ONG españolas denunciaron ante Naciones Unidas los recortes de derechos sociales impulsados por el gobierno español

Durante los días 7 y 8 de Mayo tuvo lugar en Ginebra la comparecencia del Estado español ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC). Este comité se encarga de supervisar estos derechos, que incluyen, entre otros, el derecho a una vivienda adecuada, a la salud, a un trabajo digno, y a una educación de calidad; derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que se creó en 1966 y fue ratificado por el Estado español en 1977.
En este proceso de rendición de cuentas, el Gobierno español presentó un informe que se limitó a reproducir la normativa vigente en los últimos años. Amnistía Internacional y una coalición de 19 organizaciones representadas por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), por el Centro para los Derechos Económicos y Sociales (CESR) y por el Observatorio de los Derechos Económicos Sociales y Culturales presentaron dos informes alternativos y expusieron sus preocupaciones sobre los Derechos Humanos en España ante el Comité DESC.

Todas las organizaciones participantes en la coalición coincidieron en asegurar que los derechos económicos, sociales y culturales están gravemente amenazados en nuestro país.

Las ONG se muestran consternadas por las medidas regresivas y discriminatorias tomadas en las últimas semanas que afectan a derechos sociales e insisten en que es precisamente en la actual situación de crisis económica, cuando los gobiernos deben hacer el máximo esfuerzo posible para garantizar los derechos sociales básicos de quienes sufren el brutal impacto de la crisis y deben, además, rendir cuentas sobre las medidas que están empleando para garantizar estos derechos.
Sobre el derecho a la vivienda, las organizaciones reclaman prohibir de manera efectiva los desalojos forzosos. Y, en caso de que estos sean ineludibles, recuerdan la obligación de los poderes públicos de proveer un realojo adecuado a las personas que lo necesiten y de implicar a los afectados en las decisiones que les afecten, de acuerdo a la normativa internacional.
En lo que respecta al derecho a la salud, tanto física como mental, los representantes de la sociedad civil piden que se evalúe el impacto de cualquier recorte o medida anticrisis en relación al ejercicio de este derecho y que se asegure que los requisitos para acceder a los servicios médicos no crean barreras de acceso. En este sentido, las organizaciones muestran una gran preocupación ante la reciente reforma sanitaria, con la que sólo se prestará atención sanitaria a las personas migrantes mayores de edad en situación irregular en casos de urgencias y asistencia al embarazo, parto y posparto.
Esta decisión supone un retroceso, de más de una década, en el disfrute del acceso a la salud de un colectivo que se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad. Incluso llegando a poner en peligro su derecho a la vida.

Las ONG de derechos humanos lamentan la desprotección de la población trabajadora que suponen las recientes reformas laborales y alertan sobre la problemática del desempleo que ya afecta a más de cinco millones y medio de personas.
Manifiestan también su inquietud por la falta de adecuada protección a las víctimas de la violencia de género. En este campo, consideran que se debe garantizar la implementación de las leyes existentes.
Además, el Gobierno debe, en coordinación con las comunidades autónomas, marcar unos criterios comunes de servicios públicos básicos de asistencia a mujeres afectadas por la violencia. En ningún caso esos mínimos deberían verse afectados por las medidas de reducción del gasto público.
Otro gran eje de preocupaciones es el que afecta a la discriminación que sufre la población gitana, las personas con discapacidad, el colectivo inmigrante, las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), las que sufren discriminación por motivos de género y de edad en el acceso a derechos básicos como la educación, el empleo, y la vivienda.
Las organizaciones han planteado su preocupación por los significativos recortes financieros a la cooperación internacional para el desarrollo y la necesidad de un modelo centrado en la lucha contra la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Los informes presentados por las ONG ante el Comité DESC apuntan a que el actual retroceso en materia de derechos sociales se corresponde con su insuficiente reconocimiento en la Constitución Española (en donde se consagran como meros principios rectores, en lugar de como auténticos derechos fundamentales) y con un desarrollo legislativo claramente insuficiente de los mismos. Ello hace que el acceso a un recurso judicial efectivo y a la reparación por las violaciones a estos derechos constituyan una asignatura pendiente.

Amnistía Internacional Tres Cantos

 

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“Shell, ni paga ni limpia” por Amnistía Internacional

Amnistía Internacional, organización que lleva trabajando desde hace más de cincuenta años para que se respeten los derechos humanos en todo el mundo y que cuenta con el premio Nobel de la Paz, está desarrollando en estas semanas una acción bajo el lema “Shell, ni paga ni limpia”, para pedir a la empresa petrolera que sufrague la limpieza de los vertidos que ha provocado en la zona del Delta del Níger, aportando los mil millones de dólares que el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estima necesarios para ello.

