“Quien lo dilapide, que lo pague” por Ignacio García de Vinuesa

Siendo evidente que la actual crisis económica ha causado un terrible daño a miles de familias españolas, que se han perdido miles de empresas mantenidas con un enorme esfuerzo personal, que España ha retrocedido en su posición de nación respetada por su equilibrada posición y que, definitivamente inasumible, más de cinco millones de españoles no encuentran trabajo, todos deberíamos aprovechar esta terrible coyuntura para reflexionar sobre las razones que nos han traído a esta nefasta situación.

Al margen de las equivocaciones que en el terreno personal hayamos podido cometer, actuando en ocasiones sin una elemental prudencia en decisiones que implicaban compromisos económicos no estrictamente necesarios, lo que para todos es hoy meridianamente claro es que muchos administradores públicos se han comportado de manera absolutamente imprudente, arrastrando con sus decisiones a todos los ciudadanos, que rehenes de sus irresponsables decisiones, serán los que a la postre tendrán que sufragar los derroches, cuando no los saqueos de los recursos públicos.

Al amparo de una mayoría suficiente conseguida en las urnas, frágil excusa para el desatino, en nuestra querida España se han esquilmado muchas arcas públicas, hipotecando el futuro a base de despilfarrar el dinero ajeno, recordando que los servidores públicos somos meros administradores de la confianza y recursos que nuestros votantes han depositado en nosotros.

Siendo cierto que la actual crisis económica se inició de manera global, afectando a un sinfín de países, su evolución a lo largo de estos cuatro años ha puesto de manifiesto las diferentes formas de afrontar una depresión económica como la que atravesamos, y basta examinar los datos de crecimiento y de desempleo para poder establecer el palmarés de los mejores y peores gobernantes. De ello mucho se ha escrito, y seguirá escribiéndose, pero hoy quiero detenerme en aquellos otros comportamientos que no pueden calificarse como de mala praxis, sino de conductas próximas a la irresponsabilidad penal, cuando no directamente delictivas.

Los cambios de gobierno en muchos ayuntamientos, acaecidos después de las últimas elecciones locales, han destapado situaciones que aunque se sospechaban, nunca llegaron a conocerse hasta que los nuevos gestores comenzaron a revisar los libros, recibir reclamaciones de todo tipo de acreedores y a abrir algunos cajones que permanecían cerrados.

Hay ayuntamientos que han estado adquiriendo bienes y servicios que sabían que no iban a poder pagar. Alcaldes que han participado en desenfrenadas competiciones para demostrar quién era capaz de construir el edificio más ostentoso, tantas veces innecesario. Que han colocado como trabajadores municipales a todos sus parientes, amigos y conocidos. Que han engordado los gastos corrientes de sus consistorios hasta llevarlos a una situación de insolvencia infinita. Que son responsables del cierre de miles de empresas que se han visto condenadas al cierre porque el ayuntamiento de turno nunca les pagó. Y que han condenado a sus vecinos a hacer frente a una envenenada herencia que impedirá el progreso de sus pueblos y ciudades en mucho tiempo.

El nuevo gobierno presidido por Mariano Rajoy ha anunciado iniciativas legales para perseguir penalmente este tipo de conductas. Estoy absolutamente a favor. No se puede admitir que solo se considere delincuente a quien se beneficie personalmente de los recursos públicos. Quien dilapide conscientemente el erario público debe responder… y no solo con la democrática pérdida del gobierno. 

Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas

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2 Responses to “Quien lo dilapide, que lo pague” por Ignacio García de Vinuesa

  1. Alcobendas pública says:

    Se me olvidaba Fabra (PP) y su efigie postmoderna de 300.000 € y su aeropuerto sin tráfico aéreo. Gracias

  2. Alcobendas pública says:

    Tienes razón: que pague Camps (PP), que es la única Comunidad autónoma en quiebra de toda España. Que pague Gallardón (PP y actual ministro) que ha dejado las arcas del Ayuntamiento arruinadas para 30 años y ahora Botella pide voluntarios. Que paguen. pero todos.

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