“La otra sentencia europea, ¿a quién le importa?” por Juan Torres

FOTO_JUAN_TORRESHace unos días el Comisario Europeo para los Derechos Humanos emitió un durísimo informe sobre la situación social por la que están pasando determinados sectores de la población española. A diferencia de la polémica resolución que también recientemente ha hecho pública otra institución europea, la del Comisario de Derechos Humanos no ha provocado grandes artículos de opinión ni exasperadas trifulcas entre sesudos tertulianos, ni tampoco ha desembocado en grandes llamadas a la desobediencia civil ni ha llevado a la presencia en manifestaciones de representantes del partido del gobierno. Sencillamente, este informe no ha existido en los medios de comunicación de masas de nuestro país; como mucho ha tenido alguna reseña en algún periódico o escasas referencias en reportajes sobre la labor de alguna ONG o sobre la generosidad y el altruismo de determinadas personas anónimas.

Parece que el hecho de que más del 30% de los niños y niñas de este país estén en la más absoluta pobreza o al límite de ella no llama demasiado la atención. Sin embargo, el informe del Comisario describe una situación tan dura que es difícil no hablar de ella. ¿Cómo no hablar de un panorama donde un tercio de la infancia tiene problemas para alimentarse? ¿Cómo no hablar de un informe que dice que gracias a los recortes en políticas sociales y educativas se está poniendo en peligro la cohesión social? ¿Cómo no hablar de que los werts, aguirres, fígares, gonzález y tantos otros están impidiendo que los hijos de los trabajadores o de las llamadas clases medias tengan alguna posibilidad de “labrarse” un futuro a través de la educación? “Labrarse un futuro”, aunque suena a antiguo, era en lo que machaconamente insistían mis padres, allá por el final de los 70: en que me “aplicara” en los estudios, quizás porque sabían que la educación pública era la única posibilidad de conseguir aquello que a ellos se les negó. Ellos se empeñaron, junto a tantos padres y madres, en reivindicar la construcción de los colegios que faltaban en aquella Santa Coloma de mi infancia. Hoy, treinta años después, retrocedo en el tiempo y tengo que volver a recorrer el mismo camino que ellos, vuelvo a salir a la calle a manifestarme, a cortar carreteras o a ponerme una camiseta verde para conseguir que mis hijas tengan unas mínimas posibilidades de futuro.

Volviendo al Informe, éste se centra en tres apartados: en las repercusiones en los niños de la crisis económica y de las medidas de austeridad, en la situación de los discapacitados y en la función de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en la protección de los derechos humanos.

El Comisario muestra su preocupación por el creciente aumento de la pobreza infantil que se está produciendo, pues se ha pasado de un 20% en 2008 al 30,6% en 2011. De antemano este dato del 30,6% es escandaloso, aunque me temo, por lo que vemos en muchos colegios, que el porcentaje debe de haber aumentado durante 2012 y lo que llevamos de 2013. Pero lo vergonzoso, social y políticamente hablando, es que el propio Comisario Europeo manifieste que “la pobreza infantil, es probablemente el efecto más visible de la crisis económica y de las medidas de austeridad fiscal en los niños”,  responsabilizando directamente a las políticas de recortes de tener “unos efectos potencialmente devastadores a largo plazo, puesto que suele ser una de las principales causas originarias de la pobreza y la exclusión social entre la población adulta.” A nadie se le escapa que el aumento de la pobreza ha llevado directamente a que se produzca un aumento de los casos de desnutrición infantil, problema denunciado por diversas ONGs en muchas ocasiones, que se ha visto agravado por la eliminación o reducción de las ayudas para comedores escolares. Como ejemplo de esta práctica podemos poner el de Madrid, donde su gobierno autonómico sustituyó las becas de comedor por unos ridículos descuentos en el precio: así, una familia de con la renta mínima de inserción (entre 400 y 500 euros al mes) a la que antes se le sufragaba el coste total de la comida, ahora tiene que pagar 1,20 euros diarios por la comida de su hijo o hija. Posiblemente muchos ciudadanos piensen que estamos en una difícil situación económica y no se puede subvencionar todo. Ante eso, en primer lugar hay que decir que es indecente que un estado desarrollado y moderno como España no garantice al menos una comida diaria decente a todos sus niños y jóvenes, pero además  no es admisible la eliminación de las ayudas para comida mientras la Comunidad de Madrid mantiene desgravaciones fiscales para uniformes escolares, clases extraescolares de idiomas o para el pago de la cuota de los colegios privados. Supongo que aquellas familias que llevan a sus hijos a la escuela privada (no a la concertada) no tendrán demasiados problemas económicos, máxime cuando para poder desgravarse estas cuotas tienen que tener una renta máxima de 30.000 euros por persona (una familia de tres miembros se las puede desgravar si sus ingresos no superan los 90.000 euros).

