“Cuestión de Ética” por Tomás M. Serna

FOTO_TOMASMARTINSERNALa noticia, tal como ha aparecido -y en caso de ser rigurosamente cierta- es indignante, deplorable y repulsiva. Aunque en modo alguno sorprendente. Nadie que sea sincero y posea la suficiente información puede mostrar, a estas alturas, perplejidad por hechos similares…. A no ser, claro está, que su grado de hipocresía, cinismo o estulticia alcancen el nivel necesario para ello.

     El asunto es el siguiente: un sindicato ha denunciado que algunos Ayuntamientos madrileños están pagando menos de lo debido y estipulado, a los desempleados que contratan para realizar trabajos temporales de colaboración social; parece ser, que en aplicación de una orden de la Dirección General de Empleo de la Comunidad de Madrid. Concretamente, según la noticia, el fraude asciende a 300 euros mensuales por debajo de lo que deberían percibir.

     Insisto en que el hecho en sí, si es verídico, aunque resulta patético e infame, no me provoca el menor asombro: es solo una muestra más de la denigrante situación de corrupciones, fraudes, desfalcos y latrocinios que asolan este país desde hace tiempo, y que enfangan por doquier a demasiada gente de la clase política, empresarial e incluso –aún más deleznable- a algunos sindicalistas….Porque de lo que estamos tratando es de algo tan vil e inmoral como robar a trabajadores en situaciones socioeconómicas precarias. Igual de abyecto me parece si es a través de `meter la mano´ en la caja de las subvenciones de los cursos de formación para desempleados; como si es por medio de contratos basura abusivos y mal pagados; u obligando a echar horas extras no remuneradas, etc.   ; o mediante `acciones administrativas´ como las emprendidas por los Ayuntamiento que denuncia esta noticia.

     Y así nos va. Con el desasosiego de levantarnos cada mañana anonadados con una nueva aberración o canallada que nos trae el periódico o la radio…. Por supuesto, nadie dimite ni a casi nadie se le obliga a desalojar su poltrona, ¡hasta ahí podíamos llegar!; o se le sanciona de forma adecuada y ejemplarizante por el delito cometido…. De manera que los `gánsteres´ pueden campar a sus anchas con total impunidad regodeándose de sus hazañas.

     Mientras tanto, el porcentaje de paro sigue siendo estratosférico; la tasa de trabajo temporal y estacional es una de las más altas de Europa (y aumentando); los jóvenes continúan viéndose obligados a emigrar si no quieren morirse de asco con sus títulos académicos o profesionales bajo el brazo, etc., etc…. Menos mal que la inefable ministra de Empleo declara eufóricamente -sin ruborizarse un ápice y conteniendo la risa- que la recuperación “va sobre ruedas”… Y en el fondo, no iría muy descaminada, si añadiera que, en efecto: `sobre ruedas, pero marcha atrás y con el freno de mano echado´; en cuyo caso, un servidor, asentiría sin reparo y aplaudiría enfervorizado su sincera y valiente declaración.

 Hace veinte y cinco siglos Platón escribió: “La situación perfecta y dichosa de un Estado es aquella en donde la política se subordina a la moral”…. Mucho me temo que, tal y como van las cosas, por estos lares estamos a años luz de acercarnos ni de lejos al statu quo que pregonaba el insigne y genial filósofo griego.

Tomás M. Serna 
Exprofesor de Secundaria, comediógrafo, actor y director teatral
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“Lo que la reforma de la Administración Local oculta” por Oscar Jiménez

Oscar Jiménez, alcalde de TorrelagunaUn principio democrático es evitar la concentración del poder. Con la Reforma de la Ley de Bases del Régimen Local lo que se pretende es suprimir o reducir considerablemente una Administración: la Local, en beneficio de la Autonómica. Es un mal extendido establecer una estructura jerárquica entra las distintas Administraciones que conforman el Estado, error en el que caen también demasiados políticos. En la cúspide estaría la Administración Central, en segundo lugar la Autonómica y en último lugar la Local. Un error. Son tres Administraciones, con diferentes competencias; que se complementan y que todas juntas forman la Administración del Estado. Confunden la capacidad de financiación con grados de importancia o de poder. Otra cosa muy distinta es el poder que detentan (**) ­en sentido estricto­ las comunidades en detrimento de los municipios, pero ese es un problema que tal vez requiera un artículo aparte. Con esta reforma se pretende aumentar, aún más, la concentración de competencias en detrimento de los ayuntamientos, en tal grado, que puede poner en peligro la viabilidad de los pequeños municipios. Que en el fondo es lo que desean algunos arbitristas del gobierno y de los medios de comunicación con posiciones más extremas. El pensamiento último, de éstos, es eliminar todos aquellos municipios que no sean rentables. Pero habría que preguntarles cómo se va a medir esa rentabilidad. ¿Sólo con principios puramente contables? Entonces sobrarían la gran mayoría de los pueblos de España. Pura ingeniería social.

