“Formación profesional” por Juan Torres García

FOTO_JUAN_TORRESEn un país que se considerase normal la máxima preocupación de sus gobernantes tendría que ser la felicidad y el bienestar de sus ciudadanos, y por tanto la educación sería una de sus prioridades. Una buena educación pública garantiza la equidad y la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, con lo que se consigue poner cierto freno a esto que se ha venido en llamar economía de mercado, y que hoy en día, llamando a las cosas por su nombre, es capitalismo salvaje, donde las reglas de juego las imponen el poder económico y financiero, mientras que el político se ha quedado como guardián de los intereses de los dos primeros.

Como bien he dicho, en un país normal, cuando su tasa de desempleo fuera el 25% de la población activa, la obligación de su gobierno sería, entre otras,  realizar políticas educativas encaminadas a mejorar la formación profesional de sus ciudadanos en paro. Nuestra desgracia reside en que ésta no es una prioridad para el nuestro. Se supone que tendríamos que estar aprovechando estos dramáticos momentos para formar más y mejor a nuestros ciudadanos, especialmente a los parados y a los jóvenes, dedicando más recursos a este fin. La realidad es todo lo contrario: las administraciones públicas lo que están haciendo es recortar presupuesto tanto en educación como en formación profesional en cualquiera de sus modalidades. En estos últimos años se han eliminado grupos en los grados medios y superiores de formación profesional, dejando sin poder estudiar a miles de jóvenes y parados que querían aprovechar el periodo de desempleo para formarse. Así ha pasado en uno de los institutos de San Sebastián de los Reyes, donde se ha eliminado un grupo en el grado medio de Anatomía Patológica, dejando sin plaza a una centena de estudiantes que se han venido a sumar al otro centenar que por falta de plazas se han quedado fuera en los grados superiores. Éste es un solo ejemplo de recortes,  supongo que en el resto de institutos de mi ciudad y de la Comunidad habrá ocurrido lo mismo.

Está claro que el Gobierno del Sr. Rajoy añora el pasado, y que muchas de sus actuaciones van encaminadas a rescatar situaciones de otras décadas que creíamos felizmente superadas. Esto ocurre con la regulación de la Formación Profesional en la nueva y protestada Ley de Educación del ministro Wert. La creación de la nueva Formación Profesional Básica nos devuelve a los tiempos de la segregación de alumnos en los que, y lo digo con absoluto respeto, a los “torpes” se los mandaba a F.P. y a los “mejores” a Bachillerato. El problema es que muchos de los “mejores” están decidiendo no ir a Bachillerato,  puesto que asumen que debido a los recortes no van a tener becas y que tampoco van a poder pagar las altas tasas universitarias, optando finalmente por intentar estudiar un módulo profesional en el que no tienen asegurada plaza. Por otro lado el Sr. Wert se saca de la manga la nueva F.P. básica para invitar a determinados alumnos a abandonar la ESO a los 15 años y pasarse a esa nueva F.P. Y pretende que tanto las familias como el profesorado seamos sus cómplices. Soy consciente de que en muchas aulas de secundaria se viven situaciones complicadas generadas por algunos alumnos que no sienten ninguna motivación por estudiar y que año tras año pasan a engrosar las cifras de fracaso escolar, pero el ministro tendría que saber que el fracaso escolar y la desmotivación de estos estudiantes solo se combate y cambia aportando medios y recursos desde las primeras etapas educativas (infantil y primaria).

Con recortes de profesorado, con eliminación y masificación de aulas, con eliminación de ayudas y becas, con introducción de reválidas desde la educación primaria, o con segregación de alumnos desmotivados o con dificultades a los 15 años, NO SE REBAJA EL FRACASO ESCOLAR NI AUMENTA EL RENDIMIENTO ESCOLAR. El gobierno no hace una ley para atajar el fracaso y abandono escolar, hace una ley para ahorrar, expulsando de la educación al sector más desfavorecido de la sociedad. El ejemplo claro lo tenemos en esta nueva F.P. Básica y la consecuencia es que al final no pueden estudiar ni los “peores” ni tampoco los “mejores” de la clase trabajadora.

