“El PP se enroca en la estrategia de la demagogia y la satanización de lo público” por Manuel Robles

Con la excusa de la crisis y en el contexto de sucesivas confrontaciones electorales, el gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, está tomando una  serie de actuaciones que considero más de marketing político cara a la galería, que medidas pensadas para resolver los problemas de los ciudadanos. Por el contrario creo que las relacionadas con las instituciones, son desleales y faltan al respeto a nuestro sistema de Estado democrático y descentralizado, del que forman parte el Gobierno del Estado, los gobiernos autonómicos y los gobiernos locales. Solo se ha preocupado de recortar sus recursos, o intervenirles, sin preocuparse por consensuar un sistema coherente de financiación.

El primer error, o excusa, de todo este montaje es asociar la crisis económica a la deuda de las administraciones públicas, que se ha creado en su gran mayoría en mejorar las ciudades y los servicios públicos, sin que estos hayan sido debidamente financiados con una política fiscal adecuada. Nuestra deuda pública está en la media europea y parece que se quiere dar a entender que estamos como Grecia, o Portugal, cuando es absolutamente falso.

Los expertos saben que el déficit económico en España no lo ha creado el exceso de gasto público, sino la falta de ingresos, de deuda privada y de empresas. Y sobre todo un sistema fiscal injusto y un fraude fiscal endémico, unido a una falta de iniciativa empresarial no especulativa.

La segunda actuación del gobierno del PP, la más grave desde mi punto de vista, es la práctica de la demagogia y satanización, fomentando el desprestigio de todo lo que se mueve alrededor de lo público, de los derechos, de las conquistas sociales.

Ahora centra el foco sobre la administración local. Parece que la culpa de la crisis la tienen los Ayuntamientos, induciendo que son consecuencia de gobiernos del PSOE cuando tienen al ayuntamiento más endeudado de Europa.

El gobierno de España , presidido por Mariano Rajoy , se ha sacado de la manga un Real Decreto Ley que bajo el paraguas de pagar la deuda a proveedores (que no está mal, ya lo hizo el anterior gobierno) van a dejar sin autonomía real a los consistorios, poniendo en peligro inversiones y servicios esenciales para los vecinos y destruyendo empleo. El Decreto lo ha hecho el PP, sin diálogo con las instituciones implicadas, sin planeamiento de futuro de competencias, financiación, etc. de los Ayuntamientos. Es un decreto que ataca la autonomía municipal y es necesaria su revisión. Pedimos que no se mida por el mismo rasero a ayuntamientos que cumplen, como es el caso de Fuenlabrada, con aquellos que no han hecho una buena gestión económica.

Es hora de decir alto y claro a la ciudadanía que estamos de acuerdo en que hay que ser eficientes y austeros en el gasto público; que hay que cumplir con los proveedores. Pero nos revelamos contra la supresión de servicios públicos esenciales, contra el ataque a lo público,  y más cuando va acompañado de satanización a todo aquel que se opone, o trata de movilizar a la ciudadanía en las reivindicaciones que considera justas.

Pedimos al PP que dialogue y respete a las instituciones y las dote de una ley de financiación adecuada a su servicio a la ciudadanía.

La crisis no puede ser la excusa, la tapadera de intenciones políticas e ideológicas contra el Estado de Bienestar.

 

Manuel Robles
Alcalde de Fuenlabrada 

 

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“La luz al final del túnel” por Juan Luis Merino

Corría el año 2006 cuando un alcalde de un pequeño municipio del sur de Madrid me confesó su miedo a que los Ayuntamientos se pudieran convertir en uno de los principales problemas económicos de nuestra sociedad por lo que el regidor denominó entonces una “huida hacia adelante”. La asunción de nuevas competencias obligaba a los Ayuntamientos, según su análisis, a desarrollar nuevos sectores que, a su vez, necesitaban nuevas inversiones y equipamientos, en un círculo vicioso que solo quedó interrumpido con el estallido de la burbuja inmobiliaria.

La pérdida sorpresiva de ingresos cogió de improviso a los Consistorios que, cada año, acostumbraban a incrementar sus presupuestos y competir por ofrecer cada vez más servicios, organizar las mejores fiestas y construir los mejores equipamientos, fueran o no necesarios para sus respectivas localidades.

Hoy, seis años después, autónomos, pymes y grandes compañías ven con expectación y, en muchos casos, como última esperanza, la salida planteada por el Gobierno central para tratar de cobrar las facturas impagadas acumuladas en los cajones de la Administracion local después de una situación “kafkiana” en la que  las pequeñas y medianas empresas, la mayoría radicadas en estos mismos municipios, han sido las que han tenido que financiar a los Consistorios a costa de despedir a sus propios trabajadores y rozar –o en muchos casos, alcanzar- la quiebra.

