ONG españolas denunciaron ante Naciones Unidas los recortes de derechos sociales impulsados por el gobierno español

Durante los días 7 y 8 de Mayo tuvo lugar en Ginebra la comparecencia del Estado español ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC). Este comité se encarga de supervisar estos derechos, que incluyen, entre otros, el derecho a una vivienda adecuada, a la salud, a un trabajo digno, y a una educación de calidad; derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que se creó en 1966 y fue ratificado por el Estado español en 1977.
En este proceso de rendición de cuentas, el Gobierno español presentó un informe que se limitó a reproducir la normativa vigente en los últimos años. Amnistía Internacional y una coalición de 19 organizaciones representadas por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), por el Centro para los Derechos Económicos y Sociales (CESR) y por el Observatorio de los Derechos Económicos Sociales y Culturales presentaron dos informes alternativos y expusieron sus preocupaciones sobre los Derechos Humanos en España ante el Comité DESC.

Todas las organizaciones participantes en la coalición coincidieron en asegurar que los derechos económicos, sociales y culturales están gravemente amenazados en nuestro país.

Las ONG se muestran consternadas por las medidas regresivas y discriminatorias tomadas en las últimas semanas que afectan a derechos sociales e insisten en que es precisamente en la actual situación de crisis económica, cuando los gobiernos deben hacer el máximo esfuerzo posible para garantizar los derechos sociales básicos de quienes sufren el brutal impacto de la crisis y deben, además, rendir cuentas sobre las medidas que están empleando para garantizar estos derechos.
Sobre el derecho a la vivienda, las organizaciones reclaman prohibir de manera efectiva los desalojos forzosos. Y, en caso de que estos sean ineludibles, recuerdan la obligación de los poderes públicos de proveer un realojo adecuado a las personas que lo necesiten y de implicar a los afectados en las decisiones que les afecten, de acuerdo a la normativa internacional.
En lo que respecta al derecho a la salud, tanto física como mental, los representantes de la sociedad civil piden que se evalúe el impacto de cualquier recorte o medida anticrisis en relación al ejercicio de este derecho y que se asegure que los requisitos para acceder a los servicios médicos no crean barreras de acceso. En este sentido, las organizaciones muestran una gran preocupación ante la reciente reforma sanitaria, con la que sólo se prestará atención sanitaria a las personas migrantes mayores de edad en situación irregular en casos de urgencias y asistencia al embarazo, parto y posparto.
Esta decisión supone un retroceso, de más de una década, en el disfrute del acceso a la salud de un colectivo que se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad. Incluso llegando a poner en peligro su derecho a la vida.

Las ONG de derechos humanos lamentan la desprotección de la población trabajadora que suponen las recientes reformas laborales y alertan sobre la problemática del desempleo que ya afecta a más de cinco millones y medio de personas.
Manifiestan también su inquietud por la falta de adecuada protección a las víctimas de la violencia de género. En este campo, consideran que se debe garantizar la implementación de las leyes existentes.
Además, el Gobierno debe, en coordinación con las comunidades autónomas, marcar unos criterios comunes de servicios públicos básicos de asistencia a mujeres afectadas por la violencia. En ningún caso esos mínimos deberían verse afectados por las medidas de reducción del gasto público.
Otro gran eje de preocupaciones es el que afecta a la discriminación que sufre la población gitana, las personas con discapacidad, el colectivo inmigrante, las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), las que sufren discriminación por motivos de género y de edad en el acceso a derechos básicos como la educación, el empleo, y la vivienda.
Las organizaciones han planteado su preocupación por los significativos recortes financieros a la cooperación internacional para el desarrollo y la necesidad de un modelo centrado en la lucha contra la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Los informes presentados por las ONG ante el Comité DESC apuntan a que el actual retroceso en materia de derechos sociales se corresponde con su insuficiente reconocimiento en la Constitución Española (en donde se consagran como meros principios rectores, en lugar de como auténticos derechos fundamentales) y con un desarrollo legislativo claramente insuficiente de los mismos. Ello hace que el acceso a un recurso judicial efectivo y a la reparación por las violaciones a estos derechos constituyan una asignatura pendiente.

Amnistía Internacional Tres Cantos

 

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