“Cuando el estado abdica de sus funciones” por Víctor Granado

FOTO_VICTORGRANADOTres noticias publicadas en los últimos días y aparentemente desconectadas definen con claridad la forma del mundo en que vivimos.

En primer lugar el auto del pasado 28 de enero de 2014 la Audiencia provincial de Madrid ordena reabrir el caso de la muerte en el CIE de Aluche de Samba Martine. Samba Martine llegó a España el 25 de agosto de 2011 procedente de la República Democrática del Congo, después de cruzar el norte de África y entrar de modo irregular en España a través de la frontera entre Melilla y Marruecos. Debemos recordar que la República democrática del Congo vive una situación de «Guerra sin fin», un conflicto estructural que oscila en su intensidad pero que con más 5 millones de muertos es el conflicto bélico más mortífero después de la segunda guerra mundial. Un conflicto bélico especialmente cruento y violento para las mujeres. A su llegada Samba entró en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. Allí permaneció tres meses hasta que por fue trasladada, debido a la alta ocupación del CETI, al Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) de Aluche en Madrid, al cual llegó el 12 de noviembre de 2011. Con ella no se trasladó su expediente médico elaborado por los médicos del CETI de Melilla. A esta falta de coordinación burocrática le siguió la incapacidad de los responsables del CIE de Aluche para atender las reiteradas visitas a la enfermería del CIE y solicitudes de asistencia hechas por Samba durante su internamiento hasta que finalmente murió víctima de un proceso infeccioso que habría sido fácilmente superable si hubiera recibido la asistencia sanitaria adecuada. Así lo estima el auto de la audiencia provincial de Madrid.

La segunda noticia es el dictamen del consejo de Europa que juzga ilegal excluir a las personas en situación irregular en España del derecho a la asistencia sanitaria, en el cual se afirma que la crisis no puede servir como pretexto para negar el acceso a la sanidad. La asistencia sanitaria de urgencia no es suficiente y como señala Luis Jimena, presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales, el dictamen del Consejo de Europa considera el RDL 16/2012 contrario al derecho europeo, y afirma que: “No se puede excluir a los inmigrantes del sistema. Tanto el Gobierno como las comunidades tienen el deber de cumplir la doctrina del Consejo de Europa. Y el Tribunal Constitucional deberá tomarla en consideración de manera determinante [al fallar sobre el recurso presentado contra la decisión del Gobierno]”.

La tercera noticia es del pasado día 20 de enero tiene como núcleo el informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo sobre las tendencias mundiales del empleo para 2014, el cual señala cómo en 2013 el desempleo aumentó en el mundo en 5 millones de personas más, y calcula una tendencia que fijaría el incremento del desempleo en 13 millones de parados más en el 2018.

Si conjugamos el fondo de estas tres noticias podemos reconstruir la forma del mundo en que vivimos y su verdadero carácter dramático. De manera falaz los gobiernos de países democráticos, firmantes de tratados que protegen los derechos humanos, en los que se incluye el derecho a la salud, ligan la asistencia sanitaria a la situación activa del asegurado. No sólo esto, su derecho a residir en un lugar distinto a su nacionalidad queda regulado por su condición activa. En un contexto generalizado de aumento del paro seguir ligando la protección de los derechos fundamentes a la posesión de un contrato de trabajo implica, de facto, subvertir el espíritu y la literalidad de los tratados internacionales de derechos humanos y empujar a las personas a vivir en una situación de irregularidad sobrevenida en los mismos lugares en los que han vivido y trabajado durante muchos años, donde probablemente han nacido sus hijos y que tenían todo el derecho a considerarlos su hogar. A esta irregularidad sobrevenida se suma la irregularidad como condición del desplazamiento migratorio a la que se ven forzadas a incurrir aquellas personas que deseando construir un proyecto vital fuera de su lugar de nacimiento no encuentran cauce legal alguno para el desplazamiento y ni para el acceso al mercado laboral legal. Se combina así a la irregularidad del desplazamiento la irregularidad laboral, encadenando unas situaciones de desprotección, vulnerabilidad y explotación con otras.