Si en la evaluación de rentabilidad se incluyeran otras variables, sin duda se encontrarían razones suficientes para no propiciar la eliminación de tantos municipios y pedanías o similares. Si se despoblasen todos los terrenos de España y se concentraran todos los habitantes en unas pocas poblaciones, se producirían efectos indeseados, como sería el abandono de campos, bosques, montañas y demás tierras agrestes, con consecuencias nefastas. Ya hemos visto que desde que no se explotan los bosques y no se limpian los lechos de los ríos; los incendios son más dañinos y las inundaciones más agresivas. Además se perdería un acervo histórico y cultural de incalculable valor. ¿Alguien se imagina la obra de Miguel Delibes sin estos pueblos que ahora algunos quieren hacer desaparecer? No sé si estos opinadores han valorado el tremendo rompimiento que pudiera producirse en muchas gentes de campo, al eliminarles su medio de vida; ¿tan difícil es comprender que no todos sirven para vivir en grandes ciudades?

Además, es un abuso y un engaño el querer hacer cargar a los pequeños municipios como causantes del gran agujero de la Administración. Más bien siempre han sido los paganos del abandono de las otras Administraciones y, en muchos casos, viven en condiciones bastantes modestas y con unos servicios, en nada envidiables. Claro que habrá habido excesos, pero como en todas las Administraciones. Hasta ahora no se ha oído hablar de evaluaciones de servicios ni de absorción de comunidades por esa orgía de aeropuertos, trenes de alta velocidad, y demás absurdas infraestructuras; pagadas también con los impuestos de los habitantes de los pequeños municipios.

Con la reforma, las corporaciones de los pequeños municipios quedan degradadas absolutamente, tanto, que, para lo que les va a quedar gestionar, tampoco parece que sea necesario el sufragio universal. Tan sólo van a tener que realizar una lista de servicios que les van a dictar desde la Comunidad, y para eso no hacen falta políticos, sino técnicos. La esencia del político es la capacidad de elegir o decidir, no tanto la ejecución. Es establecer las prioridades sobre un presupuesto finito. Si acierta en escoger las prioridades será avalado con los votos de los ciudadanos; y, si se equivoca, serán los vecinos los que le quitaran del cargo. No parece muy democrático que desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se diga ahora, qué servicios pueden darse y cuáles no, y en qué condiciones. De lo que debería preocuparse este Ministerio, en todo caso, es en que no se caiga en endeudamiento. En eso estamos de acuerdo, pero no en cómo lo pretenden hacer. Un político de un pueblo pequeño puede decidir llevar en su programa el mantenimiento de una biblioteca pública, serán los vecinos los que valoren si quieren eso o no; lo que no es aceptable es que ahora una cuestión así se pueda decir desde otra Administración. Esto rompe el principio de subsidiaridad, que dice que los asuntos deben ser gestionados, siempre que sea posible, por la administración más cercana; ya que la cercanía a los problemas, da mayores garantías de que se acierte en la solución.

No es aceptable que por los casos de abusos, de excesos o de delitos de algunos munícipes, se pretenda tutelar a todos los miembros de la Administración Local, como si fueran unos incapacitados y unos sujetos proclives a cualquier corrupción. Desgraciadamente, estos males se pueden repartir entre las distintas Administraciones y nunca se ha planteado la eliminación de competencias o la ejecución de tutelas fuera de la Administración Local.