La organización exige también a la empresa que reconozca su responsabilidad en el deterioro medioambiental del delta y que pague indemnizaciones a las comunidades afectadas por las vulneraciones de derechos humanos que ha cometido. Shell, que duplicó sus beneficios en el tercer trimestre de 2011, alcanzando los 7.000 millones de dólares, ofreció inicialmente a la comunidad de Bodo (Nigeria), la más afectada por los vertidos, tan sólo 50 sacos de arroz, alubias, azúcar y tomates como compensación por el desastre.

Las consecuencias que la actividad de Shell ha producido en el ecosistema de la zona, una de las regiones con mayor biodiversidad de África, quedan descritas en el informe “La verdadera Tragedia. Demorase inacción frente a los vertidos de petróleo en el Delta del Níger”, elaborado por Amnistía Internacional y el Centro para el Medio Ambiente, los Derechos Humanos y el Desarrollo (CEHRD). La ONU calcula que podría tardarse más de 25 años en rehabilitar la zona.

Entre los años 1976 y 2001 se registraron más de 6.800 vertidos en el Delta del Níger. En Bodo, enla región Ogoni, dos vertidos de Shell propiciaron en 2008 el derrame de miles de barriles de petróleo debido a fallos en un oleoducto dela compañía. Tres años después, la contaminación producida por ese escape no ha sido limpiada correctamente y el impacto sobre el medio ambiente y los derechos humanos de las personas afectadas ha sido enorme.

Lo más grave es que lo sucedido en Bodo no es un caso aislado, sino un ejemplo extensible a toda la región. Los vertidos han contaminado el agua, las tierras cultivables y los caladeros de pesca que dan sustento a la población. Las reservas de mariscos, de cuya recolección depende la subsistencia de las mujeres, se han visto también afectadas.

A esto se añaden los serios problemas de salud que afrontan los habitantes de la zona a consecuencia de los vertidos. Uno de los hechos más graves descubiertos es la contaminación del agua potable, con el riesgo que esto conlleva para la población. En uno de los casos estudiados por el PNUMA, el agua contenía niveles de un conocido agente cancerígeno 900 veces superiores a los señalados en las directrices dela Organización Mundial de la Salud.

Se estima que el petróleo ha generado en Nigeria alrededor de seiscientos mil millones de dólares desde la década de los 60. De hecho, el sector del petróleo y del gas representa casi el 80% de los ingresos del Estado. Sin embargo, la mayoría de la población de la zona continúa sumida en la pobreza.

La compañía, que había admitido inicialmente que los vertidos habían sido producidos por defectos en el mantenimiento de sus oleoductos, culpa ahora de ellos a los sabotajes en sus instalaciones. Así, Shell intenta evadir el cumplimiento de la legislación nigeriana, que establece que la compañía debe limpiar el vertido y pagar indemnizaciones.

Shell asegura además que “responde de inmediato” a los vertidos que realiza. Sin embargo, Naciones Unidas confirmó que en los vertidos de Bodo de 2008 el petróleo continuó brotando semanas después de que éstos fueran denunciados y que las zonas que según la compañía se habían limpiado continuaban contaminadas.

Independientemente de la causa de los vertidos, Amnistía Internacional y la CEHRD instan a Shell a cumplir con su obligación de limpiar las zonas afectadas, aliviando así los daños causados, que afectan según el PNUD a más del 60% de la población.

Petróleo y conflicto son ya tristes rasgos distintivos del delta del Níger. Shell ha ennegrecido con vertidos e irresponsabilidad la vida de miles de personas y ahora es su nombre el que está manchado. La compañía debe reparar inmediatamente el daño que han producido sus actividades durante los cincuenta años en los que éstas han quedado impunes.

Para lograr estos objetivos, activistas de AI en todo el mundo recogerán firmas que se entregarán en el marco de la próxima asamblea general de la empresa multinacional anglo-holandesa.

Amnistía Internacional Tres Cantos

“La violencia contra las mujeres. Una lucha por la dignidad humana” por Amnistía Internacional Tres Cantos

La vulneración del derecho de las mujeres a su libertad e indemnidad sexuales es sin duda una de las más dramáticas violaciones de los derechos humanos, tanto por lo que supone de atentado contra su dignidad como personas, como por las secuelas irreparables que producen física y psicológicamente.

En los países democráticos en los que rige el imperio de la ley como salvaguardia de los derechos sociales e individuales, las vulneraciones contra la libertad sexual de las mujeres son castigadas severamente. A pesar de ello, siguen cometiéndose graves delitos cuya única explicación sólo se puede encontrar en la tergiversada concepción que algunos hombres mantienen sobre las mujeres, arraigada en unos valores culturales inaceptables, según los cuales el machismo, la supremacía del hombre que justifica la dominación de la mujer, encuentra su mayor cobijo.

Afortunadamente, lenta pero inexorablemente, esos valores culturales, que eran dominantes hasta hace pocas décadas, van perdiendo fuerza frente a una cada vez más extensa consideración de la mujer en términos de igualdad con el hombre. El movimiento feminista, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, y, en definitiva, el conjunto de ciudadanos y ciudadanas que luchan día a día por una mayor profundización de los valores democráticos en nuestras sociedades están contribuyendo de manera eficaz para que se produzca ese cambio de valores.