En ese contexto de producción de irregularidad migratoria el Estado ha abdicado de la función en la que se ha apoyado y que ha legitimado su monopolio de la violencia: la protección de los derechos de todas las personas presentes en su territorio durante su permanencia en él. El caso de Samba Martine y la legislación española que priva a las personas de un acceso a una asistencia sanitaria que garantice la protección de su derecho a la salud en España ejemplifican con cruel claridad cómo es Estado pierde de vista la protección de los derechos de las personas mientras permanecen en su territorio y las condena a la desprotección más absoluta. Un interno en un CIE ve suspendido su derecho a la libertad de tránsito pero la salvaguarda de su integridad física y psíquica debería ser la primera preocupación del mismo Estado que interna a esas personas como paso previo a su expulsión.

Víctor Granado Almena
Profesor de Filosofía
Investigador dedicado al estudio de las migraciones y a los DD.HH.  
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“Por el pleno reconocimiento de los migrantes como sujetos de derecho” por Víctor Granado

He aquí un margen que avanza, un centro que retrocede.
Oriente ya no es en absoluto Oriente,
ni Occidente, Occidente.
Porque la identidad es plural,
ésta no es una ciudadela o una trinchera.
Mahmoud Darwich
Comme des fleurs d’amandier ou plus loin, Paris, Actes sud, 2007

FOTO_VICTORGRANADOHoy más personas que nunca viven fuera del lugar en el que nacieron, algo que no necesariamente se corresponde con vivir en «el extranjero». En ocasiones esa vida en otro lugar se desarrolla en lo que para algunas personas es su hogar, aunque no hayan nacido en él o vivido allí durante su infancia o juventud. Pero más que hablar aquí de la relación  con el lugar de origen o el lugar de residencia hoy, en el día internacional de las personas migrantes, quiero subrayar la relación que todos tenemos con el proceso dinámico de migrar. En 2013, según los datos del informe de septiembre de la ONU sobre migraciones internacionales, 232 millones de personas o el 3,2% de la población mundial son migrantes. Se trata de una cifra sensiblemente mayor que los 175 millones de personas migrantes registrados en el año 2000 y que los 154 millones registrados en 1990. El 74% de los migrantes está en edad de trabajar y el 48% de la población migrante son mujeres. Sólo el 35% de la población migrante se corresponde con el desplazamiento de tipo sur-norte.

Estos pocos datos muestran que vivimos en un contexto de desplazamiento global del que todos formamos parte. Las migraciones no pueden comprenderse sólo como desplazamientos puntuales motivados por una alteración momentánea del orden, ya sea un conflicto bélico o una catástrofe natural. En la actualidad todos somos susceptibles de devenir migrantes y vernos envueltos en un proceso de desplazamiento. La desigual distribución de renta y población, así como la capacitación laboral de las personas regulan la distribución global de población a lo largo del planeta dentro de una red compuesta por distintos nodos de atracción de población, que rompe la estructura simplista y falaz del esquema de migración norte-sur que une pobreza y migración. No hay centro ni fin del desplazamiento, ni países o regiones puramente receptoras o emisoras de flujos migratorios. El desplazamiento es parte esencial de nuestro modo de vida las migraciones son una realidad constitutiva de la forma transnacional de nuestro mundo.

Además de romper con el modo simplista de contextualizar la migración en nuestros días, en el día internacional de los migrantes debemos, sobre todo, reivindicar los derechos de los migrantes y denunciar las situaciones de injusticia, vulnerabilidad y privación de derechos que amenazan la realidad de los procesos migratorios. Para ello recuerdo aquí las palabras con las que comenzaba la declaración conjunta de Expertos de las Naciones Unidas de 2012:

GINEBRA, BANJUL, WASHINGTON D.C. (18 de diciembre de 2012) – “En un día como hoy, unimos nuestras voces para reconocer las invaluables contribuciones que a diario hacen millones de migrantes en todo el mundo para crear mejores condiciones de vida para todos. A pesar de participar en nuestras sociedades, el otro lado de la historia es que por el simple hecho de ser migrantes, millones de personas son víctimas de discriminación, xenofobia y diversas violaciones a sus derechos humanos. Es por eso que hoy, en el Día Internacional del Migrante, reafirmamos que los derechos humanos son derechos de todas las personas. Un compromiso real de los Estados en relación con los derechos humanos de los migrantes requiere del pleno reconocimiento de los migrantes como sujetos de derecho. Los derechos humanos derivan de la dignidad humana y no del origen nacional o de la situación migratoria de las personas.