Subversión democrática en aras de la eficiencia

Uno de los principales argumentos que se utilizan para la justificación de esta reforma es la búsqueda de la eficiencia, pero por más que se van leyendo los distintos anteproyectos, más que la búsqueda de ésta, parece que lo que se pretende es la degradación de la Administración Local. La eficiencia es un principio que debe buscar obsesivamente el político, pero esta búsqueda no puede poner en peligro la democracia. Puede que, efectivamente, sea más barato que se pusiesen funcionarios en todos los órganos de las Administraciones, que fuesen estos trabajadores públicos escogidos por los principios de mérito y capacidad, los que gestionasen los distintos presupuestos, pero antes o después tendrían que tomar decisiones, y para eso nunca estarán investidos de la legitimidad, que sólo se puede obtener por los votos. Saltándose este principio democrático de la legitimidad obtenida por sufragio, el anteproyecto de ley dota de unos poderes excesivos a los interventores, que además del lógico control sobre la legalidad de los actos que realizan los políticos, les da también el control sobre la oportunidad de las decisiones políticas, lo cual subvierte el normal juego democrático. Por esta vía la reforma no será más eficiente, y aunque así lo fuera, no justificaría que la tecnocracia se imponga a la democracia.

Duplicidad de competencias

Otro argumento recurrente entre los defensores de la reforma es que ésta evitará la duplicación competencias. Está claro que todo organismo debe revisar su funcionamiento si no quiere anquilosarse y dejar de ser útil. Sin duda, la crisis nos obliga a hacerlo con celeridad, pero eso no significa que se haga desde un Ministerio sin contar con los que se supone que algo tendrán que decir, que son los alcaldes y concejales. La reforma se impone, no se debate, en virtud a una inteligencia superior que reside en algún conciliábulo del Ministerio.

Es muy probable que los que están en la redacción de este anteproyecto desconozcan profundamente lo que es la vida y la complejidad de los pequeños municipios, porque nadie que lo conozca puede proponer lo que se está proponiendo. Con el articulado del anteproyecto se pierde una oportunidad de clarificar las competencias y la financiación de éstas. Duplicidades que en los ayuntamientos pequeños no existen y que serán mínimas en aquellas localidades donde las haya. Evitar estas supuestas duplicidades no conseguirá apenas ningún ahorro. Lo que si existe es una complejidad en la prestación de los servicios de algunas competencias.

Así es difícil entender que sean los ayuntamientos los que paguen el mantenimiento, la electricidad, los combustibles y a los conserjes de los colegios, donde todo lo demás está a cargo de la Comunidad, ¿dónde está aquí la duplicidad? No hay competencia entre ayuntamiento y comunidad por ver quién echa antes el carburante en la caldera; lo que si hay es un lío, y además muy injusto. Ya que dependiendo del colegio que tenga el municipio, que sea más o menos nuevo, que tenga más o menos calidades constructivas, de que sea más o menos eficiente energéticamente; así gastará más o menos el municipio en su mantenimiento. Casos como éste son los que debería evitar la reforma y clarificar quién debe dar el servicio íntegro; pero teniendo claro todos, que nunca será por evitar una duplicidad sino una complejidad. Evitar la confusión en la financiación de casos como el de la Educación parecía que se hacía imprescindible, máxime cuando se decide emprender una reforma tan ambiciosa.

De la lectura del anteproyecto nada se aclara, todo sigue más o menos igual; o como piensa más de uno, se complica aún más, ya que serán las comunidades las que en un periodo de cinco años se encargarán íntegramente de la gestión, pero los ayuntamientos deberán seguir pagando el mantenimiento. De cómo se hará esto nada se sabe.

Privatización de servicios

La reforma facultará al Ministerio para que establezca los costes estándar de los servicios municipales, y aquellos ayuntamientos que no cumplan con estos costes, tendrán que dejar de prestarlos y serán las diputaciones, o las comunidades las que asuman estos servicios. Parece que serán pocos los pueblos de menos de 20.000 que puedan estar por debajo de estos costes, ya que es sabido que prestar servicios en pueblos pequeños es más caro que hacerlo en grandes poblaciones. Las diputaciones o las comunidades asumirán así un gran paquete de servicios de los municipios. Es más que previsible que estos se privaticen en bloque, para aplicar economías de escala. Este objetivo oculto sí que es uno de los motores de esta reforma, y no otros que se manejan para engañar a los vecinos.