Tengo que reconocer que los actuales gobernantes saben llevar  el agua a su molino, aprovechando el malestar existente en la sociedad sobre determinados asuntos. Que hay alumnos que molestan en la ESO, pues creamos la F.P. Básica y los mandamos allí; que el informe PISA nos da una nota mediocre,  pues hablamos de aumentar el esfuerzo de los estudiantes y justificamos así la eliminación de ayudas educativas y económicas a las familias con más dificultades. ¡Quién quiera refuerzos y ayudas complementarias que se las pague! Que se hacen públicos los fraudes y corruptelas en los cursos de formación para trabajadores activos o en paro, pues los eliminamos tal y como pretende la Comunidad de Madrid. Lo que no nos cuentan las autoridades madrileñas, o andaluzas, es cómo ha sido posible que durante años se hayan estado produciendo estas estafas y no se dieran o no se quisieran dar cuenta de su existencia, lo más probable es que no les interesara. Lo importante es aprovechar el momento de indignación popular para quitar los fondos para la formación de los trabajadores. Fondos que últimamente tanto la Comunidad como muchos ayuntamientos han reducido a la mínima expresión. De nuevo la máxima de que quien quiera formarse que se lo pague.

De todas maneras éstos no son temas para tenernos demasiado preocupados: ¿a quién le puede preocupar la educación teniendo el Mundial de Brasil en puertas?

Juan Torres
AMPA “Buero Vallejo” de San Sebastián de los Reyes

“8 de marzo. La igualdad real sigue siendo un reto pendiente” por Esperanza Fernández

Esperanza Fernández, portavoz UPyD GetafeAfortunadamente pasaron en nuestro país los tiempos en los que había desigualdad jurídica entre hombres y mujeres. Pero no ha llegado aún el momento en el que podamos hablar de que exista  igualdad real y efectiva. Por ese motivo, seguir conmemorando el 8 de marzo como fecha señalada de reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres tiene pleno sentido. Sin ánimo de agotar la relación de ámbitos de desigualdad, quiero detenerme en algunos.

Se habla de brecha o discriminación salarial cuando la diferencia salarial no se justifica por la diferencia de valor del trabajo sino por el hecho de ser hombre o mujer. Según datos recientes de la Comisión Europea, España se encuentra entre los 5 países de UE donde ha aumentado la brecha salarial entre hombres y mujeres, situándose actualmente en el 17,8%, mientras que la media comunitaria es del 16,4%. Otras fuentes nacionales, tales como las que aportan los sindicatos UGT y CCOO, reflejan una ampliación sustancial de la brecha, pues en sus últimos informes disponibles correspondiente a 2011, la estiman en un 23% aproximadamente, lo que significa que una mujer tiene que trabajar 84 días más al año para obtener el mismo salario que un hombre, a igual trabajo, se entiende, o, dicho en otros términos, en el periodo 2008-2011, los hombres ganaron de promedio 5.900 € más que las mujeres. En sectores como el de hostelería la diferencia se amplía hasta el punto de que las mujeres ganan de media un 49,26 % menos que los hombres. Otro dato revelador que aportan los diversos estudios es que la mejor formación no se traduce en una disminución de las diferencias puesto que en profesiones científicas y técnicas también existen diferencias que pueden llegar al 30,54%.

Las diferencias salariales, el empleo precario y el trabajo a tiempo parcial involuntario se traducen también, como es obvio, en diferencias en las prestaciones de desempleo, tanto en su duración como en su cuantía, y en las de jubilación o enfermedad. La feminización de la pobreza es, pues,  más que un concepto; es una realidad. Y una realidad que hace ver como lejano el horizonte de igualdad.

Si no se avanza, e incluso se retrocede, en el ámbito laboral, la participación de la mujer en la vida pública se encuentra también actualmente con otros obstáculos relacionados con los recortes sociales, sobre todo por su incidencia en la gestión de la dependencia. También la tardanza en abordar la racionalización de horarios que permitan la corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de los hijos repercute en la participación de la mujer en la vida pública.

En cuanto a la violencia machista, pese a la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,  las cifras de mujeres asesinadas y de órdenes de protección siguen siendo estremecedoras. El tratamiento integral de este problema fue un acierto pero es claro que se debe hacer un diagnóstico de la efectividad de la ley y modificarla, en su caso, porque algo no está funcionando como debiera. Se ha dicho tantas veces que la clave puede estar en la educación de los niños y adolescentes que puede resultar ocioso repetirlo, pero tanta reiteración no se ha reflejado en la puesta en marcha de programas sistemáticos en el ámbito educativo.