Hoy debemos denunciar la criminalización de los migrantes en situación irregular, su hostigamiento y persecución, la privación de derechos fundamentales como el derecho a la salud, el establecimiento de vallas o “medidas de protección fronteriza” como las de Ceuta y Melilla, la existencias de redadas y controles de identidad xenófobos en las calles de nuestras ciudades y la existencia de centros de internamiento para extranjeros que violan estándares mínimos exigibles a un Estado y una sociedad civil que dicen defender los derechos humanos y la democracia.

Ningún ser humano es ilegal

Víctor Granado Almena
Profesor de Filosofía
Investigador dedicado al estudio de las migraciones y a los DD.HH.  

“Desigualdades reales, derechos virtuales” por Víctor Granado

 “El inmigrante no está entrando por un paso fronterizo con una documentación correcta, está violentando la frontera de un país que es soberano y tiene que defenderla. Y no vienen pidiendo permiso o que se le abra la puerta, vienen asaltando la valla”.

Abdelmalik El Barkani Delegado del gobierno en Melilla

 

FOTO_VICTORGRANADO¿Es  que acaso si los migrantes pidiesen que se les abriera la puerta ésta se les abriría? Las declaraciones del Delegado del Gobierno en Melilla parten de la falacia según la cual los migrantes no siguen los cauces legales para entrar en España pudiendo hacerlo. En la medida en que con sus actos amenazan la soberanía española la actuación de las autoridades queda legitimada. En ningún momento los migrantes son tratados como personas sino conceptualizados como delincuentes, como enemigos que asaltan una frontera que hay que defender.

Para su defensa, el Gobierno está pensando colocar de nuevo las cuchillas retiradas en 2006 de la valla y que la coronaban hasta entonces. Retornamos a una situación de desprotección y desprecio por la vida de los migrantes similar a la de 2005, que Amnistía Internacional describía en su informe Frontera sur. En Ceuta y Melilla la frontera no es una mera línea imaginaria que delimita el territorio de in Estado. La frontera entre España y Marruecos es una de las fronteras más desiguales del mundo, es una frontera intercontinental y la frontera más desigual de la Unión Europea. Si atendemos comparamos el PIB per cápita nominal de España y Marruecos veremos cómo el PIB español es casi 10 veces el de Marruecos. Esta desigualdad lo es respecto de los niveles de renta y las condiciones materiales de existencia pero lo que marca la experiencia de la frontera es el igual desprecio a ambos lados de la verja por los derechos de los migrantes.

El desplazamiento de las personas tiene como uno de sus componentes la desigual e injusta distribución de riqueza y población. A la injusticia que significa esta desigualdad se suman  las violaciones de derechos que sufren los migrantes durante el desplazamiento.

La frontera es real, tiene consecuencias reales tanto sobre la vida de las personas que intentan cruzarla como sobre el tipo de sociedad que la sostiene sin cuestionarla. No son las mafias quienes ponen en riesgo las vidas de las personas que intentan cruzar las fronteras sino los Estados los que al bloquear los cauces legales de acceso a su territorio abocan a los migrantes a la clandestinidad y la irregularidad. Y es la sociedad civil de Estados como el nuestro quien debe controlar y denunciar el uso en su nombre de mecanismos de control las fronteras que significan la violación sistemática de los derechos humanos.

 

 

Víctor Granado Almena
Profesor de Filosofía
Investigador dedicado al estudio de las migraciones y a los DD.HH.  

“La otra sentencia europea, ¿a quién le importa?” por Juan Torres

FOTO_JUAN_TORRESHace unos días el Comisario Europeo para los Derechos Humanos emitió un durísimo informe sobre la situación social por la que están pasando determinados sectores de la población española. A diferencia de la polémica resolución que también recientemente ha hecho pública otra institución europea, la del Comisario de Derechos Humanos no ha provocado grandes artículos de opinión ni exasperadas trifulcas entre sesudos tertulianos, ni tampoco ha desembocado en grandes llamadas a la desobediencia civil ni ha llevado a la presencia en manifestaciones de representantes del partido del gobierno. Sencillamente, este informe no ha existido en los medios de comunicación de masas de nuestro país; como mucho ha tenido alguna reseña en algún periódico o escasas referencias en reportajes sobre la labor de alguna ONG o sobre la generosidad y el altruismo de determinadas personas anónimas.