Sin embargo, ese ideal de igualdad entre hombres y mujeres se muestra inaccesible en muchos otros países donde el respeto por los derechos humanos ocupa un lugar secundario frente a las luchas fratricidas, la miseria o el despotismo más intolerable.
En ese entorno, los conflictos armados afectan a las mujeres y las niñas de manera especial y, a menudo, desproporcionada, e influyen en los tipos de violencia que sufren. Este es el caso de la violencia sexual.

En situaciones de conflicto, todas las partes implicadas, ya sean fuerzas de seguridad del estado o grupos armados, utilizan las violaciones como arma de guerra, a veces de manera sistemática y masiva.

Quienes cometen estos delitos pretenden aterrorizar a las víctimas y, a través de su sufrimiento, castigar y doblegar a sus familias y comunidades, que se resisten a someterse a uno u otro bando. También quieren acallar a quienes defienden a las víctimas.

No hay conflicto en la historia reciente en el que las mujeres y las niñas no hayan sido objeto de violencia sexual, ya sea como forma de tortura, como método para humillar al enemigo o con el fin de sembrar el terror y la desesperación. Esta forma de violencia de género se caracteriza por la casi total impunidad de los agresores y es, a menudo, invisible.

Aunque en el contexto de un conflicto armado, los actos de violencia sexual pueden constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, la mayoría de los países siguen sin abordarla de manera adecuada. Países tan lejanos y tan diferentes como Colombia y la República Democrática del Congo tienen un triste elemento común: los enormes obstáculos que encuentran las víctimas de violencia sexual para acceder a la justicia.

Mientras ellas padecen la estigmatización y las secuelas físicas, psicológicas y económicas por los abusos sufridos con la excusa de la guerra, sus agresores están, en la mayoría de los casos, libres y sin temor a enfrentarse a la justicia.
Los estados deben dejar de permitir que los conflictos se usen como coartada para no rendir cuentas por las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Deben asegurar que estos delitos no vuelven a cometerse garantizando que las víctimas tienen acceso a la verdad, la justicia y la reparación. Deben dejar de defraudar a las víctimas y llevar ante la justicia a quienes han cometido delitos contra ellas.

La violencia sexual contra las mujeres no debe quedar impune. Es una cuestión de respeto básico de la dignidad humana.

 

Amnistía Internacional Tres Cantos

“Parar el racismo, no a las personas” por Amnistía Internacional

El 21 de marzo es el Día Internacional contra el Racismo. En España tenemos motivos suficientes para no dejar pasar de largo esta conmemoración porque, a pesar de que las leyes prohíben la discriminación racial, numerosas personas la sufren cada vez que la policía les para pidiéndoles su identificación simplemente porque “parece que no son españoles”.

Paran a estas personas cuando van a trabajar o en la puerta del supermercado, una y otra vez. Y no porque hayan cometido algún delito, sino simplemente para pedirles los papeles.

La única razón que explica que se los pidan a unas personas y no a otras es el color de la piel. La gente que observa la escena piensa: “si le paran, es porque ha hecho algo. Seguro que es un delincuente…”

Estas redadas que la policía hace en muchas ciudades de España son discriminatorias y además, fomentan el racismo y la xenofobia por parte precisamente de quienes deberían combatirlo.

Hoy es el día para recordar a las autoridades que hay que parar el racismo, no a las personas.

Amnistía Internacional Tres Cantos

“Por un tratado a prueba de balas” por Amnistía Internacional Tres Cantos

Cada minuto muere una persona en el mundo a consecuencia de la violencia armada. La proliferación sin control de armas convencionales provoca miles de personas heridas y muertas. Son éstas las auténticas armas de destrucción masiva. Y su comercio apenas está controlado.

En julio de este año la comunidad internacional puede cambiar esta situación si como deberían, aprueban un firme y sólido Tratado sobre el Comercio de Armas. No pretende prohibir el uso de las armas, ni su comercialización. Persigue una obviedad: garantizar que no se realizará una venta de armas cuando haya un peligro sustancial de que puedan utilizarse para cometer graves violaciones de derechos humanos.

Sin embargo existen poderosos intereses contrarios a una regulación de este comercio. EEUU, Rusia y China, figuran entre los principales exportadores de armas. A sus intereses económicos y geopolíticos, debe sobreponerse el interés mayor del respeto a los Derechos Humanos. Hay que impedir que en Siria se siga tiroteando impunemente con armamento ruso, que la población civil de Libia haya sido víctima de bombas de racimo españolas, o que las manifestaciones pacíficas en Egipto se repriman con material antidisturbios enviado por EEUU.

Es el momento de actuar. Necesitamos un buen Tratado de Comercio de Armas.

Amnistía Internacional Tres Cantos