Todo ello en medio de una crisis financiera que, además, ha agravado la situación de unos y otros. Al final, el análisis del ahora ex alcalde de esta pequeña localidad del sur de Madrid se quedó corto. Los Ayuntamientos se han convertido en la auténtica pesadilla de imprentas, cerrajerías, restaurantes y de todo tipo de empresas de servicios que confiaron en la “seguridad” de pago que ofrecía la Administración para desarrollar sus trabajos. Ahora, empresarios y Ayuntamientos podrán comenzar a ver la luz al final del túnel a cambio de duros ajustes y controles durante los próximos 10 años, los mismos que las pymes y los autónomos han tenido que adelantar ya en sus propias carnes y bolsillos.

 

Juan Luis Merino
Periodista

“Pago a proveedores, ¿o a la banca?” por Asamblea Popular de Valdemoro

“Los ayuntamientos tienen de plazo hasta este –pasado- jueves para informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de sus facturas pendientes con los proveedores hasta el 31 de diciembre de 2011, dentro del plan aprobado por el Gobierno que consiste en un mecanismo de créditos para que las corporaciones locales puedan hacer frente a sus pagos…”

Lo que en un principio, y atendiendo sólo a los titulares políticos, parece una iniciativa del Gobierno que aliviará la alarmante situación de los ayuntamientos, resulta que tiene un lado oscuro. Muy oscuro. Una “cara b” que supone un mayor, aún, endeudamiento de los consistorios y una vía de escape para eludir la responsabilidad política de la deuda.

Veamos que supone exactamente esta medida del Gobierno centrada en el caso de Valdemoro:

Nuestro municipio tiene una deuda, sólo en proveedores, de unos 80 millones de Euros. Así lo reconocía, no hace mucho, el actual Concejal de Hacienda(http://www.sermadridsur.com/noticias/los-ayuntamientos-del-sur-de-madrid-estudian-si-acogerse-al-credito-del-gobierno-para-pagar-a-proveedores_23189/). Si el Ayuntamiento se acoge, como todo apunta, a esta “ayuda” del Gobierno, se nos hará un préstamo para poder hacer frente a los impagos generados por una ruinosa gestión económica. Ese préstamo del Gobierno correrá a cuenta de los bancos privados.

Sí, los mismos especuladores que son culpables de la crisis y que están siendo rescatados con nuestros impuestos, ahora nos prestarán dinero y se lo devolveremos al 5% de interés. Hablamos en primera persona del plural porque seremos nosotros y nosotras, no los culpables políticos de la deuda los que, vía impuestos y vía recortes, deberemos apretarnos aún más el cinturón para seguir saneando a la banca especuladora. La misma que recibe dinero público. La misma que desahucia a familias empobrecidas por su crisis.

Pero si quieren coger el dinero deberán hacer un plan de viabilidad que garantice a la banca que va a recibir ese dinero y esos intereses. La pregunta de cómo conseguirán esa viabilidad económica, en el caso de Valdemoro, es sencilla y ya la estamos, desgraciadamente, comprobando: recortando en gasto público (no de las dietas ni los sueldos de los concejales o asesores, ni siquiera en sus gastos de representación) y subiéndonos los impuestos brutalmente. A saber: “numerito” del coche, tasa de basura de 90€, zona azul en un centro extenso de Valdemoro, etc. Por supuesto, nada de esto venía en su programa electoral, por lo que consideramos que es profundamente antidemocrático, además de un engaño a la ciudadanía.

Desde la Asamblea Popular de Valdemoro rechazamos este tipo préstamos “trampa” que sólo beneficia a la banca y que nos empobrece un poco más, hipotecando nuestro futuro durante más de 10 años. Nos perjudica a todas: vecinos/as y comerciantes que también sufren otra enorme subida de impuestos y un freno al consumo local, pues apretarnos el cinturón es lo que tiene. Rechazamos totalmente que seamos las personas que sufrimos la crisis las que tengamos que enriquecer, aún más, a los culpables de la deuda. Y rechazamos, también, que los culpables políticos de esa deuda no asuman su responsabilidad, por lo que exigimos una auditoría ciudadana de la deuda municipal para saber en qué se ha gastado nuestro dinero y por qué nos han endeudado durante lustros.

Pd. Este texto ha sido consensuado por la Asamblea Popular de Valdemoro el domingo 18 de marzo de 2012.

Asamblea Popular de Valdemoro