Parece que el hecho de que más del 30% de los niños y niñas de este país estén en la más absoluta pobreza o al límite de ella no llama demasiado la atención. Sin embargo, el informe del Comisario describe una situación tan dura que es difícil no hablar de ella. ¿Cómo no hablar de un panorama donde un tercio de la infancia tiene problemas para alimentarse? ¿Cómo no hablar de un informe que dice que gracias a los recortes en políticas sociales y educativas se está poniendo en peligro la cohesión social? ¿Cómo no hablar de que los werts, aguirres, fígares, gonzález y tantos otros están impidiendo que los hijos de los trabajadores o de las llamadas clases medias tengan alguna posibilidad de “labrarse” un futuro a través de la educación? “Labrarse un futuro”, aunque suena a antiguo, era en lo que machaconamente insistían mis padres, allá por el final de los 70: en que me “aplicara” en los estudios, quizás porque sabían que la educación pública era la única posibilidad de conseguir aquello que a ellos se les negó. Ellos se empeñaron, junto a tantos padres y madres, en reivindicar la construcción de los colegios que faltaban en aquella Santa Coloma de mi infancia. Hoy, treinta años después, retrocedo en el tiempo y tengo que volver a recorrer el mismo camino que ellos, vuelvo a salir a la calle a manifestarme, a cortar carreteras o a ponerme una camiseta verde para conseguir que mis hijas tengan unas mínimas posibilidades de futuro.

Volviendo al Informe, éste se centra en tres apartados: en las repercusiones en los niños de la crisis económica y de las medidas de austeridad, en la situación de los discapacitados y en la función de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en la protección de los derechos humanos.

El Comisario muestra su preocupación por el creciente aumento de la pobreza infantil que se está produciendo, pues se ha pasado de un 20% en 2008 al 30,6% en 2011. De antemano este dato del 30,6% es escandaloso, aunque me temo, por lo que vemos en muchos colegios, que el porcentaje debe de haber aumentado durante 2012 y lo que llevamos de 2013. Pero lo vergonzoso, social y políticamente hablando, es que el propio Comisario Europeo manifieste que “la pobreza infantil, es probablemente el efecto más visible de la crisis económica y de las medidas de austeridad fiscal en los niños”,  responsabilizando directamente a las políticas de recortes de tener “unos efectos potencialmente devastadores a largo plazo, puesto que suele ser una de las principales causas originarias de la pobreza y la exclusión social entre la población adulta.” A nadie se le escapa que el aumento de la pobreza ha llevado directamente a que se produzca un aumento de los casos de desnutrición infantil, problema denunciado por diversas ONGs en muchas ocasiones, que se ha visto agravado por la eliminación o reducción de las ayudas para comedores escolares. Como ejemplo de esta práctica podemos poner el de Madrid, donde su gobierno autonómico sustituyó las becas de comedor por unos ridículos descuentos en el precio: así, una familia de con la renta mínima de inserción (entre 400 y 500 euros al mes) a la que antes se le sufragaba el coste total de la comida, ahora tiene que pagar 1,20 euros diarios por la comida de su hijo o hija. Posiblemente muchos ciudadanos piensen que estamos en una difícil situación económica y no se puede subvencionar todo. Ante eso, en primer lugar hay que decir que es indecente que un estado desarrollado y moderno como España no garantice al menos una comida diaria decente a todos sus niños y jóvenes, pero además  no es admisible la eliminación de las ayudas para comida mientras la Comunidad de Madrid mantiene desgravaciones fiscales para uniformes escolares, clases extraescolares de idiomas o para el pago de la cuota de los colegios privados. Supongo que aquellas familias que llevan a sus hijos a la escuela privada (no a la concertada) no tendrán demasiados problemas económicos, máxime cuando para poder desgravarse estas cuotas tienen que tener una renta máxima de 30.000 euros por persona (una familia de tres miembros se las puede desgravar si sus ingresos no superan los 90.000 euros).

Otro de los bloques en los que el informe europeo hace especial hincapié es en el efecto que están produciendo las políticas de recortes en la educación. Entre 2011 y 2012 el presupuesto de educación se recortó un 21,4% y en 2013 otro 14,4%, como parte de las medidas de austeridad adoptadas por los gobiernos nacional y autonómicos. El último ejemplo de la política de recortes lo tenemos en la eliminación retroactiva a un número importante de alumnos de las becas Erasmus, que hubiera provocado que se quedaran “colgados” muchos estudiantes españoles que ya estaban estudiando en universidades europeas. Como sabemos, sólo la presión popular junto con el descontento del resto de ministros y del propio Rajoy ante esta medida, han llevado al ministro Wert a rectificar.