Esta privatización, con toda seguridad traerá aparejada una pérdida de calidad de los servicios y un encarecimiento de las tasas, que con la reforma las fijarán las comunidades o diputaciones y no los ayuntamientos. Ya se sabe que cuanto más alejado esté el político del vecino, más fácil le será tomar decisiones impopulares.

Los municipios, en búsqueda de la eficiencia, cuando se han visto incapaces de prestar un servicio necesario, se han organizado para mancomunarlo. Hay mucho que mejorar y modificar en las mancomunidades, y en eso se debería ocupar la reforma; pero lo que ésta propone es la práctica desaparición de estas entidades en beneficio las diputaciones. Este camino que parece ser el más inteligente y por el que se debería apostar, queda prácticamente abortado en el anteproyecto.

La ineficaz financiación de los Ayuntamientos

Otra oportunidad perdida en esta reforma es lo que se refiere a la financiación local, que más que insuficiente, que también, es ineficaz e injusta. Una gran parte de los ayuntamientos están ya tutelados por vía de las subvenciones, un sistema injusto y proclive a todo tipo de trapacerías políticas por parte de quien las reparte. La financiación por vía de la subvención es además un sistema ineficaz, ya que obliga a todos los ayuntamientos a emplear muchas energías en la elaboración de los concursos, sin saber si finalmente podrán disponer de esos fondos. Los ayuntamientos no deberían concurrir públicamente ni mendigar entre las distintas consejerías. Las corporaciones municipales deberían poder gestionar unos ingresos suficientes y fijos; lo que les permitiría algo tan importante como es la planificación. Con el sistema de subvenciones el intentar planificar es una quimera, ya que nunca se sabe si te darán fondos y si estos se repetirán en el tiempo. El municipalismo no es subvencionable, en la actualidad, en muchas ocasiones el político municipal no rinde cuentas ante la ciudadanía sino ante un Director de Departamento. La Administración Local española está tutelada políticamente y subvencionada financieramente, lo cual es incompatible con la democracia y la Constitución.

La reforma de la Ley de Bases del Régimen Local es un cúmulo de engaños: ahorros, eficiencia, eliminación de duplicidades… con brindis al sol como la reducción de salarios de alcaldes y concejales. Es una subversión democrática con la reducción del poder local a favor de los técnicos y otras administraciones. Y una ocasión perdida para clarificar las competencias entre las distintas administraciones y estudiar una nueva financiación que garantice su ejecución.

(*) Para la realización de este artículo se han recogido algunas opiniones vertidas por Manuel Zafra Víctor en la II Conferencia de Pequeños Municipios del PSM. Manuel Zafra Víctor ha sido director general de Cooperación Local en el Ministerio de Administraciones Públicas (2004-2007), director general de Administración Local en la Junta de Andalucía (2008-2010). Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada.

(**) Detentar: Poseer o retener algo ilegítimamente.

Óscar Jiménez Bajo
Alcalde de Torrelaguna

“Los ayuntamientos son un referente social y deben ser atendidos” por Manuel Robles

Vivimos tiempos difíciles, que necesitan reflexiones y acciones responsables, solidarias con el sufrimiento de las personas que lo están pasando mal por culpa principalmente de  un sistema financiero irresponsable y viciado por la especulación y  la obtención de dinero fácil. Hay incertidumbre  y controversia, protestas en la calle. En medio de estos escenarios  se cuelan con mucha facilidad mensajes llenos de oportunismo y demagogia, nunca fáciles de contrarrestar. Es necesario tener una mirada social, pero actuando con responsabilidad.