Son solo algunas pinceladas que intentan llamar la atención sobre cosas que restan por hacer en el camino hacia la igualdad. Esta llegará cuando se cumplan requisitos tales como: que no haya brecha salarial entre hombres y mujeres; que sea similar a la de los hombres la presencia de las mujeres en las instituciones y en todos los ámbitos de la vida pública; que no haya víctimas de violencia de género;  que se haya conseguido acabar con las redes de trata de seres humanos, cuyas víctimas mayoritarias son mujeres, o que no haya ningún gobierno que se atreva a dar pasos atrás en logros conseguidos como el de la libertad para elegir sin tutelas sobre la interrupción del embarazo. Mientras tanto, cada 8 de marzo tendremos que recordar que estos retos están pendientes y el resto del año trabajar para el logro de esa igualdad real y efectiva.

 

Esperanza Fernández Acedo
Concejal portavoz Grupo Municipal de UPyD Getafe

“Su entrevista, gracias” por Guillermo Infantes Capdevilla

FOTO_GUILLERMOINFANTES¿Por qué es el presidente de la Asociación Nacional del Cigarrillo Electrónico? La respuesta por parte del entrevistado ─ que obviamente se trata del presidente de dicha asociación – no habla de amores a primera vista con la profesión, ni de ilusiones pueriles y fantasiosas sobre el idílico mundo de los sustitutivos del tabaco, tampoco de los muchos cánceres de pulmón que se pueden evitar con su épica labor de firme defensor de la causa de los cigarros de vapor.

La respuesta aglutina una cantidad de sinceridad que según la vi pensé que me iba a afiliar yo también a la organización que esta persona representa. “Porque me va el barro. Me interesa por currículo. Contactos voy a hacer muchos. He conocido a una persona en Hacienda, a otra en Sanidad… A lo mejor mañana hablo con ellos de otros temas”.

 

O-L-E

Esta entrevista la pueden ojear si acuden a la contraportada del ejemplar de EL PAÍS del pasado domingo, es decir, son unas declaraciones que este señor representante de la industria tabacalera de mofa sabe que van a trascender y que van a llegar a muchos lectores. Es realmente admirable cómo lo dice, sin tratar de buscar los romanticismos en los que muchos nos enredamos a la hora de explicar por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Me hubiese gustado que en una entrevista a Chicote éste hubiera declarado: “supe que me iba a poner las botas de gratis”. O a Bárcenas soltando un “yo sabía que ser tesorero del PP era la mejor manera de ganar dinero a espuertas”. Con esto no quiero comparar para mal la respuesta de este representante del cigarrillo electrónico, sino más bien todo lo contrario, alabar la manera en la que lo dice, sin tapujos.

Asimismo, aclara en la entrevista que lo mejor es ni fumar ni vapear (entiéndase como fumar cigarrillos electrónicos) y recomienda a la periodista que lo entrevista que si no fuma tabaco no pruebe el cigarrillo electrónico. Aún estoy esperando a que el vaquero de Marlboro descabalgue, resucite y reconozca que eso de fumar era malo después de esto.

Si han tenido la oportunidad de ver la película “Gracias por Fumar”, dirigida por Jason Reitman y basada en la novela de Christopher Buckley (gracias filmaffinity) podrán comprobar que la imagen que se ha tenido siempre del mundo de las tabacaleras es la de un lobby plagado de capullos neoliberales sin escrúpulos, lo cual choca frontalmente con la actitud del entrevistado por EL PAÍS.

¿Cambiará el panorama del tabaco en nuestro país? ¿Prohibirán fumar vapor en espacios públicos? ¿Sería Ud. capaz de explicar por qué trabaja donde trabaja con el mismo pragmatismo?

Guillermo Infantes Capdevila
Representante estudiantil UC3M
Área de Estudiantes del Consejo de la Juventud de Alcobendas

“Cuando dejamos que la sombra crezca” por Víctor Granado

FOTO_VICTORGRANADOEn su análisis del desarrollo de los movimientos totalitarios Hannah Arendt señala que éstos se originaron a partir de elementos pre-totalitarios presentes en los sistemas políticos europeos de comienzos del siglo XX. Elementos (pre- o proto-) totalitarios en la medida en que suponían una zona de sombra, de injusticia, de excepcionalidad e impunidad que posteriormente catalizó en una nueva forma de gobierno. Junto al concepto y el análisis del totalitarismo Arendt nos lega la tarea de la crítica constante de la colectividad política que habitamos como tarea ciudadana. El deber de estar vigilantes ante la aparición de nuevas zonas de sombra que albergan nuestras sociedades democráticas.

