“La violencia contra las mujeres. Una lucha por la dignidad humana” por Amnistía Internacional Tres Cantos

La vulneración del derecho de las mujeres a su libertad e indemnidad sexuales es sin duda una de las más dramáticas violaciones de los derechos humanos, tanto por lo que supone de atentado contra su dignidad como personas, como por las secuelas irreparables que producen física y psicológicamente.

En los países democráticos en los que rige el imperio de la ley como salvaguardia de los derechos sociales e individuales, las vulneraciones contra la libertad sexual de las mujeres son castigadas severamente. A pesar de ello, siguen cometiéndose graves delitos cuya única explicación sólo se puede encontrar en la tergiversada concepción que algunos hombres mantienen sobre las mujeres, arraigada en unos valores culturales inaceptables, según los cuales el machismo, la supremacía del hombre que justifica la dominación de la mujer, encuentra su mayor cobijo.

Afortunadamente, lenta pero inexorablemente, esos valores culturales, que eran dominantes hasta hace pocas décadas, van perdiendo fuerza frente a una cada vez más extensa consideración de la mujer en términos de igualdad con el hombre. El movimiento feminista, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, y, en definitiva, el conjunto de ciudadanos y ciudadanas que luchan día a día por una mayor profundización de los valores democráticos en nuestras sociedades están contribuyendo de manera eficaz para que se produzca ese cambio de valores.

Sin embargo, ese ideal de igualdad entre hombres y mujeres se muestra inaccesible en muchos otros países donde el respeto por los derechos humanos ocupa un lugar secundario frente a las luchas fratricidas, la miseria o el despotismo más intolerable.
En ese entorno, los conflictos armados afectan a las mujeres y las niñas de manera especial y, a menudo, desproporcionada, e influyen en los tipos de violencia que sufren. Este es el caso de la violencia sexual.

En situaciones de conflicto, todas las partes implicadas, ya sean fuerzas de seguridad del estado o grupos armados, utilizan las violaciones como arma de guerra, a veces de manera sistemática y masiva.

Quienes cometen estos delitos pretenden aterrorizar a las víctimas y, a través de su sufrimiento, castigar y doblegar a sus familias y comunidades, que se resisten a someterse a uno u otro bando. También quieren acallar a quienes defienden a las víctimas.

No hay conflicto en la historia reciente en el que las mujeres y las niñas no hayan sido objeto de violencia sexual, ya sea como forma de tortura, como método para humillar al enemigo o con el fin de sembrar el terror y la desesperación. Esta forma de violencia de género se caracteriza por la casi total impunidad de los agresores y es, a menudo, invisible.

Aunque en el contexto de un conflicto armado, los actos de violencia sexual pueden constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, la mayoría de los países siguen sin abordarla de manera adecuada. Países tan lejanos y tan diferentes como Colombia y la República Democrática del Congo tienen un triste elemento común: los enormes obstáculos que encuentran las víctimas de violencia sexual para acceder a la justicia.

Mientras ellas padecen la estigmatización y las secuelas físicas, psicológicas y económicas por los abusos sufridos con la excusa de la guerra, sus agresores están, en la mayoría de los casos, libres y sin temor a enfrentarse a la justicia.
Los estados deben dejar de permitir que los conflictos se usen como coartada para no rendir cuentas por las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Deben asegurar que estos delitos no vuelven a cometerse garantizando que las víctimas tienen acceso a la verdad, la justicia y la reparación. Deben dejar de defraudar a las víctimas y llevar ante la justicia a quienes han cometido delitos contra ellas.

La violencia sexual contra las mujeres no debe quedar impune. Es una cuestión de respeto básico de la dignidad humana.

 

Amnistía Internacional Tres Cantos
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