Las personas viven en los pueblos, en las ciudades y tienen en sus Ayuntamientos un referente al que acuden en busca de solución a unos problemas complejos y difíciles de solventar con las limitadas competencias y recursos que han dejado a los gobiernos municipales. Los consistorios  sufren unos recortes brutales por parte del Gobierno de España y de la Región, junto con  la anulación de toda posibilidad de crédito para favorecer la inversión y el empleo; lo que hace todavía más difícil el obtener recursos para atender la ingente necesidad de asistencia social que ha sobrevenido detrás de la crisis y su expresión más dura, que es la del desempleo. Pero es justo reconocer que hay ayuntamientos, como es el caso de Fuenlabrada, que están haciendo un gran esfuerzo presupuestario para atender o paliar los efectos de estos  recortes y los efectos de la crisis en muchos de sus vecinos y vecinas, siempre dentro de unas muy limitadas posibilidades. A lo largo de estos años hemos  realizado un ajuste permanente de las cuentas municipales,  relacionando el gasto y los ingresos, equilibrando las cuentas, haciendo una gestión económica honesta, eficiente y austera en el gasto. Todo ello nos ha permitido liberar partidas presupuestarias para destinarlas al gasto social, a la asistencia social, a la ayuda a las familias. Algunas recientes cifras son reveladoras de este esfuerzo, como aumentar en más de 1,5 de euros la dotación para servicios sociales en estos últimos años, siendo en estos momentos un presupuesto global para SS.Sociales cercano a los 12 millones de €. Recientemente hemos destinado 700.000 € en ayudas para libros y material didáctico, 300.000 € en mejoras de colegios, junto con el mantenimiento de la calidad de los servicios municipales y los programas de formación y empleo.

Para hacerse una idea de este esfuerzo hay que precisar y denunciar que todos estos gastos los hace el Ayuntamiento de Fuenlabrada sin tener las competencias y los recursos que pertenecen al Gobierno Regional, o al Estado. Sencillamente porque no nos transfieren los fondos necesarios para cubrirlos en su necesidad más básica. Y de cara al presupuesto de 2013 va a ser mucho peor, como hemos podido comprobar en las transferencias que el Estado va realizar a las Comunidades y Ayuntamientos.

También hay que expresar nuestra disconformidad  respecto a que la ley de Estabilidad Presupuestaria nos trate a todas las administraciones por igual, tanto a las que cumplen como es el caso del Ayuntamiento de Fuenlabrada, como a las que han hecho una gestión deficiente y se han endeudado de forma desorbitada, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid. No todos somos iguales. Es  necesario compensar al que cumple. Es necesario pensar en clave social.

Manuel Robles
Alcalde de Fuenlabrada

“La luz al final del túnel” por Juan Luis Merino

Corría el año 2006 cuando un alcalde de un pequeño municipio del sur de Madrid me confesó su miedo a que los Ayuntamientos se pudieran convertir en uno de los principales problemas económicos de nuestra sociedad por lo que el regidor denominó entonces una “huida hacia adelante”. La asunción de nuevas competencias obligaba a los Ayuntamientos, según su análisis, a desarrollar nuevos sectores que, a su vez, necesitaban nuevas inversiones y equipamientos, en un círculo vicioso que solo quedó interrumpido con el estallido de la burbuja inmobiliaria.

La pérdida sorpresiva de ingresos cogió de improviso a los Consistorios que, cada año, acostumbraban a incrementar sus presupuestos y competir por ofrecer cada vez más servicios, organizar las mejores fiestas y construir los mejores equipamientos, fueran o no necesarios para sus respectivas localidades.

Hoy, seis años después, autónomos, pymes y grandes compañías ven con expectación y, en muchos casos, como última esperanza, la salida planteada por el Gobierno central para tratar de cobrar las facturas impagadas acumuladas en los cajones de la Administracion local después de una situación “kafkiana” en la que  las pequeñas y medianas empresas, la mayoría radicadas en estos mismos municipios, han sido las que han tenido que financiar a los Consistorios a costa de despedir a sus propios trabajadores y rozar –o en muchos casos, alcanzar- la quiebra.

Todo ello en medio de una crisis financiera que, además, ha agravado la situación de unos y otros. Al final, el análisis del ahora ex alcalde de esta pequeña localidad del sur de Madrid se quedó corto. Los Ayuntamientos se han convertido en la auténtica pesadilla de imprentas, cerrajerías, restaurantes y de todo tipo de empresas de servicios que confiaron en la “seguridad” de pago que ofrecía la Administración para desarrollar sus trabajos. Ahora, empresarios y Ayuntamientos podrán comenzar a ver la luz al final del túnel a cambio de duros ajustes y controles durante los próximos 10 años, los mismos que las pymes y los autónomos han tenido que adelantar ya en sus propias carnes y bolsillos.

 

Juan Luis Merino
Periodista