“Ha llegado el momento de regular los lobbies en España” por Luis Suárez de Lezo

Las últimas noticias aparecidas en la prensa relativas a las relaciones entre europarlamentarios y lobistas, ha reabierto el debate en la opinión pública sobre la necesidad de regular la actividad de los grupos de presión.

Pero antes de entrar a regular un sector, es imprescindible que la opinión pública (políticos, empresas y ciudadanos en general) conozca la razón de ser de la labor que realizan los lobbies, su legitimidad para ejercer su profesión y su contribución y participación en las decisiones públicas.

En España, tradicionalmente, se tiende a asociar a los lobbies con el tráfico de influencias, el nepotismo, el cohecho y la defensa de oscuros intereses alejados de las necesidades generales. Nada que ver con la razón de ser del lobby. En ese sentido, los profesionales, los legisladores, los políticos y funcionarios de todas las administraciones y los medios de comunicación tenemos mucho trabajo que realizar y mucha pedagogía que hacer.

En primer lugar, ¿qué debemos entender por lobby? La Comisión Europea lo define como aquellas “actividades que se realicen con el objetivo de influir en los procesos de elaboración de políticas y de toma de decisiones de las instituciones” y la OCDE delimita claramente su ámbito de actuación en la “comunicación oral o escrita con el poder Público para influir en la legislación, la política y las decisiones de las instituciones”.

En segundo lugar, ¿qué legitimidad tienen los lobbies para actuar e influir en las decisiones? Tomando como punto de partida las definiciones de dos organismos tan importantes como la Comisión Europea y la OCDE en las que definen a los lobbies como sujetos apropiados para conocer asuntos sobre los que se legislan, no podemos dudar de la legitimidad de las empresas en la defensa de sus intereses ante quien legisla sobre el futuro de su actividad. Si creemos en el individuo como sujeto pasivo de la legislación y solicitamos a los políticos que cuenten con ellos para decidir sobre todo lo que les afecta, no podemos sustraer ese derecho a las empresas que, no olvidemos, son los que crean empleo, riqueza y prosperidad en los países.

En tercer lugar, ¿en qué pueden contribuir las empresas y sus representantes en las decisiones públicas? Es evidente que los legisladores no pueden conocer en profundidad todas las materias sobre las que legislan, así que, a priori, pueden trasladar una información completa sobre el sector, producto o actividad sobre la que se va a regular. Así mismo, pueden informar con detalle sobre las consecuencias que una determinada legislación puede tener sobre un sector de actividad, limitando el efecto negativo que el interés general puede tener sobre un interés particular, por otra parte legítimo. Por lo tanto, podemos decir que es una herramienta fundamental de higiene democrática y de participación ciudadana, tan de actualidad entre los políticos de todas las tendencias y partidos. El sistema político español reserva la participación parlamentaria casi en exclusiva a los partidos políticos, por los que los lobbies pueden ser un instrumento eficaz para acercar la sociedad al Parlamento de manera profesional, transparente y efectiva.

La creación de un registro de lobbies y su regulación no es una propuesta novedosa ya que se ha propuesto con anterioridad sin ningún resultado. Ya se ha regulado en otros países, no sólo anglosajones y con mucha tradición como EEUU, Australia y Gran Bretaña, sino más cercanos como Francia, Hungría, Polonia y Lituania o lejanos como Chile y Taiwan. Es importante destacar que los primeros interesados en que eso sea así son los propios profesionales del sector. La posibilidad de crear espacios públicos y transparentes en los que los legisladores puedan recabar información técnica, profesional y útil para legislar es fundamental para que todos los conceptos que hemos intentado aclarar anteriormente sean aceptados por los políticos, las empresas y la sociedad en general.

En un momento como el actual en que existe una desafección importantísima hacia la política, con una baja participación electoral y con unas encuestas en las que los políticos aparecen como uno de los principales problemas de los españoles es imprescindible abrir canales de participación ciudadana que puedan colaborar en las decisiones públicas.

Por todo ello, creo firmemente que ha llegado el momento de normalizar y hacer transparente una actividad legítima como el lobby. El principal beneficiado de ello será la democracia.

Luis Suárez de Lezo, Secretario General AICA

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