Otro de los bloques en los que el informe europeo hace especial hincapié es en el efecto que están produciendo las políticas de recortes en la educación. Entre 2011 y 2012 el presupuesto de educación se recortó un 21,4% y en 2013 otro 14,4%, como parte de las medidas de austeridad adoptadas por los gobiernos nacional y autonómicos. El último ejemplo de la política de recortes lo tenemos en la eliminación retroactiva a un número importante de alumnos de las becas Erasmus, que hubiera provocado que se quedaran “colgados” muchos estudiantes españoles que ya estaban estudiando en universidades europeas. Como sabemos, sólo la presión popular junto con el descontento del resto de ministros y del propio Rajoy ante esta medida, han llevado al ministro Wert a rectificar.

La eliminación de profesores, el aumento de alumnos por clase, la supresión de ayudas para libros, comidas y trasporte, la reducción de los apoyos para los estudiantes más desfavorecidos y para los de necesidades especiales, etc, etc, etc, están afectando negativamente a todos los niveles de educación, desde la preescolar hasta la universitaria. Tajantemente el Comisario Europeo manifiesta su preocupación “en particular ante las posibles consecuencias de esta política presupuestaria restrictiva en el principio de la educación incluyente y en la igualdad de oportunidades que debería ofrecerse a todos los niños.”

Mientras que en estos últimos días, coincidiendo con la huelga general en la educación, hemos tenido que escuchar por parte de los responsables del Ministerio de Educación que los graves problemas de la educación en España y el alto grado de abandono escolar se deben a las políticas educativas de los gobiernos anteriores (por supuesto excluyen de esta culpa a los del Partido Popular) el Comisario Europeo informa de que en el año 2012, en plena era Rajoy, el abandono escolar de los niños ha sido del 24,9%, porcentaje que duplica el registrado en otros Estados miembros de la UE (con un promedio de 12,8% en 2012) y este hecho el Comisario lo relaciona directamente (diplomáticamente él habla de preocupación) con que “…las restricciones presupuestarias en la educación puedan incidir negativamente en la ya de por si elevada tasa de abandono escolar en España”.

En fin, un panorama desolador para el futuro de nuestros hijos e hijas. El informe del Comisario Europeo de Derechos Humanos no dice nada que no hayamos denunciado ya mil veces las asociaciones de madres y padres de alumnos. Desde muchas AMPAs, como la del Colegio Antonio Buero Vallejo a la que pertenezco, intentamos todos los días paliar las consecuencias negativas de esta carrera por ver qué administración recorta más. Ante la eliminación de becas de libros y material escolar hemos tenido que montar mercadillos y bancos de intercambio, ante las necesidades más elementales de muchas familias hemos tenido que poner en marcha recogidas y reparto de comida. Intentamos recaudar dinero, a través de actividades, para poder pagar el comedor a algún niño o niña o simplemente “suplicando” a las empresas concesionarias de los comedores para que no cobren determinadas comidas. Todas estas iniciativas DE SOLIDARIDAD son loables, PERO ESTA NO ES NUESTRA FUNCIÓN, ES UNA FUNCIÓN Y UNA OBLIGACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, es una obligación de los Ayuntamientos, Comunidades y Gobierno Central. Tienen esta obligación, para que esta España nuestra siga siendo un ESTADO DEMOCRÁTICO SOCIAL Y DE DERECHO, tal y como proclama nuestra Constitución.

Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todas aquellas personas y organizaciones que diariamente se esfuerzan, a través de la solidaridad, en conseguir paliar las necesidades de las familias más necesitadas, en especial a la recientemente creada Asociación de Solidaridad Vecinal, a las AMPAs de los colegios e institutos públicos de San Sebastián de los Reyes, y en particular a las familias y a los profesores del colegio de mis hijas, el Antonio Buero Vallejo.

El informe del Comisario Europeo de Derechos Humanos puede descargarse en la página web: http://ampabuerovallejo.wordpress.com

Juan Torres
AMPA “Buero Vallejo” de San Sebastián de los Reyes

“La violencia contra las mujeres. Una lucha por la dignidad humana” por Amnistía Internacional Tres Cantos

La vulneración del derecho de las mujeres a su libertad e indemnidad sexuales es sin duda una de las más dramáticas violaciones de los derechos humanos, tanto por lo que supone de atentado contra su dignidad como personas, como por las secuelas irreparables que producen física y psicológicamente.

