estrictamente necesarios, lo que para todos es hoy meridianamente claro es que muchos administradores públicos se han comportado de manera absolutamente imprudente, arrastrando con sus decisiones a todos los ciudadanos, que rehenes de sus irresponsables decisiones, serán los que a la postre tendrán que sufragar los derroches, cuando no los saqueos de los recursos públicos.

Al amparo de una mayoría suficiente conseguida en las urnas, frágil excusa para el desatino, en nuestra querida España se han esquilmado muchas arcas públicas, hipotecando el futuro a base de despilfarrar el dinero ajeno, recordando que los servidores públicos somos meros administradores de la confianza y recursos que nuestros votantes han depositado en nosotros.

Siendo cierto que la actual crisis económica se inició de manera global, afectando a un sinfín de países, su evolución a lo largo de estos cuatro años ha puesto de manifiesto las diferentes formas de afrontar una depresión económica como la que atravesamos, y basta examinar los datos de crecimiento y de desempleo para poder establecer el palmarés de los mejores y peores gobernantes. De ello mucho se ha escrito, y seguirá escribiéndose, pero hoy quiero detenerme en aquellos otros comportamientos que no pueden calificarse como de mala praxis, sino de conductas próximas a la irresponsabilidad penal, cuando no directamente delictivas.

Los cambios de gobierno en muchos ayuntamientos, acaecidos después de las últimas elecciones locales, han destapado situaciones que aunque se sospechaban, nunca llegaron a conocerse hasta que los nuevos gestores comenzaron a revisar los libros, recibir reclamaciones de todo tipo de acreedores y a abrir algunos cajones que permanecían cerrados.

Hay ayuntamientos que han estado adquiriendo bienes y servicios que sabían que no iban a poder pagar. Alcaldes que han participado en desenfrenadas competiciones para demostrar quién era capaz de construir el edificio más ostentoso, tantas veces innecesario. Que han colocado como trabajadores municipales a todos sus parientes, amigos y conocidos. Que han engordado los gastos corrientes de sus consistorios hasta llevarlos a una situación de insolvencia infinita. Que son responsables del cierre de miles de empresas que se han visto condenadas al cierre porque el ayuntamiento de turno nunca les pagó. Y que han condenado a sus vecinos a hacer frente a una envenenada herencia que impedirá el progreso de sus pueblos y ciudades en mucho tiempo.

El nuevo gobierno presidido por Mariano Rajoy ha anunciado iniciativas legales para perseguir penalmente este tipo de conductas. Estoy absolutamente a favor. No se puede admitir que solo se considere delincuente a quien se beneficie personalmente de los recursos públicos. Quien dilapide conscientemente el erario público debe responder… y no solo con la democrática pérdida del gobierno. 

Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas

“Acabar con las inversiones. Las medidas de Rajoy” por Francisco Javier López

Recortes en salarios y empleo público.  Recortes sociales en Renta Básica de Emancipación, Salario Mínimo, atención a la dependencia.  Pero no sólo eso.  Las primeras medidas de Rajoy incorporan también recortes sustanciales en inversiones públicas.  El grueso del ajuste, el 66 por ciento del recorte, se centra en cuatro ministerios inversores (Fomento, Industria, Economía y Exteriores), además de 1.000 millones de euros en inversiones autonómicas.

Exteriores ve reducir en un 66 por ciento su presupuesto, afectando a las inversiones en cooperación internacional.  Pero el mayor volumen  de recorte (1.600 millones de euros) se produce en el Ministerio de Fomento, donde RENFE y autovías sufren los retrocesos más profundos.

Industria, por su parte, pierde 1.100, millones de euros perjudicando entre otros los procesos de reestructuración de la minería del carbón, en León, Asturias o Teruel.

También Economía pierde más de 1.000 millones de euros, laminado sobre todo las ayudas a la Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i), que pierden 600 millones de euros.

Otro golpe en inversión se produce en Hacienda, con una reducción de 200 millones de euros en RTVE, condenando a la televisión pública de calidad, a la que ya se la ha privado de los ingresos por publicidad.

Si la inversión privada está desaparecida y la pública ha sufrido pasados y nuevos recortes, la conclusión es que la actividad económica se resiente y la crisis se agrava.

Las inversiones en Fomento, Industria, I+D+i no son lujos, sino necesidades fundamentales para evitar la recesión, recomponer un modelo productivo muy debilitado por la crisis y contener la sangría de empleo.  No aparece que nuestro nuevo Gobierno haya entendido esta necesidad, incurriendo de nuevo en el error de priorización absoluta de la contención del déficit público, frente a la reactivación económica y el empleo.

Francisco Javier López Martín, Secretario General de CCOO de Madrid