La eliminación de profesores, el aumento de alumnos por clase, la supresión de ayudas para libros, comidas y trasporte, la reducción de los apoyos para los estudiantes más desfavorecidos y para los de necesidades especiales, etc, etc, etc, están afectando negativamente a todos los niveles de educación, desde la preescolar hasta la universitaria. Tajantemente el Comisario Europeo manifiesta su preocupación “en particular ante las posibles consecuencias de esta política presupuestaria restrictiva en el principio de la educación incluyente y en la igualdad de oportunidades que debería ofrecerse a todos los niños.”

Mientras que en estos últimos días, coincidiendo con la huelga general en la educación, hemos tenido que escuchar por parte de los responsables del Ministerio de Educación que los graves problemas de la educación en España y el alto grado de abandono escolar se deben a las políticas educativas de los gobiernos anteriores (por supuesto excluyen de esta culpa a los del Partido Popular) el Comisario Europeo informa de que en el año 2012, en plena era Rajoy, el abandono escolar de los niños ha sido del 24,9%, porcentaje que duplica el registrado en otros Estados miembros de la UE (con un promedio de 12,8% en 2012) y este hecho el Comisario lo relaciona directamente (diplomáticamente él habla de preocupación) con que “…las restricciones presupuestarias en la educación puedan incidir negativamente en la ya de por si elevada tasa de abandono escolar en España”.

En fin, un panorama desolador para el futuro de nuestros hijos e hijas. El informe del Comisario Europeo de Derechos Humanos no dice nada que no hayamos denunciado ya mil veces las asociaciones de madres y padres de alumnos. Desde muchas AMPAs, como la del Colegio Antonio Buero Vallejo a la que pertenezco, intentamos todos los días paliar las consecuencias negativas de esta carrera por ver qué administración recorta más. Ante la eliminación de becas de libros y material escolar hemos tenido que montar mercadillos y bancos de intercambio, ante las necesidades más elementales de muchas familias hemos tenido que poner en marcha recogidas y reparto de comida. Intentamos recaudar dinero, a través de actividades, para poder pagar el comedor a algún niño o niña o simplemente “suplicando” a las empresas concesionarias de los comedores para que no cobren determinadas comidas. Todas estas iniciativas DE SOLIDARIDAD son loables, PERO ESTA NO ES NUESTRA FUNCIÓN, ES UNA FUNCIÓN Y UNA OBLIGACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, es una obligación de los Ayuntamientos, Comunidades y Gobierno Central. Tienen esta obligación, para que esta España nuestra siga siendo un ESTADO DEMOCRÁTICO SOCIAL Y DE DERECHO, tal y como proclama nuestra Constitución.

Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todas aquellas personas y organizaciones que diariamente se esfuerzan, a través de la solidaridad, en conseguir paliar las necesidades de las familias más necesitadas, en especial a la recientemente creada Asociación de Solidaridad Vecinal, a las AMPAs de los colegios e institutos públicos de San Sebastián de los Reyes, y en particular a las familias y a los profesores del colegio de mis hijas, el Antonio Buero Vallejo.

El informe del Comisario Europeo de Derechos Humanos puede descargarse en la página web: http://ampabuerovallejo.wordpress.com

Juan Torres
AMPA “Buero Vallejo” de San Sebastián de los Reyes

“La violencia contra las mujeres. Una lucha por la dignidad humana” por Amnistía Internacional Tres Cantos

La vulneración del derecho de las mujeres a su libertad e indemnidad sexuales es sin duda una de las más dramáticas violaciones de los derechos humanos, tanto por lo que supone de atentado contra su dignidad como personas, como por las secuelas irreparables que producen física y psicológicamente.

En los países democráticos en los que rige el imperio de la ley como salvaguardia de los derechos sociales e individuales, las vulneraciones contra la libertad sexual de las mujeres son castigadas severamente. A pesar de ello, siguen cometiéndose graves delitos cuya única explicación sólo se puede encontrar en la tergiversada concepción que algunos hombres mantienen sobre las mujeres, arraigada en unos valores culturales inaceptables, según los cuales el machismo, la supremacía del hombre que justifica la dominación de la mujer, encuentra su mayor cobijo.