En los países democráticos en los que rige el imperio de la ley como salvaguardia de los derechos sociales e individuales, las vulneraciones contra la libertad sexual de las mujeres son castigadas severamente. A pesar de ello, siguen cometiéndose graves delitos cuya única explicación sólo se puede encontrar en la tergiversada concepción que algunos hombres mantienen sobre las mujeres, arraigada en unos valores culturales inaceptables, según los cuales el machismo, la supremacía del hombre que justifica la dominación de la mujer, encuentra su mayor cobijo.

Afortunadamente, lenta pero inexorablemente, esos valores culturales, que eran dominantes hasta hace pocas décadas, van perdiendo fuerza frente a una cada vez más extensa consideración de la mujer en términos de igualdad con el hombre. El movimiento feminista, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, y, en definitiva, el conjunto de ciudadanos y ciudadanas que luchan día a día por una mayor profundización de los valores democráticos en nuestras sociedades están contribuyendo de manera eficaz para que se produzca ese cambio de valores.

Sin embargo, ese ideal de igualdad entre hombres y mujeres se muestra inaccesible en muchos otros países donde el respeto por los derechos humanos ocupa un lugar secundario frente a las luchas fratricidas, la miseria o el despotismo más intolerable.
En ese entorno, los conflictos armados afectan a las mujeres y las niñas de manera especial y, a menudo, desproporcionada, e influyen en los tipos de violencia que sufren. Este es el caso de la violencia sexual.

En situaciones de conflicto, todas las partes implicadas, ya sean fuerzas de seguridad del estado o grupos armados, utilizan las violaciones como arma de guerra, a veces de manera sistemática y masiva.

Quienes cometen estos delitos pretenden aterrorizar a las víctimas y, a través de su sufrimiento, castigar y doblegar a sus familias y comunidades, que se resisten a someterse a uno u otro bando. También quieren acallar a quienes defienden a las víctimas.

No hay conflicto en la historia reciente en el que las mujeres y las niñas no hayan sido objeto de violencia sexual, ya sea como forma de tortura, como método para humillar al enemigo o con el fin de sembrar el terror y la desesperación. Esta forma de violencia de género se caracteriza por la casi total impunidad de los agresores y es, a menudo, invisible.

Aunque en el contexto de un conflicto armado, los actos de violencia sexual pueden constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, la mayoría de los países siguen sin abordarla de manera adecuada. Países tan lejanos y tan diferentes como Colombia y la República Democrática del Congo tienen un triste elemento común: los enormes obstáculos que encuentran las víctimas de violencia sexual para acceder a la justicia.

Mientras ellas padecen la estigmatización y las secuelas físicas, psicológicas y económicas por los abusos sufridos con la excusa de la guerra, sus agresores están, en la mayoría de los casos, libres y sin temor a enfrentarse a la justicia.
Los estados deben dejar de permitir que los conflictos se usen como coartada para no rendir cuentas por las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Deben asegurar que estos delitos no vuelven a cometerse garantizando que las víctimas tienen acceso a la verdad, la justicia y la reparación. Deben dejar de defraudar a las víctimas y llevar ante la justicia a quienes han cometido delitos contra ellas.

La violencia sexual contra las mujeres no debe quedar impune. Es una cuestión de respeto básico de la dignidad humana.

 

Amnistía Internacional Tres Cantos

“Por un tratado a prueba de balas” por Amnistía Internacional Tres Cantos

Cada minuto muere una persona en el mundo a consecuencia de la violencia armada. La proliferación sin control de armas convencionales provoca miles de personas heridas y muertas. Son éstas las auténticas armas de destrucción masiva. Y su comercio apenas está controlado.

En julio de este año la comunidad internacional puede cambiar esta situación si como deberían, aprueban un firme y sólido Tratado sobre el Comercio de Armas. No pretende prohibir el uso de las armas, ni su comercialización. Persigue una obviedad: garantizar que no se realizará una venta de armas cuando haya un peligro sustancial de que puedan utilizarse para cometer graves violaciones de derechos humanos.

Sin embargo existen poderosos intereses contrarios a una regulación de este comercio. EEUU, Rusia y China, figuran entre los principales exportadores de armas. A sus intereses económicos y geopolíticos, debe sobreponerse el interés mayor del respeto a los Derechos Humanos. Hay que impedir que en Siria se siga tiroteando impunemente con armamento ruso, que la población civil de Libia haya sido víctima de bombas de racimo españolas, o que las manifestaciones pacíficas en Egipto se repriman con material antidisturbios enviado por EEUU.

Es el momento de actuar. Necesitamos un buen Tratado de Comercio de Armas.

Amnistía Internacional Tres Cantos