Pues bien, desde el 27 de febrero de 2014 la justicia universal es historia en España. Con 180 votos a favor y 137 en contra el Congreso de los diputados acabó con la Justicia Universal mediante la aprobación de la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante, LOPJ), relativa a la Justicia Universal. La LOPJ es contraria tanto al derecho internacional como a la constitución española en la medida en que impide definitivamente que crímenes internacionales en contra de la humanidad de las víctimas puedan ser perseguidos por el Estado con independencia del lugar donde se hayan cometido y de la nacionalidad de víctimas y victimarios. Lo que había sido un mecanismo para combatir la impunidad que el poder presta a la violencia y un mecanismo horizontal de salvaguarda de los derechos humanos desaparece de la arquitectura jurídica del Estado español sin mayor revuelo. Es cierto que ese camino se inició ya en 2009 con la importante limitación de la jurisdicción universal de la Audiencia Nacional pero ahora ha sido enterrado por completo.

La reforma del artículo 23.4 de la LOPJ supone la derogación inmediata (el gobierno prevé la entrada en vigor de la modificación el 21 de marzo) del principio de justicia universal en España y con ello el carpetazo definitivo investigaciones llevadas a cabo en la Audiencia Nacional sobre casos como “el caso Couso”, los vuelos de la CIA, las torturas en Guantanamo, crímenes de guerra en Irak, el genocidio en Guatemala, en Ruanda, en el Tibet, los asesinatos en El Salvador, el genocidio del pueblo saharaui y el asesinato de Carmelo Soria bajo la dictadura chilena, todos ellos instruidos en los juzgados centrales 1,2,3,4,5 y 6 de la Audiencia Nacional.

Como señala Manuel Ollé Sesé (abogado y profesor de Derecho Penal de la UCM) crea víctimas de primera y segunda categoría en tanto que “una víctima española de terrorismo encontrará amparo judicial en España, mientras que una víctima española de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra o tortura, no, salvo la presencia de otros nexos de conexión, de muy difícil aparición”. Y de esta forma la reforma “olvida intencionadamente que (la Justicia Universal) es un principio -no de creación nacional- sino derivado del Derecho internacional, basado en un interés -no nacional- sino supranacional y que posibilita a los tribunales nacionales ejercer la justicia penal, en representación de la comunidad internacional, para el enjuiciamiento de los crímenes internacionales más graves”. Escudándose en la existencia de convenios internacionales al respecto y de la existencia del Tribunal Penal Internacional el congreso de los diputados ha decidido en lectura única y mediante tramitación de urgencia obviar que “habida cuenta de que la impunidad existe principalmente cuando las autoridades del país en el que se han cometido los delitos no actúan, es importante que los sistemas de justicia civil y penal de todos los demás países puedan intervenir para juzgar dichos delitos en nombre de la comunidad internacional y conceder reparaciones a las víctimas”. De nada han servido las 70.000 firmas de ciudadanos recogidas por AI para la paralización de la reforma. 163 estados dan cabida en su legislación a la Justicia Universal. Esto no es óbice para que a pesar de ello los procesos de este tipo siempre deban enfrentarse a muchos y poderosos obstáculos pero desde ahora España ya no forma parte de esa nómina de países. Nuestra sociedad ha dado la espalda a los Derechos Humanos y ha permitido que el poder haga imposible lo que hasta ahora era una obligación -para más de 120 organizaciones nacionales e internacionales esto supone una violación de las obligaciones internacionales de España, y así lo han hecho llegar a la ONU y al Parlamento Europeo-.

La escasa protesta ciudadana, la falta de crítica pública y la oscuridad de la reforma legislativa y de las funestas consecuencias de la misma dan cuenta del imperio de la impunidad en España y de la debilidad de la conciencia pública de nuestra sociedad. No sólo es necesaria la crítica política sino la autocrítica ciudadana. Cuando dejamos que  crezca la sombra permitimos que aumenten los espacios de injusticia e impunidad en nuestra colectividad política. Cuando no nos preocupamos por ello damos cuenta de la falta de interés por el aspecto del mundo en que vivimos y damos el verdadero reflejo de la sociedad que hemos construido.

Víctor Granado Almena
Profesor de Filosofía
Investigador dedicado al estudio de las migraciones y a los DD.HH.