Afortunadamente, lenta pero inexorablemente, esos valores culturales, que eran dominantes hasta hace pocas décadas, van perdiendo fuerza frente a una cada vez más extensa consideración de la mujer en términos de igualdad con el hombre. El movimiento feminista, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, y, en definitiva, el conjunto de ciudadanos y ciudadanas que luchan día a día por una mayor profundización de los valores democráticos en nuestras sociedades están contribuyendo de manera eficaz para que se produzca ese cambio de valores.

Sin embargo, ese ideal de igualdad entre hombres y mujeres se muestra inaccesible en muchos otros países donde el respeto por los derechos humanos ocupa un lugar secundario frente a las luchas fratricidas, la miseria o el despotismo más intolerable.
En ese entorno, los conflictos armados afectan a las mujeres y las niñas de manera especial y, a menudo, desproporcionada, e influyen en los tipos de violencia que sufren. Este es el caso de la violencia sexual.

En situaciones de conflicto, todas las partes implicadas, ya sean fuerzas de seguridad del estado o grupos armados, utilizan las violaciones como arma de guerra, a veces de manera sistemática y masiva.

Quienes cometen estos delitos pretenden aterrorizar a las víctimas y, a través de su sufrimiento, castigar y doblegar a sus familias y comunidades, que se resisten a someterse a uno u otro bando. También quieren acallar a quienes defienden a las víctimas.

No hay conflicto en la historia reciente en el que las mujeres y las niñas no hayan sido objeto de violencia sexual, ya sea como forma de tortura, como método para humillar al enemigo o con el fin de sembrar el terror y la desesperación. Esta forma de violencia de género se caracteriza por la casi total impunidad de los agresores y es, a menudo, invisible.

Aunque en el contexto de un conflicto armado, los actos de violencia sexual pueden constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, la mayoría de los países siguen sin abordarla de manera adecuada. Países tan lejanos y tan diferentes como Colombia y la República Democrática del Congo tienen un triste elemento común: los enormes obstáculos que encuentran las víctimas de violencia sexual para acceder a la justicia.

Mientras ellas padecen la estigmatización y las secuelas físicas, psicológicas y económicas por los abusos sufridos con la excusa de la guerra, sus agresores están, en la mayoría de los casos, libres y sin temor a enfrentarse a la justicia.
Los estados deben dejar de permitir que los conflictos se usen como coartada para no rendir cuentas por las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Deben asegurar que estos delitos no vuelven a cometerse garantizando que las víctimas tienen acceso a la verdad, la justicia y la reparación. Deben dejar de defraudar a las víctimas y llevar ante la justicia a quienes han cometido delitos contra ellas.

La violencia sexual contra las mujeres no debe quedar impune. Es una cuestión de respeto básico de la dignidad humana.

 

Amnistía Internacional Tres Cantos

“Por un tratado a prueba de balas” por Amnistía Internacional Tres Cantos

Cada minuto muere una persona en el mundo a consecuencia de la violencia armada. La proliferación sin control de armas convencionales provoca miles de personas heridas y muertas. Son éstas las auténticas armas de destrucción masiva. Y su comercio apenas está controlado.

En julio de este año la comunidad internacional puede cambiar esta situación si como deberían, aprueban un firme y sólido Tratado sobre el Comercio de Armas. No pretende prohibir el uso de las armas, ni su comercialización. Persigue una obviedad: garantizar que no se realizará una venta de armas cuando haya un peligro sustancial de que puedan utilizarse para cometer graves violaciones de derechos humanos.

Sin embargo existen poderosos intereses contrarios a una regulación de este comercio. EEUU, Rusia y China, figuran entre los principales exportadores de armas. A sus intereses económicos y geopolíticos, debe sobreponerse el interés mayor del respeto a los Derechos Humanos. Hay que impedir que en Siria se siga tiroteando impunemente con armamento ruso, que la población civil de Libia haya sido víctima de bombas de racimo españolas, o que las manifestaciones pacíficas en Egipto se repriman con material antidisturbios enviado por EEUU.

Es el momento de actuar. Necesitamos un buen Tratado de Comercio de Armas.

Amnistía Internacional Tres Cantos